La justicia federal cambió de rumbo el proceso penal por la agresión de elementos de la Guardia Nacional contra estudiantes de Agronomía de la UG en El Copal en abril pasado, al resolver recursos que interpusieron los asesores jurídicos de las víctimas, ya que se consideró que el juez de control Efraín Frausto Pérez desamparó a algunos de los estudiantes. Como resultado, serán dos los elementos de la Guardia Nacional los que enfrentarán juicio por la muerte de Ángel y la tentativa de homicidio de los otros 3 jóvenes.

Hasta ahora, a los asesores de las víctimas les han parecido suficientes las versiones de los mandos de la Guardia Nacional que estuvieron al frente del convoy ese día, quienes se han deslindado de cualquier responsabilidad y han sostenido que ambos elementos dispararon por su iniciativa.

Por este caso, un elemento infante de Marina adscrito a la Guardia Nacional permanece desde principios de mayo en prisión preventiva en una cárcel militar en Jalisco, acusado de ser presunto responsable de homicidio calificado del alumno Ángel Yael, de 19 años, alumno de ese Campus de Ciencias de la Vida en El Copal, así como de las lesiones graves causadas a otra estudiante, de nombre Edith.

Pero el juez Efraín Frausto Pérez rechazó vincular al infante de Marina por la tentativa de homicidio de los otros dos estudiantes que junto con Ángel y Edith iban en la camioneta a la que se hicieron disparos desde el convoy, que ese día hacía “recorridos de disuasión” por el robo de combustible.

El juez Frausto Pérez decretó libertad en favor de otro elemento de la Guardia -un agente de la Policía Militar-, que también disparó contra la camioneta de los jóvenes universitarios y que formaba parte del convoy, al considerar que no había elementos para vincularlo por homicidio en grado de tentativa de los 3 estudiantes que sobrevivieron.

Este elemento fue el primero en ser detenido por la Fiscalía General del estado; sin embargo, el peritaje en balística forense determinó que no fueron los disparos que éste efectuó los que hirieron a Edith y dieron muerte a Ángel Yael, y eso fue considerado por el juez para resolver el auto de libertad y el sobreseimiento de esta acusación.

En aquellas audiencias, el juez Efraín Frausto Pérez tuvo algunos roces con los asesores jurídicos por su posición como profesor de la propia División de Derecho de la Universidad de Guanajuato y acusó una “politización del caso".

Juez Efraín Frausto. Foto: especial.

Esto porque los asesores jurídicos fueron ofrecidos por la Universidad de Guanajuato a las víctimas, en un acto inusitado desde la Rectoría de Luis Felipe Guerrero Agripino, y en medio de una masiva reacción de protesta de la comunidad estudiantil y profesorado por esta agresión.

En conferencia de prensa efectuada el lunes 5, el abogado Pablo González Sierra, al frente del equipo de asesores jurídicos designados por la Rectoría, informó que en virtud de que estuvieron en desacuerdo con algunas de las resoluciones del juez, interpusieron los recursos de apelación ante tribunales unitarios de circuito.

Un primer recurso fue resuelto el 6 de junio por la magistrada del Segundo Tribunal Unitario de Circuito, quien revocó la decisión del juez federal y ordenó vincular a proceso al primer elemento de la GN que había sido detenido -el agente de la Policía Militar Iván N-, para acusarlo formalmente de homicidio calificado en grado de tentativa de los tres estudiantes que sobrevivieron a los disparos.

El abogado Pablo González explicó que en los agravios presentados se expuso que “si una persona dirige su arma de alto poder y dispara en una o dos ocasiones a una camioneta donde no sabe cuántas personas van adentro, todas las personas que van dentro de la camioneta sentiríamos nuestra vida en peligro. (El agente) no mató por cuestiones que no estaban en sus manos”.

El agente ahora vinculado enfrentará su proceso en libertad, pero sujeto a otras medidas cautelares como estar supervisado y reportarse periódicamente ante la autoridad judicial.

“Hoy no advertimos que esa persona haya violentado las medidas cautelares, no tenemos noticia de otra cosa, pero está en libertad”, dijo el abogado González Sierra.

Con respecto al marino que se encuentra en prisión preventiva, los asesores jurídicos interpusieron un recurso ante el Tercer Tribunal Unitario de Circuito en materia Penal, mismo que se tardó cinco meses para resolver, y determinó ratificar la decisión del juez de no vincularlo a proceso por tentativa de homicidio. “Esa decisión nos sorprendió”, dijo el abogado González Sierra.

Por ello, los abogados interpusieron un amparo indirecto, que fue resuelto el 30 de noviembre en favor de las víctimas; “se reconoció que (los otros dos estudiantes) sí sufrieron peligro de sus vidas por disparos de arma de fuego” por el agente de la Marina adscrito a la Guardia Nacional.

González Sierra afirmó que “el tribunal en funciones de juez de amparo protegió de esas decisiones que consideró equivocadas y en su lugar ordena que se considere como víctimas (a los otros 2 estudiantes) también de ese homicidio calificado en grado de tentativa”.

Con ello, agregó, “las decisiones judiciales han sido reencauzadas al derecho y nos podemos sentir conformes, a gusto, porque ahora sí sentimos que vamos en buenos términos”.

También dijo que las víctimas han estado presentes e informadas en todo el proceso, aunque reconoció que para los padres de Ángel Yael, estos logros “no les hacen mucha diferencia” ante el hecho de que su hijo perdió la vida.

Actualmente, el proceso se encuentra en etapa de investigación, en un plazo que vence el 1 de febrero, después de lo cual se esperaría (si no hay algún otro recurso o contratiempo) que se avance a la audiencia intermedia y posteriormente a la de juicio.

El abogado y catedrático universitario fue interrogado sobre la cadena de mando que en este caso pudo haber intervenido durante lo sucedido. Esto respondió:

“No observo una contradicción importante o relevante; el primer disparador informó haber disparado en una declaración ante el MP y con su defensor, y también informó que había un segundo disparador que inicialmente la fiscalía no había observado”. Incluso, añadió que el comandante al mando de esta cuadrilla el capitán segundo de Policía Militar Juan Manuel Becerra) “declara que al darse cuenta de los disparos, con códigos verbales les ordena cesar”.

Los otros miembros de la GN y del Ejército que estaban en el convoy, recordó Pablo González, también declararon “que las dos personas que se bajaron fueron los dos y que en una forma irracional, sin justificación, realizaron los disparos”.