Con información de Kennia Velázquez

Fue a través de la empresa ICREAR S.A. de C.V. que la familia Webb Murra adquirió 316 hectáreas del predio rústico conocido como “Estancia de la Reforma” o “Rancho de la Guerra”, donde se localiza el camino Los Mexicanos, un paso de servidumbre cuyo bloqueo con rejas levantó las protestas de ciudadanos, deportistas y ambientalistas, quienes reclaman el sendero como patrimonio, pues fue cimentado con recursos públicos hace más de 100 años.

Se trata de la misma familia que se asoció con el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato en la empresa GTO Leasing Services, y que ha obtenido del Gobierno Estatal contratos por al menos 366 millones de pesos para el arrendamiento de flotillas y vehículos para funcionarios. Con la inmobiliaria —que, según información pública, tiene oficinas en Plaza Galereña, en Guanajuato Capital— la familia Webb Murra consiguió del Gobierno del Estado una opinión de viabilidad para un supuesto proyecto de restauración.

De acuerdo con autoridades municipales, ya fue colocada una clausura en las rejas y se espera el término legal de 10 días para que los propietarios del terreno las retiren; de lo contrario, la autoridad procederá a derribarlas. Además, el Gobierno Municipal en conjunto con y la ciudadanía podrían presentar una denuncia ante instancias ambientales.

Foto: Yajaira Gasca Protesta en el centro de la ciudad

La adquisición del predio consta en el historial del Registro Público de la Propiedad y Notarías del Estado, de acuerdo con el folio de la escritura R15*85150 de junio de 2024, dato proporcionado en una solicitud de autorización de cercado hecha por la propia empresa inmobiliaria a la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Guanajuato el pasado 4 de abril.

Según este documento, publicado en las redes sociales de la alcaldesa Samantha Smith, el terreno se encuentra casi en su totalidad dentro del Área Natural Protegida de la Cuenca de la Esperanza, catalogada como reserva de conservación, y que históricamente ha sido utilizada como un espacio de recreación y para la práctica del deporte.

Además, ocupa parte del camino antiguo de la Sierra de Santa Rosa, construido en 1887 durante el gobierno de Ponciano Aguilar, de acuerdo con evidencia documental obtenida por el investigador y activista Jorge Cervantes Jáuregui.

Entre la comunidad deportiva y los movimientos ambientalistas hay indignación por el bloqueo con rejas del camino histórico, ya que ha afectado el paso para el entrenamiento de atletas de alto rendimiento como Laura Galván “La Gacela”, quien ha asumido el liderazgo del asunto y ha solicitado el retiro de las tres vallas colocadas, no solo en la entrada de Los Mexicanos, sino también en puntos más profundos al interior de la sierra.

El descontento ciudadano por la apropiación del paso de servidumbre que conforma este espacio ya se ha convertido en un movimiento social que se ha manifestado con pancartas, bloqueos en el centro de la capital y exigencias a las autoridades municipales para el retiro definitivo de estas rejas, así como un alto a la privatización de la sierra y a los desarrollos inmobiliarios que acechan a Santa Rosa desde hace algunos años, como lo evidenció el caso de La Cucursola.

Gran reserva ecológica en manos de empresarios mineros y constructores

La superficie del terreno adquirido por la familia Webb Murra en Santa Rosa tiene dimensiones similares a las del Parque Metropolitano de León- con poco más de 300 hectáreas- y forma parte de un Área Natural Protegida, reconocida por autoridades ambientales del estado.

El expediente que consta en el Registro Público de la Propiedad certifica que, antes de pertenecer a la empresa ICREAR S.A. de C.V., el terreno era propiedad de J. Amado Carrillo Hernández, cuya familia aún conserva propiedades cercanas a la zona. La compraventa fue autorizada formalmente en junio de 2024.

De acuerdo con el Registro Público de Comercio, la sociedad anónima ICREAR fue constituida en 2016 y sus asociados son Guillermo Eduardo, Virginia y Milo Eduardo Webb Murra, todos hijos de Guillermo Ernesto Webb Cruces. También son socios del Gobierno del Estado a través de GTO Leasing Services, creada en 2019 por el ISSEG.

La empresa se presenta como promotora inmobiliaria, aunque el objeto social establecido en su acta constitutiva incluye actividades como la compra, venta, comercialización, arrendamiento y subarrendamiento de toda clase de vehículos; venta de refacciones, accesorios y combustibles; operación de expendios, bodegas y estaciones de servicio; y la adquisición, construcción y arrendamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles, entre otras actividades.

En Guanajuato, la familia Webb es identificada con la propiedad y administración de la minera La Cantera, dedicada a proyectos extractivos. De hecho, el terreno recientemente adquirido colinda con un desarrollo minero, según consta en el Registro Público de la Propiedad.

“Esas rejas no deben estar ahí, es un camino público que se hizo por el ingeniero Ponciano Aguilar hace más de 135 años. Los documentos están en la Universidad y en varias dependencias, por si los quieren consultar. Este camino no es de nadie, se hizo para el comercio de la sierra, con el fin de comunicar con el centro de Guanajuato. Ese camino no es para que se privatice, y no es de una persona privada”, denunció la corredora Laura Galván durante la manifestación que tuvo lugar el pasado miércoles en el centro de la ciudad.

La movilización fue convocada por la atleta olímpica días antes, ya que, a pesar de que la alcaldesa anunció el mes pasado que el camino ya estaba abierto, deportistas y caminantes constataron que su apertura era intermitente. Reunidos en la Plaza de la Paz, los ciudadanos pidieron la liberación total de la vía, portando pancartas en las que exigieron la preservación y no privatización de la sierra.

Foto: Yajaira Gasca Laura Galván, corredora olímpica

Los manifestantes tomaron la principal vía de la ciudad y caminaron rumbo al Jardín de la Unión. Esto ocurrió a media tarde y paralizó el tránsito vehicular por al menos una hora. A pesar de ello, ninguna autoridad municipal se hizo presente en la marcha.

“¡La sierra no se vende, se ama y se defiende!”, “¡Reforestación, no devastación!”, “¡No quieren medallas, todo se lo agandallan!”, “¡Samantha-Navarro, el dúo más avaro!”, fueron algunas de las consignas que expresó el grupo de al menos 100 personas.

Posteriormente, ya plantados frente a la presidencia, advirtieron que ingresarían al inmueble ante la ausencia de atención municipal. Así lo hicieron, y fue sólo entonces que fueron atendidos por el encargado de la oficina de la presidencia municipal, Iván Rivelino Moreno Galván, y el secretario del Ayuntamiento, Daniel Federico Chowell Arenas.

El grupo salió del edificio y se colocó en la plaza frente al palacio municipal, donde las autoridades formaron una valla humana frente a la puerta. Posteriormente ofrecieron algunas explicaciones a los manifestantes y acordaron reunirse al día siguiente en el mismo lugar.

Foto: Especial rejas en el camino de Los Mexicanos

Por la tarde, la alcaldesa Samantha Smith apareció en un video acompañada por la directora de Medio Ambiente, Itzel Dayana Ibarra Vázquez. En él, explicó que por parte del municipio no existen autorizaciones para intervenir el lugar, expedidas a ningún particular. Sin embargo, evidenció la existencia de una opinión de viabilidad emitida por la Secretaría del Agua y Medio Ambiente del Gobierno del Estado.

Detalló que la empresa ICREAR solicitó desde el 17 de febrero el cercado del predio de 316 hectáreas, lo cual le fue negado por la Dirección de Desarrollo Urbano. Posteriormente, el 4 de abril, presentó una reconsideración acompañada de un anexo con la documentación estatal.

“Soy la más interesada en que se cuide la Sierra de Santa Rosa y también nuestros cerros. Contundentemente les aseguro que no hemos dado ningún permiso, y no lo vamos a dar. Por parte de la presidencia municipal, ningún permiso ha sido otorgado que atente contra el camino de Los Mexicanos ni contra la sierra”, sostuvo.

Smith Gutiérrez también señaló un trasfondo político en el asunto, ya que durante la manifestación se hizo presente el secretario general de Morena en Guanajuato, Jesús Ramírez Garibay.

En sus redes sociales, la alcaldesa compartió el expediente relacionado con el camino, el cual incluye la opinión de viabilidad de la Secretaría del Agua, los oficios que la empresa envió a la autoridad municipal y los exhortos presentados por la ciudadanía para el retiro de las rejas.

Descontento, movilización y ausencia de respuestas

En reunión con la ciudadanía, autoridades municipales reconocieron que el camino de Los Mexicanos es un paso de servidumbre, un derecho regulado en el Código Civil que permite a las personas transitar por la propiedad de otra, cuando solo existe un acceso público para dichos fines.

Funcionarios municipales hicieron una relatoría cronológica sobre los permisos relacionados con el predio y sostuvieron que no han otorgado ninguna autorización. Sin embargo, no pudieron responder al cuestionamiento sobre por qué las rejas fueron colocadas en ese lugar ni explicar por qué no denunciaron antes, ante instancias estatales y federales, la colocación ilegal de las puertas metálicas, que, según la corredora Laura Galván, son tres a lo largo de todo el predio.

De manera reiterada, el activista Gustavo Lozano, presente en la mesa de trabajo, pidió una respuesta clara sobre la falta de denuncias. No obstante, incluso fue censurado por el secretario del Ayuntamiento, Daniel Chowell, bajo el argumento de "garantizar la participación" de todas las personas presentes en la reunión.

Por su parte, la directora de Recursos Naturales y Biodiversidad de la Secretaría del Agua, Érika del Carmen Delgado Bernal, confirmó la expedición de la opinión técnica incluida en el expediente exhibido por el Gobierno Municipal.

Foto: yajaira Gasca

Enfatizó que se trata únicamente de una opinión técnica sobre un proyecto de restauración ecológica del predio, que fue presentado a la secretaría con una proyección de mantenimiento a dos o tres años. En el documento, la propia dependencia recomienda al propietario cercar total o parcialmente el terreno, con el fin de garantizar la supervivencia de las especies que, supuestamente, se plantarían en la zona.

“Mi opinión versa netamente sobre los elementos técnicos que esta propuesta presenta para llevar a cabo acciones de restauración, con una visión de mantenimiento a dos o tres años para mejorar las condiciones que actualmente tiene la zona. Es lo que obra en el expediente”, subrayó.

Ante las reiteradas explicaciones por parte de funcionarios estatales y municipales, integrantes del movimiento exigieron propuestas concretas respecto a la solicitud expresa del retiro de las puertas metálicas.

“Se reconoce que el paso de Los Mexicanos es un paso de servidumbre. No sé si lo sepan, pero cuando alguien adquiere un terreno, en las escrituras públicas se establece que deben respetarse los pasos de servidumbre, así como los usos y costumbres. Si yo compro un predio y por en medio de él pasa una vía del ferrocarril, no puedo cerrarla; o si por ahí pasa una línea o un tubo de Simapag, el propio Simapag me obliga a respetar ese paso. Es absurdo lo que está pasando”, señaló Óscar, integrante del movimiento.

También advirtió sobre el mal precedente que deja el cierre de este camino, pues envía el mensaje de que cualquier paso de servidumbre puede ser bloqueado, a pesar de tratarse de una figura reconocida y regulada por la legislación federal.

Foto:Yajaira Gasca

“Lo que estamos diciendo es que esto no es correcto. Es un camino real, que incluso tiene más antigüedad que la ciudad misma. Desde cualquier ángulo que se vea —social, deportivo, histórico— esto da pie a muchas especulaciones”, agregó. Incluso señaló que ya existen repercusiones ecológicas, pues los animales que solían salir de la sierra en busca de agua ya no lo hacen, debido a la presencia de guardias y casetas de seguridad colocadas en el terreno.

Amenazas e intimidación para expulsar a usuarios

Mujeres atletas de la ciudad testificaron —durante la marcha y en reunión con autoridades— sobre las amenazas que han sufrido, tanto a través de redes sociales como de manera presencial, por parte de personas que han sido colocadas como guardias de seguridad en la entrada del camino Los Mexicanos.

La primera en hacer públicas estas amenazas fue la corredora de alto rendimiento Azucena Rodríguez, quien denunció que personas desconocidas le han enviado mensajes por redes sociales, pidiéndole que "deje por la paz" el asunto.

Foto: Yajaira Gasca

Por su parte, la ciclista Yunuen denunció frente a la alcaldesa que los guardias de seguridad, ubicados en casetas a lo largo del predio, les han pedido que ya no transiten por ahí. También afirmó que los letreros de Propiedad Privada y Prohibido el paso buscan inhibir la presencia de usuarios en la zona.

“Hay casetas de vigilancia, y yo, como mujer, ya no me siento segura yendo a entrenar a ese lugar. Hay personas que nos hacen sentir que nos están amedrentando, que nos están vigilando, y nos dicen: ‘Ya no pueden pasar por ahí’”, comentó durante la reunión con funcionarios municipales.

Otra corredora, quien aseguró ser usuaria frecuente del camino, relató las condiciones de inseguridad que se perciben al transitar por la vía, a pesar de que suele recorrerla en compañía de su familia, incluidos sus hijos pequeños que practican atletismo.

“Con mi familia yo sí me siento intimidada. Ya no puedo ir a ese camino. Yo no sé cómo van a reaccionar cuando pasamos por ahí”, indicó.

La atleta pidió a las autoridades que piensen en las futuras generaciones de deportistas que representarán a la ciudad, que se respeten los caminos tradicionales y que no se cierre ninguno más, especialmente aquellos que sirven para la promoción del deporte y la conservación natural de Guanajuato.

Por su parte, el activista Jorge Cervantes Jáuregui dejó claro que el movimiento para defender el camino se conforma por una organización auténtica de guanajuatenses que tienen un profundo cariño por su ciudad y a quienes les duele su devastación.