Desde la negación de la identidad de género, al llamarlas con pronombres masculinos, hasta las agresiones físicas y sexuales, evidencian la ausencia de un protocolo de atención a personas de la diversidad sexual y de género en la Policía Municipal de León, a cargo del secretario Mario Bravo Arrona, y del director de policía Jorge Guillén Rico.

Entre enero de 2020 y junio de 2022, el gobierno municipal destinó 610 mil pesos en cursos de “formación continua” y “formación equivalente” en materia de derechos humanos impartidos por la Academia Metropolitana de Policía. Pese a la inversión en capacitaciones, la policía municipal de León se encuentra nuevamente en la mira, luego de que al menos tres de sus elementos fueron señalados en Asuntos Internos por un grupo de trabajadoras sexuales transgénero por supuesto abuso de poder.

Éstas últimas denunciaron haber sido víctimas de tratos humillantes, así como agresiones físicas y sexuales por parte de los uniformados. Las detenciones ocurrieron la madrugada del sábado 19 de noviembre -en el marco del Festival Internacional del Globo- en las inmediaciones del Parque Hidalgo.

Momento en que un grupo de mujeres son sacadas a la fuerza de un establecimiento para ser detenidas.

Las detenciones fueron grabadas y transmitidas en vivo por una de las víctimas, identificada como Vanessa Vázquez, quien de manera habitual documenta sucesos de su jornada laboral a través de sus redes sociales. Según la boleta emitida por el juzgado cívico de Cepol Poniente, los elementos implicados son Araceli Fernández Chaparro, Juan Simón Cuevas Hernández y Daniel Castillo Caudillo.

“En una pirámide siempre vamos a estar abajo”, lamentó Vanessa Vázquez, y recordó que la presencia de las mujeres trans en el trabajo sexual es también una consecuencia de la discriminación y los prejuicios que las dejan fuera del mercado laboral. “Muchas de las veces por eso recurrimos a las calles, la gente no nos da la oportunidad de conocernos más allá, dicen que somos hombres vestidos de mujer”, explicó.

Este martes, Vanessa habló ante los medios de comunicación, antes de acudir al módulo de Asuntos Internos para ratificar la queja en la carpeta de investigación 381/22PM, abierta tras la difusión de las agresiones por instrucción de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez.

Las supuestas agresiones fueron condenadas a nivel nacional por la coalición de organizaciones de la diversidad sexual y de género LGBT+ Rights. Pero también visibilizaron la necesidad de este sector por recibir de las autoridades y de la sociedad el reconocimiento al trabajo sexual.

“Por estas cosas yo me fui de León”, lamentó Vanessa Vázquez, al recordar que el abuso de autoridad contra las personas que ejercen la prostitución es un problema de años atrás. Sin embargo, son las mujeres trans que ejercen este oficio quienes constantemente son víctimas de tratos humillantes por parte de los policías municipales al momento de las detenciones.

“Lo que quiero es que ya se acabe este abuso de las autoridades (...) No es de hoy ni de ayer, viene desde hace mucho tiempo. Había un antro que se llamaba la Madame y yo empecé a trabajar ahí y desde ahí viene el abuso, lo que quiero es que pare el abuso hacia las mujeres trans”.

El “comercio carnal” es la falta administrativa que la policía municipal utiliza para detener a las trabajadoras sexuales, y está clasificada dentro de las faltas “que atentan contra la integridad o dignidad de las personas o las familias” en el Reglamento de Policía y Vialidad de León. Sin embargo, durante la privación de la libertad, las personas son agredidas física y psicológicamente, principalmente cuando se trata de personas transexuales que ejercen la prostitución.

“Una cosa es que es una falta administrativa, entiendo, pero ya el abuso de poder de ellos, pero llegan y te detienen por la falta administrativa pero física y psicológicamente te agreden, te hablan en masculino”, dijo Vanessa.

Durante las detenciones documentadas la madrugada del sábado 19 de noviembre, una de las víctimas identificada como Tania fue golpeada, ahorcada y obligada a desnudarse en la parte trasera de la cabina de la patrulla. En una transmisión tras salir de Cepol, y luego de pagar fianza, Vanessa explica cómo fueron amenazadas de ser golpeadas, incluso, uno de los elementos le escupió en la cara durante el trayecto a la comandancia.

Vanessa y otra de las mujeres afectadas acudieron a la Prodheg a presentar una queja por la actuación de los policías municipales. Foto: Especial

En el video otra de las mujeres identificada como Grecia explica cómo “tiro por viaje” los elementos las obligan a ingerir bebidas alcohólicas para detenerlas por “faltas contra la tranquilidad y bienestar de las personas”. También denunciaron cómo -con la justificación de revisarlas- las obligan a desnudarse.
La versión de la SSPyPC afirma que las siete mujeres fueron detenidas “por alterar el orden público” durante un recorrido de vigilancia.

“Oficiales de Policía observaron a varias personas discutiendo y gritando en la calle, sobre el bulevar Adolfo López Mateos, a la altura de la calle Julián de Obregón. Al tratarse de una infracción al artículo 10 fracción II del Reglamento de Policía y Vialidad para el municipio de León, Guanajuato, los oficiales arrestaron a 7 personas”.

El comunicado oficial también niega que alguna de las detenidas haya manifestado haber sido agredida por los uniformados, o hayan presentado lesiones o golpes de reciente evolución.

Además de la queja ante Asuntos Internos, Vanessa presentó una queja en la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, a la cual se suma otro expediente por un caso de agresiones contra trabajadoras sexuales trans que ocurrió hace tres meses.

Durante la sesión de ayuntamiento de este jueves, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez ofreció una disculpa pública a las cinco mujeres trans que fueron privadas de su libertad, pero también hizo un llamado de atención a los uniformados. La exigencia de la edil pasó de largo a los responsables de la corporación: Mario Bravo Arrona y Jorge Guillén Rico.

"Nuestros policías están para servir y proteger, y desde aquí le digo a nuestros elementos de seguridad: los hemos apoyado, les hemos mejorado el sueldo, los hemos equipado mejor, hemos mejorado sus prestaciones laborales, pero también el nivel de exigencia es mayor. Los seguiremos capacitando para evitar violaciones a los derechos humanos, porque nos debemos a la ciudadanía y ellos son nuestra prioridad".

Mujeres trans, en el peor de los escenarios

“Uno se siente una basura, se siente mal, que no vale nada como persona, no sé dónde están los derechos humanos, dónde está la justicia (...) Tenía mucho miedo de lo que hice, pero me armé de valor y dije si quiero que esto termine lo tengo que hacer”, explicó Vanessa.

En un posicionamiento, las organizaciones exigieron a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, al secretario de seguridad Mario Bravo Arrona, y al titular de la corporación, Jorge Guillén Rico, una investigación exhaustiva de los hechos, capacitaciones para los elementos municipales y la suspensión inmediata de los policías implicados. Las capacitaciones deberán estar enfocadas en el respeto a los derechos de las personas de la diversidad sexual y trabajadoras sexuales.

Vanessa Vázquez. Foto: Melissa Esquivias

Una noche después de la detención, nuevamente elementos municipales acudieron a la zona donde Vanessa y otras mujeres trabajan. Los elementos le pidieron retirarse del lugar o de lo contrario sería arrestada, pero esta vez no procedieron.

Vanessa aseguró que ante los abusos de autoridad, las trabajadoras sexuales de la comunidad trans no dan seguimiento a las denuncias “por miedo”, pues deben volver a su lugar de trabajo donde nuevamente se topan con la autoridad policial.

“Yo quiero luchar para que se acabe ésto y para cuando venga a León salir libremente, apenas salgo a la calle y ya ando con dolor de panza, de que ya me van a agarrar, me van a llevar o me van a quitar mi dinero”.

Ilustración: Pinche Einnar

Al respecto, el secretario de ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, aceptó que las capacitaciones a elementos de seguridad pública “no han sido suficientes”. Sería a través de un convenio con la Prodheg que se solicitará reforzar a la corporación en materia de derechos de las personas de la diversidad sexual y de género.

“Se requiere desde la forma en que uno se dirige, reconocerles su calidad, volver a personas y tienen la misma dignidad que todos nosotros. No solo para los policías, sino para todos los servidores públicos, me incluyo, nos hace falta capacitarnos en temas de género”.

Sin voluntad para regular el trabajo sexual

En entrevista a medios, el activista Juan Pablo Delgado recordó que hace más de un año, durante encuentros con ex candidatos a la presidencia municipal, planteó a la entonces alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos la necesidad de regular el trabajo sexual en León. La urgencia también fue planteada sin éxito por la regidora de Movimiento Ciudadano, Lucía Verdín, para ser incluída en el Plan de Gobierno.

“Una de las sugerencias fue que de manera inmediata se le instruyera a la corporación de policía dejar de acosar a las personas trabajadoras sexuales, si no lo sabía pues ya lo sabe (...) Qué bueno que la presidenta municipal se haya manifestado, pero se necesitan acciones para que esto no se repita”, declaró.

Delgado Miranda, quien desde la organización Amicus acompaña el caso de Vanessa y sus compañeras, puso como ejemplo el caso de Chihuahua, en el que la ex alcaldesa y actual gobernadora del estado con el mismo nombre, Maru Campos, puso en marcha un programa para entregar despensas a trabajadoras sexuales durante la contingencia sanitaria por Covid-2019.

“No es un tema que sea ajeno siquiera a los partidos políticos y en particular al partido Acción Nacional, hay personas que se dan cuenta de las problemáticas y las atienden”.

Juan Pablo Delgado Miranda. Foto: Melissa Esquivias

De acuerdo con información de la Dirección de Salud municipal, actualmente no existe un programa o campaña específica para dar orientación en derechos sexuales y reproductivos, así como de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Tampoco existe un censo o registro de personas que ejercen la prostitución, como en el caso de las personas en situación de calle. Mensualmente, la dirección atiende entre 25 y 30 personas trabajadoras sexuales que acuden de manera voluntaria para recibir chequeos o atención médica.

En entrevista a medios de comunicación, el secretario de Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, aseguró que en León “existen de facto zonas de tolerancia” para ejercer el trabajo sexual y que las personas dedicadas a este oficio son detenidas “por escandalizar y beber en la vía pública”. Este oficio continúa clasificado como una falta administrativa en el reglamento de Policía y Vialidad.

“He escuchado durante muchos años que en la Miguel Alemán, que el Malecón del Río, existen, lo que no hay es un mapa, creo que es algo que ellas están solicitando (...) El reglamento es ambiguo en esa parte. No las han sancionado por eso, lo que tengo entendido es que es por escandalizar en la vía pública, por beber en la vía pública y eso es lo que ha detonado y lo que genera inconformidad”.

Jorge Jiménez aseguró que las víctimas de este abuso de poder reciben el acompañamiento de la secretaría de ayuntamiento para presentar sus quejas en asuntos internos, pero no ha habido manifestaciones que anuncien medidas de no repetición que implicarían la regulación del trabajo sexual.