Malos tratos, falta de prestaciones laborales, precariedad y la obligación de asistir a eventos proselitistas vinculados a las próximas campañas electorales, son algunas de las deficiencias que más de una decena de trabajadoras y ex trabajadoras del Instituto Aguascalentense de las Mujeres (IAM) relataron a Poplab.

El Instituto –que tiene entre sus facultades atender a mujeres víctimas de violencia– y su titular, la emecista Patricia Cárdenas Delgado, entró en una controversia en 2023 luego de que trabajadoras denunciaran deficiencias en la operación de la dependencia, que ponían en riesgo a las usuarias.

En aquél momento, las trabajadoras afirmaron haber sido forzadas a trabajar fuera de su horario laboral y sin protocolo de seguridad en los módulos de atención instalados en la Feria Nacional de San Marcos (FNSM), cuando por esas fechas y muy cerca de uno de esos módulos, un hombre había sido asesinado.

El 22 de abril, con las acusaciones a cuestas, Cárdenas Delgado protagonizó una pelea al exterior de un antro que se viralizó en redes sociales y le provocó diversas críticas.

Ni la titular del Instituto, ni la administración estatal, respondieron entonces a los señalamientos. Mientras que la Contraloría Estatal, la oficina que investiga deficiencias en las dependencias del estado, no abrió ninguna investigación al respecto.

A casi un año de los hechos, el mal clima laboral al interior del IAM se mantiene. Trabajadoras y ex trabajadoras del Instituto vuelven a señalar fallas, carencias, violación de derechos laborales y, de nuevo, ser –o haber sido– obligadas a trabajar fuera de su horario laboral…pero ahora para las campañas políticas del Partido Acción Nacional (PAN), de cara al próximo proceso electoral.

“Nos dicen que necesitan que hagamos cosas para la política, para favores políticos. Hicieron una reunión para ver quiénes iban a apoyar en los toca-toca (búsqueda de casa en casa para promover a un candidato o postura política). Se supone que tienes que ir a apoyar al candidato que sea de tu distrito, o que te quede más cercano. Tienes que ir a hacer la campaña política, casa por casa y todo. A esas reuniones no podíamos entrar con celular, para que no tuviéramos ninguna prueba”, relató una de las trabajadoras.

“Yo les dije que me disculparan, pero no pertenezco ni siquiera a un partido. Si me dices de un distrito no sé ni de qué me estás hablando, o sea yo entré a trabajar aquí pero no pertenezco a la política”, añadió otra mujer. Sus nombres no serán publicados por temor a que sufran afectaciones laborales o alguna otra represalia.

“Si tú apoyas desde lo político, no pasa nada si atiendes mal (a las usuarias), porque al final cumples con lo que ellos buscan”, afirmó una tercera mujer.

La obligación de participar en eventos políticos o en los toca-toca para las campañas electorales, afirmaron las trabajadoras, ha afectado incluso la atención a víctimas de violencia, en un estado donde más del 70% de las mujeres han sufrido algún tipo de agresión, de acuerdo con el INEGI.

Mientras que la incidencia en los delitos sexuales y contra la familia, donde las mujeres son las principales víctimas, han tenido un incremento exponencial del 176% y 410% respectivamente, desde 2015, el primer año de registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el último año, ambos delitos aumentaron 15.3% y 25.1%, respectivamente.

"Muchas veces nos negaron dar atención a usuarias, incluso a las que estaban en riesgo feminicida porque había trabajadoras que tenían que ir al toca-toca", dijeron.

Las trabajadoras del Instituto dicen que constantemente eran –algunas aún lo son– presionadas para asistir a eventos políticos, vigiladas, con sueldos menores al salario base del IMSS –que es de 16 mil 327 pesos mensuales–, sin ninguna prestación laboral; y que se subestimaban sus capacidades.

“Nos decían que era obligatorio asistir a eventos políticos, como los informes de gobierno. Después ya no solamente teníamos que ir al informe de la gobernadora, sino también al informe del presidente municipal (Leonardo Montañez, PAN)”, detalló una de ellas.

“Vivimos mucho tiempo con una sensación de vigilancia, de no poder decir nada porque las personas ‘quejumbrosas’ no les gustaban, no eran personas funcionales, eran más funcionales quienes participaban dentro de sus procesos políticos”, agregó otra mujer.

“Noté una gran diferencia con esta nueva administración en cuanto a la violencia y en cuanto al control. Realmente nos hacían saber que estábamos vigiladas, a algunas incluso nos querían utilizar como halcones, para vigilar a la otra”, se queja una ex trabajadora.

“Empecé a sentir que nada de lo que hacía era suficiente. Te tratan como si te fueras a quedar con algo, o a hacer algo mal. Somos adultas, profesionistas, pero te tratan como una persona que no sabe lo que hace, que no tiene un buen juicio, que no tiene un buen criterio, que está tonta y que además se va a quedar callada”, añadió otra de las asistentes.

“Siempre me pregunté ¿por qué estamos aguantando esto? De repente te das cuenta que trabajas para acompañar a mujeres que viven alguna situación de violencia, y que tú misma estás recibiendo violencia, tú misma estás siendo víctima”, sentencia.

En riesgo trabajadoras y mujeres víctimas de violencia

La falta de buenas condiciones laborales no sólo ha puesto en riesgo a las trabajadoras del IAM, sino también a las usuarias que acuden a los distintos centros de atención en busca de protección, ayuda psicológica o acompañamiento jurídico.

“Esta administración ha puesto mucho en riesgo a las usuarias por la falta de interés y de conocimiento. En otras administraciones siempre ha sido la imagen, la política, los partidos, pero ahora es excesivo, a tal grado de ni siquiera involucrarse en conocer al personal, conocer lo que se hace, cuáles son los procesos. Eso realmente ha puesto en riesgo, varias veces, la integridad de las usuarias”, dijo una ex trabajadora del Instituto, que se dedicaba a dar atención en uno de los Centros de Atención y Prevención Integral a la Violencia de Género (CAPIV), ubicados en los municipios del estado.

En los CAPIV, las trabajadoras suelen estar presionadas por cumplir con metas numéricas que ayudan al estado a obtener presupuestos federales. Además, en muchos de los centros las instalaciones son precarias y sin suficientes medidas de seguridad, lo que ha provocado que incluso los agresores ingresen e interactúen con las trabajadoras y con las propias víctimas.

Para reforzar el trabajo de esos centros –o reemplazarlos– la gobernadora Teresa Jiménez ha impulsado la apertura de las llamadas “Casas Rosas”, que también son centros de atención “integral” a mujeres víctimas de violencia. Durante 2023, la administración estatal inauguró cinco centros de ese tipo.

El proyecto fue creado por Jiménez desde sus dos periodos como alcaldesa de la capital de Aguascalientes (2017-2021), pero ha sido criticado porque el color fosforescente de las instalaciones, las hace visibles para los agresores. Y porque no cuentan con todos los servicios que prometen.

“Ni siquiera pueden ser habitadas porque no hay condiciones, no tienen nada. Son una pantalla. Por ejemplo, dicen del servicio médico, pero en las casas rosas no hay personal médico ni de enfermería, sólo hay en la Casa de Medio Camino”, afirmó una de las trabajadoras, refiriéndose al albergue estatal de máxima seguridad para mujeres víctimas de violencia.

“Se entorpecen más los procesos porque se suman más responsabilidades que las Casas Rosas no están preparadas para asumir. Por lo menos en un municipio no ha habido un solo resguardo de víctimas porque no hay forma, no hay instalaciones, no hay medidas de seguridad”, añadió otra de las mujeres.

“Varias veces, cuando se intentó hacer la transición a Casa Rosa, fueron semanas de que no hubo atenciones, o sea, había usuarias que, por ejemplo, tenían alguna situación de una ansiedad muy fuerte o ideación suicida, y realmente dejarlas así sin ninguna atención se me hacía algo muy grave, y bajo esta justificación de (que) lo pedía la gobernadora”, relató otra ex trabajadora.

Además de la falta de atención, para quienes trabajan en los municipios las herramientas son precarias. Las trabajadoras afirman que, por ejemplo, los automóviles oficiales están en malas condiciones, lo que las pone en riesgo a ellas y a las víctimas que acompañan.

“Dicen que no hay presupuesto. Los coches tienen las llantas ponchadas, otra camioneta no tiene dirección hidráulica, ni tiene asientos de seguridad y tira gasolina. No puedo trasladar así a las mujeres, las pongo en riesgo. Tienen mucho presupuesto para ciertas cosas, pero no pueden arreglar el carro”, relató una ex trabajadora que tenía que manejar casi dos horas al día para llegar hasta el centro de atención.

Hasta la publicación de este texto, la Secretaría de Comunicación y Vocería de la administración estatal no respondió a la solicitud de entrevista a Patricia Cárdenas, titular del IAM.