El 22 de abril de 2024, un empresario aguascalentense solicitó a la Semarnat permiso para edificar un desarrollo “ecoturístico” en 92.6 hectáreas forestales de la Sierra Fría, a la altura del municipio de San José de Gracia. De acuerdo con la gaceta de esa dependencia federal, el proceso se detuvo el pasado 9 de mayo, gracias a amparos presentados por organizaciones ambientales, activistas y personas físicas.

La solicitud para construir fue presentada por Sergio Ernesto López Valdivia, un empresario de las ramas textil e inmobiliaria y socio de la empresa Vianney, que se mantuvo cercano a la administración del ex gobernador panista Martín Orozco Sandoval. El empresario formó parte del Comité Ciudadano Anticorrupción y fue cercano a la creación del entonces nuevo Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes (IPLANEA).

En 2022, durante los meses previos a que concluyera ese sexenio, solicitó construir un proyecto en la misma zona. Esa solicitud también fue frenada.

El proceso de defensa de la Sierra Fría, un área de recarga natural importante para Aguascalientes, el sur de Zacatecas y una parte de Jalisco, comenzó en 2022. El 6 de junio de ese año, cuatro meses antes de concluir la administración de Orozco Sandoval, la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, entonces bajo el mando de Julio César Medina –hoy titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en el municipio capital– publicó un acuerdo en el Periódico Oficial del Estado donde liberaba 13,735.60 hectáreas –el 12.88% del Área Natural Protegida– para el “aprovechamiento sustentable de los ecosistemas con conservación”.

El cambio significaba la reducción de la zona en donde se prohibían actividades que afectaran al ecosistema de la Sierra Fría. La modificación significó que el porcentaje del área de conservación pasara del 64 al 50.2%, y permitió el crecimiento casi al 40% de la zona susceptible para solicitar cambios de uso de suelo y realizar actividades humanas y comerciales.

“Se abrió de una manera importante. Al principio no vimos la magnitud del acuerdo, pero conforme lo fuimos revisando nos dimos cuenta de que era grave, sobre todo porque se redujo la zona de conservación, se amplió la zona de aprovechamiento, y se permitieron actividades que no estaban permitidas, fomentando la fragmentación del área”, declaró en 2022, Rebeca Castillo, abogada ambientalista.

De acuerdo con Carlos Romo, integrante del Colegio de Ciencias Ambientales de Aguascalientes, la Sierra Fría es un ecosistema débil que ya presenta enfermedades –traducidas en plagas– y en donde la tenencia privada de la tierra, cercano al 90% del total del territorio, ha tenido afectaciones graves para la flora y fauna que la habita, provocando el desplazamiento de animales y diversas alteraciones en la vegetación. Romo dice que la zonificación es importante, pero el proceso que se realizó en la administración de Orozco Sandoval registró diversos errores.

“Eso tuvieron que haberlo hecho desde hace muchísimo tiempo, justo cuando salió el Plan de Manejo, de ahí seguía la subzonificación, pero cuando la sacaron, lo hicieron mal, creo que sí se aprovecharon. (...) Las áreas verdes como Sierra Fría son cosechadores de lluvias, infiltran el agua, provocan las tormentas. Lo que está pasando en las inundaciones de Aguascalientes es que nos estamos quedando sin zonas verdes que absorban el agua de esas lluvias. Aquí construyen sobre cuerpos de agua, nos estamos quedando sin cuerpos de agua naturales”, explica el especialista.

En 2022, tras la liberación del espacio, López Valdivia hizo su primera solicitud para construir 79 cabañas en un predio de la Sierra, pero la presentación de más de una decena de amparos contra la nueva zonificación del área, frenó la solicitud. Desde entonces, el 90% de esos amparos han sido resueltos a favor de las organizaciones, activistas y personas físicas que los presentaron.

En el nuevo proyecto busca construir el complejo “Desarrollo turístico Glampine” que, de acuerdo con el documento de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), incluye la edificación de un acceso principal controlado, 17 plataformas para la instalación de carpas para cuatro personas con baño asociado, 13 áreas de estacionamiento (sin sellamiento del suelo), restaurante con bodega, muelle y mirador, ocho baños secos, explanada para actividades recreativas –como eventos–, área infantil, y área deportiva (para actividades de tiro con arco y rifle), entre otras.

La solicitud se volvió a suspender por los procesos de amparo.

“El proyecto en 2022 se detuvo porque estaban los amparos, y entonces se le solicitó a Semarnat que lo frenara. En abril vuelven a presentar un proyecto en el mismo lugar y con las mismas actividades, salvo con algunas modificaciones, y entonces presentamos varias personas una solicitud de consulta pública al expediente y la Semarnat nos dijo que no porque el procedimiento está suspendido, en acatamiento a los amparos. Eso nos tranquilizó, y estamos esperando a ver qué define Semarnat”, explicó la abogada Rebeca Padilla, en entrevista con PopLab.

Gaceta ambiental Semarnat

El proceso jurídico ha rendido frutos. No sólo por el freno que ha puesto a proyectos de construcción, sino porque la administración de la gobernadora Teresa Jiménez tuvo que echar para atrás el acuerdo oficial en el que se liberaron las más de 13 mil hectáreas de la Sierra Fría para actividades humanas, luego de que éste fuera declarado como inconstitucional por un juzgado federal.

El pasado 3 de julio, la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, publicó un acuerdo en el Periódico Oficial del Estado para desincorporar del marco jurídico estatal el acuerdo del 6 de junio de 2022, “por considerar que contraviene el principio de progresividad en materia ambiental y provocar un inminente daño medioambiental”, señala el documento.

La política inmobiliaria del actual gobierno se ha mantenido en el foco de la discusión pública. Organizaciones ambientales ya han ganado otros amparos contra cambios legales que beneficiaban a la industria más que al medio ambiente, pero en otros casos el litigio permanece. Las lluvias –que han sido mayores que las registradas en 2023, de acuerdo con datos de la Conagua– volvieron a poner en discusión la falta de espacios verdes de infiltración y el peligro que corren lugares como la Mezquitera La Pona –una zona vital para la infiltración del agua de lluvia– frente a inmobiliarias que pretenden construir condominios residenciales.

Los estragos ya son visibles. El pasado 18 de julio, día en el que se registró una intensa tormenta, Óscar González, un hombre de 43 años, fue arrastrado por la corriente cuando se encontraba sobre la avenida Blvd. Guadalupano, a la altura del fraccionamiento Cumbres, en el oriente de la ciudad capital. Su cuerpo, ya sin vida, fue encontrado tres días después por elementos de Protección Civil, a un kilómetro de donde desapareció.

“En oriente se aporta más a los flujos del agua porque se han ido devastando los cerros, se han ido erosionando por los desarrollos habitacionales y, por consecuencia, no hay cuestión natural, como pastizales y vegetación nativa, la han ido eliminando y esto provoca que, literalmente, los arroyos vehiculares se convierten en arroyos fluviales en relación a las bajadas del agua en temporada de lluvias”, declaró para un medio local Enrique Durón, vicepresidente del Colegio de Urbanistas de Aguascalientes.