Protección institucional para Alvar Cabeza de Vaca Appendini y revictimización para las tres mujeres buscadoras y la activista detenidas durante una protesta en Guanajuato hace tres años, fue la consigna con la que actuó el equipo de cuatro fiscales de la llamada "Agencia Pull", enviados por Carlos Zamarripa Aguirre para impedir que se investigue el abuso de autoridad y a los altos mandos que ordenaron la represión el 10 de julio de 2020.

El grupo de abogados para casos que la Fiscalía califica como especiales, asumió la defensa no solo de los policías estatales que participaron en la detención de las cuatro mujeres, sino del secretario de seguridad pública, Alvar Cabeza de Vaca, y de la ahora secretaria de Desarrollo Social y Humano, Libia García Muñoz Ledo, durante la audiencia de impugnación por el no ejercicio de la acción penal que ha resuelto la Fiscalía General del Estado en tres ocasiones.

El nombre de la también aspirante a la candidatura a la gubernatura salió a relucir cuando el abogado de las víctimas, Roberto Saucedo Pimentel, reveló la participación que tuvo ese día Libia García. El abogado aseguró que la entonces diputada local habría pedido a un mando de la Secretaría de Seguridad Pública que liberaran a una de las protestantes que le llamó cuando estaba siendo detenida.

"¿Dónde está el abuso? ¿Dónde está el exceso?", preguntó Jesús García Márquez, uno de los fiscales del grupo especial, frente a la jueza Wandy Labra, encargada de desahogar el recurso que presentaron las víctimas, luego de que el pasado 17 de marzo por tercera ocasión la Fiscalía Estatal resolviera archivar el caso de abuso de autoridad que denuncian Karla, Verónica, Olimpia y Carmen, las cuatro detenidas.

El mismo fiscal Jesús García lanzó en al menos dos ocasiones comentarios que resultaron revictimizantes para ellas:

"A ustedes no se les detuvo por mascar chicle, tampoco por hablar por teléfono", dijo el integrante del grupo especial de la Fiscalía de Guanajuato frente a tres de las víctimas en la primera parte de la audiencia del día miércoles.

La oportunidad para que ellas hablaran llegó hasta el día jueves, al reanudar la audiencia que había sido interrumpida por la agenda de la jueza. Aquí, Karla, integrante del colectivo Hasta Encontrarte y de la Brigada de Búsqueda Independiente, respondió al fiscal.

"No, no me detuvieron por mascar chicle, tiene razón, licenciado. Me detuvieron por buscar a mi hermano".

También Verónica hizo mención al comentario del fiscal con el que pretendía justificar la actuación de la policía estatal:

"No fuimos detenidas por mascar chicle, pero tampoco me explicaron por qué me detenían".

En el tiempo que tuvieron para dirigirse a la jueza, ambas mujeres buscadoras señalaron que hoy, a tres años de la protesta, saben que tienen derecho a protestar, a exigir a las autoridades que busquen a sus familiares desaparecidos, sin que sea motivo para que se les detenga.

Otro de los fiscales sostuvo ante la jueza que la manifestación del 10 de julio de 2020 "no tenía razón de ser", porque un día antes habían recibido un escrito del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, en el plantón que mantuvieron afuera del Teatro Juárez.

Para este comentario, también llegó la respuesta de Karla, al señalar que "un papel" no resuelve el problema de desapariciones en Guanajuato, prueba de ello es que desde hace 3 años y 3 meses busca a su hermano Juan Valentín Martínez Jiménez.

"Si por mí fuera todos los días saldría a gritar que me falta mi hermano... salir a gritarle al Estado que nos falló, y si nos opusimos fue porque no teníamos idea por qué nos llevaban. Nos trataron como delincuentes... no merecemos esto", señaló Karla durante el tiempo que abrió la jueza para escucharlas.

Verónica también externó que cuando era llevada en una patrulla, por unos minutos se detuvieron y "tuve miedo que me desaparecieran. Mi única arma era la lona de mi hijo". Ella busca a su hijo Iván Arturo Silva Durán, que fue visto por última vez en noviembre de 2019 en el municipio de Irapuato.

El día de la manifestación se presentaron en la glorieta Santa Fe 141 policías estatales para 40 personas que protestaban por la designación de Héctor Díaz Ezquerra como comisionado estatal de búsqueda. Casi tres años después, los colectivos de búsqueda insisten en que el hombre designado por el gobernador no da resultados al frente de la Comisión.

Imagen del día de la represión

Para el equipo de fiscales no existen pruebas suficientes para investigar el abuso de autoridad que denuncian las víctimas. "Solo está su dicho", sostuvo el mismo fiscal que señaló que no fueron detenidas por "mascar un chicle".

Después de seis horas de audiencia dividida en dos días, tiempo en el que la jueza escuchó los alegatos de la Fiscalía, la defensa de policías, el abogado Roberto Saucedo y las víctimas, Wandy Labra consideró que es un caso "complejo", por lo que aplazó la resolución para la mañana del viernes.

Recomendaciones de PRODHEG se aceptan por cuestiones políticas: Fiscalía

En los alegatos del equipo de fiscales especiales asignados al caso para negar el abuso de autoridad, comenzaron a desvalorizar la recomendación que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) emitió hace meses, en la que confirma que se violaron derechos fundamentales de las víctimas.

Y es que el abogado de las cuatro mujeres presentó ante la jueza la resolución de Derechos Humanos en la que se concluyó que se violó su derecho a la libre manifestación, además de que recibieron tratos crueles e inhumanos.

Ilustración Pinche Einnar

Para los enviados de Carlos Zamarripa Aguirre, la recomendación que firmó el panista Vicente Esqueda Méndez no tendría que valorarse en el juicio, porque la PRODHEG ponderó las declaraciones de las víctimas y no las evidencias científicas.

"Quieren (los fiscales) constituirse como tribunal de alzada al afirmar que el trabajo del ombudsperson no es compatible con lo que hace la Fiscalía General del Estado", señaló Roberto Saucedo.

El abogado sostuvo en más de una ocasión que los fiscales buscaban favorecer a los policías estatales, al asegurar que los FSPE aplicaron correctamente el uso de la fuerza.

Al desestimar las recomendaciones de Derechos Humanos, en las que se involucra a 10 elementos de FSPE, se le pide a la Secretaría de Seguridad Pública que se inicie un proceso administrativo en su contra por las violaciones y se capacite al personal, el fiscal Jesús García aseguró que las recomendaciones las aceptó la dependencia a cargo de Alvar Cabeza de Vaca por un tema político, no porque aceptaran que violentaron los derechos fundamentales de las mujeres.

"Por cuestiones políticas, para no quedar mal con Derechos Humanos, se aceptan las recomendaciones y sancionan".

En el resultado del procedimiento interno de la Secretaría de Seguridad, policías responsables de la detención de las mujeres fueron arrestados porque no existió evidencia de que leyeron los derechos a las detenidas al momento de llevarlas en la patrulla.

Busca abogado que Libia declare

En 2020, Libia Dennise García Muñoz Ledo era diputada local, pero el día de la protesta apareció en fotografías con funcionarios del gobierno estatal y un grupo de buscadoras que habían participado en la protesta en la glorieta Santa Fe.

Haciendo la función de intermediaria entre buscadoras y autoridades estatales, circularon fotografías donde aparece ella junto con funcionarios del gobierno de Diego Sinhue y el grupo de buscadoras que acudieron a su convocatoria. A partir de este momento vino el rompimiento de algunas integrantes de colectivos con José Gutiérrez, a quien acusan de malversar apoyos de autoridades.

Imagen que la propia Libia García difundió en sus redes sociales el 10 de julio

Ahora, de acuerdo con información presentada por Roberto Saucedo Pimentel ante la jueza del Poder Judicial de Guanajuato, fue la propia Libia García la que intervino para que una de las buscadoras detenidas ese día quedara libre. Según la narración del abogado, pero que no está dentro de la carpeta de investigación, la buscadora había sido replegada por los policías estatales, sacó el teléfono y le llamó directo a la entonces diputada, luego ella habría pedido que la soltaran.

Por estos hechos, Roberto Saucedo pidió a la jueza que considere llamar a declarar a la actual secretaria de Desarrollo Social y Humano, para que explique a qué mando llamó para concretar la liberación.

Con lo anterior, dijo el abogado, se comprobaría que los mandos, a los que la Fiscalía se resiste a investigar, estaban enterados de la represión en la glorieta Santa Fe.

"La Fiscalía no investigó la mediación en la que hubo mandos involucrados, es importante que ella declare para que diga con quién habló", señaló Saucedo.

Incluso, adelantó que los fiscales abogarían para evitar el llamado a declarar a Libia García porque se perfila, dijo, a ser la "próxima gobernadora".

Momentos después, uno de los fiscales pidió a la jueza desestimar la petición del abogado, al señalar que esa presunta liberación no está en la carpeta de investigación, aunque antes dijo que no sabía a quién se refería si "Lidia o Libia".

La FGE no investiga, archiva

En tres ocasiones la Fiscalía de Guanajuato ha resuelto el no ejercicio de la acción penal en contra de los policías estatales. Con el carpetazo también se resiste a investigar qué mandos ordenaron la represión de hace casi tres años. Durante este tiempo, Karla, Verónica, Olimpia y Carmen mantienen la lucha para dejar un precedente, se investigue y sancione a quienes dieron las órdenes a los policías razos.

La primera vez que la Fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal fue el 28 de octubre de 2020, desde entonces las víctimas y el abogado han presentado diversos recursos legales para obligar a la Fiscalía a que investigue y no solo a los policías que participaron, sino a los mandos que ordenaron la represión, incluido Alvar Cabeza de Vaca.

Roberto Saucedo manifestó en la audiencia que la constante protección de la Fiscalía tiene su origen en la amistad y compadrazgo que existe entre el secretario de Seguridad Pública y Carlos Zamarripa Aguirre.

Frente a esto, el abogado defensor de los policías estatales pidió a la jueza no considerar la relación de compadrazgo entre el secretario de Seguridad y el fiscal.

Una jueza de control dio la razón a las víctimas y ordenó reabrir la carpeta, para que en abril de 2022, nuevamente la Fiscalía de Guanajuato resolviera que no existen elementos para investigar un probable abuso de autoridad.

Las víctimas siguieron presentando recursos y nuevamente una jueza de control falló a su favor.

La última vez que se decretó el no ejercicio de la acción penal fue el 17 de marzo pasado. El viernes habrá una nueva resolución del Poder Judicial.