
Autores:

Nuevo ordenamiento ecológico elimina 10 mil hectáreas de conservación ambiental en Aguascalientes
Tras denuncias contra proceso de elaboración de Plan de Desarrollo Municipal, logran organizaciones civiles diálogo con el gobierno de la capital para incluir sus propuestas
Más de 10 mil hectáreas destinadas a la conservación ambiental fueron eliminadas en la nueva edición del Programa de Ordenamiento Ecológico del municipio de Aguascalientes, que la administración del panista Leonardo Montañez publicó el pasado 21 de octubre; mientras que las áreas de aprovechamiento —aquellas con potencial para el desarrollo urbano, agrícola o industrial, entre otros— aumentaron en más de 3 mil hectáreas, denunció la Alianza por la Defensa de Nuestros Árboles y Áreas Verdes, compuesta por ocho organizaciones defensoras del ambiente y los derechos humanos.
Pese a ello, las y los activistas alcanzaron acuerdos con el ayuntamiento capital para formar parte del Consejo Municipal del Cuidado del Medio Ambiente e incluir sus recomendaciones —como realizar un diagnóstico ambiental integral— en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2024-2027, un ordenamiento distinto al Programa de Ordenamiento Ecológico.
A inicios de diciembre, la Alianza denunció su inconformidad con el proceso de elaboración del PDM, una estrategia de gobierno que se realiza cada trienio en donde se plasman las acciones y prioridades de las administraciones.
“Consideramos que es un proceso de gran relevancia y que para ello se debe garantizar una participación social auténtica, inclusiva y representativa. (…) el proceso actual presenta serias deficiencias que limitan su legitimidad y amenaza con consolidar intereses ajenos al bienestar de la población. Nos preocupa que no se privilegie el interés colectivo, además de la influencia desproporcionada que tienen diversos grupos de interés privados para imponer prioridades que perpetúan desigualdades sociales y ambientales”, dijo Alejandro Larios, integrante de la asociación civil Conversa Sur.
“Se han priorizado invitaciones a cámaras industriales y colegios de profesionistas, excluyendo en la práctica a las organizaciones sociales ambientales y a la población en general, quienes también tienen derecho a ser escuchados. La aportación de la sociedad civil se relega a anexos sin garantizar que se incorporen al Plan. Por otro lado, las propuestas de empresarios y grupos de interés sí son integradas, lo que demuestra un sesgo hacia prioridades económicas en detrimento del bienestar ambiental y social”, añadió Guadalupe Castorena, de la organización Movimiento Ambiental.
"Este tipo de actitudes refuerza la percepción de que las decisiones se toman a puerta cerrada, sin considerar a la ciudadanía ni a las organizaciones que trabajamos en el cuidado del medio ambiente. Vemos que hay una privatización del territorio frente a intereses inmobiliarios y hay una escasa participación social en decisiones ambientales. Exigimos que se garantice la transparencia y la rendición de cuentas de todos los funcionarios y todos los actores en la toma de decisiones, y se asegure un entorno saludable y sustentable no solo de palabra, sino de hecho”, dijeron Carmen Correa y Gina Ventura, del Instituto Mexicano de Estudios Profesionales y de Posgrado (IMEPP).
Paralelamente, la alianza denunció la reducción de áreas de conservación natural en la capital del estado, y el aumento de las destinadas para el aprovechamiento.
En comparación con el último Programa de Ordenamiento Ecológico del municipio, publicado en octubre de 2021, en la nueva edición las áreas de conservación —aquellas donde se reorientan las actividades productivas para garantizar la continuidad de los ecosistemas— disminuyeron en 9.03%, correspondientes a 10 mil 878.4 hectáreas; mientras que las de aprovechamiento aumentaron en 2.8% (3,366.5 hectáreas). Los datos también señalan que las áreas de protección —donde el aprovechamiento está prohibido— aumentaron en 6.2% (7 mil 548 hectáreas) y las de restauración —donde son necesarias actividades para recuperar procesos naturales— disminuyeron en .04% (41 hectáreas).


Las y los activistas denunciaron también la disminución de la brecha entre las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y los proyectos de desarrollo urbano, que bajó de 200 a 20 metros, en un momento donde han urgido sobre la necesidad de establecer zonas de amortiguamiento conocidas como cinturones verdes, esenciales para preservar la integridad ambiental y mitigar los impactos negativos derivados de la creciente urbanización y las actividades humanas.
“Ahora es mucho más cercano el impacto, las especies animales no conocen esas fronteras y encima les vas a poner concreto”, explica Larios.


Aunque POPLab solicitó una entrevista con Julio Medina, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SEMADESU), para conocer detalles sobre los cambios, hasta la publicación de este texto el municipio no respondió.
Por ahora las organizaciones no han logrado acuerdos para retroceder en dichos cambios, pero sí para integrar sus propuestas en el nuevo Plan de Desarrollo Municipal que, se quejaron, carece de un Comité de Planeación, un órgano clave para garantizar un proceso transparente y representativo.
“Aguascalientes enfrenta una creciente crisis ambiental reflejada en la pérdida de áreas verdes urbanas, la privatización del territorio y la falta de diagnósticos adecuados que permitan conocer y proteger la biodiversidad (...) esta problemática es producto tanto de la inacción como de la falta de visión integral en las políticas ambientales del municipio. Las autoridades han favorecido intereses económicos sobre la protección de los ecosistemas”, dice la introducción del Plan de Acción Socio Ambiental propuesto por la alianza al ayuntamiento.
Entre sus propuestas se encuentra realizar un Inventario Municipal de Riqueza Biológica para identificar especies clave, ecosistemas prioritarios y evaluar la pérdida de biodiversidad; llevar a cabo estudios sobre las áreas con potencial para ser declaradas como nuevas Áreas Naturales Protegidas Municipales; e implementar monitoreos permanentes de biodiversidad para evaluar la efectividad de las políticas de conservación.
También proponen rehabilitar áreas de donación abandonadas, mantenimiento para parques y áreas de conservación con vegetación nativa, incentivos para conservar espacios con valor ambiental en nuevos desarrollos inmobiliarios, desarrollar corredores ecológicos y la creación de un Observatorio Ambiental Municipal "que permita la supervisión del cumplimiento de políticas ambientales”.
El municipio respondió a las exigencias y el 9 de diciembre pasado funcionarios del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación (IMPLAN), de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales y Julio Medina, titular de la Semadesu, sostuvieron una reunión con representantes de la alianza en la que acordaron su integración al Consejo Municipal del Cuidado del Medio Ambiente, mesas de trabajo e información sobre el progreso de integración del Plan de Acción Socio Ambiental al Plan de Desarrollo Municipal.
El tiempo, sin embargo, es corto. El nuevo Plan debe ser publicado por ley antes del 15 de enero próximo.
“La idea es que la próxima semana nos volvamos a reunir para que nos den un avance de cómo se está integrando la propuesta que hicimos”, señaló Alejandro Larios, de Conversa Sur.
"Me parece que el trabajo que está realizando la Alianza y otras organizaciones que no son parte de la Alianza es fundamental porque están activando los mecanismos de participación, pero además están exigiendo que esos mecanismos no sirvan para la simulación”, dijo Mariana Ávila, del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG).
En la Alianza participan las organizaciones Conserva Sur, Mapeo Verde, el Colegio de Ciencias Ambientales, el IMEPP, el OVSG, Movimiento Ambiental, Fotocaminantes y el Colectivo Sergay.
16 de diciembre de 2024, 13:00
Explora más contenido de este autor
Descubre más artículos y perspectivas únicas
