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Se agrava acometida contra policías mientras gobierno evade problemática en foros sobre paz
Luego de unos meses desplazado por entidades como Zacatecas, el estado volvió a situarse como la entidad más peligrosa para agentes de corporaciones en el país, con una serie de ataques de Celaya, Irapuato, Juventino Rosas, Valle de Santiago, León y San Francisco del Rincón.
Con información de Edith Domínguez
Atacados y amenazados por grupos criminales y delincuentes, mientras enfrentan condiciones precarias para laborar, policías de varios municipios se suman a la ya larga lista de elementos de corporaciones asesinados en el estado, por lo que expresan su miedo y protestan para exigir garantías laborales, equipamiento y protocolos que, de acuerdo con expertos, ayudarían a prevenir que se encuentren bajo fuego.
Mientras tanto, el gobierno estatal opta por organizar foros para hablar de paz, en el sexenio más sanguinario de la historia moderna de Guanajuato.
La entidad lidera los decesos de policías municipales a nivel nacional, seguido por Zacatecas -17- y Chihuahua -16-; de enero a junio del 2023, hasta hoy Guanajuato registra 37 agentes caídos, cuatro más que en 2022 durante el mismo lapso de tiempo. En los primeros meses del año, Zacatecas había encabezado las agresiones contra corporaciones, pero pronto fue alcanzado y rebasado por esta entidad.
En los mismos días en que se desencadenó una nueva serie de ataques en contra de agentes preventivos, particularmente en Celaya -pero que se extendieron a otros municipios- se realizaba un evento ampliamente promovido por el gobierno del estado, el primer “Encuentro Iberoamericano de Voces por la Paz”, en el que se evadieron por completo las problemáticas locales.
Como panelistas y moderadores fungieron funcionarios como Antonio de Jesús Navarro Padilla, director general del Instituto para el Desarrollo de Atención a las Juventudes del Estado; Alan Sahir Márquez, titular de la Coordinación General de Comunicación Social y el jefe de prensa del gobernador, Claudio Blanco. Ninguno habló de la inseguridad y la violencia que impera en el estado.
Al encuentro acudió el alcalde Javier Mendoza, jefe de una corporación que se encuentra en crisis, pues no solo se ha convertido en el blanco de los criminales, denuncias de abusos de autoridad, tortura, detenciones arbitrarias y amenazas de grupos delictivos cercan a la institución.
Tras la publicación de un video con mensajes amenazantes hacía el departamento de policía y un violento fin de semana, el alcalde apenas atinó a sugerir que sus agentes “parecen estar bajo ataque”.
El secretario general del Sindicato Nacional de Policías, Rodolfo Basurto, afirmó en entrevista que tras los constantes atentados existe temor entre los policías celayenses, mientras que el investigador e integrante de Causa en Común, Luis Carlos Sánchez, aseguró que la serie de ataques solo demuestran la impunidad con la que actúan los criminales y dejan en evidencia la falta de protocolos de seguridad para evitar más agresiones.
Tanto Basurto como Sánchez coinciden en que estos ataques se intensificaron a partir de la divulgación de un video en donde se lanzaban mensajes amenazantes en contra de los elementos de Seguridad Pública.
En Valle de Santiago, tras el asesinato de un policía el 27 de mayo, agentes de ese municipio alzaron la voz revelando que trabajan sin prestaciones de ley y con un seguro de vida que no cubriría las necesidades de sus familias en caso de fallecer.
Frente al alcalde Alejandro Alanís, los uniformados expresaron el miedo a ser asesinados y dejar a sus familias desamparadas, así como que son víctimas de amenazas, a lo que el primer edil respondió con un “yo también”.
Celaya: epicentro de ataques
Las agresiones comenzaron contra casetas de policía, escalaron a enfrentamientos y después a ataques directos cada vez más violentos.
De marzo a junio se han contabilizado al menos 11 atentados contra elementos de seguridad pública. De estos ataques siete elementos han fallecido, tres de ellos en una semana; colocando a Celaya como la ciudad de mayor riesgo para ser policía.
Tras la ola de ataques, el alcalde Javier Mendoza Márquez declaró que existe miedo entre los policías y que serán removidas las casetas para evitar más atentados, además de reconocer que es necesario un cambio en las estrategias de seguridad, en especial en el caso de la policía que “parece estar bajo ataque”.
De los atentados contra los uniformados, cinco fueron emboscadas, cuatro sucedieron al interior de sus domicilios, otros cinco de ellos fueron cometidos mientras estaban en su día de descanso.
Sin embargo, los ataques no solo se han centrado en los uniformados. La mañaña del 15 de junio el director jurídico de la Secretaria de Seguridad fue alcanzado por la criminalidad y falleció tras un ataque armado.
Policías a dos fuegos
Desde la llegada de Jesús Rivera Peralta a la secretaría de seguridad en octubre del 2021, exagentes federales comenzaron a integrarse a la corporación, con la consigna de buscar mejores resultados en materia de seguridad.
Pero de acuerdo con algunos agentes municipales, desde la llegada de los llamados “fedepales”, éstos comenzaron a hostigar laboralmente a sus compañeros.
“Para forzarnos a darnos de baja, nos mandaban a patrullar desarmados y en ocasiones solos”, explicó un expolicía que por temor a represalias pidió omitir su nombre.
De acuerdo con el secretario general del Sindicato Nacional de Policías, Rodolfo Basurto, este acoso se dio para liberar plazas y contratar más exfederales.
“Los compañeros tienen temor, de hecho algunos decidieron mejor darse de baja, tanto por la cuestión del riesgo por parte del grupo delictivo, como por parte de los mismos compañeros de la Policía Federal”, explicó Basurto.
Para el secretario del sindicato, el que los gobiernos municipales o estatales nombren a un exmilitar o expolicía federal como titulares de las corporaciones marca la pauta para que estos llamen a su gente para colocarlos en los mandos y comiencen los abusos contra los compañeros que ya formaban parte de la institución.
“Nosotros hemos estado tratando de impulsar para que se consolide un auténtico Servicio Profesional de Carrera Policial, que se garantice a través de mecanismos democráticos la elección de los titulares en base a sus capacidades, pero en ningún lado lo hacen”, aseguró el secretario.
Mientras que para el investigador de Causa en Común Carlos Sánchez son los controles de confianza un mecanismo por el cual todos los agentes deben atravesar.
“Muchos de los policías a veces tienen el certificado policial vencido y otros no han estado preparándose en base a las necesidades de la corporación”, explicó el investigador.
Para Rodolfo Basurto, los ataques contra los uniformados iniciaron después de las denuncias contra los “fedepales”, por abuso policial, enseguida difundieron un video en donde amenazaban a los agentes y los ataques comenzaron.
De acuerdo con el investigador e integrante de Causa en Común, Luis Carlos Sánchez, las constantes agresiones contra agentes de seguridad solo denotan la inmunidad con la actúan los delincuentes.
“Se manda un mensaje de impunidad por parte de las autoridades al no esclarecer los casos y siguen asesinando a policías”, explicó Luis Carlos.
En cuanto a la implementación de medidas para prevenir ataques, Carlos Sánchez mencionó que la constante capacitación y dotación de herramientas son un elemento fundamental.
“Si sabes que los civiles armados tienen una fuerza armamentística superior a la tuya no es posible que tú intentes o pretendas hacer contra fuego con tus insumos que son drásticamente más reducidos que los de los civiles armados”, puntualizó Carlos Sánchez.
Paro policial exhibe precariedades en Valle de Santiago
Han asesinado a siete policías en un año en Valle de Santiago, el último fue el jueves 31 de mayo, mismo día en que la reacción fue un paro laboral de la Preventiva y reclamos al alcalde Alejandro Alanís, de extracción panista .
Hay miedo en la corporación, miedo de ser los siguientes elementos asesinados al estar desarmados, y miedo de dejar desamparados a sus hijos e hijas, con un seguro de vida de 250 mil pesos, con una vivienda en renta al no tener el beneficio de Infonavit, y en trámites burocráticos engorrosos que solo alargan el tiempo para recibir sus beneficios económicos como el finiquito o la ayuda de gastos funerarios, que dentro de meses o quizás años la familia recibirá.
Los policías de Valle reciben 6 mil 800 pesos libres cada quincena por laborar turnos de 24 horas y por 48 de descanso, tiempo que ahora, ante los ataques a sus compañeros, lo dedican a cuidarse. El gobierno municipal quiere obligar a regresar a algunos de los preventivos que han sufrido lesiones graves por estas agresiones, o en su caso, dejar la plaza que ocupan para alguien más.
“Tenemos miedo”, dicen, porque algunos agentes siguen recibiendo amenazas por llamadas telefónicas, mensajes de texto, en cartulinas o mantas.
Valle de Santiago destina 15 agentes de policía por turno para cuidar a un poco más de 150 mil habitantes (de acuerdo al Censo de Población y Vivienda realizado el 2020), en unidades en condiciones deplorables: puertas caídas, llantas inservibles; algunas, como la última patrulla exhibida como la “nueva unidad de género”, la administración solo la pintó y rotuló.
El parque vehicular de la corporación consiste en ocho unidades, tres de ellas, “las más nuevas”, las usan el director de policía Pedro Martínez; el subdirector y el coordinador operativo José Yerena Conejo con sus escoltas. De las cinco restantes, una patrulla está destinada a las 147 comunidades rurales, y las últimas cuatro recorren la zona urbana.
Mientras que los agentes en motocicleta han tenido que pagar de su dinero cadenas y otros implementos y servicios porque en el taller mecánico no tienen refacciones. Otros agentes han comprado incluso sus esposas o fornituras, denunciaron frente al acceso principal de presidencia dónde el alcalde Alejandro Alanís se vió obligado a escucharlos por el paro laboral.
Estas fueron algunas de las exigencias que presentaron en una protesta efectuada ante el Palacio Municipal:
Se les brinde seguridad; resguardarlos en el trayecto a sus casas al término de sus turnos o buscar alternativas como la portación de sus armas de cargo en todo momento, porque en el trayecto a sus viviendas han sido atacados y asesinados. En otros casos han llegado hasta sus hogares, de donde los han privado de su libertad y posteriormente de sus vidas.
Se les incremente el seguro de vida, porque con los 250 mil pesos no es suficiente para dejar aseguradas a sus familias.
También se demandaron becas escolares para los hijos de los policías caídos; que los apoyos económicos de los sepelios se los entreguen en el momento que se requiere y no después de meses; que sea revisado el salario, porque es de los más bajos en el estado y se les permita cotizar en el IMSS para contar con una pensión al retirarse, así como que puedan acceder a créditos de Infonavit u otra alternativa de vivienda accesible.
En cuanto a los insumos de trabajo, los policías pidieron que se mejore el parque vehicular, se cuente con un buen proveedor de refacciones y servicios preventivos, se les dote de uniformes a los elementos dos veces al año y éstos sean de mejor calidad que los actuales.
Los policías de este municipio comenzaron a recibir amenazas a través de lonas y cartulinas; luego por mensajes en los teléfonos particulares, a algunos otros elementos los han visitado en sus casas. Han hecho de conocimiento de estas amenazas a los mandos de la policía, pero nada ha pasado.
“Lo primero es que cualquier malandro sabe dónde vives, saben quién es tu familia, tus hijos, a qué hora sales, por dónde sales, cuál es tu vehículo, por eso los matan así de fácil”, contó a Poplab un policía activo.
La agente Concepción se sostiene con un bastón y a pesar del dolor se unió al paro laboral de los policías para hacer visible las condiciones en las que laboran sus compañeros y el hecho de que los policías heridos en diversos enfrentamientos con integrantes de la delincuencia organizada han sido abandonados.
“En 2017 tuvimos una emboscada a la salida de (Valle de Santiago) a Morelia” recuerda Concepción. “Gracias a Dios estoy viva…..en esa emboscada fuimos seis lesionados”. Hoy los médicos no se pueden explicar cómo es que camina, porque sufrió fractura de la cervical C6 a la T1 , la ruptura de la raíz nerviosa y daño medular.
A Concepción le quedaron fragmentos de las balas que le dispararon en la espalda y sufre las secuelas; trata estar erguida y relata que tras el ataque y sus lesiones fue pensionada con el IMSS al 70%, el resto de su sueldo se lo da el municipio, dice ignora por qué.
Algunos de sus compañeros heridos fueron obligados a regresar a labores y después buscaron pretextos para despedirlos, por lo que teme que ese sea su destino. “El 17 de febrero me mandó llamar recursos Humanos junto con la licenciada Mercedes, del área administrativa de la corporación, para decirme que si podía regresar a trabajar o si podía liberar mi plaza”. Y aunque ha considerado hacerlo, su situación de salud no se lo permite. “¡Realmente usted me ve!”. Por el esfuerzo de caminar, al día siguiente no se puede mantener en pie.
“Estoy aquí hoy porque estoy peleando mis derechos de pensión”, expresó.
Policía caído, familias fracturadas
“Hace ocho meses mataron a mi hermana, tenía 37 años, era policía”, es la historia que cuenta María, quien ingresó a la Policía de Valle el 10 de octubre del 2012 por el ejemplo de su hermana, “la mejor (policía) que ha tenido la corporación, detención tras detención” dice orgullosa. Ante el asesinato de una de las personas que más quiere sigue de pie, pero a veces duda en seguir su vocación.
Su hermana fue madre soltera -al igual que ella-, dejó tres hijos de 20, 16 y de 14 años; los dos mayores estudian pero no cuentan con una beca o apoyo escolar del municipio. La menor tuvo que dejar la secundaria porque el día que atacaron y asesinaron a su madre, se encontraban juntas. La niña recibió un impacto en la cabeza. “No hay apoyo de nada” de la administración local, dice María, y cuenta que los tres jóvenes están bajo la tutela de otra de sus hermanas.
Después del ataque en el que murió la agente, la administración de Alejandro Alanís ofreció a los deudos material para que levantaran “unos cuartos” en un terreno familiar, pero no han recibido nada.
“Yo le decía, ‘cuando las cosas estén mal’, no nos lo van a agradecer” y así pasó, dice María.
Además, uno de los policías caídos recientemente era pareja sentimental de María. “Me quitaron lo que yo más quiero, me quitaron a mi hermana, me quitaron a la persona que yo más quiero aparte de mis hijas, me quitaron todo, ya no hay nada”.
Como policía tercero, María gana 7 mil 100 menos impuestos por quincena, tiene 5 hijos y acudió a la manifestación porque no quiere correr la misma suerte que su hermana, pensar que ella podría ser la siguiente que falte en su hogar; “también nuestras familias están en riesgo” al quedarse desamparados.
A otro de sus compañeros “lo han ido a buscar varias veces a su casa personas equis. Le decimos nos vamos contigo, te acompañamos, ya no queremos más policías caídos”.
Después del asesinato de los dos policias en agosto pasado, los elementos se reunieron con el alcalde Alejandro Alanís; desde entonces solicitaron vestidores, mejorar el parque vehicular, las instalaciones, los sueldos, así como el seguro de vida, más equipamiento, becas para los hijos, un plan operativo. Ahí les dijeron que si les ayudarían, pero no hubo acciones.
En la nueva protesta, los policías hicieron las mismas demandas y solicitaron también la destitución del coordinador operativo “porque sólo trabaja de las 6 de la tarde a las 2 o 3 de la mañana” pero “ni nos acompaña”.
Cuando varios agentes de policía y protección civil le denunciaron al alcalde que “han sido amenazados”, la respuesta del presidente fue “a mí también”.
Ante esa protesta, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo respondió negando que se tratara de una movilización general y dijo que se trataba de "unos elementos que están pidiendo algunas prestaciones laborales".
"Es un tema municipal, ya estuvimos en contacto con el alcalde, no es toda la policía, son unos elementos", aseguró.
Consideró que para que un municipio tenga una policía fortalecida debe apostarse al aumento de los policías; incluso, se puso como ejemplo de los gobiernos municipales al señalar que desde la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se ha aumentado el salario de los efectivos.
"Hemos dicho con los alcaldes ¿qué requieren? Les hemos dado ya más de 1 mil millones de pesos en lo que va del sexenio en fortalecimiento de las policías municipales, y si tenemos que seguir fortaleciendo el salario de los policías, lo seguiremos haciendo".
Rodríguez Vallejo sostuvo que una de las peticiones más recurrentes a todos los alcaldes y alcaldesas es que mejoren el sueldo de sus policías municipales para evitar que dejen las corporaciones.
"Hay que seguir trabajando en los protocolos de atención, yo espero que en el futuro no tengamos ningún policía asesinado, al contrario, una policía cada vez más fuerte", terminó diciendo en aquella ocasión. Pronto sus palabras quedarían rebasadas por más asesinatos que evidencian la vulnerabilidad de estas corporaciones.
Voces por la Paz: utopía estatal
El Encuentro Iberoamericano Voces por la Paz, que se llevó a cabo en la ciudad de León el 1 de junio fue anunciado y promovido por el gobierno del estado como parte de su agenda, suponía un espacio para hablar de unos de los grandes pendientes de la administración estatal: la recuperación de la paz en Guanajuato.
Pero no fue así, a horas de iniciar el evento, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo canceló su asistencia y envió al secretario del gobierno del estado, Jesús Oviedo, para la apertura del evento en donde la situación de Guanajuato estuvo ausente.
En el foro organizado por la asociación civil SoiPaz, convergieron funcionarios de alto nivel como: Juan Aguilera Cid, director general de tv4; el director general del Instituto para el Desarrollo de Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato, Antonio de Jesús Navarro Padilla y Alan Sahir Márquez, titular de la Coordinación General de Comunicación Social del estado; estos dos últimos fungieron como panelistas en el evento mil Jóvenes por la Paz.
A esta última actividad asistieron cientos de jóvenes de distintos puntos del estado, quienes revelaron que el gobierno del estado pagó el transporte para que acudieran.
El evento dejó de lado las problemáticas locales. Los conferencistas Andrés Pastrana, Shirin Ebadi, Premio Nobel de la paz en 2003; Alberto Peláez, periodista presentado como corresponsal de guerra y Gonzalo Cáceres, CoFundador de Deutsche Welle TV, centraron sus charlas en el panorama internacional.
La organización SoiPaz presentó a las panelistas nacionales pero que laboran en el extranjero como Grecia Carrillo, Lucero Amador, Paulina Villegas y Gisela Orozco, quienes brindaron una conferencia enfocada totalmente a la dinámica de los latinos en EUA.
Fue el público asistente, en su mayoría de otros estados, el que hizo cuestionamientos sobre cómo brindar un mensaje de paz cuando se vive en el país en donde más periodistas han asesinado, cuestionamiento que incomodó notablemente a los organizadores y a la que los panelistas contestaron de manera general, argumentando que “no es una situación exclusiva de México”.
14 de junio de 2023, 14:52
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