El camino emprendido por familiares de personas víctimas de desaparición en Guanajuato para encontrarlas y acceder a la justicia, particularmente desde la crisis forense que detonó en 2020 con los hallazgos de las primeras fosas masivas creadas por los grupos del crimen organizado como campos de exterminio, se ha topado con la cerrazón y la opacidad de instancias como la Fiscalía general del estado, pero también con desaciertos y vacíos en la administración e impartición de justicia que prolongan la impunidad.

Esto le ha sucedido al matrimonio de los profesores María del Tránsito y Javier Barajas Piña, que perdieron a sus dos hijos, Guadalupe y Javier, a manos de integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima, un grupo delictivo más vivo que nunca y que extiende sus alcances hasta los escasos procesos judiciales relacionados con la desaparición de personas que se han logrado llevar a tribunales en el estado.

El grupo criminal ha embestido con funesto éxito a esta familia hasta llegar a la intimidación, coacción e incluso desaparición de testigos de ambos casos. El riesgo es tal que ha obligado al desplazamiento, por amenazas, del matrimonio Barajas Piña.

Sumado a esto, las fallas en la procuración y en la impartición de justicia han llevado a sentencias absolutorias en juzgados de primera instancia del Poder Judicial del Estado, primero en el caso de los responsables del asesinato de Javier y hace unos días, en el juicio por la desaparición y asesinato de Guadalupe.

Según datos del Poder Judicial del Estado, en este año (hasta marzo) habían sido dictadas apenas cuatro sentencias condenatorias en procesos por desaparición cometida por particulares, y dos más por desaparición forzada. Algunas sentencias se emitieron en conjunto con otros delitos como homicidio, narcomenudeo y privación ilegal de la libertad.

En contraste, jueces del estado dictaron sentencias absolutorias en tres procesos por desaparición forzada y otros tres por desaparición cometida por particulares.

Para organizaciones como el Centro Prodh, la Plataforma por la Paz y la Justicia de Guanajuato, Front Line Defenders, Serapaz y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU -acompañantes de familias y varios colectivos de búsqueda en la entidad- en los procesos llevados para lograr justicia por Guadalupe y Javier han salido a relucir las deficiencias de la justicia local, tanto por parte de una Fiscalía que ha fallado en desplegar su acusación, como de tribunales “alejados de las víctimas” e indolentes.

“El delito de desaparición es complejo, pero también se complejiza al estar en medio de redes de criminalidad, de amenazas; es decir, implica una actividad, digamos, reforzada de las autoridades de proteger a los testigos que deciden valientemente decir ‘yo me percaté como ocurrió esta parte de de los hechos’ y que puede abonar a la búsqueda y también a que pueda garantizar justicia a sus familias”, dijo en entrevista la abogada Ivette García, del Centro Prodh.

En los casos que marcaron a la familia Barajas Piña, la Fiscalía ha fallado en garantizar la debida protección de testigos, dijo. Pero no solamente la FGE, sino todo el sistema de protección que involucra también al Poder Judicial, lo que lanza un mensaje de impunidad, en el caso de Lupita, en el único proceso hasta ahora relacionado con la mega fosa de Salvatierra, y uno de los pocos casos llevados a tribunales en Guanajuato y en el país.

De enero a mayo de este año, por ejemplo, la Fiscalía general de justicia reporta que formalizó ocho carpetas de investigación por desaparición de personas por particulares, y ninguna por desaparición forzada, de acuerdo a una respuesta hecha a una solicitud de información por transparencia.

Pero además, la abogada menciona que de parte de la jueza del Tribunal unitario de Acámbaro, a cargo del juicio contra los imputados por la desaparición de Lupita, hubo la falta de una visión amplia de la macrocriminalidad presente en el estado y en la región al momento de analizar y valorar todas las pruebas y las condiciones en que los testigos deben declarar: bajo riesgo permanente.

Imagen Juan José Plascencia

En la apelación que llevarán la propia Fiscalía, la asesoría por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las organizaciones, se solicitará analizar los indicios y la valoración de las pruebas. La abogada resalta que atender la crisis de desaparición no implica un trabajo solamente de la Fiscalía o del Poder Judicial por separado, sino toda una coordinación de las autoridades involucradas.

“Una sentencia así no abona al problema de la impunidad, que es de más de un 90 por ciento en este tipo de casos”, señaló.

Sobre el tema se solicitó conocer la postura del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, magistrado Héctor Tinajero, a través del área de comunicación social. “El Presidente no puede emitir por el momento un posicionamiento porque como precisa el comunicado, el proceso sigue, ya impugnarán la sentencia…por otra parte, existe libertad jurisdiccional para que las jueces y juezas dicten sus sentencias”, fue la respuesta de comunicación social.

Fosa a la vista de todos

Lupita Barajas Piña, maestra de profesión como sus padres, fue víctima de desaparición el 29 de febrero del 2020 cuando se encontraba con un vecino que fue interpelado por sicarios del CSRL que le exigían al hombre un pago. A pesar de la denuncia, no se articuló una búsqueda inmediata por parte de la Fiscalía general de justicia.

Los padres y el hermano de la maestra se convirtieron en buscadores; Javier, abogado de profesión, se integró a la Comisión Estatal de Búsqueda.

En octubre de ese año, gracias a datos de los primeros colectivos de familiares de personas desaparecidas, las autoridades entraron a un extenso predio ubicado en plena mancha urbana de la ciudad de Salvatierra, en el barrio de San Juan, de donde recuperaron en las semanas posteriores los restos de al menos 79 personas.

Allí estaba el cuerpo de Lupita, que fue identificado hasta febrero de 2021, un año después de su desaparición.

A cuatro años del hallazgo de este sitio, considerado un punto de exterminio del grupo criminal en plena ciudad, la Fiscalía general ni siquiera ha logrado la identificación de todas las personas allí inhumadas. Datos de la Plataforma por la Paz y la Justicia de Guanajuato refieren que 65 personas han sido identificadas, aunque no todas han sido restituidas a sus familias.

El 29 de mayo del 2021, Javier fue asesinado en plena vía pública en Salvatierra. Un mes después la Fiscalía detuvo a dos hombres, César Enrique y Rafael, como presuntos responsables del crimen; ambos integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima.

Por ello, el proceso por el homicidio de Javier debió prolongarse. La exigencia de sus padres y el acompañamiento de organizaciones defensoras de derechos humanos presionó y llevó a diversas apelaciones, por lo que el caso llegó hasta la Quinta Sala Penal del mismo Poder Judicial, donde se revisó el proceso y se dictó una sentencia de culpabilidad contra los dos imputados, condenados a 35 años de prisión.

Cesar Enrique, uno de los hombres sentenciados por el asesinato de Javier, estuvo involucrado en la desaparición y asesinato de Lupita. Otro de los inculpados, Julio César, fue capturado en marzo de 2022. Posteriormente se detuvo a Carlos Manuel y a Socorro. Este último es identificado como cabecilla del Cártel de Santa Rosa de Lima en Salvatierra.

El caso es llevado a juzgado a fines de octubre de 2021.

El proceso en contra de los cuatro se prolongó durante meses, principalmente por diversos diferimientos de parte de sus defensores, algunos de los cuales han participado en la defensa de otras personas vinculadas al CSRL.

En el desahogo de la teoría del caso por parte de la Fiscalía, pruebas y testigos, se conoció que en la mañana del 29 de febrero de 2020, Lupita sale de casa de sus papás en Salvatierra para desayunar unas tortas, junto con Ulises. En el barrio de San Juan, cuatro hombres a bordo de dos motocicletas los interceptan; uno de ellos le exige dinero a Ulises, quien pide tiempo para pagar. Los hombres se los llevan en la camioneta de Ulises y no se les volvió a ver.

Desde una ventana, un hombre logra ver claramente todo lo sucedido y lo cuenta a dos de sus familiares; uno de ellos sale y tiene un intercambio de palabras con los responsables, que lo amenazan y le advierten que guarde silencio.

A pesar de ello, durante la investigación la Fiscalía logra recabar estos testimonios, mismos que presenta en el proceso, por lo que las tres personas fueron citadas para el juicio oral donde, inesperadamente, se retractan y niegan haber identificado a los inculpados.

“Esto es grave porque, independientemente de que exista un registro de la investigación que de cuenta de que había una declaración ante la autoridad ministerial que cumplió con las condiciones legales y el procedimiento, si esto no se sostiene frente a la autoridad que va a dictar sentencia o que está a cargo del juicio, no tiene un valor ahora. Eso fue un poco el argumento por el cual (la jueza) dio que no se cumplían los requisitos para derribar el principio de presunción de inocencia” de los cuatro procesados.

Por eso, la jueza concluyó que no se acreditó su responsabilidad y en sentencia dictada el 21 de agosto, los absolvió y ordenó su libertad.

La abogada explica que “lo que se evidencia es que efectivamente sigue siendo un reto el garantizar la seguridad de los testigos” inicialmente por parte de la Fiscalía, para que puedan llegar a juicio “y eso se traduzca en tendencia sólidas por parte del Poder Judicial”.

Pero para la abogada también hay un punto en contra en el actuar de la jueza, frente a un proceso en el cual están involucradas fuerzas criminales, en la que existen riesgos para los testigos y las víctimas, y las implicaciones que tienen para los testigos sostener sus dichos en circunstancias como las que vive el estado.

En el juicio, el representante de la Fiscalía inició un incidente para defender la autenticidad de los testimonios recabados durante la investigación. E hizo notar que al llegar a la sede del Poder Judicial para el proceso, los testigos arribaron con los defensores de los inculpados, por lo que expresó la posibilidad de que hubieran sido coaccionados para desistirse o retractarse de sus declaraciones.

La Fiscalía pidió los videos de seguridad del juzgado para probar lo que estaba exponiendo, pero éstos no pudieron ser proporcionados. “Nos quedamos sin esos videos; esto pudo haber sido crucial para que la jueza se percatara de esa coacción de los testigos y quizás emitir un fallo en sentido diverso”, es decir, condenatorio.

Por lo pronto, de los cuatro inculpados que absolvió la jueza, uno de ellos (César Enrique) permanece en prisión porque fue condenado por el asesinato de Javier Barajas; otros dos cuentan con procesos por otros delitos. El cuarto pudo haber quedado en libertad.

Esto y lo que sigue con la apelación, dice la abogada, ha significado un camino tortuoso para los profesores Javier y María del Tránsito. Y es que, resalta, en el proceso por el homicidio de su hijo Javier, uno de los testigos presenciales fue a su vez desaparecido y eso incidió en que se emitiera un fallo absolutorio en la primera instancia contra los responsables.

“El juez de primera instancia no permitió que se introdujera su testimonio, Y por eso dijo que había una insuficiencia probatoria para acreditar la responsabilidad de estas dos personas en la comisión del homicidio calificado de Javier”.

En la apelación, el magistrado de la Quinta Sala Penal del Poder Judicial ordenó al juez reponer el juicio, pero éste una vez más determina la absolución. Entonces la Quinta Sala echa abajo ese criterio y determina que, aunque el testigo se encuentre desaparecido, su testimonio cumple los requisitos legales y es válido.

El proceso contra los homicidas de Javier podría tampoco haber llegado a su fin, aclara la abogada García: “Pudieron impugnar la sentencia, todavía no nos llega la notificación, pero estamos a la espera; están en su derecho”.

-En el caso del testigo que está desaparecido, ¿se falló también en resguardarlo?-

-Existe una carpeta de investigación abierta por la desaparición de este testigo. Creo yo que el reto, o sea que sí, existe un reto muy fuerte de las autoridades de garantizar la protección de los testigos para que puedan sostenerse en juicio y creo que sí está a cargo de la Fiscalía, pero de todas las autoridades que están involucradas en esto. Hay un sistema de protección de testigos. Creo que es una responsabilidad importante.

Ante esta sentencia y lo ocurrido con los testigos, señala, los profesores expusieron en el juzgado que las autoridades “se pasan la bolita”,y fueron tajantes en señalar “esto no lo vamos a aceptar”.

Por ello, insiste en la oportunidad y el deber de que en Poder Judicial del estado se revise exhaustivamente esta sentencia para poder garantizar el derecho a la justicia a los maestros, y no sólo a ellos, sino que sea también un camino que garantice a otras familias el acceso a la justicia y verdad.

“Pasar la bolita es que hay una responsabilidad compartida de la Fiscalía en términos de proteger y garantizar la seguridad de los testigos. Pero también hay una responsabilidad de las autoridades jurisdiccionales de poder hacer un análisis más amplio de la prueba y que cómo circunstancialmente ocurren en este caso las desapariciones; el delito prevé el ocultamiento de la persona y el ocultamiento también de información al respecto”, todo ello frente a una red de criminalidad en Guanajuato de la que forma parte el Cártel Santa Rosa de Lima.