El suicidio de Jimena “N”, una estudiante de segundo semestre de la carrera de Arte y Gestión Cultural en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), tras haber denunciado abuso sexual por otra compañera sin que la universidad atendiera su caso, vuelve a poner en la mesa acusaciones que la máxima casa de estudios enfrenta desde hace años. Las omisiones y la falta de atención, sobre todo en casos de violencia sexual, han provocado impunidad y el enfurecimiento de la comunidad universitaria.

“Siempre lo mismo, se denuncia a los acosadores y lo único que hacen es cambiarles las clases, eso si tienes suerte”. “La UAA engrandece a los acosadores, violadores, agresores y solo calla nuestras voces, odio su doble moral, su ética falsa”. “Tengo 5 años que egresé y cuando cursé mis dos últimos semestres denunciamos a un profesor que acosaba a media carrera, el profesor sigue dando clases ahí. Neta es una burla”. “Bien sabido es que en derechos universitarios se preocupan más por cuidar la imagen de la UAA que el bienestar de los estudiantes”; dicen algunos de los cientos de comentarios, en su mayoría de estudiantes, que aparecen en una publicación que la Universidad hizo tras las acusaciones.

En ella, a través de un comunicado oficial, la UAA asegura que “ninguno de los hechos que se han referido es exacto ni sucedió en las instalaciones universitarias”. También señala que no existió ninguna denuncia en la Defensoría de Derechos Humanos o en cualquier otra instancia, y que Jimena solicitó únicamente ayuda psicológica, la cual se le brindó. El texto añade que la alumna tenía un historial clínico “por consultas anteriores en instituciones externas”.

El comunicado ha sido calificado como profundamente revictimizante y aumentó el enojo de la ya furiosa comunidad estudiantil. Hasta ahora, la primera rectora de la casa de estudios, Yesenia Pinzón, ha guardado silencio sobre el tema. Su firma ni siquiera aparece en el comunicado publicado por la Universidad.
Pinzón, profesora e investigadora del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, tomó protesta como nueva rectora en enero de este año y es la primera mujer en dirigir a la Universidad desde su fundación, hace 50 años. Previo a su designación, otras y otros contendientes señalaron que hubo favoritismo para elegirla.

“La universidad simple y llanamente tiene décadas negando esta realidad que hoy la alcanzó. Eso pasa, la Universidad no quiere escándalos, no quiere reconocer que su sociedad de alumnos está hoy en un sentido de identidad con la sociedad en general que tiene todos estos problemas. Como autoridades, la Universidad tiene que atenderles. Eso es lo que no quieren, no solo no reconocer, sino que al reconocer estos problemas tendrían que actuar, y no quieren hacerlo. El caso de lo que sucedió lamentablemente con Jimena solo es un ejemplo de cómo suceden ahí las cosas. Cuando conocen las violencias, no las reconocen, no las nombran y las ocultan. No quieren escándalos”, dice Socorro Ramírez, analista política y activista feminista en el estado.

En 2019, la UAA fue la segunda universidad en el país con mayor número de denuncias por violencia sexual, de acuerdo con un estudio realizado por la plataforma #MeTooAcadémicos. Y en el pasado se han conocido casos de estudiantes que pasaron por situaciones de violencia y denunciaron omisiones, e incluso represalias, por parte de las autoridades académicas.
Uno de esos casos derivó en un proceso penal donde la culpabilidad del docente señalado fue comprobada.

El caso: una trama complicada.

El pasado 8 de mayo, al menos dos mujeres -cuya identidad no ha sido detallada- publicaron en sus perfiles de Facebook información sobre el caso de Jimena. Una de ellas, egresada de la UAA, afirmó que la estudiante se suicidó “éste fin de semana debido a que denunció abuso sexual por parte de otra universitaria y al pedir ayuda no la recibió, solo la silenciaron”.

Fotografías dadas a conocer en redes sociales.

La mujer también afirmó que “amigas y compañeros del centro de Artes estaban alzando la voz”.

El texto está acompañado por fotografías en donde se acusa al jefe del departamento de Estudios del Arte y Gestión Cultural, Rafael Saavedra González, de agresor y de hacer bullying y ciberbullying contra sus alumnas y alumnos. También se acusa a una tutora de la carrera, Victoría Fernández, de recomendarle a Jimena “no hacer escándalo” pese a haber sido víctima de abuso.

Fotografías dadas a conocer en redes sociales.

“La ineptitud e indiferencia de las autoridades acaba con vidas”, dice otra de las imágenes.

En otra fotografía aparecen letreros, colocados en baños de la universidad, donde se acusa a los directivos de esa carrera de negligencia en la atención a las y los estudiantes.

Fotografías dadas a conocer en redes sociales.

Hasta ahora, la familia de la víctima no ha comentado públicamente el tema, mientras que organizaciones feministas han exigido a los medios de comunicación tratar con respeto el caso y cuidar la privacidad de Jimena y de su familia.

Blanca Elena Sanz Martín, Decana del Centro de las Artes y la Cultura, tiene información detallada sobre lo sucedido entre las dos estudiantes y niega que no se haya atendido. La académica asegura que el caso está relacionado con un asunto personal, la falta de atención psicológica y el desabasto de medicamentos psiquiátricos, problemática que, de acuerdo con medios locales, se ha registrado en la entidad desde abril de este año.

“La tutora me dijo que sí le había dado seguimiento. La estudiante requería de medicamento psiquiátrico, que por alguna razón ha estado escaseando. Lo que le comentó fue eso, el malestar por la falta de medicamento, incluso ella se ofreció a buscar en farmacias. Después sale esta noticia achacándole el suicidio a esta lamentable situación. Parece ser que estuvieron bebiendo y hubo ahí como un tocamiento. Se lo comentó a la tutora y la tutora le dijo que podía ir a derechos universitarios. La tutora también habló con la chica que estaba siendo señalada y llorando le dijo que no se acordaba de lo que había pasado. No fue violación, tampoco acoso porque no se trató de una acción persistente”, detalla.

Sanz Martín afirmó que la estudiante que ha sido señalada como victimaria decidió darse de baja de la carrera hace pocos días, y que el caso se ha convertido en un lichamiento mediático para la Universidad. También asegura que el grupo de segundo semestre en donde estudiaba Jimena está recibiendo contención psicológica.

La Decana defiende tanto a Saavedra González como a la tutora señalada, para quien se ha solicitado seguridad frente al temor de que sea víctima de alguna agresión.

Pero las deficiencias son claras. De acuerdo con información proporcionada por la UAA, para toda la comunidad estudiantil, que asciende a aproximadamente 20 mil personas, incluyendo los bachilleratos y los estudios de posgrado, la unidad de atención psicológica está conformada solamente por siete personas. Es decir que por cada especialista, hay 2 mil 857 estudiantes que podrían requerir atención.

En casos de violencia, la atención psicológica es el primer paso para iniciar un proceso de investigación en la Defensoría de los Derechos Universitarios, donde, a falta de investigación, no ha quedado claro en qué tipo de omisiones pudo incurrir el personal del Centro de las Artes.

La titular de la Defensoría, Alejandra Chávez Lomelí, asegura que hasta ahora ninguna estudiante se ha acercado a presentar alguna denuncia por el caso, que tampoco recibieron información por parte de Jimena “N”, y pese a todas las acusaciones, se niega a reconocer que los protocolos de atención tienen serias deficiencias, aunque acepta que pronto habrá una reestructuración que podría incluir, sin asegurarlo, la apertura para realizar investigaciones de oficio.

Para la reestructuración, adelanta, se realizará un diagnóstico a través de contrataciones externas. Este proceso, sin embargo, no tiene fecha para iniciar.

“Yo no creo que se esté haciendo algo mal. Lo que sí creo es que debemos reestructurarnos y seguir trabajando en base a las solicitudes y realidades que los jóvenes nos están exigiendo. Por eso se está buscando la actualización del protocolo, estamos buscando reestructurar la difusión, ir de la mano con las autoridades para que esto no siga pasando. Necesitamos primeramente escuchar a las partes y en su caso llegar a una recomendación. No te puedo decir qué voy a hacer algo si aún no tengo los elementos para trabajar”, dice, entrevistada por POPLab.

“No sé si ha habido errores, pero el actuar de la defensoría también, entiéndanlo, es limitado. La defensoría recomienda, investiga, pero nosotros no vamos a decir quién es inocente y quién es culpable. Nosotros solo recomendamos en base a lo que se reúne de evidencias”, añade.

De acuerdo con Chávez Lomelí, la Universidad no está haciendo, por ahora, nada respecto al tema. No se están investigando las denuncias anónimas de estudiantes contra el jefe de departamento, tampoco las acusaciones contra la tutora ni las denuncias que en redes sociales han hecho estudiantes y egresados de otras carreras.

Y aunque la defensora ha prometido “cero tolerancia”, la promesa es poco tangible.

Sobre el comunicado que ha sido calificado de revictimizante, Chávez Lomelí aseguró que no lo ha leído con detalle.

Un historial de omisiones.

Aunque el suicidio de Jimena es uno de los casos más lamentables vinculados con omisiones al interior de la Universidad, esta no es la primera vez que la UAA es acusada de no actuar frente a denuncias por acoso o violencia sexual, y de proteger a académicos posicionados.

“El sistema de la UAA realmente no es funcional en la canalización de los casos, es muy burocrático. No es que no hayan existido denuncias antes, ni que no haya habido violencia antes; siempre ha estado la inconformidad, pero nunca se han responsabilizado sobre cómo trabajar, como atender con perspectiva de género y cambiar la mirada, porque mi impresión es que buscan proteger el prestigio de la universidad y del cuerpo académico, solo cuando conviene, porque también hay una explotación laboral muy grande”, dice Jessica Valenzuela, que en 2017 denunció a un profesor del Centro de las Artes y la Cultura.

El caso, acompañado por el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSGA) llegó a judicializarse y las omisiones de la UAA fueron visibles. Tras lo sucedido con Jessica se creó el primer protocolo de atención para atender casos de violencia sexual.

“Pero pues son solo palabras, como un documento para decir que existe algo pero operativamente no es factible, no están sujetos, no se actúa con perspectiva de género, o incluso se desestima la situación”, añade Valenzuela, que también habla sobre cómo la institucionalidad en la UAA ha protegido a agresores durante años.

A finales de 2022, estudiantes acusaron a un profesor del mismo Centro de las Artes, pero las acusaciones tampoco fueron investigadas por la Universidad.

“La UAA se ha negado, se ha cegado, o con toda la intención no quiere ver ni reconocer el grave problema que viene cargando en los temas de seguridad para su alumnado, hombres y mujeres, respecto a temas de bullying, de acoso, de agresión y de carácter sexual. (...) las manifestaciones que hacen grupos feministas dentro de la universidad, que han hecho pintas, la escuela las manda a borrar de inmediato, y tapa, y obstruye. Se les olvida que la autonomía es sólo académica,no administrativa y mucho menos es una autonomía que derive en una isla de impunidad, un espacio donde hay leyes privativas. La violencia siempre escala, al permitirse estas acciones, llega un punto en el que casi siempre encuentran un arma o un instrumento para generar muerte. Y esta podría ser la primera, pero no nos consta que lo sea”, sentencia Socorro Ramirez.