La opacidad, el incumplimiento de contratos, el sobreprecio con cargo al erario y la repentina disolución y liquidación de GTO Leasing Services, llevó a Movimiento Ciudadano y a Morena a pedir que la Auditoría Superior del Estado (ASEG) revise la operación de la empresa arrendadora creada en el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que fue financiada con recursos de las pensiones del ISSEG.

Las solicitudes para que la ASEG audite a GTO Leasing se presentaron desde dos frentes: Movimiento Ciudadano lo hizo a través de una denuncia para una auditoría de situación excepcional, que surge desde la sociedad; mientras que la bancada de Morena presentó la petición en el Congreso del Estado para que se sumen otras fuerzas políticas a la exigencia de una auditoría financiera y al desempeño de la empresa con participación estatal y de las familias Webb y Yúdico.

La delegada de Movimiento Ciudadano en Guanajuato, Yulma Rocha Aguilar, acudió directamente a la ASEG para presentar el escrito de la denuncia para que se inicie la auditoría de situación excepcional, al señalar que existen indicios de probable corrupción.

Al auditor general, Juan Víctor Fonseca López, recibió la denuncia que firmaron la delegada de Movimiento Ciudadano y José Miguel Juárez Velázquez, a la que se adjuntaron elementos probatorios como las actas constitutivas y de asambleas de GTO Leasing, contratos de arrendamiento, comparativos de precios de mercado que demuestran sobreprecios de hasta el 54 por ciento, además de las notas periodísticas publicadas en las últimas semanas como la investigación realizada por POPLab.

"Dichos elementos, en su conjunto, constituyen indicios razonables y suficientes para acreditar el uso de recursos públicos en condiciones irregulares, así como posibles daños al erario y a fondos de pensiones del ISSEG, lo que justifica plenamente la apertura de una investigación excepcional conforme a la ley en cita", señala la denuncia de MC.

En el documento se expone el trato privilegiado que recibió GTO Leasing en la convocatoria de 2021 que lanzó el Gobierno del Estado para el arrendamiento de vehículos. En aquella ocasión el contrato fue por 192.8 millones de pesos por el arrendamiento de 305 vehículos, aunque sólo entregaron 252 unidades.

"Este comportamiento no solo vulnera los principios de legalidad, imparcialidad y equidad que deben regir en los procesos de contratación pública, sino que siembra dudas legítimas sobre la manipulación deliberada del procedimiento para beneficiar a un proveedor previamente favorecido desde su origen".

No obstante el incumplimiento del contrato de 2021, en julio de 2023 el Gobierno de Guanajuato renovó su relación contractual, al firmar un nuevo contrato por 300 vehículos arrendados por 174 millones de pesos a pagar en los siguientes 36 meses; es decir, hasta 2026.

Presumen malversación de recursos

Desde la constitución de la empresa hasta la liquidación de la misma se han presentado hechos que sugieren la posible comisión de delitos relacionados con la malversación de recursos públicos, la opacidad en la gestión de fondos y la contratación irregular, expone la denuncia de Yulma Rocha y Juan Miguel Juárez.

Los hechos que, de acuerdo con los denunciantes, indican la comisión de delitos son:

Responsabilidad institucional del ISSEG como origen, ejecutor y facilitador del modelo GTO Leasing.

Uso de recursos públicos para fines empresariales sin suficiente transparencia.

Falta de procesos competitivos y posibles beneficios indebidos a particulares.

Prácticas contractuales que podrían implicar daño al erario.

Incumplimiento de contratos y falta de sanciones o procesos correctivos.

Rendición de cuentas deficiente y limitación en el acceso a la información pública.

Decisión anticipada de disolver la empresa sin esclarecer su situación financiera y contractual.

A la ASEG se ha pedido evaluar la legalidad y transparencia del proceso de creación de GTO Leasing; determinar la responsabilidad directa del ISSEG como ente originador, financiador, operador y facilitador; verificar el cumplimiento de los compromisos contractuales de GTO Leasing; analizar prácticas de arrendamiento y la posible sobrevaloración de precios; evaluar las decisiones de privatización y liquidación de GTO Leasing.

Gto Leasing, uno de los fraudes más cínicos del gobierno de Sinhue: Morena

La diputada de Morena, Hades Aguilar Castillo, presentó el punto de acuerdo para que el Congreso del Estado ordene a la ASEG la revisión a la empresa que operó no sólo con recursos públicos, sino que tuvo participación de inversionistas privados.

La diputada de Morena calificó el modelo de negocios de GTO Leasing, proveedora de vehículos arrendados al Gobierno del Estado, como uno de los fraudes más cínicos del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez.

"Vamos a exhibir uno de los fraudes más cínicos que se han cocinado desde el Poder, del Gobierno del Estado... El dinero (del fondo de pensiones del ISSEG) fue utilizado como la caja chica del gobierno panista para enriquecer a sus amigos, a la cúpula de empresarios que se beneficiaron. Esto fue un negocio entre cuates, un atraco disfrazado de innovación financiera, pero de innovación solo tenía la nueva forma de transar al pueblo".

La diputada de Morena mencionó que entre 2021 y 2024, el gobierno estatal firmó dos contratos millonarios con GTO Leasing por más de 402 millones, y a pesar del incumplimiento del primer contrato no se aplicó penalización alguna y se continuó contratando a la empresa.

“Es importante señalar que, a pesar de todas las observaciones y denuncias públicas, la Auditoría Superior del Estado no realizó auditorías financieras ni de cumplimiento a GTO Leasing entre 2021 y 2024, a pesar del uso evidente de recursos públicos. La empresa fue excluida sistemáticamente del escrutinio público, bajo el pretexto de ser una entidad privada, aunque se originó y funcionó gracias a fondos del ISSEG”, precisó.

La propuesta para ordenar, desde el Congreso del Estado, la auditoría financiera y al desempeño fue enviada a la comisión de Hacienda y Fiscalización para que sea revisada.

Ex militante del PRI llega a la Contraloría del Congreso

El mismo día que se presentó ante el pleno la propuesta para auditor el modelo de negocios GTO Leasing, el Congreso del Estado eligió al nuevo titular del órgano de control interno. El designado es Alejandro Kornhauser Obregón con el voto de 33 de los 36 legisladores. Estará al frente de la contraloría por los próximos cuatro años.

Kornhauser Obregón viene de colaborar en la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado como director general de Vinculación y Participación Ciudadana, pero su pasado está ligado al PRI como regidor en la administración 2012-2015 (en el gobierno de la ex priista Bárbara Botello). También fue contralor del municipio de León a propuesta del PRI.

Sobre su pasado priista, el nuevo titular del órgano de control interno del Congreso de Guanajuato manifestó que desde hace años dejó de ser militante y por eso fue que pudo aspirar al cargo para el que fue designado este jueves por la mayoría del Pleno.

"Yo tengo años fuera de una militancia partidista... Siempre habrá una total autonomía de mi parte con cualquier grupo parlamentario", sostuvo.

Kornhauser dijo que hará una revisión de la situación actual de la Contraloría que dejó su anterior titular, Ángel Isidro Macías, quien renunció al cargo unas semanas antes de que terminara su nombramiento.

En entrevista, el nuevo contralor del Congreso mencionó que luego de la evaluación va a diseñar el plan de trabajo para el órgano de control interno, responsable de vigilar el manejo de los recursos públicos y la actuación de diputadas, diputados y el resto del personal.

Además de Alejandro Kornhauser, la terna también incluyó a Consepción Díaz Macias, quien obtuvo un voto, y Juan Manuel López Reyes.