“Secretaría de Seguridad Ciudadana informa sobre agresores a integrantes de Policía Municipal neutralizados”, dice la cabeza del comunicado que el 20 de noviembre se emitió desde esa instancia del gobierno municipal de Celaya, en el que presuntamente se informaba del saldo de un ataque por delincuentes.

Pero detrás de esa versión, está el encubrimiento de la presunta ejecución extrajudicial de al menos 3 jóvenes por parte del coordinador operativo de la corporación, Juan Federico Sigüenza Trueba, y tres elementos más.

Todos los involucrados son “fedepales”, así conocidos por ser exagentes de la Policía Federal adscritos o comisionados a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, colaboradores cercanos del secretario Jesús Rivera Peralta, otro exagente federal cuyo trabajo ha sido elogiado por la secretaria ejecutiva del Sistema estatal de seguridad y vocera de este rubro, Sophia Huett López, también integrante de esta corporación desarticulada por el actual gobierno federal.

Jesús Rivera Peralta

Los indicios y pistas que han dejado ver familiares y amigos de las víctimas, así como vecinos de las comunidades de San Juan de la Vega y San Isidro de la Concepción, apuntan a que los ‘fedepales’ habrían asesinado al menos a tres jóvenes que circunstancialmente estuvieron en medio de lo que primero fue un ataque a la comandancia de la Policía celayense y posteriormente un aparente enfrentamiento, todo esto ocurrido sucesivamente en estas comunidades.

Fotografías que fueron compartidas a medios exhiben a los ocho “presuntos criminales neutralizados”. Algunos de ellos se ven impecablemente vestidos sobre charcos de sangre y con las manos sosteniendo y empuñando armas largas.

Los cuatro agentes exfederales fueron detenidos, presentados ante una jueza de control del sistema penal y vinculados a proceso por la acusación de homicidio calificado un mes después, el 20 de diciembre.

Ese mismo día, un contingente de personas irrumpió furioso en el Palacio Municipal, precisamente para exigir la salida de los ‘fedepales’ de la Policía “porque entran a las casas y cometen abusos, se llevan lo mejorcito, desaparecen personas”, según las consignas expresadas durante la manifestación.

Y es que la adscripción de estos elementos dentro de corporaciones municipales como las de Celaya e Irapuato en los últimos años, han generado conflictos al interior, diferencias y desacuerdos con los preventivos con quienes en teoría deben trabajar en conjunto. Funcionarias como Sophia Huett (surgida de las filas de la misma corporación) han defendido su participación en estas corporaciones y han sostenido que su operatividad ha dado resultados en las tareas de las policías.

Todo esto ocurrió frente al silencio por parte de la dependencia involucrada y el gobierno municipal del PAN a cargo de Javier Mendoza Márquez, así como del propio Poder Judicial y la Fiscalía general del estado.

La aprehensión del coordinador y los otros elementos fue revelada por el portal informativo Ágora, único medio que inicialmente informó sobre la presentación de los cuatro detenidos ante una juez penal, justo después de un operativo de revisión de armas e instalaciones de la Policía (Operativo Trueno) el 15 de diciembre.

Policía en la mira

La Policía de Celaya ha sido asolada por los ataques y asesinatos de sus elementos, mientras este municipio se mantiene en el top ten nacional de los 50 municipios prioritarios en materia de seguridad pública por su alta incidencia delictiva, particularmente de asesinatos.

Apenas el 20 de diciembre, en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía informaba que de enero a noviembre de este año, el municipio se ubicó en el séptimo lugar en homicidios dolosos entre los municipios del país.

Entre los primeros 20 de esa lista de 50 prioritarios están cuatro municipios de Guanajuato: León en tercero; Celaya en séptimo; Irapuato en el lugar 14 y Salamanca en el vigésimo sitio.

Pero de estos cuatro, solamente León ha logrado reducir el número de homicidios dolosos con respecto al mismo periodo de 2021. Celaya aumentó de 361 a 417 asesinatos; Irapuato pasó de 211 a 239 y Salamanca subió de 138 de enero a noviembre de 2021 a 160 en el mismo lapso del año que termina, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Inmersa en esa compleja situación, sobrevino un enfrentamiento cuya versión oficial ha sido puesta en duda ya ante una jueza penal y es motivo de una investigación de la Fiscalía general del estado.

El incidente tuvo lugar en la tarde del domingo 20 de noviembre, en la carretera Celaya a San Miguel de Allende, a la altura de San Juan de la Vega. La SSC dio a conocer que “varias personas que circulaban en dos camionetas de color blanco, realizaron detonaciones de arma de fuego contra las instalaciones de Policía Municipal de la comunidad, perteneciente al Escudo Norte”.

En el comunicado, la dependencia aseguró que el ataque fue repelido y que varios criminales “fueron neutralizados, sin que se registraran bajas de la corporación”.

Pero también se agregó que minutos después de ese ataque, en un operativo de la propia SSC y en coordinación con autoridades estatales y federales en la búsqueda de otros participantes “y derivado de la primer agresión (sic), en la comunidad San Isidro de la Concepción, de nueva cuenta se registró una agresión de disparos de arma de fuego donde se abatieron a varios agresores más”.

El comunicado -emitido ese mismo día- refiere que personal de la Fiscalía se presentó para iniciar las indagatorias y que en su momento ampliaría la información.

Pero la Fiscalía guardó silencio.

Mientras tanto, en las redes sociales poco a poco comenzaban a surgir comentarios de usuarios quienes, indignados, deslizaron una versión muy distinta a la que dio el gobierno municipal de Celaya: que en realidad, algunos de los delincuentes entraron a un domicilio donde estaban otros jóvenes, tres de ellos asesinados en la refriega, presuntamente por los policías. Y que se les estaba presentando (incluso en fotos) como parte de la banda criminal, sin serlo.

“Lo que la gente no sabe (es) que los delincuentes corrieron para escapar de la policía y en su desesperación se metieron a una casa y la policía se llevó a miembros de esa casa golpeándolos…”, fue otra de las publicaciones que se hicieron al respecto en redes sociales.

Pero no hubo una sola palabra del secretario Jesús Rivera Peralta u otra autoridad que aludiera a lo señalado en redes. Hasta que, el 15 de diciembre, se supo que Fuerzas Federales se presentaron en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para efectuar el “Operativo Trueno”, que tiene como misión efectuar una revisión de armamento y equipo de las corporaciones municipales.

Aparentemente, se trataba de una revisión de rutina. Incluso, en un primer boletín al respecto, la SSC así lo sostuvo.

Comunicado del Municipio de Celaya

Pero ese día, el portal celayense Ágora reveló que tras el operativo, cuatro agentes exfederales de la Policía Municipal habían sido detenidos y eran presentados en un juzgado penal, por acusaciones que se desconocían y de las que ninguna autoridad quiso informar. Ningún otro medio local dio cuenta de esto.

Tras la publicación, la SSC sacó un segundo comunicado sobre el mismo operativo, en el que añadió una línea que apenas apuntaba a algo más. Aseguró que ante “las fotografías de elementos y patrullas en la periferia de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado Guanajuato”, éstos no estaban relacionados con la inspección a las instalaciones, vehículos y armamento.

“Y quienes se encontraban brindando acompañamiento momentáneo a elementos de seguridad que fueron requeridos por la autoridad ministerial derivado de actuaciones policiales anteriores”.

POPLab solicitó a la Fiscalía y al Poder Judicial información sobre la presentación de los agentes, la imputación y el desarrollo de la audiencia de vinculación penal. No hubo respuesta.

De manera extraoficial, se pudo conocer que los cuatro exfederales fueron detenidos y presentados ante una jueza, imputados por homicidio calificado, y que entre ellos figura el propio coordinador operativo de la Policía, Juan Federico Sigüenza Trueba, colaborador inmediato del secretario Rivera Peralta. También se supo que sus defensores solicitaron la duplicidad del término constitucional para presentar pruebas en su favor, por lo que la audiencia continuaría el 20 de diciembre.

A pesar de las reiteradas peticiones de información hechas al personal de Comunicación social de la Fiscalía y del Poder Judicial, ni una palabra, ni una línea se dedicaron por estas instancias para informar sobre la imputación. Ni siquiera el día 20, cuando los agentes exfederales finalmente fueron vinculados a proceso como presuntos responsables de homicidio.

Horas antes de la audiencia de ese día, al Palacio Municipal llegó un grupo de personas con cartulinas en las que se expusieron consignas por abusos policiacos, pero específicamente en contra de los ‘fedepales’. Los manifestantes irrumpieron en el edificio y exigieron la presencia del alcalde Javier Mendoza Márquez.

Más de 200 personas llegaron al edificio antes del mediodía y exigieron la salida de los federales de la Policía Municipal. “¡Queremos al presidente, queremos al presidente!”, gritaron, y también aseguraron que les tienen más miedo a los fedepales que a los delincuentes y que aquéllos incurren en diversos abusos, como allanamiento de casas y, aseguraron, “han desaparecido gente”.

Pero Javier Mendoza no dio la cara, sino que, según se pudo conocer, literalmente fue llevado por las azoteas para poder salir del edificio y llegar a un evento con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez quien, para colmo, ese día tenía una amplia agenda de trabajo en Celaya. Entre sus actividades, entregó premios a deportistas…y encabezó la reunión del Consejo de seguridad pública con la presencia de alcaldes.

Derivado de la protesta, uno de los eventos de Diego Sinhue Javier Mendoza fue eliminado de la agenda del gobernador para evitar que los manifestantes “le cayeran”; se trataba de la entrega de apoyos de programas económicos. Así se evadió que el gobernador afrontara la situación.

“Por un Municipio libre de corrupción y extorsión. Celaya necesita paz”, eran mensajes plasmados en playeras que usaban varias mujeres en la manifestación.

Rivera los defiende y FGE los acusa

Tras la vinculación a proceso de los cuatro agentes en una audiencia a la que la jueza negó acceso a medios de comunicación con el argumento de la pandemia (a pesar de que ya se han realizado otras audiencias presenciales), el titular de la Secretaría de Seguridad Jesús Rivera Peralta, evitó a toda costa precisar qué hechos dieron lugar a la acusación en contra de sus colaboradores, pero los defendió a toda costa.

Primero, aseguró que los cuatro agentes se habían presentado “de manera voluntaria” ante las autoridades investigadoras y judiciales. “Son excelentes personas, excelentes funcionarios, excelentes familias”, señaló. “Yo confío plenamente en mi personal, somos compañeros desde hace mucho tiempo, los conozco perfectamente, confío en las instituciones, reitero mi confianza total en ellos”.

Luego, aclaró que en este proceso hay confianza en la actuación de la Fiscalía y de las demás instituciones. “El caso lo trae la fiscalía, nosotros estamos para coadyuvar”, añadió.

Lo que sí dijo es que los cuatro exfederales son representados por abogados particulares, cuyos honorarios son costeados por las familias de los mismos. “Lo pagan ellos”.

Rivera confirmó que los elementos habían sido ya vinculados a proceso en una entrevista que ofreció el 22 de diciembre, dos días después de la resolución judicial.

Jesús Rivera Peralta

-¿Afecta la operatividad de la Policía el hecho de que el coordinador operativo esté entre los imputados?- preguntaron los reporteros al secretario, abordado en el patio del Palacio Municipal.

“La corporación sigue trabajando, somos una corporación totalmente transparente, siempre hemos dado la cara y siempre la vamos a dar”.

Pero Jesús Rivera se negó a precisar si los hechos por los que están procesados sus colaboradores son relacionados con el operativo en San Juan de la Vega y San Isidro. “Ya es la Fiscalía la que tiene los datos, es un tema de la fiscalía”.

-¿Sostiene que actuaron en uso legítimo de la fuerza?-

“Nuestra actuación siempre ha sido y será en uso legítimo de la fuerza cuando nos agreden”.

Este no parece ser el criterio que ha prevalecido en la conducción de la investigación por parte de la Fiscalía general del estado, que a diferencia de otros casos en los que se ha denunciado por familiares una presunta ejecución extrajudicial o un uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de corporaciones, procedió prácticamente de inmediato a la integración de una carpeta que llevó a los cuatro exfederales colaboradores del Secretario de Seguridad de Celaya a una vinculación a proceso penal.

El referente más claro del distinto rasero aplicado por la fiscalía de Carlos Zamarripa Aguirre es el asesinato de Leonardo Reyes, migrante sanmiguelense muerto un 13 de diciembre de 2018 en hechos en los que estuvieron involucrados elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública Estatal y que los familiares del muchacho, particularmente su madre, han expuesto públicamente como una ejecución extrajudicial.

En el caso de Leo, tuvieron que pasar cuatro años y un largo litigio de amparo que fue ganado por los abogados de la familia para que la Fiscalía fuera obligada a investigar el proceder de los agentes de FSPE.