A diez meses de haber renunciado a la posición de segundo síndico en la planilla de Morena encabezada por Ricardo Sheffield, el abogado corporativo Marcelino Trejo Ortiz recibió un contrato del municipio que encabeza la panista Alejandra Gutiérrez, por más de 1.8 millones de pesos para cubrir ciento diez días de asesoría legal.

En su momento, la deserción de Marcelino Trejo fue un logro importante de la candidata panista al propiciar un desgaste mediático y táctico a las aspiraciones de Ricardo Sheffield, quien buscaba de nueva cuenta la presidencia de León distanciado del panismo que lo colocó en el cargo en la década pasada. Fue el 10 de mayo cuando el abogado presentó su renuncia ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, refiriendo “motivos estrictamente personales”.

El contrato SE-199022 de prestación de servicios profesionales- firmado por el secretario de ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona en marzo de 2022- se establece con la firma legal Rúbrica Abogados y Negocios S.C., de la cual Marcelino Trejo Ortiz aparece como representante legal. En entrevista con este medio, Trejo Ortiz aseguró no ser accionista y solo realizar labores de apoderado.

“Pidieron a uno de los despachos en los cuales no soy socio ni accionista, sino un apoderado más, que asesoraran al municipio en un análisis y estudio sobre los asuntos que ha a su cargo, no sé si sea una parte o su totalidad”, declaró el abogado en entrevista para POPLab.

Marcelino Trejo Ortiz y Alejandra Gutiérrez Campos. Foto: especial

De acuerdo con los entregables que el despacho emitió a la Secretaría de Ayuntamiento, fueron revisados un total de 195 casos heredados a la administración actual. Aunque en entrevista para POPLab, el secretario de Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona aseguró que la elección del despacho representado por Marcelino Trejo obedece a la experiencia del abogado en el ámbito corporativo, los casos revisados por la firma abarcan materia de amparo, civil, administrativa y agraria.

Los entregables incluyen además de una semaforización en materia de relevancia, que permite definir la urgencia para responder a cada uno de los casos.

Los criterios utilizados por el despacho Rúbrica Abogados y Negocios para dar mayor o menor relevancia a los casos fueron la definitividad de la instancia, los elementos probatorios de respaldo, afectación de resultado, la afectación económica y la afectación mediática a la reputación del gobierno municipal.

El contrato -con una vigencia del 1 de marzo al 20 de junio de 2022- señala que el municipio leonés pagará el monto total de 1.6 millones de pesos más IVA en tres exhibiciones. El primer pago de 704 mil pesos se pactó para el 7 de abril; el segundo, por 384 mil pesos para el 20 de mayo de 2022; y el tercero, el 20 de junio por 512 mil pesos.

El monto pagado por el gobierno de Alejandra Gutiérrez equivale a veintiún salarios mensuales del director de Asuntos Jurídicos del municipio, Fidel Martínez Mares. Este funcionario, de acuerdo al convenio, fue el encargado de dar seguimiento al cumplimiento del mismo.

Marcelino Trejo durante el registro de la planilla de Ricardo Sheffield. Foto: Captura de video

Un abogado corporativo consultado por este medio y que pidió mantener su nombre bajo reserva, aseguró que “es virtualmente imposible” manejar esa cantidad de asuntos en el periodo de 110 días que abarca el contrato gubernamental con la firma Rúbrica Abogados y Negocios.

“Tendrían que estar revisando más de un asunto diario, el municipio nunca tiene los expedientes completos y hay que ir a los juzgados, pedir citas que dan cada 15 días. Se necesita un ejército de gente para hacer eso”.

Además aseguró que los entregables que se otorgaron a la Secretaría de Ayuntamiento como resultado de la auditoría legal, son solo “compilados estadísticos” de todos los casos. Por el contrario, debería existir un documento de análisis por cada juicio en trámite que implique o represente un interés para el gobierno municipal.

Es un despacho con prestigio: Jorge Lona

Cuestionado por este medio, el secretario de ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, respondió que el servicio contratado al despacho manejado por Marcelino Trejo no es más que “una auditoría jurídica a los expedientes que obran en el municipio”. El funcionario advirtió que en la Secretaría de Ayuntamiento existen principalmente casos heredados por administraciones anteriores que implicarían pérdidas millonarias para el gobierno de León.

“Lo que se decidió hacer cuando recién llegamos a la administración era una auditoría de revisión de los asuntos para conocer y que no fuera a pasar lo que ocurrió con el Estadio León, que no contestaron a tiempo (...) El trabajo que rindió el despacho es en ese sentido, es revisar los asuntos, no es contestar ni llevar porque no tienen un poder legal para hacerlo”, aseguró el funcionario.

Marcelino Trejo, un agente doble. Ilustración: Pinche Einnar

Jorge Lona afirmó que la contratación de este servicio jurídico por parte de la Secretaría de Ayuntamiento no requirió someterse a una licitación, y defendió la elección del despacho representado por el ex candidato a síndico morenista, Marcelino Trejo Ortiz.

Cuestionado acerca de un posible conflicto de interés en el contrato, por tratarse de un adversario político de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez durante el pasado proceso electoral, Jorge Jiménez Lona descartó alguna situación indebida y argumentó que se trata de un tema “totalmente laboral y profesional”.

“No hay ningún conflicto, no pertenece a la administración, no tiene relación con ningún servidor público, ese sería un conflicto de interés”, declaró.

Por el contrario, otro abogado litigante que prefirió reservar su identidad, sentenció que el conflicto de interés estaría presente por el hecho de tratarse de un adversario político que declinó en la recta final de la contienda. Incluso, antes de unirse a la planilla de Ricardo Sheffield, el abogado y presidente del Colegio de Abogados del Estado de Guanajuato se autopromocionó como aspirante a candidato por la presidencia municipal de León.

Ricardo Sheffield Padilla y Marcelino Trejo Ortiz. Foto: especial

Asimismo, puso en duda el monto que el municipio leonés pagó por los servicios del despacho, pues el contrato no especifica los criterios para determinar el valor de los honorarios de un equipo de trabajo que tampoco está definido.

“¿Cómo determinaron el costo del servicio? Por que tal pareciera que Marcelino Trejo puso a uno de sus abogados a hacer un pequeño diagnóstico subjetivo de cada expediente”, declaró.

Una asesoría cuestionable

Los abogados consultados refirieron que a pesar del alto costo que implicó al municipio la contratación de la firma Rúbrica Abogados y Negocios S.C., los entregables evidencian que se trató de un “análisis sencillo”. Según el documento, de los 195 casos revisados por la firma, 21 por ciento son juicios concluidos sin instancia para agotar. Ante este dato uno de los litigantes cuestionó el grado de descontrol del gobierno municipal en sus casos, al evidenciar el desconocimiento de los asuntos que ya están concluídos.

No obstante, Marcelino Trejo declaró a este medio que el gobierno leonés tiene una cantidad importante de asuntos, principalmente heredados de administraciones pasadas, que se han extendido por acciones de las contrapartes.

“Cualquier particular o empresario que lleva algún asunto normalmente siempre tiene dudas o solicita una consulta adicional como cuando vas al médico a revisar una urgencia, y luego pides una segunda opinión”.

Aunque ofreció entregar el documento, hasta el cierre de esta nota, el abogado Marcelino Trejo no facilitó a esta reportera el acta constitutiva de la firma Rúbrica Abogados y Negocios.