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Surge nuevo escenario de crisis ante la posible reubicación de la carrera de Ciencia Política a León, denuncian alumnos y docentes
Tras la agudización de una crisis provocada por protesta estudiantiles, reclamos de la marcha feminista el 8 M y la intervención del Gobierno Federal para conciliar con estudiantes perseguidos por la protesta de septiembre pasado, la rectora general de la Universidad de Guanajuato, Claudia Susana Gómez López, ofreció una postura pública en la que se escudó en la autonomía pero planteo apertura al diálogo, aunque sin mencionar expresamente a los posibles interlocutores.
A través de un video institucional publicado el pasado lunes en las redes sociales de la universidad, la rectora ofreció diálogo, pero sin referirse a personas concretas y anteponiendo la autonomía universitaria como el principio más importante para su autogobierno.
Los siete estudiantes denunciados por la universidad tienen este miércoles una cita con el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, en la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la Ciudad de México. El acercamiento surgió, luego de que en la conferencia mañanera del lunes 4 de marzo, un reportero dio a conocer el caso al presidente Andrés Manuel López Obrador y él instruyó la atención al tema.
Integrantes del cuerpo docente también dicen estar preocupados por la criminalización de los jóvenes mientras que Amnistía Internacional ya emitió una postura para pedir a la Universidad de Guanajuato y a la Fiscalía General del Estado, respetar el derecho de protesta.
Y mientras se abre la posibilidad de diálogo y las críticas continúan, en la División de Derecho, Política y Gobierno, se suma un nuevo conflicto a la crisis, la denuncia de parte de estudiantes y profesores de la Licenciatura en Ciencia Política, por la presunta intención del cierre o cambio de sede del programa al Campus León.
En su posicionamiento, estudiantes de la licenciatura aseguran que se trata de una represalia más por parte de autoridades universitarias en contra de los siete alumnos denunciados por la Universidad de Guanajuato y que se ha extendido al resto de los estudiantes.
Llama Claudia a concordia, pero invisibiliza a estudiantes
Previo a la reunión que se tiene programada en la SEP con estudiantes y autoridades universitarias, la rectora general emitió un mensaje público, en el que se refirió a la autonomía universitaria como el máximo baluarte de las instituciones de educación pública de nivel superior.
“La autonomía universitaria es uno de los grandes baluartes de las instituciones públicas de educación superior, como lo es nuestra universidad, es así en virtud de que nos brinda la posibilidad de establecer, libremente los principio, las normas y las autoridades para nuestro gobierno, pero sobre todo la autonomía es valiosa porque nos permite conducir de manera armónica el quehacer universitario de las más de 50 mil personas que conformamos esta universidad”, sostuvo en el discurso la rectora.
El mensaje aclara que debido a esta autonomía, la Universidad de Guanajuato tiene derecho a organizarse y establecer sus normas de forma independiente.
Resaltó la responsabilidad que implica la autonomía universitaria y dijo tener la firme convicción de que el diálogo es la vía para solucionar las diferencias en la comunidad, pero estableció condiciones como el respeto, la tolerancia, la empatía, la inclusión desde un enfoque de derechos humanos, legalidad y respeto a la dignidad humana.
Con estos requisitos, hizo un llamado a establecer acuerdos para solucionar conflictos, sin embargo, no hizo referencias específicas a los motivos de las disputas internas ni tampoco a los interlocutores, a los que convocó.
Así, durante lo que aparentemente era un llamado al diálogo para los siete estudiantes denuncias por daños a edificios públicos y patrimonio cultural, Gómez López no refirió los nombres de Rodrigo, Desiree, Frida, Alonso, Valeria, Armando e Ignacio. Los estudiantes se han dado a conocer frente a distintas instancias de gobierno, como el Congreso del Estado y la SEP para solicitar apoyo en la resolución de la demanda.
“Hago un llamado a la concordia y la creación de espacios de diálogo respetuoso, de escucha y de comunicación asertiva, para la resolución pacífica de los conflictos y para propiciar un ambiente armónico para toda la comunidad universitaria”, agregó.
La convocatoria llega casi cinco semanas después de que los estudiantes de Ciencia Política, Derecho y Administración Pública- casi todos ellos de octavo semestre- fueron notificados en sus domicilios familiares sobre las denuncias por agentes del Ministerio Público.
En su mensaje, la rectora antepuso de manera enfática la autonomía universitaria como un elemento para buscar la solución de diferencias, que dijo “son naturales como una institución que está conformada por miles de personas que podemos llegar a asumir opiniones o criterios diversos”.
El mensaje también se difundió varias horas después de que los mismo estudiantes imputados en la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, se presentaron en una ponencia a la que fue invitada a impartir la rectora la División de Ciencias Económico Administrativas (DCEA).
“Nos mentiste Claudia, nos traicionaste, te comprometiste a no tomar represalias y días después nos denunciaste ante la Fiscalía General del Estado. Tú no tienes palabra Claudia”, le reclamó Rodrigo, uno de los estudiantes denunciados.
Frida, otra de las involucradas en la denuncia, dijo que son mentiras que la Fiscalía del Estado investigó en otras sedes universitarias sobre los supuestos daños en el edificio central, ubicado en Guanajuato capital, para establecer un monto.
“Es completamente mentira que la Fiscalía preguntó sobre unos supuestos daños en el edificio central en la sede Valenciana, quien interpone esa denuncia es la Universidad de Guanajuato, a nosotras y a nosotros, la universidad nos ha dado la espalda, pensar que hay una forma de conciliar por medio de terceros es cobarde”, subrayó.
La intervención en esta ponencia, en la que la rectora fue invitada a hablar sobre su experiencia como economista y como rectora mujer- aunque en el cargo apenas tiene unos meses- concluyó con la advertencia de los estudiantes de que se verían las caras en la reunión programada en la Ciudad de México con autoridades federales.
Cuando los estudiantes se retiraron, Claudia Susana sólo atinó a decir: “yo trabajo para 47 mil estudiantes” y recibió aplausos de los alumnos que estaban en uno de los auditorios pequeños de esta división.
Como bola de nieve, surgen protestas contra rectora
Antes de enfrentar esta manifestación, en un evento preparado para su lucimiento, en la misma sede, fue confrontada por otro de los alumnos denunciados, Armando. El joven estudiante de derecho se paró frente a integrantes del Consejo del Campus Guanajuato con una pancarta en la que señaló la criminalización de la universidad hacia sus estudiantes.
Además, reclamó a Claudia Susana el distanciamiento de los valores universitarios de los principios planteados por sus fundadores y al mismo tiempo pidió solidaridad de la comunidad universitaria.
“¡Abeja, escucha, esta es tu lucha. Si la verdad os cala a quienes dirigen a la universidad, a la Rectoría General, a nosotros los estudiantes que estamos siendo criminalizados por quienes nos mal dirigen…en nombre de los siete compañeros que han sido denunciados para pisar la cárcel, hoy les digo, aquí estamos, no nos vamos. La universidad no se vende, se ama y se defiende!”, gritó el alumno en presencia de la rectora y del rector del Campus Guanajuato, Martín Picón Núñez.
El evento ocurrió el miércoles seis de marzo. El mismo día, se programó una reunión de la rectora con alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, en Valenciana. En este encuentro, la rectora también recibió reproches de los estudiantes por la criminalización de sus compañeros.
Se le cuestionó sobre la denuncias a siete personas en específico, cuando la movilización de septiembre del año pasado se manejó como un movimiento horizontal en el que intervinieron personas de la sede Valenciana.
También se cuestionó sobre el uso de los datos personales de los jóvenes denunciados para interponer las denuncias y la falta de transparencia en los cálculos de los supuestos daños causados al patrimonio de la universidad. Sobre este último punto, sin dar mayores referencias, la rectora sostuvo que la responsabilidad estaba calculada en más de 500 mil pesos.
A pesar de que el encuentro fue áspero y que la rectora se mostró visiblemente incómoda, se firmaron compromisos con los estudiantes de esta sede como la rehabilitación de salones, mobiliario y espacios de estudio, contratación de personal docentes especializado, transparencia en el uso y destino del presupuesto para la infraestructura del edificio, transporte universitario y seguimiento a casos de acoso, entre otros.
El viernes 8 de marzo, se sumaron a las protestas contra la criminalización en la universidad más de 2 mil mujeres que salieron a las calles de la capital a participar en la marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer.
El colectivo de mujeres demandó a la Universidad de Guanajuato y a la Fiscalía General del Estado, poner un alto a la criminalización de los siete alumnos y alumnas. Incluso le concedió la voz a dos de las denunciadas para exponer su situación y pedir respaldo.
La respuesta de las mujeres fue unánime, se expresó en consignas como “no están solas” y de manera gráfica con múltiples expresiones de iconoclasia que fueron pintadas en los muros del edificio en la calle Lascuráin de Retana.
Entre los docentes de la Licenciatura en Ciencias Políticas hay preocupación por la criminalización y por todas las situaciones que están ocurriendo en la División de Derecho, pues coinciden en que es el epicentro del poder y la toma de decisiones.
“Han pasado muchas cosas que nos han hecho dudar de que es lo que está sucediendo, no creo que sean ajenas a muchas personas. El cierre que hubo fue extraño y por supuesto lo de la criminalización de los siete estudiantes que obviamente nos tiene muy preocupados nos parece, yo por lo menos puedo hablar por parte mía, no es la forma de tratar de dirimir los conflictos”, resaltó la profesora Vanessa Góngora Cervantes.
Los comentarios los hizo en relación a las especulaciones que se dieron en torno al cierre de la Licenciatura de Ciencia Política o el cambio de sede de la misma y otros eventos que han pasado, como el despido de un profesor de tiempo completo.
Por otro lado, mediante redes sociales, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional emitió este martes una postura sobre la criminalización de los alumnos y pidió a las autoridades de Guanajuato respetar el derecho a la protesta.
Denuncian estudiantes intención de cierre de Licenciatura de Ciencia Política
En medio de la crisis, en la División de Derecho, Política y Gobierno, a la que pertenecen los siete estudiantes denunciados antes el Ministerio Público, la sociedad de alumnos alertó sobre la supuesta intención de autoridades administrativas de cerrar el programa de Ciencia Política o cambiarlo de sede.
De acuerdo con estudiantes de esta licenciatura, los aspirantes que solicitaron admisión para esta carrera universitaria tuvieron problemas para realizar sus registro y a algunos de ellos les aseguraron que el programa no estaba disponible. A otros, les mencionaron que la licenciatura se mudaría a la División de Ciencias Sociales en León.
Uno de los alumnos de este programa, que presentó una postura y un acercamiento con el director de la división, Eduardo Pérez Alonso, aseguró que el tema se discutió internamente y la respuesta sobre el asunto de las autoridades fue que había fallas técnicas en su sistema.
“Históricamente, Ciencia Política ha sido constante al denunciar las injusticias que interpelan a nuestro entorno, por lo que se ha vuelto incómoda para las autoridades…esta situación demuestra la intolerancia de la institución hacia la otredad y cómo está dispuesta a utilizar cualquier medio para silenciar hacia quienes piensan diferente”, señaló el alumno.
Sostuvo además que la situación es un reflejo de que la universidad continúa con las represalias contra los alumnos que participaron en las las movilizaciones de septiembre de 2023 y que están escalando contra el resto de la comunidad estudiantil de la Licenciatura en Ciencia Política.
“El martes 5 de este mes posicionamos nuestro apoyo y solidaridad hacia las y los compañeros demandados y criminalizados, exhortando que reprobamos categóricamente todas las irregularidades y la persecución que han sufrido, nuevamente se deja ver la cara autoritaria de la universidad, que nos recuerda que en estos espacio tenemos que exigir derechos que tendŕian que ser naturales”. Además de los alumnos de Ciencia Política, alumnos de otras sedes en León y Guanajuato lanzaron pronunciamiento de apoyo durante la misma semana.
La oferta de la licenciatura volvió a estar en línea, pero los estudiantes pidieron monitoreo constante de que así permanezca, transparencia en cualquier modificación y compensación para los solicitantes de inscripción, por los días que estuvo inactiva en la plataforma.
Eduardo Pérez Alonso, el director de la división, recibió el documento y luego sostuvo una reunión con la directora del Departamento de Estudios Políticos, Aidé Hernández García.
Aunque antes de esta asamblea, que fue privada, aseguró que se está realizando un rediseño de las carreras que conforman la división: Derecho, Ciencia Política y Administración Pública.
El directivo aseguró que cuenta con datos de que los egresados del programa tienen un 20% de efectividad e inclusión laboral, dando a entender que son pocos los egresados que se contratan en actividades laborales de acuerdo a su carrera.
Pérez Alonso también mencionó que la licenciatura tiene actualmente una matrícula de 150 alumnos. Semestralmente ingresan 35 estudiantes, a diferencia de programas como Historia, Antropología o Sociología que apenas tiene grupos de cinco estudiantes, de acuerdo con información extraoficial brindada por fuentes universitarias.
13 de marzo de 2024, 01:24
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