Una reforma constitucional al Poder Judicial en Aguascalientes ha cambiado el piso de la impartición de justicia para el estado. Calificada de injerencista, la reforma al sistema de justicia propuesta por la administración de la gobernadora Teresa Jiménez –y aprobada en fast track por el Congreso– va desde cómo elegir a magistrados (facultad que recaerá en el Poder Ejecutivo temporalmente), la creación de un nuevo tribunal y hasta cambios en los requisitos para ser fiscal.

Si bien numerosos cambios han sido vistos como positivos, como el aumento de magistrados –de 7 a 11– para acelerar la impartición de justicia, la creación de oficinas en municipios alejados del área conurbada y la integración de nuevas tecnologías en la burocracia judicial; la reforma esconde peligros que no son menores.

Por ejemplo, la gobernadora podrá escoger las ternas de donde saldrán siete de los once magistrados del Supremo Tribunal de Justicia sin que éstos pasen por el proceso que llevaba a cabo el Consejo de la Judicatura, que incluía una convocatoria y exámenes de oposición. Con la reforma, de la terna elegida por la mandataria una persona será votada por el Congreso estatal, donde la mayoría panista difícilmente será un filtro para no elegir a la persona favorita de Jiménez. Mientras que los pasos para conformar la terna de forma transparente, no están detallados en la reforma.

Esto permitirá, aseguran voces de especialistas, que se elijan a personas de forma discrecional que podrían ser cercanas a la administración estatal, poniendo en riesgo la independencia de las y los juzgadores.

Lo anterior ocurre gracias a que el cuarto transitorio de la reforma permite que el Ejecutivo designe a las vacantes del Supremo Tribunal hasta en tanto el Consejo de la Judicatura se conforme.

Extracto de los artículos transitorios de la reforma aprobada.

Sin embargo, la conformación del Consejo de la Judicatura no ocurrirá, dice el séptimo transitorio, hasta que se designen todas las vacantes del Poder Judicial, por lo que la mayoría de las y los magistrados que conformarán el nuevo Pleno serán elegidos únicamente por el Poder Ejecutivo y el Congreso Estatal, sin exámenes de oposición ni transparencia.

Extracto de los artículos transitorios de la reforma aprobada.

De acuerdo con la ley, Jiménez será la única gobernadora que elegirá casi de forma directa a las y los magistrados, pues una vez conformado el Consejo de la Judicatura se deberá regresar al proceso normal.

La gobernadora podrá elegir de igual forma –aunque ésta será permanente– a las y los magistrados del nuevo Tribunal Administrativo, actualmente conocido como la Sala Administrativa, órgano encargado de dirimir controversias entre funcionarios públicos y particulares.

“Si la designación parte de una terna que presenta la persona titular del Poder Ejecutivo, sin una intervención objetiva y adecuada del Consejo de la Judicatura como lo venía haciendo a partir de la reforma de 1995, entonces, aún y cuando esos magistrados fueran, aparentemente independientes y autónomos, por el solo hecho de cómo fueron nombrados va a estar en entredicho lo que resuelvan. Hay cuestiones que se hicieron muy mal”, explica Teresa Martínez, catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

“Esta modificación es tremenda. De por sí los jueces y magistrados que tenemos, que llegan con un examen de oposición y con una carrera judicial ya de años de pronto no están suficientemente actualizados o aptos para estar juzgando, ahora vamos a imaginar que lleguen sin este filtro que al menos nos garantiza que son los más aptos. A mí me parece que la intención fundamental del Ejecutivo es permitir que lleguen las personas más aptas para ellos, su gente cercana, para qué le ponemos otros nombres: amigos y conocidos. Eso ya nos pone un factor de riesgo a la autonomía del Poder Judicial”, agrega Manuel Díaz Rodríguez, maestro en amparo.

“No implica ninguna violación a la autonomía, no implica ninguna violación al ejercicio, digamos, de división de poderes. Lo que simplemente se propone es que por esta ocasión se dé así…”, defiende en entrevista con POPLab Eduardo Aguilar, titular de la Consejería Jurídica del estado.

El Congreso de Aguascalientes: Una oficialía de partes del Ejecutivo.

Al Congreso de Aguascalientes le bastaron sólo cuatro días hábiles para analizar la profunda reforma enviada por el Ejecutivo el 22 de julio pasado. La aprobación en fast track pasó por comisiones legislativas presididas por el PAN, y excluyó la opinión de especialistas que alertaron sobre los cambios propuestos.

En la última sesión ordinaria del periodo, celebrada por el Congreso el pasado 29 de julio, con 24 votos a favor, uno en contra (de Ana Gómez, por Morena) y dos abstenciones (del morenista Juan Carlos Regalado y del panista José de Jesús Altamira, identificado con el grupo político del ex gobernador Martín Orozco); se aprobó por mayoría la reforma constitucional.

El Congreso no debatió públicamente el tema. A la Tribuna solo subieron dos diputados: Nancy Gutiérrez, del PAN; y Juan Luis Jasso, de Morena. Ambos aplaudieron la propuesta.

La palmada de agradecimiento vendría unos días después. En un evento el pasado 3 de julio, la gobernadora Teresa Jiménez agradeció al Congreso por haberla “acompañado”.

“Quiero reconocer a los diputados locales que siempre nos han acompañado (...) quienes nos ayudaron desde el Congreso a aprobar una reforma constitucional en materia de justicia. Gracias a eso es posible incrementar el número de jueces, oficinas en los municipios, utilizar la tecnología, establecer un presupuesto fijo para el Poder Judicial. Lo trabajamos directamente con el fiscal del estado”, declaró.

La falta de discusión, para algunos, fue generalizada.

Teresa Martínez, de la UAA, asegura que aunque el pasado 14 de junio se realizó un foro en la Universidad para discutir la reforma, ninguna de las observaciones hechas por los especialistas se agregaron a la reforma, “no se mencionó prácticamente nada o casi nada de lo que dice la reforma. Todavía no se había terminado la relatoría del Foro y ya estaban presentando la iniciativa”, dice.

“Una reforma de este tipo se hace con el Poder Judicial, no al margen, no contra el Poder Judicial”, añade.

“Eso es una falsedad absoluta”, responde Aguilar, el consejero jurídico estatal y artífice de la reforma, quien asegura que desde el inicio de año la gobernadora mantuvo diversas reuniones informales con Juan Rojas García, presidente del Tribunal de Justicia del Estado, y se le informó oficialmente sobre la reforma en una reunión celebrada el pasado 4 de junio.

Además, asegura que las observaciones de las y los académicos que asistieron al foro de la UAA sí fueron tomadas en cuenta, y enumeró algunas, como el aumento de magistrados tomando en cuenta el incremento de la población, y la creación de una nueva Sala Constitucional.

“Centrémonos en la reforma, centrémonos en el corazón y no tanto en estas partes que son críticas y que no son sustantivas”, dice el consejero jurídico.
El aumento de magistrados –que ha sido visto como positivo, además de que éstos durarán en el cargo un periodo de 7 años con la posibilidad de ratificarse en el cargo por un periodo igual–, significa un incremento en la nómina judicial de casi 10 millones de pesos anuales, tomando en cuenta que las y los magistrados perciben un sueldo mensual máximo de 202 mil 200 pesos.

Y aunque la reforma buscó fijar un presupuesto anual para el Poder Judicial del 3% del presupuesto estatal, tras pasar por el Congreso este porcentaje se redujo y quedó en 2.3%.

Otros cambios importantes son las modificaciones a los requisitos para ser fiscal general del estado. Y es que la reforma eliminó el requisito de no haber sido titular de alguna Secretaría para obtener el cargo de fiscal y otros que permitirán, por ejemplo, que deudores alimentarios se conviertan en titulares de la Fiscalía.

“La Fiscalía es autónoma y debe ser autónoma en todos sentidos, si una persona viene de una secretaría dependiente del Poder Ejecutivo, pues va a ser muy difícil que en general la ciudadanía vea como independiente del Poder Ejecutivo a esa Fiscalía, pero además no le podrían negar el derecho a ser fiscal a una persona que tuviera una deuda de pensión alimenticia”, explica Martínez.

Aguilar, por su parte, dice que si bien se abrió la puerta para que Secretarios de Estado se conviertan en fiscales, se aumentaron algunos requisitos, como la residencia de al menos 5 años en la entidad para aspirar al cargo. Antes la ley preveía sólo tres años.

El cargo de fiscal general será disputado en febrero del próximo año, en medio del proceso electoral.

La designación escalonada de jueces y magistrados es otro de los cambios de la reforma. Actualmente, estos cargos son inamovibles. Para Alonso Mayers, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral del Poder Judicial de la Federación, este cambio es benéfico, pues ayuda a eliminar posibles cotos de poder; en contraste, para Teresa Martinez es una afrenta a los derechos de las y los magistrados.

La inamovilidad ya es un tema de demanda penal. El 27 de junio pasado, Alfonso Román Quiroz, magistrado de la Sala Administrativa del Poder Judicial local, presentó una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del consejero jurídico del estado, Eduardo Aguilar, por intentar, a través de la reforma, despojarlo de su cargo violando un amparo federal que protege su inamovilidad.

Aguilar, sin embargo, dice desconocer la demanda pues hasta la fecha no ha sido notificado, motivo por el cual tampoco puede pronunciarse sobre el hecho.

Otro de las modificaciones que han sido motivo de debates es la disminución de integrantes en el Consejo de la Judicatura y la creación de una Sala Constitucional.

En el último tema, especialistas han señalado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dicho que estas salas no son necesarias en los estados, otros que son onerosas; pero para Alejandro Madrazo, doctor en derecho por la Universidad de Yale y Alonso Mayers, del Poder Judicial de la Federación, es una buena forma de acceder a derechos establecidos en la Constitución local, evitando gastos de amparo.

La propuesta de la gobernadora incluyó también la habilitación de jueces auxiliares y la creación de oficinas de atención judicial en aquellos municipios que no alberguen ningún partido judicial, así como juicios en línea, presentación de escritos de manera digital, desahogo de audiencias por videoconferencia, manejo de expedientes y notificaciones digitales, así como la utilización de firmas electrónicas tanto por parte de las autoridades como de las partes involucradas.

Mientras el Poder Judicial es cauto en su próximas acciones, pues tras la aprobación de la reforma no se han posicionado; el PAN ha prometido revisar minuciosamente las leyes secundarias.

“Es una etapa que se tiene que llevar y prever para que una reforma de este tamaño, de este calado, pueda funcionar. Las reglas complementarias son de trascendencia. Estuvimos muy al pendiente trabajando con el Grupo Parlamentario y se aprueba con gran participación de nuestras y nuestros diputados, que además presiden las comisiones”, declaró Javier Luévano, presidente del Consejo Directivo Estatal de Acción Nacional.

Portada: Pinche Einnar