Diversas organizaciones civiles en defensa del medio ambiente –que en Aguascalientes han protagonizado sendas luchas jurídicas y sociales contra, por ejemplo, proyectos inmobiliarios– han exigido al gobierno de Teresa Jiménez la presentación del plan de trabajo de la administración en el tema ambiental, y conocer las políticas públicas que el gobierno pretende echar andar en un estado que, entre otros problemas, se está quedando seco.

A mediados de diciembre, al menos diez organizaciones ambientales mantuvieron una reunión con la titular de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio y Agua (SSMA), Sarahí Alicea, una funcionaria traída desde los gobiernos municipales de Jiménez en la capital del estado (2016-2021), donde también se desempeñó en cargos relacionados con el cuidado del entorno ambiental.

A esa reunión, cuenta Mayté Figueroa, experta en manejo de residuos e integrante de Conciencia Ecológica, las y los activistas acudieron preparados para, además de presentar sus demandas, conocer y discutir la política ambiental de la nueva administración estatal… pero no se les presentó nada. Ningún plan, ninguna prioridad.

La activista se sonroja, dice que quizá es muy pronto exigirle al gobierno resultados, pues inició hace apenas dos meses; pero está segura de que con tantos años exigiendo las mismas cosas, y con una gobernadora que fue dos veces alcaldesa de la capital –donde habita el 70% de la población total del estado– debería, por lo menos, conocer las necesidades y tener esbozado algún plan de trabajo.

Pero no.

“¿Cuál es su plan? O sea, ¿cómo entras a trabajar sin un plan, qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus temas prioritarios? Porque la inquietud es que en los foros y estas cosas, nosotros vamos y exponemos cuál es la problemática, tenemos años haciéndolo (...), y ellos (los gobiernos) las conocen, son temas que hemos exigido desde el sexenio pasado y el antepasado, problemas que han ido empeorando”, dice Figueroa.

Sofia González Ponce, de Salvemos La Pona, dice que durante las administraciones de Teresa Jiménez en el municipio capital, donde gobernó durante cinco años seguidos, las políticas públicas en materia ambiental retrocedieron.

“Hubo retrocesos, los gobiernos de Teresa Jiménez se han caracterizado por llevar más cuestiones de marketing político que de fondo (...). Toda la política ha ido encaminada a enaltecer acciones que ya eran obligatorias, se preocupó por tener reconocimientos pero con acciones sin impacto, sin perspectiva transversal de la política ambiental adecuada para combatir la crisis climática”.

Algunas de esas políticas públicas superficiales son, por ejemplo, organizar eventos para hacer yoga al aire libre, picnics en parques públicos o más recientemente recibir árboles de navidad naturales para convertirlos en composta. Estas actividades, dicen las especialistas son débiles, poco enfocadas en el problema y sin beneficios reales.

“Hay una fuerte tendencia en invertir cantidades muy altas en la imagen pública y claramente hay una intención de construcción de imagen para proyección política de escala personal. Eso preocupa porque los recursos no son tantos, la Secretaría de Medio Ambiente no tiene tantos recursos, es de las que menos recursos tienen, pero la preocupación está en que la imagen sea vendida y popular”.

Para 2023, la Secretaría de Sustentabilidad, Medio y Agua obtuvo un incremento del 12% en su presupuesto, ejercerá 116 millones de pesos; y es de las dependencias con menor bolsa presupuestal.

El agua: la prioridad.

Entre esos temas se encuentra el cuidado del agua en un momento donde, además de ser escasa, el gobierno capitalino se enfila hacia una álgida discusión política y social para decidir cómo llevar agua a la industria y a las viviendas, una vez que la concesión de la empresa Veolia –antes CAASA– concluya, en octubre de este año.

La empresa ha mantenido la concesión del agua potable en el estado desde los años noventa. El contrato inicial fue firmado durante el sexenio del exgobernador priista Otto Granados, luego tuvo diversas modificaciones. Durante ese tiempo, Veolia se ha convertido en la empresa más odiada por los habitantes de la capital del estado, pues los tandeos o la falta de agua –incluso hasta por meses–, se han convertido en cosa diaria, afectando gravemente a las familias que habitan en las zonas vulnerables y periféricas de la ciudad capital.

Y, sin embargo, los recibos de pago nunca dejan de llegar.

Instalaciones de Veolia en Aguascalientes. Crédito: Veolia.

El cuidado del agua, dice Mayte, ocupa el primer lugar en la lista de exigencias. El tema, añade, está íntimamente relacionado con la industria inmobiliaria, pues empresarios han buscado edificar condominios campestres en, por ejemplo, la Sierra Fría, el único pulmón natural que le queda al estado y el sitio más importante de infiltración de agua.

Incluso, organizaciones civiles ambientales se encuentran analizando la posibilidad de presentar recursos jurídicos contra el nuevo Código Urbano, tras conocerse que beneficia principalmente a los empresarios de la élite inmobiliaria.

La preocupación por el agua la comparte también Guadalupe Castorena, maestra y presidenta del Colegio de Biólogos de Aguascalientes. El Colegio, junto con las organizaciones Los Cuartos, el Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos y Posgrado (IMEPP), Salvemos a la Pona, Sos La Pona, Guardabosques y la Red de Educadores Ambientales; participaron en la reunión de diciembre pasado con la secretaria de medio ambiente, que consideran un fracaso.

“Como ciudadanos interesados por el medio ambiente, cada día es importante. Sí, cada día es importante, pueden decir “es que estamos en reorganización”, pueden estar en esto y aquello, pero vemos que están pasando ciertas cosas, en los periódicos ya dicen: “ya se aplicó tal presupuesto para tal obra”. A ver, si ya se pudo aplicar presupuesto para una obra, ¿qué está pasando con lo del medio ambiente? Al contrario, son obras que creemos que afectan profundamente al medio ambiente, y para eso se está presupuestando”.

“Desde cualquier paso a desnivel, desde los arreglos a Tercer Anillo… y tampoco las inmobiliarias están de brazos cruzados, ¿eh?. Ellos siguen metiendo sus permisos o sus estudios de impacto ambiental para seguir el proceso, y eso no se detiene, pero nuestras exigencias sí, por eso cada día es importante”, explica la maestra Castorena, molesta, pero sobre todo preocupada.

Entre las exigencias de las organizaciones se encuentra mejorar el perfil de las personas que trabajan en la SSMA, que sean especialistas y no gente contratada con palancas, sostienen Mayte Figueroa y Sofia Ponce, quien añade que la actual secretaria de medio ambiente no tiene los conocimientos necesarios en medio ambiente, tampoco el equipo del que se está rodeando.

El cuidado del aire, el agua y los suelos son otros temas prioritarios, añade Castorena, como también lo es mantenerse en la defensa jurídica para proteger dos zonas ambientales indispensables para el estado: El Bosque de Cobos –en donde se han encontrado yacimientos arqueológicos– y La Mezquitera La Pona, en peligro de ser mutilada para construir un condominio residencial.

“Con ella (Sarahí Alicea) nunca hubo avances en el Municipio Capital, nunca respuestas concretas a la lista de exigencia que entregamos, como la protección a La Pona y al Bosque de Cobos”.

Oscar de la Torre, abogado de Salvemos La Pona y catedrático de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, explica que la lucha jurídica para proteger la zona continúa, pues no solo la empresa interesada en construir ahí, sino también el Municipio capital, solicitaron en a finales de diciembre un recurso de revisión a la impugnación que las organizaciones ganaron en octubre del año pasado, para evitar que se construya un fraccionamiento en ese bosque de mezquites, árbol endémico de Aguascalientes.

Tanto el Municipio como las empresas quieren ir a juicio.

Mezquitera La Pona. Crédito: Organización Salvemos La Pona

Oscar también dice que la política pública en Aguascalientes “es una gran simulación”.

“Hay todo un discurso sobre la protección del medio ambiente, pero en realidad no lo hacen, no protegen, porque para hacerlo tienen que realizar actividades muy concretas, mismas que no realizan. En el caso concreto de La Pona, hay una parte que sí es área natural protegida de competencia municipal, incluso hay un plan de trabajo basado en un plan de manejo de esa área natural, y sin embargo no llevan (el gobierno capitalino) a cabo las actividades que tienen que realizar para proteger la zona, es la propia ciudadanía la que está preocupada por protegerla y la que está realizando las actividades de protección”.

Por ahora, las organizaciones se mantienen a la espera de que el Gobierno les reciba otra vez en conjunto, pues la secretaria, Sarahí Alicea, solo les recibe por separado. Con la gobernadora, dicen, es más difícil tener un diálogo directo.

Al titular de la Secretaría estatal de Comunicación y Vocería, Enrique de la Torre, se le solicitó una entrevista con Alicea, o alguna respuesta del gobierno frente a las exigencias de las organizaciones, pero no respondió.