Habitantes y sociedad civil organizada sentaron un precedente en materia ambiental, luego de la lucha que iniciaron para impedir la explotación minera en el Cerro del Gallo en Dolores Hidalgo, que terminó con la negativa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para autorizar el cambio de uso de suelo.

Después de la resolución de la autoridad federal en materia ambiental y ante la amenaza de que la minera intente nuevamente conseguir los permisos, los habitantes de las comunidades afectadas y sociedad civil buscan informar a todos los pobladores para que se sumen a la defensa de la región.

Además, pidieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno que se pongan en marcha programas que fomente la actividad campesina en la zona, porque además de recuperar el ecosistema podría ayudar a la economía de la región.

Fotografías Especiales

Celebran decisión de Semarnat

La empresa San Anton de las Minas SA de CV, filial mexicana a la empresa canadiense Argonaut Gold, solicitó ante la Semarnat el cambio de uso de suelo forestal B para poder extraer los minerales metálicos del Cerro del Gallo, pero tanto la dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat como especialistas que fueron consultados por la dependencia federal coincidieron en que el proyecto no es viable para el medio ambiente.

En rueda de prensa representantes de las comunidades afectadas por el proyecto minero Cerro del Gallo, junto con las organizaciones Hermandad de la Cuenca Independencia, Red Mexicana de Afectados por la Minería y Acción Colectiva, celebraron la resolución de la autoridad federal en materia ambiental.

Además, recordaron que en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de Guanajuato (Peduoet) establece que la zona donde se encuentra la mina tiene como política ecológica la “restauración y mejoramiento, recuperación de la cobertura vegetal original y las funciones ecológicas de los ecosistemas, promoción e impulso de actividades alternativas para un aprovechamiento sustentables de los recursos”.

Lo anterior, se traduce en que la zona es compatible con actividades como la acuacultura, agricultura temporal, ganadería extensiva, forestal maderable y no maderable, turismo alternativo, entre otras.

Sin embargo, el predio no es apto para actividades como la agricultura de riego, agroindustria, ganadería intensiva, turismo convencional, asentamientos humanos urbanos, industrial ligera, mediana y pesada y la minería.

“Nos congratulamos de que el gobierno federal haya concluido que es un proyecto inconsistente, incompatible e incongruente con la vocación de la región”.

Habitantes de las comunidades que resultarían afectadas con la mina a cielo abierto, así como las organizaciones ambientales, reconocieron al alcalde de Dolores Hidalgo, Miguel Ángel Rayas Ortiz, por no haber otorgado ningún permiso a la empresa canadiense para que operara, sin antes conocer la resolución de la Semarnat.

A pesar del primer triunfo, tanto los habitantes como las organizaciones reconocieron que la minera canadiense puede emprender otro tipo de acciones para conseguir los permisos, por lo que anunciaron que seguirán con la difusión de las consecuencias del proyecto para unir a más ciudadanos interesados en defender el predio del Cerro del Gallo en Dolores Hidalgo.

“Continuaremos con el proceso informativo y organizativo con las comunidades para que, en su oportunidad, esten en posición de combatir legalmente un nuevo intento de aprobación”.

Trabajo en comunidad

Después de reconocer el deterioro ecológico en la región que pretende explotarse en la industria minera, como ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil organizada confiaron en que se trabajará desde los tres órdenes de gobierno para su rescate.

Manifestaron que la falta de políticas que fomenten la actividad campesina en las últimas decádas fue la que llevó a la región al deterioro ecológico.

Sin embargo, apostaron a que la autoridad municipal, estatal y federal propicie la participación de la población de las comunidades campesinas en el diseño y aplicación de proyectos de restauración de los ecosistemas y de aprovechamiento sustentable de bienes naturales, todo en concordancia con el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial.

Con políticas que favorezcan a las comunidades campesinas no solo podrá rescatarse la zona, sino reactivar la economía de la región, aseguraron organizaciones como Acción Colectiva, la Hermandad de la Cuenca de Independencia y la Red Mexicana de Afectados por la Minería.