En septiembre la violencia estalló literalmente en Guanajuato, lo hizo en un restaurante de Salamanca, dejó dos personas muertas y cinco lesionadas, el estado reconoció una escalada de violencia sin precedentes y alertó sobre un supuesto ataque terrorista que luego desmintió. El mes patrio fue de horror, acumuló casi 300 víctimas y confirmó que la violencia no cede.

Hasta el último día de septiembre, Guanajuato llegó a la cifra de 42 policías asesinados durante el año y es el primer lugar con más atrocidades según la organización Causa en Común. Quince días después del estallamiento de la bomba, en Purísima del Rincón, autoridades policiales detectaron otro artefacto explosivo y también una granada en una caja en Apaseo el Alto.

Durante las últimas semanas, la violencia se ha desencadenado en diversos hechos. Por ejemplo, en San Miguel de Allende el 22 de septiembre un grupo de hombres armados llegó a la colonia San Rafael y abrió fuego contra otros que se encontraban en el sitio. El fuego cruzado causó la muerte a dos personas más.

Un día después, el 23 de septiembre, policías estatales fueron emboscados en la comunidad El Coecillo en Silao. Los agentes sobrevivieron y un presunto delincuente murió.

Los primeros días de septiembre, la activista LGBTI+, Devanny Cardiel fue asesinada a balazos en la estética de su propiedad en la colonia Paseos de Molino, en León. La mujer trans fue asesinada con arma de fuego y se presume un crimen de odio.

En esta ciudad, la violencia no cesa. Durante el mes de septiembre León ha acumulado una gran cantidad de víctimas de homicidios dolosos, registrados en colonias como San Carlos, Arboledas del Campo, Agua Azul, Lomas de Medina, Villas de San Juan, Valles de San José, Valle Delta, Villas de León, Cañada del Real, León II y Jacinto López, solo por mencionar algunas.

Sin embargo, autoridades estatales presumen una supuesta reducción en la incidencia delictiva con 800 homicidios menos acumulados en un año, basados en resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), pero ocultan que la cifra de delitos no denunciados es muy alta y que las personas siguen sintiéndose inseguras al caminar en sus ciudades.

Hasta agosto de 2021, Guanajuato fue el primer lugar con más atrocidades, 264 eventos de violencia extrema documentados por la organización Causa en Común y también sigue en el número uno con más policías asesinados: 42 con corte al 24 de septiembre.

En las últimas semanas además, los homicidios en León se han seguido acumulando, recientemente en esta ciudad indignó el asesinato de Devanny Cardiel, una mujer trans y defensora de los derechos de la comunidad LGBT+. Se suma a los hechos violentos una agresión a elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, en Silao y un tiroteo en San Miguel de Allende que dejó a cuatro personas muertas.

La explosión de la bomba en Salamanca abrió el debate sobre el aumento en el nivel de violencia en Guanajuato y para intentar apagar la discusión la Fiscalía se presentó días después con dos presuntos culpables, de un ataque dirigido y no una acción terrorista de grupos criminales en Guanajuato.

Ilustración: Pinche Einnar.

¿De dónde salió la bomba?

Cuatro días después de la explosión de la bomba en el restaurante Barra 1604 en Salamanca, en una rueda de prensa, el fiscal general del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre presentó a Georgina y Eduardo “N” como los presuntos responsables del atentado.

De forma cronológica, relató que los presuntos criminales salieron juntos desde Cortazar en un taxi, desde este municipio habrían trasladado el explosivo y lo entregaron a un repartidor para que este pudiera entregarlo a la víctima.

El fiscal no ofreció detalles sobre el tipo de explosivo que los presuntos delincuentes, una pareja dedicada a los negocios, utilizaron para elaborar la bomba, supuestamente “artesanal”. Sobre este aspecto, quedó una serie de interrogantes no aclaradas durante la rueda de prensa que se ofreció para presentar los resultados.

Zamarripa Aguirre dijo que estos aspectos eran parte de la evidencia que se entregaría a autoridades jurisdiccionales y posteriormente se harían públicos los datos. Sin embargo, insistió en que se trataba de un ataque dirigido a una de las víctimas, Mauricio Salvador Romero, dueño del restaurante.

El ataque supuestamente fue motivado por un diferencia surgida por negociaciones comerciales, pues Georgina y Eduardo habrían invertido una cantidad millonaria en el negocio. Tampoco se dieron detalles de dónde provenía este dinero. Lo que sí se sabe ahora es que los imputados fueron maltratados por los agentes que los detuvieron y por ello el juez instruyó a la Procuraduría de Derechos Humanos a realizar una investigación.

La intervención de grupos criminales quedó descartada por la Fiscalía, pero narcomantas que aparecieron en el bulevar Faja de Oro (cerca de la zona de la explosión) firmadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación incriminan al Cártel Santa Rosa de Lima por el ataque.

Foto: POPlab

Terrorismo o ataque dirigido

Al día siguiente del ataque, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez catalogó los hechos como terrorismo, dijo que no había otro modo de calificarlo y aseguró que se trataba de un hecho sin precedentes en Guanajuato.

También mencionó que el ataque elevaba el nivel de violencia en la entidad y que no se podía descartar ninguna línea de investigación. Al día siguiente, él mismo se desdijo de su afirmación y sostuvo que se había tratado de un ataque directo en contra de Mauricio Salvador Romero, el dueño del restaurante.

Antes de que el propio gobernador descartara el acto terrorista, otros expertos de derecho sostuvieron que el ataque sí encuadraba en el delito de terrorismo. Así lo sostuvo el presidente del Poder Judicial, Héctor Tinajero Muñoz y el ex procurador de Justicia, Juan Miguel Alcántara Soria.

El gobernador anticipó que el asunto se investigaría como un homicidio al tratarse de un ataque directo, en el que además murió el socio de Mauricio, Mario Alberto Hernández Cárdenas. Aprovechó también para descartar que los empresarios hubieran sido víctimas de extorsión.

Comerciantes de esta ciudad ya habían venido haciendo público que el fenómeno estaba incrementando. Incluso el presidente de la CANIRAC en Salamanca dijo que en el último mes se han presentado más de 20 extorsiones por día a restauranteros, a través de llamadas intimidatorias en las que se les piden fuertes sumas de dinero.

ENVIPE, los números reales

Pese a que la bomba le estalló en las manos, el gobernador defendió resultados en seguridad con la reducción de homicidios dolosos en el último año. Se refirió a más de 800 de diferencia con el año pasado.

El reporte de víctimas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hasta agosto de 2021 refiere un acumulado de 2 mil 383 víctimas de homicidios dolosos.

Para la misma fecha y de acuerdo con la misma fuente hasta agosto del año pasado, el número de víctimas por homicidios dolosos sumaban 3 mil 032 personas. En la diferencia real, solo estamos hablando de 649 víctimas de homicidios menos. El acumulado en la administración de Diego Sinhue Rodríguez desde septiembre de 2018 a la fecha es de 11 mil 234 víctimas, esto es 10 personas asesinadas por cada día de gobierno.

Otra cifra con la que el gobernador e integrantes de su gabinete han defendido supuestos resultados en seguridad, fueron los recientes datos publicados por el INEGI en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, Sophia Huett López, presumió una disminución de 42.8% en incidencia delictiva, comparando cifras de 2019 y 2020.

La reducción representaría una baja de 59 mil 894 delitos por cada 100 mil habitantes en 2019 a 29 mil 106 este año. Se refirió también a una baja en el indicador de la tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes, de 26 mil 980 en 2019 a 22 mil 928 en 2020. Sin embargo, León permaneció entre los municipios con mayor prevalencia en incidencia a nivel nacional con un 32.8%.

El detalle que olvidó compartir la funcionaria fue que la ENVIPE también estimó que el número de delitos no denunciados o de los que no se inició carpeta de investigación durante 2020 creció en comparación con el año anterior.

En este renglón, el INEGI informó que durante 2020 se iniciaron carpetas de investigación en 6.7% del total de los delitos, cuando en 2019 la estimación fue de 7.6%. Esto significa que más del 93.3% de los delitos que ocurrieron en 2020 no se denunciaron o no se investigaron.

Los delitos que menos se denunciaron a la autoridad en 2020 fueron: secuestro, extorsión y fraude en los primeros lugares y diversos tipos de robo en menor grado. De acuerdo con la encuesta, las razones de las personas para no denunciar fueron en 33% para evitar la pérdida de tiempo y con 14% la desconfianza en la autoridad.

Huett López tampoco refirió que de acuerdo con la ENVIPE el 83.4% de las personas mayores de 18 años consideran que vivir en su entidad es inseguro. La media nacional relacionada con este indicador es de 75.6%.

La confianza ciega en Zamarripa

Y mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador pide reiteradamente desde Palacio Nacional la salida del fiscal Carlos Zamarripa, el gobernador asegura tener toda su confianza puesta en él y defiende sus resultados.

Públicamente Diego Sinhue Rodríguez ha calificado a Carlos Zamarripa Aguirre como el mejor fiscal porque supuestamente Guanajuato tiene menor nivel de impunidad que otras entidades. Esto lo mencionó durante un informe del alcalde de León, Héctor López Santillana y también durante una graduación de elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

“Siéntanse orgullosos porque pertenecen a la mejor Fiscalía de todo el país, sé que hay muchos que les duele cuando les decimos eso, pero los números no mienten, quien tiene el menor nivel de impunidad en todo México es el Estado de Guanajuato y eso es gracias a la mejor Fiscalía y al mejor Poder Judicial”, sostuvo el gobernador.

De acuerdo con recuentos de víctimas de homicidios dolosos publicados por diversos medios de comunicación, septiembre acumuló casi 300 víctimas, 90 de ellas en la ciudad de León.

La cifra representa una baja en comparación con los delitos registrados en 2020, que fueron 406 solo en septiembre, sin embargo, el estado parecer estar viviendo un momento de violencia exacerbada y horrores nunca vistos que el roban la tranquilidad a los ciudadanos.