El Gobierno de Aguascalientes podrá utilizar una nueva bolsa de recursos a través de la inversión de las reservas financieras del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado (ISSSSPEA) –provenientes del pago de cuotas de trabajadores del estado– en “proyectos productivos” que pueden ir desde servicios hasta obra pública.

Además de ser una nueva bolsa de presupuesto público a merced del Ejecutivo, de acuerdo con un especialista, esta modificación incluye riesgos en el uso de los recursos, es laxa en la fiscalización de los dineros, y tiene pocos candados para evitar afectaciones en las prestaciones de los trabajadores.

Mientras esto sucede en Aguascalientes, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, acusó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es “insaciable” y afirmó que con la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de Fondo de Estabilización, “podría meter la mano a diversos fondos de inversión en vivienda como el Fovissste e Infonavit (...) e incluso inversiones en bonos de pensiones del Issste” y afectar a las y los derechohabientes; es decir, lo mismo que sucede con la reforma empujada desde el gobierno de la panista Teresa Jiménez.

Cada mes, el Instituto recibe cuotas de –aproximadamente– 19 mil 500 personas que laboran en el Gobierno estatal, los once municipios, el Poder Judicial, Legislativo y órganos autónomos y descentralizados.

Para que estas inversiones generen ganancias, deberán realizarse en conjunto con la iniciativa privada a través, por ejemplo, de Asociaciones Público-Privadas (APP), una figura fiscal permitida por ley que aunque en algunos casos ha sido efectiva, en otros ha sido utilizada para desviar recursos públicos.

Las APP fueron usadas durante los gobiernos municipales de Jiménez en proyectos controvertidos, como la puesta en marcha en 2019 de un parque fotovoltáico cuyo contrato estuvo plagado de irregularidades. La misma empresa operaba también en Baja California y Monterrey, Nuevo León. En ambas entidades, por las mismas irregularidades, le fueron cancelados los contratos; en Aguascalientes el negocio se mantiene vigente.

De acuerdo con la reforma a la Ley del ISSSSPEA, los recursos provenientes del pago de cuotas de los trabajadores para su fondo de vivienda, fondo de ahorro y prestaciones laborales, podrán ser invertidos por el Gobierno de dos formas: a través de proyectos económicos impulsados por el propio ISSSSPEA y financiados al 100% con el dinero de los trabajadores; y Proyectos Estratégicos a propuesta del estado o los municipios, financiados hasta en un 50%.

La ley establece un tope del 5% del total de las reservas financieras invertidas en los proyectos productivos del estado, y del 3% por cada uno de esos negocios.

“Siempre se ha permitido un manejo de inversión, pero estaba cerrada a que todo fuera bursátil, es decir, todo lo que tú puedas invertir en la Bolsa o en elementos o mecanismos de inversión que tienen que ver con instituciones financieras. (Esas inversiones) están muy reguladas, hay muchos candados para evitar los riesgos y la pérdida de fondos y no se vean disminuidos los derechos sociales de los trabajadores, pero con la reforma estos candados se abren y hay muchos riesgos”, considera Marco Ramírez, abogado y especialista en materia fiscal.

El Gobierno Federal es el encargado de regular las inversiones bursátiles, mientras que con la reforma en Aguascalientes será el propio Gobierno Estatal quien las revise. De acuerdo con Ramírez, la reforma no incluye suficientes mecanismos de protección en las inversiones.

“La reforma saca los fondos, que son más o menos 500 millones por año, y no hay ningún candado más que lo apruebe la Junta Directiva, que son siete miembros del mismo gobierno y cuatro miembros del sindicato del ISSSSPEA, es decir, no hay un candado real”, explica el especialista.

¿Qué pasaría si el Gobierno invierte en un proyecto que fracasa y no genera ganancias? La ley no establece ningún criterio de seguridad, sanción o mecanismo para no afectar los fondos tomados de las prestaciones de los trabajadores.

“No se establece ningún tipo de obligación del gobierno para resarcir daños, se permite que se establezcan en los contratos con la iniciativa privada, pero está abierto a que se ponga –o no– en un contrato, no establece un piso mínimo. Incluso, una de las cosas que también se ve riesgosa es que la valuación de los fondos de las reservas financieras se tenía que hacer anualmente, es decir, rendir cuentas cada año, y ahora es cada dos años, entonces no se verá el daño o si hubo una disminución en las reservas sino hasta cada dos años”, agrega Ramírez.

De afectarse negativamente las reservas financieras a través de las inversiones del Estado, los trabajadores podrían ver, por ejemplo, disminución en los créditos de vivienda y otras afectaciones a los derechos laborales que son complicadas de litigar en tribunales.

Por su parte, Eduardo Aguilar, titular de la Consejería Jurídica del estado, afirma que la reforma era necesaria para diversificar la inversión de los fondos del ISSSSPEA, “porque el Instituto tiene muchísimos recursos, que son de los trabajadores, pero que pueden ser mejor invertidos”. Y como ejemplo pone a Jalisco, donde afirma que el gobierno tiene inversiones en hoteles de Puerto Vallarta, negocios joyeros y clubes deportivos.

“No lo piensen en función de lo que requiere el Estado, piensenlo en función de cómo puede el Instituto ganar más interés para obtener mejores condiciones para que el propio dinero del Instituto tenga más intereses, más rendimientos y tenga más crecimiento. (...) no piensen que es para que el gobierno pueda tener su caja chica”, argumenta.

El funcionario agrega que con la reforma, el ISSSSPEA podrá incluso prestar recursos al Gobierno Estatal, en un esquema similar al de la deuda pública.

“Cuando la Ley de Disciplina Financiera y cuando la Ley de Deuda Pública de Estados y Municipios permita a las entidades federativas poder solicitar deuda, también pudiera existir la posibilidad de una puja para que, junto con los bancos, pueda el ISSSSPEA someterse a propuesta del gobierno, cuando se requiera una deuda, y entonces en vez de que el gobierno acuda a pagarle un interés a un banco, pues probablemente pudiera hacerlo con condiciones para el Instituto, (es decir) que sea el Instituto quien lo financie, claro, por supuesto, como si fuera el gobierno un cliente más”, explica Aguilar.

Sobre la falta de mecanismos de protección a los recursos en caso de que los proyectos de Gobierno fracasen o no generen ganancias, el consejero jurídico señaló que no es un tema que pudiera responder, pero que se realizarán análisis financieros y modelos de riesgo a través de consejos conformados por integrantes del propio Ejecutivo y del ISSSSPEA; y que se crearán reglamentos y criterios que, prometió, serán transparentes.