Con información de Fabián Segura y Edith Domínguez

"Si tuvieron la agilidad, la rapidez para entregarles a una persona que les estaban pidiendo, ahora tengan la agilidad, la rapidez de exigirles que les regrese a este guanajuatense. Ya todos sabemos que se equivocaron, que solo lo querían de chivo expiatorio" Kristian Vázquez, tía de Pedro, sanfelipense recluido en Tlaxcala acusado de homicidio calificado.

Detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGJEG) con engaños al llevárselo con el pretexto de que había sido testigo de un accidente de tránsito, Pedro enfrenta un proceso que, de acuerdo con la familia, ha estado plagado de irregularidades para mantenerlo preso por un delito que no cometió en un estado que ni siquiera conocía.

En las últimas semanas, familiares han realizado dos protestas -una en San Felipe y otra en Guanajuato capital- para pedir a las autoridades locales que intervengan para la liberación del joven de 24 años empleado de una funeraria en San Felipe, pero pese a las promesas hechas por la secretaria Gobierno, Libia García Muñoz Ledo, de intervenir y brindar apoyo, siguen sin recibir respuestas claras.

"No queremos palabras al aire. Nos han comentado que están en contacto con las autoridades de Tlaxcala, pero no nos dicen qué avance o qué es lo que está pasando. Les pedimos cuál es el avance, la información que les dan allá", dijo la tía de Pedro que desde Guanajuato comenzó con la movilización de la sociedad sanfelipense para que el caso de su sobrino se haga público.

Protesta en Guanajuato capital. Fotografías Carmen Pizano

Además del compromiso de mantener comunicación con las autoridades de Tlaxcala, la secretaria de Gobierno ha dicho que se apoyará económicamente a la madre de Pedro, quien desde la detención de su hijo se trasladó al Estado de México para estar cerca, pero el apoyo sigue sin llegar.

Para el pago de los honorarios de la defensa particular que lleva el caso y para solventar los gastos de la mamá, la familia ha hecho colectas entre habitantes de San Felipe.

"No hay ningún tipo de apoyo económico. El apoyo ha sido por parte de los sanfelipenses que han aportado económicamente", señaló Kristian Vázquez.

Mientras tanto, Libia García sostuvo que se busca dar el apoyo económico con gestiones directas en la oficina del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Con el mismo apoyo de la población de San Felipe, un grupo de personas se trasladaron en autobús hasta las puertas del Palacio de Gobierno en la capital de Guanajuato para protestar. Asesores de la Secretaría de Gobierno ofrecieron a familiares un encuentro con la Defensoría Pública para que les orientara sobre el proceso penal que sigue el caso de Pedro.

"Nos dicen que Libia, la secretaria de Gobierno, sigue al pendiente, pero a nosotros cómo nos comprueban que de verdad lo están haciendo, yo no sé si le contestaron, si le dieron alguna razón del por qué mantienen encerrado a mi sobrino", señaló la tía de Pedro en entrevista después de una reunión en la Defensoría Pública.

Detención e inconsistencias

El 5 de septiembre pasado elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato detuvieron a Pedro en San Felipe. El joven de 24 años fue trasladado a Guanajuato capital, un día después lo entregaron a la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala.

De acuerdo con sus familiares, el lunes 5 de septiembre los elementos de la Fiscalía de Guanajuato llegaron a su domicilio, preguntaron por él, su madre se comunicó vía telefónica con Pedro a su trabajo, una funeraria en la que labora desde hace tres años. Tras colgar el teléfono, el joven tomó su bicicleta, pero antes de llegar a su casa fue detenido por los agentes que le cerraron el paso y le dijeron que tenían una orden para llevárselo como testigo de un accidente de tránsito.

Hasta que estuvo en Guanajuato capital, personal de la Fiscalía le informó que estaba acusado de homicidio en el estado de Tlaxcala, por lo que sería trasladado a esa entidad para ser presentado ante un juez. Él solo pudo ver la orden de aprehensión por un mensaje de Whatsapp y fue entonces que se pudo comunicar con su madre.

Pedro se encuentra recluido en el Cereso de Apizaco, de aquel estado, vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado que se habría perpetrado el 8 de noviembre de 2021 en el municipio de Huamantla; sin embargo, ese día, el joven se encontraba en el Hospital Regional de León, habilitado para atender a pacientes con COVID-19.

Familiares y el propietario de la funeraria en la que trabajaba Pedro hasta el día de su detención, han señalado que ese 8 de noviembre el joven fue a León para trasladar el cuerpo de una persona que falleció por COVID-19 para que fuera cremado.

Tras ser llevado a Tlaxcala, en una audiencia inicial, el abogado de oficio que le fue asignado recomendó a Pedro declararse culpable para disminuir la pena, lo que motivó a la familia a contratar una defensa particular.

Hasta Tlaxcala llegaron a declarar familiares, compañeros de trabajo y el propietario de la funeraria para insistir en que había una confusión porque el día del homicidio que se le imputa al joven guanajuatense él estaba en la ciudad de León.

Sin embargo, las declaraciones de testigos no fueron aceptadas y el juez de control Emilio Sánchez Piedras consideró que los datos de prueba presentados por el Ministerio Público de Tlaxcala eran "idóneos y pertinentes", según señala en un comunicado la Procuraduría de Justicia de Tlaxcala, para vincularlo a proceso por homicidio calificado.

En la copia de la carpeta de investigación a la que tuvo acceso la familia no se encontró alguna imagen del presunto homicida, solo el nombre que coincide con el de Pedro.

"¿Por qué el estado de Guanajuato aceptó el traslado cuando el mismo gobierno ha dicho que no estaba la carpeta completa?. Eso quiere decir que no tenemos ninguna garantía, ningún derecho, que somos ciudadanos de segunda clase", reclamó una familiar durante la protesta en Palacio de Gobierno.

¿Quién es Pedro?

Pedro es un joven de 24 años de edad. Nació en León, Guanajuato, pero desde pequeño radica en San Felipe. Hasta hace tres años fue estudiante universitario en Ingeniería Electromecánica, pero se vio obligado a dejar sus estudios para apoyar con la economía familiar.

Su tía habla de él como un joven deportista que dividía su tiempo libre entre el gimnasio, partidos de básquetbol y su participación en grupos religiosos para apoyar en actividades como el viacrucis o la pastorela.

Pedro estaba ahorrando para regresar a la universidad. Responsable de lo que implica su trabajo en una funeraria, él estaba disponible incluso en sus días de descanso. "Nunca ponía un pero, un pretexto, estaba disponible los 365 días del año, 24 horas al día, porque gustoso iba a trabajar", contó Kristian Vázquez.

A casi dos meses de su detención, recluido en un Cereso de Tlaxcala, el ánimo de Pedro ha decaído en las últimas semanas porque no hay avances en su caso para que pueda salir libre.
Ahora la familia teme por la seguridad del joven a quien, dice su tía, ha servido para que las autoridades Tlaxcala tengan un chivo expiatorio.

"Sabemos cómo se manejan las autoridades, no falta que pase un supuesto accidente, o pasan cosas que no las hace nuestro familiar. Nos preocupa mucho que en Tlaxcala se nieguen a aceptar las pruebas, a no dar informes, a no querer soltar a mi sobrino, a pesar de que saben que se equivocaron. ¿Por qué aferrarse tanto a no quererlo soltar?", cuestionó.

Compromisos que no avanzan

Desde el momento que se dio a conocer la situación legal de Pedro y la denuncia de la familia de que se trata de un error que tiene a un joven en prisión, la secretaria de Gobierno ha dicho que entablará comunicación con Sergio González Hernández, su homólogo en Tlaxcala, pero a la familia no llegan resultados de este diálogo.

Kristian Vázquez aseguró que ha sido por mensajes de texto que se ha comunicado con Libia García, funcionaria que sigue sin darles información concreta sobre los resultados de las gestiones que ella misma ha declarado que ha hecho ante las autoridades de Tlaxcala.

"Yo sé que como autoridad está fuera de su jurisdicción, pero yo sé que sí pueden ellos presionar de alguna forma para que lo dejen en libertad. Vemos que pasan y pasan los días, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿qué están haciendo? ¿realmente nos están ayudando?".

En su declaraciones públicas, Libia García ha dicho que ha tenido comunicación con la Procuraduría de Justicia del Estado de Tlaxcala, instancia de la que esperan una comunicación oficial en la que pidan información a las autoridades de Guanajuato como los registros del hospital COVID, de las cámaras de seguridad para verificar que Pedro estuvo el día del homicidio en ese lugar y no en Huamantla.

"Ayer (martes) la secretaria de Gobierno me mandó un mensaje que iba a tener una videoconferencia con la procuradora de Tlaxcala, que más tarde me daba la información... sigo esperando qué pasó, yo le mandé un mensaje y no me ha contestado, espero que me responda, que me diga algo", declaró a POPLab la tía de Pedro.

Al mismo tiempo, pero en Salamanca, Libia García aseguró que toda la información sobre los avances de las gestiones se han presentado a la tía y al padre de Pedro.

"Todo lo que nos han dicho es relativo a la carpeta de investigación, es información reservada que hemos dado a conocer a la familia... Yo tengo los chats con ella (Kristian), hablamos de manera permanente, periódica, igual con el papá. Reitero que no es un proceso que nosotros llevamos aquí, se judicializó el Tlaxcala, el juez determinó que había elementos, no tenemos esa información porque no tenemos acceso a la carpeta, únicamente a la información que compartimos con el papá y la familia", sostuvo.

El apoyo que hasta el momento se ha ofrecido es que la Defensoría Pública de Guanajuato dé asesoramiento legal desde Guanajuato de la defensa que haga la abogada particular contratada por la familia en Tlaxcala.

“Ellos van a decirnos si va bien o no el proceso”, contó la tía de Pedro luego de reunirse durante varias horas con personal de la Defensoría Pública.