Detenciones arbitrarias con el uso excesivo de la fuerza de policías de Irapuato y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, así como un desplante del gobernador Diego Sinhue Rodríguez que los llamó “sinvergüenzas” fue la respuesta -que se vuelve sistemática- de autoridades estatales y municipales a manifestantes que exigen a gobierno del estado solucione el conflicto por vivienda que tienen con el municipio de Irapuato.

Pero la evidente falta de aplicación de protocolos y estrategias en el despliegue de estas corporaciones resultó también en agresiones en contra de fotógrafos y reporteros que hacían la cobertura periodística en el momento, lo que se suma a otras actuaciones de corporaciones en el estado que muestran un patrón de hostilidad hacia el ejercicio periodístico. Esto provocó el airado reclamo de más de un centenar de periodistas de todo el estado en un pronunciamiento público.

Esto ocurre tres meses después de que, también con uso de la fuerza pública, familias fueron desalojadas del predio Alfredo B. Bonfil, a un costado de la comunidad Lo de Juárez, donde les derribaron 225 chozas de madera sin mostrar una orden judicial. Ahora buscan que el municipio “les regrese sus casas” o les proporcione acceso a viviendas porque carecen de ellas.

El conflicto entre la autoridad de Irapuato y habitantes de la comunidad Lo de Juárez no parece tener fecha para terminar y más bien sube de tono: el martes 20, los policías municipales y elementos estatales los empujaron, golpearon, y para someterlos y detenerlos intentaron asfixiar a los manifestantes.

Sin aplicar un protocolo de actuación, pero con el uso excesivo de la fuerza

Policías de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y policías municipales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato reprimieron a los manifestantes, adultos e incluso menores, a pesar que las mujeres manifestantes gritaban “¡es un menor de edad, lo están ahorcando!” mientras lo sometían por la espalda para detenerlo.

Los agentes amenazaron además a las mujeres con detenerlas por intentar evitar la detención. “Camínale a la patrulla”, ordenaron policías varones a mujeres policías mientras se daba el forcejeo, según se aprecia en la transmisión del diario AM de Irapuato.

Entre la gresca, policías lanzaron gas pimienta a los manifestantes y a los reporteros que estaban cubriendo lo que ocurría, entre ellos al reportero del periódico AM-Al Día Julian Pérez.

Así fue como los policías liberaron la vialidad de la salida de Irapuato a León que fue bloqueada frente al hotel Hotsson, donde el gobernador Diego Sinhue encabezaba la conmemoración de los 40 años de la Coparmex Irapuato. Los manifestantes gritaron “¡Diego se esconde y no responde!”; una mujer a todo pulmón gritó, “se quieren robar los predios. ¡Queremos solución, no intimidación!”.

Foto: Edith Domínguez.

Un helicóptero de seguridad pública sobrevolaba la zona. Varios medios de comunicación seguían transmitiendo en vivo en sus portales el conflicto y mostraron las agresiones verbales entre manifestantes y policías, que intercambiaron insultos.

Mientras esto sucedía, Ricardo Benavides, secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato, se encontraba frente al acceso principal del hotel -a escasos metros- observando el conflicto, hablando por teléfono, manoteando y aparentemente dando órdenes.

Aunque los manifestantes aseguraron a PopLab que no habían bloqueado la vialidad, en los videos se aprecia un vehículo del grupo con una bocina que se encontraba a mitad del bulevar. Cuando agentes de tránsito municipal comenzaron a subirlo a la grúa, un manifestante trató de impedirlo; los policías municipales lo aventaron, una mujer intervino pero también fue agredida por los agentes.

Eso detonó el enfrentamiento, que en todo momento presenciaron asesores de la Secretaría de Gobierno, funcionarios estatales y municipales.

En un segundo intento por detener al mismo menor de edad, luego que entre manifestantes y oficiales se insultaron, los agentes corrieron y al alcanzarlo e intentar someterlo entre varios, por la espada lo rodearon con las manos asfixiándolo. De nuevo las mujeres que protestaban intervinieron y recibieron golpes de los policías, que algunos respondieron. Una mujer lanzó una piedra y golpeó a un policía.

Instantes después, los agentes locales y estatales detuvieron a tres hombres y un menor; este último, ya en el interior de la patrulla, aun esposado, fue golpeado por los policías. Hombro con hombro, policías estatales y municipales acorralaron a los no más de 25 manifestantes a la orilla del bulevar.

“Esa es la respuesta del gobierno del estado”, gritaban los inconformes.

Cecilia Coronilla, líder de la asociación que lleva su nombre, denunció que al momento de la represión un policía la amenazó con encajarle una navaja y levantarla, amenaza que dijo tiene en video (que no mostró). Además, denunció que la orden de que los golpearan la dio Ricardo Benavides. “Tenemos un video donde Ricardo Benavides dice ‘ya, ya quítenlos, quítenlos”.

Mientras más de 150 policías locales y estatales se enfrentaban con los manifestantes, a escasos 300 metros del lugar, al hacer alto en los semáforos frente a la plaza Fragaria ubicada hacia dirección salida a León, una mujer era asaltada por dos hombres en motocicleta que le rompieron el vidrio del auto para robarle su bolsa con sus pertenencias.

La mujer llegó hasta la manifestación para pedir ayuda, pero los policías no le hicieron caso.

Al terminar el festejo en el que departía con los empresarios asociados en la COPARMEX Irapuato en el hotel Hotsson, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo calificó de “sinvergüenzas” a los manifestantes.

Foto: Edith Domínguez.

Previamente, la alcaldesa Lorena Alfaro había dicho con respecto a estas protestas que no permitirán que afecten el derecho de terceros. “Las manifestaciones son legítimas, se vale hacerlas, pero sin afectar a derechos de terceros, eso es algo que no debemos de dejar”, expresó, al argumentar que ya eran 4 manifestaciones en las que habían sido bloqueados puntos de la vía pública por el mismo grupo.

El Secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato, Ricardo Benavides, justificó la detención de dos adultos y un menor de edad y por faltas administrativas: “obstrucción a la autoridad, incitar a la violencia, agresiones a los elementos; en fin, fueron varias causas”, dijo, ante la insistencia de PopLab para que las precisara.

Benavides también se vio obligado a confirmar que habían sido un menor de edad detenido, luego de que inicialmente solo confirmó la detención de dos adultos, que fueron liberados.

A decir de Cecilia Coronilla, los dejaron libres después de que lo puso como condición para reunirse el próximo viernes a las 10 en la Secretaría de Gobierno. Sin embargo, ella aseguró que en realidad fueron cuatro las personas detenidas; dos menores que tras pagar la multa a las 19:00 horas del mismo martes salieron libres, más los dos adultos que posteriormente salieron de Seguridad Pública sin pagar multa.

Por estos hechos, el miércoles los ciudadanos afectados presentaron denuncia penal por abuso de autoridad y lesiones bajo la carpeta de investigación 72250 contra Ricardo Benavides y las fuerzas del estado.

Además estarán presentando denuncia en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos “porque no hay confianza en la estatal”.

Policías fuera de control: golpean a fotógrafo

Alrededor de 20 reporteros y fotógrafos de diversos medios cubrían la manifestación; la mayoría transmitían en vivo la actuación de los policías municipales y de las Fuerzas del Estado contra los manifestantes.

En la transmisión del periódico Correo se ve claramente cómo un policía municipal que en todo momento usó casco comenzó a seguir a José Luis Cervantes, fotógrafo del Sol de Irapuato (OEM), que se dedicaba a tomar fotografías del actuar de los policías.

Foto: Edith Domínguez.

En un primer momento, el agente le dio un codazo a José Luis. El reportero de Correo increpó al policía: “¿por qué le pegas? somos prensa, vi que le pusiste el pie”. El fotógrafo del Sol no responde a la primera agresión.

Pero instantes después, el policía le da una patada y el comunicador tampoco respondió. Fueron otros policías municipales los que, en grupo, se abalanzaron contra el fotógrafo y por la espalda lo sometieron, aparentemente intentando detenerlo o esposarlo, pues lo tumban al piso y entre varios lo sujetaron fuertemente, con algunos golpes.

*Video cortesía de José Juan Ramírez

El cuerpo de la cámara Nikon de José Luis se descompuso.

“No vi cuando te agredieron, si no, no te hubiera pasado”, le dijo un mando al fotógrafo.

“¿De quién fue la orden?” le preguntó José Luis, sin recibir respuesta.

En un comunicado emitido horas después de los hechos, la Secretaria de Seguridad Ciudadana pretendió minimizar la agresión al calificarla como “un altercado” de policías con el comunicador.

El gobernador del Estado Diego Sinhue Rodriguez Vallejo no quiso opinar de la agresión policial a los reporteros. La alcaldesa Lorena Alfaro lo calificó como un altercado, “lamentó” la agresión, que ya se investiga en la unidad de asuntos internos. Sin embargo, el Secretario de Seguridad Ricardo Benavides justificó la agresión policial contra el fotógrafo. “El protocolo (que tiene el municipio) es en dos partes, la actuación de los elementos y la actuación de ustedes…Estamos en los análisis de los videos en el que se determine si existen elementos involucrados que tengan alguna responsabilidad”, fue su ambigua posición.

José Luis Cervantes. Foto: Edith Domínguez.

Por esta segunda agresión contra manifestantes y reporteros, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado -Prodheg- abrió un expediente de queja por oficio bajo la carpeta 1190/2023.

Ante la agresión policial en Irapuato, que se suma a incidentes similares por parte de elementos de Policía en otros municipios como Celaya, más de 110 periodistas de todo el estado dirigieron un pronunciamiento público al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, al Fiscal General Carlos Zamarripa, a Vicente Esqueda Procurador de los Derechos Humanos en el estado, así como al Consejo estatal de protección a personas defensoras y periodistas del estado.

Exigieron que se hagan investigaciones efectivas y se determinen y apliquen sanciones a los elementos que han incurrido en estos hechos por parte de los gobiernos municipales, la FGE y el Poder Judicial, puesto que hay denuncias penales y quejas ante la Prodheg, pero ha prevalecido la impunidad y las agresiones se repiten.

Historia de un conflicto

El 18 de marzo pasado, policías municipales y estatales con el uso excesivo de la fuerza desalojaron 225 predios con construcción de madera en su mayoría, “no presentan ningún documento, una orden, tampoco estuvo presente un actuario, nunca fue un particular”, recordó Cecilia Coronilla.

La orden del desalojo de ese día, dijo, fue por “órdenes de Ricardo Benavides y Julio Borja (director general de Proximidad Social); ellos son quienes dan la orden incluso a las personas que iban de anexos para saquear las pertenencias”, denunció.

Esto motivó a los habitantes del predio Alfredo B. Bonfil a bloquear la carretera federal en el sentido de Silao-Irapuato, donde más de 100 habitantes fueron desalojados con la fuerza pública,” fuimos golpeadas, nos ahorcaron, jalonaron”.

Los asesores del gobierno del estado buscaron un diálogo pero exigieron que no estuviera la prensa, los habitantes se negaron y anunciaron manifestaciones diarias hasta que “la alcaldesa les regresara sus casas”.

Por este hecho presentaron una primera queja en la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado.

Pero de los expedientes de queja hasta hoy no hay resolución; “nos han llamado (del estado) una y otra vez para hacer las declaraciones y nos dicen que eso no pasó”.

Cecilia Coronilla. Foto: Edith Domínguez.

Cecilia Coronilla explicó que ella trabajó en la Secretaría de ayuntamiento de la actual administración como gestora hasta el 9 de marzo pasado, y debido a que en enero de este año personas ajenas a la comunidad ya se habían querido adueñar del predio, habló con el secretario Rodolfo Gómez.

“Le dijimos ‘Rodolfo (Gómez), tenemos este problema, viene una persona, se quiere meter, viene otra, y otra, ¿qué podemos hacer?’. ‘Hay que tomar los predios”, dijo que le respondió el funcionario.

El propio municipio “mandó arquitectos para que hagan el levantamiento topográfico, se comprometen a apoyarnos con los servicios y también con la regularización de la colonia”, en dicho levantamiento se marcaron 406 predios que posteriormente entre la comunidad se repartieron.

Pero cambiaron de opinión. “Tres meses después, salieron a decir que no sabían del acuerdo, que se les estaba saliendo de control”.

Después de esto “el municipio levanta una orden de investigación en mi contra por alteramiento al orden territorial”. En menos de un mes había una carpeta en su contra.

El gobierno del estado, a través de los asesores de la Secretaría de Gobierno, comenzó un diálogo. Hubo reuniones con Jesús Oviedo, titular de la dependencia, aunque Cecilia afirma que las han hecho “para someter, agachar a la comunidad, dicen que presentemos los documentos, pero sabemos que es una zona irregular y no hay documentación”.

Aunque Coronilla explicó que ofertaron los documentos que dicen tener de que la zona es una reserva territorial de la comunidad, le respondieron “tienes que venir a entregarlos, pero solo los vamos a recibir, no va a haber reunión” por lo que no los entregaron.

A decir de la líder de la asociación, en 1974 se hicieron poseedores del predio que denominaron la reserva de la comunidad Lo de Juárez, y desde 2013 pobladores comenzaron a sembrar en la zona.

“Está es propiedad de la comunidad (De lo de Juárez), tenemos una acta donde consta que esa zona es reserva para lo que le convenga a la comunidad, una iglesia, escuela”.

El dueño del predio presuntamente es Filemón Figueroa Martínez; “es quien dijo la alcaldesa que le había solicitado el apoyo en un miércoles ciudadano personalmente”, pero el supuesto propietario no se ha presentado hasta la fecha en el lugar.

En la comunidad conocen a Filemón Figueroa porque en 1991 se hizo representante de Comité, pero para 1995 ya 280 hectáreas estaban a su nombre “en complicidad con algún notario”. Al enterarse de esto, algunos de los habitantes presentaron demandas por “fraude y abuso de confianza”.

El gobierno no les ha presentado ninguna propuesta, dicen los inconformes, y ven como la solución al problema que los dejen pelear con el particular, “que resuelvan la necesidad de vivienda de los compañeros”.

Foto: Edith Domínguez.

Hoy en la tierra en disputa los manifestantes tienen un plantón de forma indefinida.

Aunque han pasado tres meses del desalojo, dicen que no han acudido a la Procuraduría Agraria para oficializar un proceso pero van a dar ese paso, ya que existe un antecedente de 1979 cuando dicha dependencia solicitó que el predio se respete como Alfredo B. Bonfil, así como un censo de 1980 que les podría ayudar.

En el presente año, durante la más reciente visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor en Salamanca, pobladores de Lo de Juárez lograron entregarle un escrito para solicitar su intervención y resolviera, porque “lo único que ha hecho el gobierno panista es usar la ley del garrote”, pero a la fecha no han tenido una respuesta.