La Policía Municipal de León entró al conflicto que sostiene la empresa administradora PASA con los pepenadores desde hace más de dos décadas y lo hizo de la peor manera, sumando un nuevo capítulo de represión y violación de derechos humanos con Mario Bravo Arrona al mando de la Secretaría de Seguridad Pública.

Por temor a las represalias los afectados no interpusieron quejas o denuncias ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), y tampoco hay certeza de que el ombudsperson Vicente Esqueda haya ejercido su facultad para iniciar un expediente de oficio ante lo sucedido.

PoPLab solicitó a la vocera de la institución la información sobre alguna queja de oficio relacionada con el supuesto abuso de poder de los uniformados contra pepenadores. La respuesta al reportero fue que "el procurador Vicente Esqueda es el único que puede proporcionar esa información" y al cierre de edición no hubo otra respuesta.

En testimonios recopilados por diversos medios, los recolectores narraron cómo los oficiales llegaron hasta donde se encontraban ellos y los comenzaron a agredir con armas de balas de goma para enseguida ser detenidos de manera arbitraria.

“Los oficiales llegaron hasta donde estaban unos compañeros y se bajaron de sus unidades disparando balas de goma contra ellos”.

“Ahora mi hijo está allá adentro herido, yo como voy a saber cómo está él”.

“Cuando llegamos a Cepol los oficiales nos dijeron váyanse para allá mugrosos”.

Foto: Twitter SSPL

Mario Bravo justificó la actuación de la policía municipal, al asegurar que todas las intervenciones de sus elementos son vistas con buenos ojos por organismos internacionales.

Mientras que Alejandra Gutiérrez secundó a Bravo Arrona, asegurando que la concesionaria pidió el apoyo a Seguridad Pública y el llamado se atendió como cualquier otro.

El 10 de enero, elementos de la policía y un grupo táctico intervinieron para desalojar a los pepenadores del relleno, a petición de la PASA.

De acuerdo con Mario Bravo Arrona, la implementación del operativo obedeció a los supuestos conflictos que los pepenadores sostienen con la concesionaria en las inmediaciones de El Verde.

Aunque esta fue la versión oficial, los recolectores la desmintieron argumentando que el conflicto inició porque los pepenadores se rieron de un agente que había tropezado y no por la invasión al relleno.
Despliegue y represión

El martes 10 de enero, con un equipo táctico y espectacular despliegue policial pocas veces visto, comenzó el operativo para desalojar a los recolectores y estalló el enfrentamiento que terminó con la detención de 34 hombres.
Más tarde, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez confirmó el número de detenidos y explicó que el operativo se debió al reporte de la empresa.

“Cada reporte se atiende de manera particular, no es que yo gire una instrucción”, declaró la alcaldesa.

Mientras que el secretario Mario Bravo mencionó que el despliegue de las 30 patrullas y la gran cantidad de elementos en las inmediaciones de El Verde se debió al reporte de robos y bloqueos a vialidades que se han registrado en el relleno.

“Este es el cuarto reporte que tenemos en 2022 y 2023, hace tres meses hubo una intervención y detuvieron a unas personas por el mismo motivo”, explicó Bravo Arrona.

Versión que desmintieron los recolectores al asegurar que el enfrentamiento se dio después de que los pepenadores se rieran por la caída de uno de los oficiales.

Esta situación ocasionó que los elementos agredieran con disparos de arma de goma, golpes e insultos a los recolectores.

“Nos detuvieron al azar, a los que se vieran más placosos, más malandros pues, que tuvieran más finta de ser de la calle”.

De esta manera, los recolectores desecharon la versión oficial que los acusaba de invasión y bloqueos a las instalaciones del El Verde; además de agresiones con arma de fuego contra los uniformados.

Aunque en un principio la secretaria de Seguridad Pública confirmó las agresiones con arma de fuego en contra de los uniformados, en entrevista Mario Bravo Arrona reconoció que el arma con la que presuntamente dispararon contra los policías no ha sido localizada.

POPLab recabó testimonios que indican que a seis de los 34 detenidos les fue impuesta una multa económica de 20 mil pesos por los daños de una de las patrullas, causados durante la intervención de los policías.

El director del Sistema Integral de Aseo Público de León (SIAP), Allan León, en entrevista aseguró que tras el enfrentamiento no ha habido un acercamiento con la empresa; sin embargo, enseguida se contradijo, pues afirmó que fueron implementados en El Verde un botón de pánico, cámaras de seguridad y constantes patrullajes, para evitar el ingreso de los pepenadores y otro enfrentamiento.

Antecedentes

El inicio de este conflicto tiene su origen en el año 2000, con el cierre del relleno sanitario en la colonia Jacinto López, el municipio concesionó a PASA el relleno El Verde; pepenadores que trabajaban en el antiguo vertedero decidieron trasladarse al nuevo, pero PASA pidió al gobierno municipal de Luis Ernesto Ayala su apoyo para no tener recolectores en El Verde.

Después de una serie de negociaciones entre el municipio y PASA, se acordó dotar de un área al nuevo relleno bajo la cláusula (NO. SPM/CRS/01-2000) de esta manera 130 de los centenares de pepenadores que había en el antiguo relleno fueron aceptados para laborar dentro de El Verde.

Aunque en un principio el área de recuperación de residuos funcionó, esta fue quedando en menos de un año en el abandono por parte de la concesionaria, argumentando un costo de logística que no estaba dispuesto a cubrir.

Sin importar que tanto autoridades como el mismo concesionario los hicieran a un lado, los recolectores continuaron adelante con su oficio y único sustento; unos en el dentro del relleno y otros a bordo de camiones recolectores.

Al paso de las siguientes administraciones municipales, el incumplimiento de PASA fue ignorado por el gobierno y fue este mismo el que le asestó un golpe más a los pepenadores, al otorgarles a las empresas Red Recolector y GISA la concesión de la recolección de basura.

Y aunque hubo protestas, la autoridad se mostró tajante y los pepenadores que habían migrado a la recolecta en camiones se vieron obligados a volver al relleno, lamentando que el gobierno municipal no haya mostrado la misma determinación con PASA.

Estigmatizados y en condiciones cada vez más precarias, los recolectores laboraron con relativa tranquilidad hasta que en el 2020, con el inicio de la pandemia, las condiciones cambiaron.

Cientos de personas que habían perdido su empleo vieron en la recolección una manera de sortear las dificultades económicas que la pandemia trajo con ella, y fue entonces cuando la recolección por turnos y el cobro de cuotas por personal de PASA y policías aparecieron.

“Los polis nos cobran 50 por cabeza sí no para arriba; lo mismo cobran por los niños que trabajan aquí, ellos también recogen botellas, nos dicen los oficiales”.

El incremento de recolectores que laboraban en el relleno hizo lo suyo y los problemas de logística comenzaron a surgir. “Es peligroso trabajar de esta manera, (los pepenadores) trabajan al pie de tiro de la basura”, dijo Allan León, titular del SIAP.

Justifica Mario Bravo represión

Desde la llegada de Mario Bravo a la Secretaría de Seguridad, la Policía Municipal acumula varios casos de abuso de autoridad, violaciones a derechos humanos y constantes quejas ciudadanas sobre el actuar la de policía durante sus intervenciones que, de acuerdo con el secretario, son bien vistas por la Comisión de Acreditación de los Organismos
Encargados de Hacer Cumplir la Ley (CALEA) por sus siglas en inglés.

El pasado 17 de enero, integrantes del ayuntamiento cuestionaron al secretario el actuar de la policía durante operativos y detenciones. Ante los cuestionamientos, Mario Bravo aseguró que los protocolos de la policía municipal han sido aceptados por CALEA.

“Eso nos da la línea de intervención, además de lo que tenemos en reportes al 911 cuando nos dan datos de personas sospechosas, personas que acaban de cometer alguna falta y coinciden con las características que nos dan los compañeros de cabina, es cuando se hacen las revisiones, también se hacen de manera aleatorias cuando tenemos operativos especiales”.

Foto: Twitter SSPL

CALEA es una certificación internacional para los cuerpos de seguridad pública que busca que las organizaciones y departamentos de policía se ajusten a 483 normas para lograr su acreditación.

Y aunque esta certificación busca que los cuerpos de seguridad realicen una autoevaluación y revisión a sus protocolos, esto no trascienden a los hechos, como se vio en la represión durante la marcha feminista el 22 de agosto del 2020.

El operativo de la policía en una manifestación pacífica que buscaba visibilizar el caso de Evelyn -quien días antes había sido víctima de abuso de autoridad y tocamientos por parte de agentes municipales- terminó en una opresión aún mayor, al detener de manera arbitraria a 22 mujeres y un hombre.

Estrategia municipal insuficiente

Aunque las autoridades han tratado de poner fin al conflicto entre recolectores y la concesionaria, los apoyos que han ofrecido no han representado una solución para los pepenadores.

Tras el conflicto, el jueves 12 de enero autoridades del SIAP se reunieron con los pepenadores que se encontraban a la espera de una resolución, sin embargo, sólo recibieron una despensa y la promesa de buscarles empleo.

“Estamos aquí por necesidad, solo queremos trabajar, si son solo cinco horas, cinco horas vamos a trabajar”.

Orillado por la situación el director del SIAP, Allan León presentó el programa de recolectores urbanos, que busca integrar a todos los pepenadores que realizaban tareas de recuperación en el relleno sanitario. Sin embargo, para los recuperadores esta propuesta es poco factible, pues solo obtendrían una mínima parte de la recolección.

Foto: Twitter SIAP León

Aunado a esta propuesta, el funcionario explicó que a la par de esta se está trabajando en un plan para la separación y recolección de residuos en algunos fraccionamientos privados y de esta manera alargar la vida útil del relleno sanitario, al ya no tener que enterrar todo tipo de materiales gracias a la separación.

Sin embargo, esta tarea ya era realizada por pepenadores desde hace más de dos décadas.

Mucho por hacer

Para Roboam Rodríguez Carrera, integrante del Centro para el Desarrollo y la Promoción de la Conciencia Crítica, las soluciones que presenta el gobierno no ayudan a resolver el conflicto, ya que los pepenadores ya cuentan con un empleo y necesitan profesionalizarse, esto no lo solo los beneficia a ellos, sino a todos los leoneses.

En este sentido, la labor que realizan los pepenadores suple el trabajo que debería realizar PASA. Sin embargo, estas actividades se han dificultado aún más con la llegada de los nuevos camiones recolectores, pues con la compactación de basura los materiales que podrían reciclarse terminan contaminados y enterrados.

De acuerdo con Roboam Rodríguez, una de las acciones que el gobierno podría impulsar sería la previa separación de la basura en toda la ciudad y no solo en fraccionamientos privados, de esta manera el aprovechamiento de materiales reutilizables sería mayor y sumaría de manera importante a alargar la vida útil del relleno sanitario, que en un inicio fue proyectado para servir por 20 años y a los 13 ya se encontraba lleno.