El apercibimiento de un juez federal a un magistrado penal del estado de Guanajuato para acatar un amparo tras haber fenecido el plazo legal, puso en evidencia un nuevo caso de influencias indebidas entre los Poderes del Estado, algo que de nueva cuenta estará presente en el inminente proceso de sucesión del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

El magistrado Héctor Tinajero Muñoz, titular de la Cuarta Sala Penal del Justicia de Guanajuato, quien ha sido mencionado como el candidato con mayores apoyos para acceder a la presidencia de este Poder en el próximo mes de enero, incluyendo el respaldo “desde el palacio de Gobierno” debió enfrentar la admonición de un juez federal por incumplir los tiempos para acatar una sentencia de amparo en un juicio entre dos empresarios leoneses motivado por el presunto despojo de un terreno de 120 hectáreas.

El denunciado, Luis Fonseca Ochoa, es compadre del secretario de Gobierno Luis Ernesto Ayala, comparten la propiedad de un departamento en Nuevo Vallarta y ambos son socios del Club Cinegético de León, organización que se encuentra en el centro de la historia, debido a las intenciones de sus agremiados de vender su actual sede y adquirir una nueva para la práctica de esa actividad, una de cuyas opciones es el predio en litigio.

Por su parte, el Poder Judicial de Guanajuato renovará a su titular en los primeros días del próximo año en un proceso que empieza a ventilarse en medios donde ya se induce la candidatura del magistrado penal Héctor Tinajero, el mismo que revisó el caso donde Fonseca está indiciado como presunto responsable y donde revirtió la decisión de un juez para aprehender al empresario, la misma que al ser controvertida con un amparo, se tardó en acatar más allá del tiempo previsto en ley.

El caso en cuestión se ventila en tribunales en estos días y podría marcar el derrotero de la decisión que por ley corresponde a los 20 integrantes del Pleno de Magistrados, diez de Salas Civiles y otro tanto de Salas Penales.

El apercibimiento

El aviso de la autoridad judicial federal ocurrió el pasado 29 de julio, cuando el Juez Cuarto de Distrito del Poder Judicial Federal, Ulises Fuentes Rodríguez, advirtió que una sentencia emitida el 5 de julio sobre un juicio por despojo que involucraba a dos empresarios leoneses, no había sido atendido tras haber trascurrido el plazo previsto por la ley.

Fuentes Rodríguez notificó el 29 de julio de 2019, y publicó en estrados un día después, un apercibimiento dirigido a Tinajero, para que “dentro del plazo de tres días cumplan con el fallo de referencia.” Dicho fallo le imponía a Tinajero la revisión de una primera sentencia en la que había revertido una orden de aprehensión por despojo en contra de Fonseca Ochoa, revisando la decisión de un juez penal estatal.

El juez federal encontró en su amparo que la resolución del magistrado “es incongruente, porque la Sala omitió estudiar en forma integral la totalidad de las constancias que integran el proceso penal, en concreto la determinación que en vía de perfeccionamiento realizó el Agente del Ministerio Público en forma conjunta con la determinación (…) emitida por el Juez Quinto Penal de partido”.

El amparo, básicamente, desestima las consideraciones formales que Tinajero empleó para liberar al empresario Fonseca de la orden de aprehensión emitida por el juez de partido.

Al llegarse el plazo para ejecutar la sentencia, el juez federal advirtió al magistrado Tinajero que “en caso de no cumplir con la ejecutoria de amparo sin causa justificada, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien UMAS, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación.”

Finalmente, el seis de agosto de este año, el magistrado Tinajero rectificó su sentencia inicial y acató lo dispuesto por el juez federal con lo cual “se dejó insubsistente la resolución dictada por esta Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.” Con ello se confirmó el auto de formal prisión en contra del empresario Luis Fonseca Ochoa por el delito de despojo cometido en agravio de Sergio de Alba Guerra, emitido el 15 de noviembre de 2018 emitido por el Juez Quinto Penal de León.

La historia entre telones

Aunque abogados litigantes consultados por este reportero señalaron que no es infrecuente que a un magistrado se le vayan los lapsos previstos por una sentencia de amparo, por lo que los apercibimientos y advertencias son más comunes de lo que sería deseable, de cualquier manera, se aprecia que no es lo deseable en el caso de un funcionario judicial que ha manifestado abiertamente su deseo de presidir el Poder Judicial de Guanajuato.

Sin embargo, hay un tema aún más preocupante que deriva de la personalidad y las relaciones del empresario que es el inculpado en este caso. Luis Fonseca Ochoa mantiene una relación de cercanía y amistad con un político particularmente connotado en los últimos tiempos: el secretario de Gobierno Luis Ernesto Ayala Torres.

Fonseca, dueño de Calzado Vicenza, comparte el giro zapatero con el exalcalde leonés, es padrino de uno de sus hijos y compañero en el elitista Club Cinegético de León. Además, comparten una propiedad en la Marina Fiesta de Nuevo Vallarta.

Luis Fonseca Ochoa

Ya en la primera detención de Fonseca Ochoa dentro de este caso, en noviembre de 2018, se había registrado una rápida liberación que sus abogados y los cercanos al detenido presumieron como debida a una intervención del secretario de Gobierno, quien había asumido el cargo dos meses antes.

El factor Cinegético

En el entorno de ambos funcionarios se sabía que el predio en litigio estaba tomándose en cuenta como una opción para reubicar el Club Cinegético de León, el cual ya tenía interesados en comprarlo para desarrollar proyectos inmobiliarios, tomando en cuenta que varias colonias residenciales han crecido en los alrededores.

El 18 de agosto de 2016, el presidente del Club Cinegético Leonés A. C., Alfonso Montemayor Gómez, convocó a una asamblea general extraordinaria para el 21 de septiembre de ese año donde se ventilaría un “acuerdo para la celebración de compra venta de nuestras instalaciones.”

Sin embargo, el 5 de octubre del mismo año se informa a los miembros del Cinegético, mediante una sencilla circular, que la operación de compra venta del terreno quedó suspendida y que la asamblea para tal efecto se prorrogaba hasta nuevo aviso.

La comisión formada para tal efecto, de la que forman parte tanto Luis Fonseca como Luis Ernesto Ayala, a la sazón síndico del Ayuntamiento de León, agrega que “las bases para las posturas para los interesados a la compra de nuestras instalaciones, igualmente quedan pendientes hasta solucionar los problemas del terreno que nos interesa comprar.”

Los problemas del terreno al que la circular se refería como el que “nos interesa comprar” se derivaron de la demanda por despojo presentada por Sergio de Alba Guerra en contra de Luis Fonseca Ochoa, por el despojo del predio rústico de 120 hectáreas conocido como La Mesita, en la comunidad de San José del Mal Paso en el municipio de León.

De acuerdo a los testimonios contenidos en la causa penal 79/2017, Fonseca Ochoa usufructuaba dichos terrenos como resultado de un comodato verbal, los cuales destinaba a engorda de ganado. En dos momentos distintos, en septiembre de 2013 y marzo de 2015, Fonseca colocó puertas en los accesos con cadenas y candados, materializando un despojo.

Las indagatorias

Fonseca fue liberado bajo fianza y presentó un recurso de apelación a la segunda instancia del fuero local, que fue justamente el que cayó a la Cuarta Sala Penal del Poder Judicial del Estado a cargo de Héctor Tinajero, quien en su primera sentencia revocó el auto de formal prisión contra el dueño de Calzado Vicenza y dictó un auto de libertad.

Ante esa resolución fue que el denunciante pidió el amparo de la justicia federal, bajo el juicio 332/2019-II, cuya resolución a cargo del Juez Ulises Fuentes, concedió la protección de la justicia federal, ordenando al Magistrado del Tribunal Estatal que dejara insubsistente su resolución original y emitiera una nueva donde purgara los vicios formales.

Aún así, el magistrado Tinajero se tomo su tiempo, excediendo el pazo legal, y obligó al juez federal a practicarle una notificación de advertencia, amenazándolo con llegar hasta la separación de su puesto y consignación.

Las circunstancias políticas

El próximo mes de enero se registrará la renovación de la presidencia del Poder Judicial de Guanajuato, al concluir el periodo de dos años por el cual fue electa la magistrada Claudia Barrera, quien no tiene la posibilidad de reelegirse por estar a punto de concluir su segundo periodo como magistrada civil.

La situación ha agitado el clima al interior del Supremo Tribunal de Justicia y ya se empiezan a conocer algunas aspiraciones. El magistrado Héctor Tinajero, de innegable cercanía con el influyente decano del Poder Judicial, varias veces titular del mismo, el penalista Miguel Valadez Reyes, ha hecho pública su aspiración y dice contar tanto con el respaldo de su maestro como el de la presidenta saliente.

Héctor Tinajero.

Enfrente, se han manejado con mucho menor énfasis las candidaturas del que ya fuera presidente en el fin del sexenio de Juan Manuel Oliva y el arranque de Miguel Márquez, Alfonso Fragoso Gutiérrez, así como de Daniel Chowell, quien ya aspiró en 2014.

Para el éxito de su proyecto y ante la evidente debilidad de la autonomía política del Poder Judicial, Tinajero requiere no solo de consensos internos, sino del beneplácito de la cúpula política del PAN y del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez. Luis Ernesto Ayala forma parte destacada de esos dos espacios de decisión.

El factótum.

La circunstancia de que se presente un litigio que podría tocar intereses cercanos a uno de los grandes electores de la renovación del Poder Judicial no es inédita.

El fallido dedazo del “Gallo” Barba en el Poder Judicial de Guanajuato

En la sucesión de la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia en el año 2014, la primera que le tocó al gobernador Miguel Márquez Márquez, se presentó por primera vez la candidatura de la magistrada civil Claudia Barrera Rangel, quien exhibió en sus círculos personales el apoyo con el que contaba del influyente compadre del gobernador, Rafael Barba Vargas.

Al mismo tiempo, a la sala de la magistrada Barrera fue ingresada la apelación de un juicio civil resuelto en su primera instancia en Irapuato, donde un empresario de la construcción, Alfonso Calderón, demandaba la anulación de un contrato de dación en pago en contra de dos familiares del influyente empresario: su hermano Salvador Barba Vargas y su sobrina Melody Barba González.

Esto dio lugar a una recusación planteada formalmente al tribunal, donde el quejoso objetó la idoneidad de la magistrada Barrera por haber sido expuesta en medios de comunicación como la candidata a la presidencia del Poder Judicial que contaba con el apoyo del Gallo Barba.

Si bien el recurso no prosperó, una de sus consecuencias políticas fue la vulneración de la candidatura de Barrera y el surgimiento de Miguel Valadez, ex presidente del propio Tribunal, como opción emergente, resultando electo por dos periodos. Finalmente, antes de la terminación del sexenio marquista, Claudia Barrera vio coronada su aspiración de encabezar el Poder Judicial del Estado en el arranque de 2018, aunque ya solo por un periodo al concluir su encargo como magistrada.

Hoy la historia parece repetirse, aunque con la variante de que esta vez fue un juez federal el que impidió que el magistrado aspirante a la presidencia del Tribunal consiguiera los respaldos políticos que requiere usando una sentencia judicial como moneda de cambio.

Ilustración: Juan José Plascencia.

Por otra parte, la primera sucesión del Poder Judicial en la era del gobernador Diego Sinhue Rodríguez no tiene como único componente las intrigas de pasillo en el Tribunal.

Durante la gestión de Claudia Barrera se ha criticado fuertemente el papel de los jueces penales en la liberación de presuntos delincuentes, aunque en su defensa habrá que decir que en buena parte de esos casos la responsabilidad recae en las deficientes investigaciones de la Fiscalía del Estado y sus agentes.

En este tema, el magistrado Tinajero ha hecho mancuerna con la presidenta del Tribunal para dar el debate en medios sobre la idoneidad de los integrantes del Poder Judicial de Guanajuato, en un intento de posicionar un liderazgo al interior al mismo tiempo que se refuerza la alianza entre el aspirante y la presidenta en funciones.

De cualquier manera, el papel del Poder Judicial de Guanajuato resulta central para enfrentar el delicado momento de violencia que ha afectado la vida de la entidad, donde uno de sus componentes fundamentales ha sido la alta impunidad de que gozan las conductas violatorias de la ley.

Un error de Diego Sinhue al momento de inclinar la balanza en la sucesión del Tribunal o una decisión basada en intereses de corto plazo de un funcionario en particular, puede agravar la delicada situación que vive el estado. Esta historia se resolverá en los próximos 60 días.

Documentos

1. Amparo del Juez Cuarto de Distrito del Poder Judicial Federal.

2. Sentencia de cumplimiento de ejecutoria de amparo del Magistrado Héctor Tinajero.