Con información de Verónica Espinosa y Yajaira Gasca

Casi 8 años después de la desaparición forzada y el posterior asesinato de José Salvador Cárdenas Fuentes en marzo de 2017 a manos de militares de un regimiento de la XII Región Militar, su familia recibió una disculpa pública por parte de la autoridad militar, sin ir más allá de la sentencia emitida por la autoridad judicial.

La disculpa, realizada en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, es parte de la sentencia del juicio de amparo 241/2017, resuelta por la jueza Karla Macías Lovera, titular del Juzgado Noveno de Distrito con sede en Irapuato. Quedó firme luego de pasar a otras instancias del Poder Judicial Federal, pues la Secretaría de la Defensa Nacional interpuso varias impugnaciones que finalmente fueron desechadas.

El mensaje fue emitido por el general de brigada Vicente Pérez López, comandante interino de la Décimo Segunda Región Militar y por Marco Antonio Ramírez Tenorio, comandante del octavo Regimiento blindado de reconocimiento, pero en ausencia de la familia de la víctima, que no acudió al acto por temor a represalias.

Uno de los elementos contundentes para acreditar los abusos y violaciones a derechos humanos contra Salvador y su familia fue la localización de las coordenadas geográficas del teléfono celular del joven, el cual permaneció encendido y fue ubicado en instalaciones militares en Irapuato y en Guanajuato capital.

Salvador, de 19 años, fue víctima de desaparición forzada el 17 de marzo de 2017. Militares lo detuvieron mientras se encontraba en una moto por una calle de su comunidad, Rancho Nuevo del Llanito, esperando a un primo que lo acompañaba y con el que se dirigía a la comunidad de La Calera para recoger a su novia y después ir a un baile.

Foto: Yajaira Gasca acto de disculpa pública para la familia de Salvador

El primo de Salvador había ido al baño entre unos sembradíos cercanos y cuando regresaba lo escuchó gritar pues soldados lo interceptaron sin razón aparente, por lo que corrió y logró ocultarse y ponerse a salvo al escuchar disparos. Después de este incidente, la familia del joven ya no supo nada de él.

Denunciaron su desaparición al día siguiente ante las autoridades y lo buscaron en cárceles y en sedes militares, en donde les negaron saber del paradero del joven.

Sin embargo, el cuerpo de Salvador fue encontrado con un disparo en la cabeza en una carretera cerca de donde fue visto por última vez, el 24 de marzo, siete días después de que los soldados lo interceptaron.

Según informes oficiales, en 2017, cuando ocurrieron estos hechos, la Sedena realizaba la "Operación Jabalí" contra el robo de combustible o "huachicol", que estaba en apogeo en Guanajuato. Se aseguraron vehículos y contenedores de combustible, se registraron ubicaciones de tomas clandestinas, pero el Ejército no presentó a ninguna persona ante la Fiscalía por estos operativos.

Pese a que se llevó a cabo el acto de disculpa, la investigación sobre la desaparición forzada de Salvador debe continuar, pues en la sentencia se estableció que la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de la República debe concluir el caso, detener a los culpables y presentarlos para que sean procesados y sentenciados.

Escrupulosa disculpa frente a ausencia familiar

“La comandancia de la Décima Segunda Región Militar reconoce públicamente la responsabilidad del personal militar en la violación de los derechos humanos de José Salvador Cárdenas Fuentes, derivada de su incomunicación, detención arbitraria, desaparición y muerte", leyó en un mensaje público Vicente Pérez López, comandante interino de la Décima Segunda Región Militar.

En la Alhóndiga de Granaditas, en un pequeño espacio en el que se colocaron varias decenas de sillas, apenas unas cuantas estaban ocupadas por autoridades militares, un representante del Centro Nacional de Inteligencia y el titular de la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, Juan Mauro González.

El mando interino mencionó que el mensaje daba cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo 241/2017 por la violación de los derechos humanos de Salvador. La disculpa se extendió también a su madre, María de la Luz Fuentes Caudillo.

En la sentencia se estableció la disculpa, el reconocimiento de la dignidad de Salvador, la violación de sus derechos humanos y la mención explícita de su madre como víctima. Todos estos elementos fueron incluidos en el mensaje emitido por el comandante militar.

En un mensaje de apenas unos minutos, resaltó los graves daños causados a la familia del joven irapuatense de 19 años de edad. Dijo que la disculpa se ofrecía con convicción y sin condiciones.

"Quiero expresar a la señora María de la Luz Fuentes Caudillo que sé lo doloroso que significa la ausencia de un hijo, por lo que este acto tiene la finalidad de contribuir a reivindicar esta pérdida tan grande… no es solamente un acto simbólico, sino un compromiso firme para que la actuación del personal militar se realice conforme al marco legal establecido en nuestro país", resaltó.

Sostuvo que entre el personal militar se está reforzando la cultura humanista, "basada en una conciencia social, en la que el respeto por la dignidad y los derechos humanos son fundamentales. Con esta convicción, trabajamos con autoridades de los tres órdenes de gobierno con el fin de brindar paz y seguridad a los mexicanos, para que sigan confiando en sus fuerzas armadas".

Al mismo tiempo, como se dispuso también en el fallo definitivo del amparo, se expresó el compromiso de no repetición.

"Con este acto no solamente se busca cumplir con la medida de satisfacción ordenada por la autoridad judicial, sino hacer patente nuestro compromiso con la sociedad de respetar de manera irrestricta los derechos humanos", añadió Pérez López.

El comandante del Octavo Regimiento Blindado de Reconocimiento, Marco Antonio Ramírez Tenorio, emitió el mismo mensaje, con algunas variaciones, como la aceptación expresa de la responsabilidad del regimiento sobre las violaciones cometidas contra Salvador.

En ausencia de la familia del joven, representantes de la Plataforma por la Paz y la Justicia ofrecieron también un mensaje público, en el que recordaron que en México y en Guanajuato existe una crisis generalizada de desapariciones.

Foto: Yajaira Gasca

De hecho, informaron que, hasta la fecha, suman 121,275 personas desaparecidas o no localizadas, según el Registro Nacional, y lamentaron que, en el país, cada 40 minutos desaparezca una persona.

"Este acto de disculpa pública es un primer paso, logrado gracias a un amparo, a la lucha de la familia y al trabajo de una jueza que debería ser la norma y no la excepción. La restitución con vida ya es imposible. Lo que sí es posible es imaginar un camino de reparación, siempre limitado, doloroso, pero necesario. Imaginar un tejido social que resiste y cambia para bien", dijo Fabrizio Lorusso, investigador e integrante de la plataforma.

Habló sobre los sueños truncos del joven y pidió solidaridad, memoria y verdad para las víctimas de la violencia, el olvido y el estigma, que, dijo, muchas veces acompaña a personas inocentes.

"La reparación es un proceso largo, que apenas comienza con el reconocimiento público de un abuso de la autoridad, de una grave violación a los derechos humanos en contra de José Salvador, y que continúa con el reconocimiento de su honradez y alegría, con la restitución de su historia y de su nombre, de sus actos dadivosos y de sus proyectos truncos, que merecen memoria, respeto y justicia", resaltó.

De camino a un baile: militares desaparecen a Salvador

Salvador estaba a punto de cumplir 20 años. Era parte de una familia que se dedicaba a las labores agrícolas. Le gustaba el baile y el fútbol; una vez intentó cruzar la frontera para llegar a los Estados Unidos, como lo había hecho su padre en su momento.

El 17 de marzo, el día en que desapareció, se dirigía junto con sus primos a la localidad de La Calera, ubicada sobre la carretera federal Irapuato-León. Había salido de su casa en la comunidad de Rancho Nuevo dell Llanito en una motocicleta; eran alrededor de las 6 de la tarde.

La idea del grupo de jóvenes era llegar a La Calera para recoger a la novia de Salvador, ya que tenían pensado ir a un baile. Sin embargo, él nunca llegó a su destino. En el camino, dos jeeps con soldados los alcanzaron, pues se habían detenido para que uno de los muchachos pudiera orinar entre los sembradíos.

Fue precisamente este joven quien vio cómo los militares, quienes portaban unas tablas, interrogaban y golpeaban a Salvador, por lo que corrió para ponerse a salvo. Se metió por un río, escuchó a uno de los soldados gritar: “¡Tírale!” y luego oyó varios disparos.

Uno de los primos y vecinos de la zona dieron testimonio de que ese día escucharon gritos que decían: “¡Córrele, que te van a cuerear!”. Los padres de Salvador fueron avisados de lo ocurrido y salieron a buscarlo esa misma noche y la madrugada siguiente.

Acudieron a buscarlo también al Centro de Reinserción Social y a instalaciones militares, donde les dijeron que no sabían nada del joven, según los testimonios recabados y descritos en la sentencia del juicio de amparo.

Ilustración: Juan José L. Plascencia

Los padres de Salvador denunciaron la desaparición forzada de su hijo e interpusieron este recurso, en el cual la jueza Karla Macías determinó la responsabilidad de los militares en cuanto a la desaparición del joven, la privación ilegal de su libertad y su incomunicación.

El cuerpo del joven fue encontrado el 24 de marzo, una semana después de los hechos, con una herida de bala en la cabeza, entre la maleza en la carretera federal 45 Irapuato-Salamanca.

Niega Ejército participación, pruebas incriminan

Las autoridades de la XII Región Militar y del Octavo Regimiento sostuvieron todo el tiempo que no tuvieron nada que ver con la detención y desaparición de Salvador, pero hubo testimonios y pruebas que demostraron lo contrario.

Una de estas pruebas fueron las coordenadas obtenidas a través de la ubicación geográfica del teléfono celular de Salvador, las cuales coincidieron con una zona de la ciudad donde se encuentra un destacamento militar.

Para integrar el caso, el Juzgado Noveno también solicitó sábanas de llamadas y videograbaciones de algunos sitios ubicados dentro de las coordenadas encontradas por el teléfono de Salvador. Además, se requirieron informes y se efectuaron diligencias de búsqueda ante diversas instancias militares y civiles.

Debido a la cercanía con los ductos, se solicitó información a Pemex y a otras empresas de la zona. Incluso, la jueza asentó que se pudo corroborar que militares acudieron indebidamente a “tomar declaraciones” de algunos testigos del caso, cuya identidad fue protegida, por lo que señaló violaciones al Código de Justicia Militar.

La sentencia de la jueza, quien falló a favor de la familia de Salvador, fue revocada en 2021 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito en Guanajuato. Esta resolución implicó la reposición de todo el proceso y un requerimiento para la jueza, para que solicitara a militares y a otras instancias involucradas, como la Fiscalía del Estado y la Comisión de Búsqueda, más informes sobre la actuación en el caso.

Foto: Yajaira Gasca

La Sedena negó de manera sostenida la participación de los soldados en la desaparición de Salvador, cuestionó el parentesco de la madre con la víctima y hasta puso en duda la autoridad de la jueza para realizar la investigación de los hechos. A pesar de esto, en 2018 se emitió una sentencia a favor de las víctimas.

El caso incluso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, donde se rechazó su atención y se devolvió al Tribunal Colegiado. En esta instancia, la Sedena ya había presentado impugnaciones.

Todo esto retrasó la resolución definitiva del caso por seis años, pero finalmente, en diciembre del año pasado, se ratificó lo resuelto por la jueza, por parte del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito.

Karla Macías ha emitido antes varias sentencias en materia de desaparición y contra abusos cometidos por militares, que incluyen el caso de Rosendo Radilla, desaparecido en la década de los 70, en el que determinó que se trató de una acción cometida durante un periodo de “terrorismo de Estado” y que debe investigarse a los más altos mandos de la Sedena de ese entonces.

También impuso multas en 2018 al entonces Secretario de Marina, Francisco Soberón, por no informar sobre casos de desapariciones forzadas en Nuevo Laredo, que llegaron hasta la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, y al propio titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, cuando esta instancia omitió presentar a un testigo durante el desahogo de un proceso judicial.