Con información de Yajaira Gasca

Luis Felipe Guerrero Agripino está por concluir un doble periodo que suma ocho años al frente de la Rectoría General de la Universidad de Guanajuato, y lo hace inmerso en una acentuada crisis para la institución, con un cuestionado proceso de sucesión, múltiples denuncias de violencia y ordenamientos jurisdiccionales por el reconocimientos de derechos de trabajadores que durante años estuvieron peleando en tribunales.

Por si algo faltara, es la primera ocasión que un rector de la UG es denunciado penalmente por un medio de comunicación: Luis Felipe Guerrero irrumpió en las oficinas del periódico Correo, junto con un equipo de sus colaboradores, para exigir derecho de réplica a notas publicadas sobre la caída de la Universidad en un ranking mundial.

Tras el abrupto, la empresa periodística denunció penalmente por allanamiento de morada a Guerrero Agripino y compañía. La defensa legal del rector, doctor en derecho penal, y sus colaboradores, no ha funcionado; por el contrario, se ha evidenciado un desconocimiento del proceso y la legislación.

A la par, el proceso para la designación de la nueva persona titular de la Rectoría General ha dejado al descubierto reformas estatutarias hechas por Guerrero Agripino para involucrarse de manera directa en la sucesión y asegurar su sueldo y el de otros directivos por dos años más.

En las últimas semanas, autoridades estatales y federales han dado un revés en asuntos que Luis Felipe Guerrero intentó frenar desde el arranque de su segundo periodo, como fue la reinstalación de Paula, administrativa de la preparatoria de Silao despedida injustificadamente y el registro del sindicato independiente de trabajadores de la Universidad, que terminaría con el histórico duopolio de las asociaciones Astaug y Aspaaug.

Ilustración Pinche Einnar

Sindicato independiente logra amparo

El primer juzgado de distrito emitió el pasado viernes un amparo en el que ordena el registro del Sindicato de la Unión de Trabajadores Independientes de la Universidad de Guanajuato (UITUG), por lo que la máxima casa de estudio podría tener un tercer sindicato.

Esto ocurre cuatro años después de que los integrantes de esta organización sindical solicitaron a la Universidad de Guanajuato su reconocimiento, pues en 2019 acudieron a la Junta de Conciliación y Arbitraje, presidida entonces por José Arturo Hernández Rico.

“Es un proceso que nos ha llevado varios años, que desde un principio debió haber fallado a nuestro favor, nosotros hemos cumplido en términos de ley con todos los requisitos que marca la Ley Federal del Trabajo, desde un principio. Tenemos casi cuatro años con este ejercicio de valga la redundancia, ejercer nuestros derechos constitucionales, uno de ellos es la libertad de asociación a través de la modalidad de un sindicato”, señaló el secretario ejecutivo de la organización, Ricardo Alejandro Rodríguez Lara.

El UITUG se organizó en 2019 para participar en el proceso de elección del Comité Ejecutivo de la Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato (ASPAAUG), como planilla morada, pero no obtuvieron los votos necesarios.

El grupo no impugnó la elección, aunque advirtieron distintas irregularidades, y decidieron buscar un registro distinto. El primer intento les fue negado por la Junta Local de Conciliación, con el argumento de que los integrantes no habían renunciado al anterior sindicato.

En un segundo intento para lograr el registro, los integrantes de la organización agregaron el requisito, pero nuevamente se les negó. En esta ocasión el argumento fue que no se comprobó que eran trabajadores universitarios, aunque agregaron a la solicitud su hoja de servicios.

La Junta de Conciliación envió a un fedatario a la universidad para preguntar sobre este dato y el representante de la institución lo confirmó, aún así se negó. El presidente de la Junta, José Arturo Hernández Rico, sostuvo que los solicitantes no habían entregado documentos originales para soportar su solicitud, aunque sí se adjuntaron en el expediente.

Debido a que la Junta de Conciliación desapareció documentación original de un expediente, se presentó una denuncia ante el Ministerio Público.

Hernández Rico negó el registro seis veces al UITUG, hasta que fue removido de su cargo a principios de este año y en su lugar fue nombrada Mónica Contreras Aguirre, quien en febrero también negó el registro por la falta de firmas de los integrantes del grupo en las carteras que cada uno representaría, aunque las rúbricas también fueron integradas desde la primera vez que se entregó la documentación.

“Se demuestra notoriamente que no fue exhaustiva ni atinada sino por el contrario totalmente nocivo en lo que a procesos laborales dispone la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje para Asuntos Universitarios, presidida inicialmente por Hernández Rico y posteriormente por Mónica Contreras Aguirre; rechazamos enérgicamente las acciones o argucias legales que pretendan obstaculizar nuestro registro”, insistió Rodríguez Lara.

Rubén Tapia Ruíz, secretario de organización del UITUG y Tania Razo Soria, enlace de comunicación de la organización, hicieron un llamado enérgico a las autoridades competentes para que se otorgue el registro de manera inmediata, aunque podrían pasar de tres a 15 días para que la resolución cause ejecutoria.

Al doctor en derecho le falla estrategia legal

En un intento por evadir la audiencia en un juzgado de oralidad en Guanajuato del proceso penal por el delito de allanamiento de morada a las instalaciones del periódico Correo, Guerrero Agripino y tres de sus más cercanos colaboradores presentaron un recurso con alegatos que resultaron improcedentes, al margen de lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Luis Felipe Guerrero Agripino, doctor en derecho penal, firmó el recurso de revocación en contra del acuerdo de una jueza local para llamarlo a audiencia junto con otros directivos directivos de la UG. El primer agravio que se expuso en el documento fue la presunta omisión de la jueza por iniciar el proceso sin que exista una denuncia presentada ante el Ministerio Público.

Sin embargo, la representante legal de VIMARSA, razón social del periódico Correo, no estaba obligada a acudir a la Fiscalía General del Estado a presentar la denuncia, sino que podía hacerlo de manera directa ante un juez, bajo la figura legal que se llama "acción penal por particulares".

El segundo párrafo del artículo 428 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que:

La víctima u ofendido podrá acudir directamente ante el Juez de control, ejerciendo acción penal por particulares en caso que cuente con datos que permitan establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y exista probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En tal caso deberá aportar para ello los datos de prueba que sustenten su acción, sin necesidad de acudir al Ministerio Público.

La ruta que siguió la representante legal de VIMARSA no está fuera del marco jurídico, como lo argumentaron por escrito el rector Luis Felipe Guerrero, el director de Infraestructura y Servicios Universitarios, Eloy Juárez Sandoval; el director de Comunicación y Enlace, Jesús Rodrígo Guadalupe Nájera Trujillo; y María Dolores Gallegos Robles, secretaria particular de Guerrero Agripino.

En el segundo agravio, el rector y sus colaboradores evidenciaron que iniciaron un procedimiento penal en contra de VIMARSA, al asegurar que el órgano jurisdiccional en lugar de admitir la acción penal, debió ordenar la acumulación de causas a la carpeta de investigación 71993/2023 que tramitaron ante la agencia V del Ministerio Público de Guanajuato, pues acudieron a dicha instancia a querellarse en contra de VIMARSA.

Sin que se conozca hasta el momento en qué consiste la denuncia que presentaron los directivos de la UG contra la empresa, pidieron a la jueza local revocar la audiencia inicial a la que fueron convocados para el próximo 18 de agosto a las 9:15 am.

La conclusión de la jueza Ana Lilia Delgado Vaca sobre el recurso promovido por Luis Felipe Guerrero y sus colaboradores, es que no existen elementos jurídicos para no iniciar el procedimiento penal en su contra, aunque sí aceptó que hubo una omisión en el proceso porque no estaba convocado a un agente del Ministerio Público, por lo que se giró la orden de llamar a al representante de la Fiscalía General del Estado para que participe en la audiencia inicial.

Además de Guerrero Agripino, Eloy Juárez, Rodrigo Nájera y Dolores Gallegos, están citados a la audiencia:

Sergio Antonio Silva Muñoz, secretario académico

J. Merced Rizo Carmona, director del colegio del nivel medio superior

Salvador Hernández Castro, secretario de Gestión y Desarrollo

Cecilia Ramos Estrada, secretaria general

Margarita López Maciel, Defensora de los derechos humanos en el entorno universitario

Protesta de Luis Felipe Guerrero por el segundo periodo. Fotografía UG

Aseguran sueldazos

En los últimos años de su segundo periodo al frente de la Rectoría General, Luis Felipe Guerrero Agripino hizo modificaciones a la normativa universitaria que no se conocían, sino hasta ahora que inició el proceso para la designación de la persona que llegará a sucederlo.

El primer cambio fue para incluirlo, como rector general, en la integración de la Comisión Especial responsable de llevar el proceso, con esto él participa de manera activa en la sucesión y a la par apuesta por una de las aspirantes: Claudia Susana Gómez López.

Por primera vez, desde las reformas legales para la reestructuración académica-administrativa, un rector general en funciones forma parte del proceso para la designación de su sucesor, intervención que ha sido cuestionada desde el Congreso del Estado donde, incluso, han pedido a Guerrero Agripino que se abstenga de participar.

Recientemente, los diputados Gerardo Fernández González, del PVEM, y Ernesto Prieto Gallardo, de Morena, revelaron otra modificación a la normativa interna de la UG que beneficia de manera directa a Luis Felipe Guerrero y a sus allegados, al asegurar por dos años más los sueldos que tienen actualmente en los cargos directivos.

Prieto Gallardo detalló que fue en agosto de 2021 cuando se modificó el Reglamento del Personal Académico de la Universidad de Guanajuato. Con la reforma al artículo 43 del reglamento, en el apartado de "costo de oportunidad" se estableció lo siguiente:

A la profesora y al profesor de carrera que desempeñe o haya desempeñado comisiones o cargos administrativos, la Rectoría General, tomando en cuenta la evaluación de su desempeño, podrá sostenerle sus percepciones hasta por dos años en virtud de la falta de oportunidad que quienes están en ese supuesto tienen o tuvieron para desarrollar las actividades que les permitieran mejorar su categoría.

"Lo anterior permite que, una vez que termine su periodo como rector general, Luis Felipe Guerrero Agripino sea evaluado por la persona designada como su sucesora y se le extienda su salario hasta por dos años más", expuso Ernesto Prieto.

Actualmente el ingreso mensual actual del rector general es de 178 mil 974 pesos.

Prieto Gallardo también aseguró que Luis Felipe Guerrero ha buscado a militantes de Morena en busca de un próximo cargo público, si no se concreta algo con el PAN.

"Luego anda coqueteando con compañeros míos de Morena, ya se quiere venir para acá. Yo creo que los quiere chantajear, compañeros del PAN, quedénselo por favor".

Sobre el mismo tema de la reforma al reglamento para mantener su sueldo por otros dos años, el diputado Gerardo Fernández González, exhibió que hay pocos apoyos para estudiantes o profesores, mientras se prioriza al rector y sus allegados.

"La autonomía de nuestra universidad se ha malversado en privilegiar con dinero público a un grupo muy selecto de personas, mientras que muchas y muchos quedan en la incertidumbre de la suficiencia presupuestal".

Expuso que en la UG las becas y estímulos económicos dependen de la suficiencia presupuestal de la institución porque así lo establece el propio reglamento interno, y existe discrecionalidad sobre los fondos que tiene la universidad.

"Aprovecho para hacer un llamado al rector y su pandilla: no pretendan escudarse en la autonomía para tratar de salir con un botín de la UG".

Ambos legisladores se pronunciaron por una reforma al reglamento para eliminar el supuesto que le permite al rector seguir cobrando el mismo salario cuando deje el cargo.

El rector general con diputadas y diputados locales. Fotografía UG

No convence Agripino al Congreso

Desde el Congreso del Estado se han dado otros pronunciamientos, como el exhorto que se aprobó con el aval de todas las fuerzas políticas, con el se llama al Consejo General Universitario y a la Junta Directiva de la UG para que el proceso de designación a la Rectoría General sea transparente, se garantice la evaluación de mejores perfiles y la escucha a toda la comunidad universitaria.

La propuesta para enviar el exhorto llegó desde la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, después de recibir los informes que envió la Comisión Especial, presidida por Luis Felipe Guerrero, y la Junta Directiva, y que no convencieron a diputadas y diputados de que están dadas las condiciones para que se desarrolle un proceso por la Rectoría General que lleve al perfil más capacitado a ocupar el cargo.

En el escrito enviado por la Comisión Especial a la comisión legislativa, hicieron referencia a la autonomía universitaria para el proceso de selección.

"Precisamente, en el marco del respeto a nuestra autonomía y, al propio tiempo, en un espíritu de colaboración interinstitucional damos respuesta a su escrito. Lo hacemos bajo la loable presunción de que en ustedes prevalece la buena fe y la mejor disposición de coadyuvar en beneficio de nuestra Casa de Estudios", refiere el escrito que mandaron a diputadas y diputados.

Sin embargo, la apuesta por la autonomía universitaria no intimidó a la comisión que preside la panista María de la Luz Hernández, que finalmente aprobó llevar al Pleno la propuesta de exhorto, al concluir que hay dudas sobre la transparencia en el proceso, así como el método para que la comunidad universitaria participe.

"A diferencia del proceso mediante el cual se le designó (a Guerrero Agripino) como, el nuevo proceso encuentra mayores márgenes de discrecionalidad", dice el dictamen que se votó en el Pleno.

Para argumentar la conclusión anterior, se expuso que en 2019, siendo Agripino rector general, se llevó a cabo una reforma del Estatuto que derivó en la ambigüedad del proceso, sin establecer tiempos que permitan certeza del proceso de designación de las autoridades ejecutivas de la UG.

De esta forma, en el Estatuto Orgánico únicamente se establece que el Consejo General emitirá lineamientos sobre los cuales se desarrollará el proceso de designación y el procedimiento de consulta de la opinión de la comunidad universitaria.

"Como consecuencia, actualmente la comunidad universitaria no tiene certeza sobre los mecanismos mediante los cuales se les consultará, ni tampoco hay garantías de que dicha consulta sea previa, libre e informada", se expone en el dictamen.

Finalmente, el exhorto aprobado por unanimidad en el Pleno destaca la importancia de que se garantice que el proceso que terminará con el nombramiento de la nueva persona titular de la Rectoría General esté apegado a la legalidad.

"Este Poder Legislativo reconoce que la Universidad de Guanajuato es la máxima casa de estudios en el estado, con proyección no solo nacional sino internacional, por lo que no podemos ser ajenos a este proceso tan importante como lo es la titularidad de la Rectoría General".