El abogado y funcionario de administraciones panistas Plinio Martínez Tafolla, cobró al Congreso del estado un millón y medio de pesos por un estudio para una reforma que nunca se presentó y “salarios caídos”, de una comisión para la reforma de justicia penal, extinta años atrás.

El pago le fue autorizado por la Comisión de Administración que encabeza el coordinador panista Luis Ernesto Ayala. Un par de semanas después de firmar el contrato y el convenio con el Congreso, fue contratado por la Jefatura de Gobierno estatal, a cargo de Juan Carlos Alcántara, como coordinador jurídico con nivel de subsecretario, con un sueldo de poco más de 96 mil pesos mensuales netos.

Plinio Martínez colaboró con el gobierno de Miguel Márquez Márquez como responsable de la Consejería Jurídica, luego fue titular del Instituto de Investigaciones Legislativas en el Poder Legislativo entre 2015 y 2018, teniendo como jefe directo a Christian Cruz Villegas, en la primera etapa de éste como secretario general del Congreso.

Unos años después, estando Cruz Villegas en el mismo cargo, Plinio Martínez cobró los tres años que, asegura, siguió representando al Congreso en la comisión estatal para la implementación del nuevo sistema de justicia penal y además se llevó un contrato como asesor.

En un acuerdo tomado el 15 de noviembre de 2022, la comisión de Administración autorizó erogar del erario 1 millón 218 mil pesos para saldar el adeudo de salarios de Plinio Martínez durante los tres años que fue secretario técnico de la comisión sin recibir el salario como titular del Instituto de Investigaciones Legislativas, cargo que dejó en octubre de 2018 con el cambio de Legislatura.

Ese mismo día, la comisión de Administración autorizó contratar a Martínez Tafolla como asesor para adecuar la legislación local con la federal en el tema de movilidad. El monto del contrato fue por 290 mil pesos.

El 17 de noviembre, dos días después del acuerdo en la comisión, se firmó el convenio CONV/LXV-LEG/DGA/C-CTOPLIN/192/2022 para el pago de más de 1.2 millones de pesos por el tiempo que, sin ser funcionario del Congreso, Plinio Martínez se siguió haciendo cargo de la Secretaría Técnica de la comisión estatal para la implementación de la reforma en materia de justicia penal. Con el deducible de impuestos, el monto que cobró el abogado al Congreso fue de 1 millón 50 mil pesos.

Extracto del convenio por los "servicios prestados y no pagados" a Plinio Martínez

Solo un día después del convenio, Martínez Tafolla firmó el contrato como asesor para brindar el servicio de "estrategia legal para el estudio, revisión, preparación, adecuación y análisis normativo a la Ley de seguridad Vial y movilidad del estado de Guanajuato", según se estipula en el contrato CTO/LXV-LEG/DGA/SERV JURI/130/2022. Del presupuesto del Congreso se erogaron 290 mil pesos, pero con las deducciones de impuestos, el profesionista cobró 258 mil 750 pesos.

Extracto del contrato del estudio por el que se pagó un cuarto de millón de pesos y, según el PAN, nunca se usó

La asesoría se contrató a pesar de que el Congreso cuenta con un Instituto de Investigaciones Legislativas y la bancada panista tiene ocho personas asesoras que cobran salarios entre los 50 mil y 100 mil pesos mensuales.

Al preguntar al presidente de la comisión de Administración y coordinador de la bancada panista, Luis Ernesto Ayala Torres, el por qué recurrieron a un externo, se negó a responder y pidió que las explicaciones las diera el secretario general, Christian Cruz Villegas.

"Buena pregunta, se la hacemos a él, al secretario general", se limitó a decir Ayala Torres.

Para la diputada de Movimiento Ciudadano, Dessire Ángel Rocha, se pudo tratar de una contratación para “maquilar” una iniciativa que fue presentada por el PAN.

“Este estudio lo mandó a hacer el Congreso, con dinero del Congreso, luego ustedes presentaron (la iniciativa) en mayo de 2023. No quiero mal pensar que este estudio que se realizó fue solamente para su iniciativa con dinero del Congreso”, señaló directamente la diputada al panista Martín López Camacho.

En entrevista, Luis Ernesto Ayala Torres tampoco quiso entrar en detalles de cómo fue que Plinio Martínez fungió entre 2018 y 2021 como secretario técnico de una comisión que ya no existe y no cobró, sino que lo hizo hasta 2022.

"Yo quisiera que el secretario general, que es quien en un momento dado llevó a cabo el trámite, le diera más detalles, yo no quisiera opinar en ese aspecto".

De acuerdo con los reportes de transparencia del Congreso del Estado, Martínez Tafolla tenía hasta la primera quincena de enero de 2023 para entregar el estudio resultado del trabajo de asesoría legal y para comprobar que durante 3 años siguió haciendo las funciones de secretario técnico de la comisión responsable de dar seguimiento a la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio.

Solo un día después del tiempo establecido en el convenio y el contrato con el Legislativo, el abogado fue contratado como subjefe jurídico de la Jefatura de Gobierno. En el portal de transparencia aparece su alta el día 16 de enero de 2023, fecha en la que regresó a la función pública, después de que durante tres años (2018-2021) estuvo fuera de cargos públicos. En su currículum aparece como consultor independiente y abogado litigante durante ese lapso.

Portada Juan José Plascencia

Paga Congreso 250 mil en asesoría inútil: PAN niega su uso

Con el plazo vencido para que el Congreso de Guanajuato armonizara la legislación local con la Ley General de Movilidad fue que se contrató una asesoría externa que pudiera agilizar la reforma, justificó el secretario general del Congreso, Christian Cruz Villegas, al cuestionarlo sobre el contrato a Plinio Martínez Tafolla.

Para Cruz Villegas se trató de una coincidencia que con un día de diferencia se comprometieron más de 1.5 millones de pesos del erario para pagar a Plinio Martínez, quien fue su colaborador cuando estuvo en la Secretaría General durante el periodo que el abogado ocupó la titularidad del Instituto de Investigaciones Legislativas.

"Es por una asesoría sobre la necesidad que teníamos de armonización de nuestra normatividad estatal con la ley general de movilidad que se recurre a un tercero por, en su momento, la urgencia de ésta armonización, toda vez que teníamos una fecha límite, la cual era el 14 de noviembre de ese año (2022) , y derivado de la urgencia ya caduca es que se da la instrucción de la contratación de un externo para que solamente estuviera dedicado y abocado a ese tema de la armonización", sostuvo.

Sin embargo, han transcurrido 14 meses desde que Plinio Martínez entregó el estudio, según el contrato, y en Guanajuato todavía no se armoniza la legislación.

Lo que sí sucedió fue que en mayo de 2023, apenas cuatro meses después de la asesoría externa pagada con el presupuesto general del Congreso, la bancada del PAN presentó una iniciativa en este sentido, aunque originalmente se había previsto que la propuesta surgiera de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, donde está la representación de todas las fuerzas políticas, pero nunca hubo un acuerdo.

Al preguntar a Christian Cruz cómo fue que se decidió contratar a Plinio Martínez, quien durante meses había buscado que se le pagara por los servicios prestados durante los tres años de la Legislatura anterior, respondió que se trata de "una de las personas técnicas-jurídicas que conozco".

Luego, agregó que más allá de su opinión, fue a petición de Martín López Camacho, como presidente de la comisión de Seguridad Pública y del Congreso en ese momento, que se contrató a Martínez Tafolla.

"Entiendo que ellos tuvieron una serie de pláticas sobre el tema de las necesidades. Es cierto que el profesionista, en el tiempo de negociación rondaba, estaba viniendo constantemente al Congreso, me imagino que ofreció los servicios, luego fue que se me dio la instrucción de atenderle para ver el tema de la armonización".

Christian Cruz Villegas. Fotografía Carmen Pizano

Pese a la prisa que aseguró el secretario general que se tenía de armonizar la legislación, actualmente sigue la discusión del tema en la comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones.

En Guanajuato está pendiente la reforma que fue motivada a nivel nacional por las altas cifras de accidentes viales, convirtiéndose en una de las principales causas de muerte por el mal diseño vial, por lo que tendría que garantizarse desde la legislación local desde el reconocimiento del derecho humano a la movilidad en la Constitución y la creación del Consejo Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, así como un subsistema de información.

En la última mesa de trabajo en la que se analiza la iniciativa presentada por el PAN en marzo de 2023 y que habría resultado del estudio hecho por Plinio Martínez, la diputada de Movimiento Ciudadano, Dessire Ángel Rocha, reclamó que el PAN haya contratado a un externo para maquilar la iniciativa que en tribuna leyó el diputado Rolando Alcántar Rojas.

"Llama la atención que se pide el análisis en noviembre y que no fue presentado a la Junta de Gobierno... Habrá que transparentar por qué fue un gasto que no se justificó, por qué 250 mil pesos, dónde está la cotización. Habrá que ver los entregables, si estos entregables no se usaron me queda la duda y habrá que compararlo con la iniciativa que presentó el PAN", señaló Dessire Ángel Rocha.

La diputada emecista señaló que ella no tuvo acceso a los resultados del estudio hecho por Plinio Martínez para que sirviera de insumo a las 5 iniciativas que ella ha presentado en materia de movilidad durante los últimos dos años.

Mesa de trabajo de la comisión de seguridad en la que Dessire Ángel cuestionó la asesoría al servicio del PAN

Ante los señalamientos de la diputada Dessire Ángel Rocha, Martín López Camacho rechazó que el trabajo que entregó Plinio Martínez se haya utilizado para crear la propuesta presentada por el PAN el 25 de mayo de 2023.

“Lo pedí yo como presidente, se hizo un análisis, iba a ser un acompañamiento a Junta de Gobierno, derivado de que se presentara una iniciativa como Junta de Gobierno, eso era si se presentaba la iniciativa como Junta de Gobierno, se quedó en el primer diagnóstico”.

De acuerdo con el portal de transparencia, el PAN cuenta con siete asesoras y asesores, más un coordinador que cobra cerca de 100 mil pesos mensuales. Los sueldos de las siete personas asesoras están entre los 51 mil y los 57 mil pesos.

Además, el Congreso tiene el Instituto de Investigaciones Legislativas, encargado de hacer estudios, análisis; es decir, del trabajo que hizo Plinio Martínez. En ésta área trabajan 10 personas, incluido el titular: el panista Gerardo de los Cobos Silva, quien también cobra más de 80 mil pesos al mes por su función.

Trabaja sin cobrar durante 3 años

Sin un cargo público que le diera ingresos fijos, Plinio Martínez Tafolla trabajó sin recibir un sueldo como secretario técnico de la Comisión estatal para la implementación de la reforma en materia de justicia penal y seguridad pública de 2018 y hasta 2021 que se extinguió dicha comisión.

En el convenio que firmó el Congreso con quien ahora es titular del área jurídica de la Jefatura de Gabinete en la administración de Diego Sinhue Rodríguez, se asegura que a pesar de que el abogado dejó el cargo de titular del Instituto de Investigaciones Legislativas en el Congreso desde octubre de 2018, éste nunca abandonó sus funciones como representante del Poder Legislativo ante la comisión, pero nunca recibió un pago.

La comisión fue creada en 2009 con representantes de los 3 Poderes para dar seguimiento a la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, siendo el representante del Congreso el que tenía las funciones de secretario técnico. La comisión se extingue en diciembre de 2021 y por acuerdo se crea la Comisión estatal para la evaluación y consolidación del sistema de justicia penal en el estado de Guanajuato, en la que se incluye a la Fiscalía General del Estado.

"Lo que conlleva que, al haberse extinguido esta última comisión, debe efectuarse la liquidación de derechos de retribución y pago de expensas", señala el convenio CONV/LXV-LEG/DGA/C-CTOPLIN/192/2022.

Aunque Plinio Martínez fue despedido del cargo en el Congreso en octubre de 2018, con el cambio de Legislatura, no se le revocó el nombramiento como secretario técnico de la comisión para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, y no cobró ni al nuevo secretario general, Ricardo Narváez Martínez, ni al entonces coordinador de la bancada del PAN y ahora secretario de Gobierno, Jesús Oviedo Herrera, por representar al Legislativo.

El cobro de "servicios prestados y no pagados", como lo define el convenio firmado en noviembre de 2022, comenzó cuando se extingue la comisión y el Congreso advierte que no pagaron a Plinio Martínez durante el tiempo que siguió con el nombramiento.

En el convenio se exhibe que otras personas que ocuparon la Secretaría Técnica sin tener un cargo público cobraron 70 mil pesos mensuales. Tal es el caso de Eduardo López Mares, actual dirigente estatal del PAN, y Francisco Javier Ramírez Ramírez.

Sin embargo, aunque podrían corresponderle más de 2.5 millones de pesos por los tres años que trabajó sin cobrar, el convenio dice que llegaron a un acuerdo y Plinio Martínez aceptó hacer un descuento y cobrar poco más de 1.2 millones de pesos.

Al cuestionar al secretario general, Christian Cruz Villegas, sobre la presunta omisión del Congreso explicó que se dieron cuenta de la falta de pago hasta que buscaron a Plinio Martínez para que presentara los últimos acuerdos tomados en la comisión que decidió extinguirse el 7 de diciembre de 2021.

Comentó que Plinio Martínez acudió a Justicia Alternativa en busca de un acuerdo, pero después de varias citas no hubo tal. "Lo hicimos en acercamientos en lo particular, en lo personal, conocedor del asunto llevamos a cabo el convenio".

Para poder hacer el cobro, el Congreso le condicionó la presentación de las actas de las sesiones de la comisión entre 2018 y 2021, mismas que debió entregar en la primera quincena de 2023, sin que al momento se conozcan ni hayan sido presentadas a la Junta de Gobierno, según aclaró la diputada Dessire Ángel Rocha.