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Cese de secretario de seguridad de León, exigen colectivas de mujeres, recomendación insuficiente
Jóvenes feministas señalan su falta de confianza hacia el Instituto de la mujer y la necesidad de que las autoridades se replanteen sus políticas públicas, sobre todo en lo que concierne a la manifestación pacífica y la libre expresión
Las mujeres que fueron agredidas y detenidas por la Policía de León tras la manifestación del 22 de agosto pasado exigieron la renuncia de Mario Bravo, secretario de seguridad pública municipal, esto durante su pronunciamiento sobre las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato al municipio de León, por las violaciones a derechos humanos cometidas por agentes de policía.
Una veintena de jóvenes mujeres recordaron cómo fueron detenidas arbitrariamente por los elementos de la SSP cuando ya había concluido la marcha para protestar por la violencia sexual de policías con una chica identificada como Evelyn y que en los días siguientes, el Instituto Municipal de las Mujeres trató de disuadirlas de presentar denuncias mientras se deslindaba de concretar cualquier tipo de apoyo hacia las víctimas.
Señalaron cómo el alcance de la recomendación de la PDHEG no llegó a medidas efectivas de no repetición, no se pide disculpa pública ni se hace señalamiento alguno a la cadena de mando, partiendo del Gobernador Diego Sinhue Rodríguez, ausente y callado en este debate, con las burlas y revictimizaciones del secretario de seguridad pública estatal Alvar Cabeza de Vaca, e incluso, dejando fuera de la misma al presidente municipal, Héctor López Santillana.
Las críticas a la labor de la procuraduría estatal de derechos humanos en el caso, por la falta de garantías de no repetición fueron refrendadas por organismos como Amnistía Internacional capítulo México, y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), mientras que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez enfatizó cómo la tortura y la violencia sexual han sido, como en este caso, un medio de castigo y represión de la Policía contra las mujeres que se atreven a manifestarse públicamente.
Pero lo más grave, dijeron las jóvenes, es que las agresiones de las que fueron objeto por parte de los policías se siguen repitiendo, muestra de ello fue la agresión sexual contra tres menores de edad, una de ellas, con discapacidad, el 10 de enero de este año en la colonia Vista Hermosa, durante una revisión policiaca.

Una recomendación "mediocre" y "limitante": REDIM y Amnistía Internacional
Juan Martín Perez García, director de Red por los Derechos de la Infancia, hizo incapié en que, pese a que entre las víctimas de la represión del 22 de agosto había una menor de edad, quien también fue detenida arbitrariamente y agredida sexualmente por varios oficiales, no hubo referencias suficientes a su caso específico en la recomendación emitida por la PDHEG.
Dijo también que no hay garantía de no repetición si quienes dan las órdenes son las mismas personas que ya fueron señaladas y perfectamente identificadas, y aún así quedan sin sanciones.
Mencionó que uno de los requisitos indispensables para la reparación del daño es la satisfacción de las víctimas, algo que no está ocurriendo en este caso y más, cuando ni siquiera se plantea la necesidad de una disculpa publica. "No es aceptable una recomendación mediocre", señaló.
Por su parte, Marcela Villalobos, presidenta de Amnistía Internacional, calificó la recomendación como "limitante" puesto que ni siquiera se plantea la necesidad de pedir una disculpa pública y de que textualmente se legitime la protesta pública y la reunión pacífica, como fue el caso de lo ocurrido ese sábado en la explanada del Templo Expiatorio en León, puesto que "tirar unas letras no es violencia". Se requiere "que la autoridad lo ponga sobre la mesa", que eso no es violencia.
También urgió no solo a la capacitación en derechos humanos, uso de la fuerza y perspectiva de género de los elementos policiacos, sino ir más allá y evaluar esas capacitaciones que en teoría se estén dando, también a implementar el Protocolo de Estambul, un manual internacional para investigar casos de a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, todo esto con el objeto de evitar que se repitan estas prácticas.

En tanto que Melissa Zamora, abogada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien también acompañó a estas jóvenes en la queja presentada ante la PDHEG, brindó el contexto de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano en el caso Atenco, en donde se declaró responsable internacionalmente por violencia sexual, violación y tortura a 11 mujeres.
Zamora habló de la valentía de las jóvenes denunciantes, que por lo pronto ya ha dejado el legado de la ordenanza al titular de la SSPL de crear un cuerpo normativo que establezca lineamientos para garantizar todas las formas de manifestación del derecho humano a la libertad de expresión, del municipio y del estado de Guanajuato.
Otro punto destacable de la recomendación es que se ordena armonizar una norma técnica para cambiar el plazo de conservación de videos de registro para que puedan ser usados como material probatorio sobre el desempeño de los agentes, algo que impactará no solo en los casos de derechos humanos sino incluso en las investigaciones penales.

Pacto patriarcal: "policías se encubrieron unos a otros"
Más de una docena de jóvenes participaron en la conferencia de prensa virtual, donde agradecieron a la Red Feminista de León, una serie de colectivas feministas que brindaron su apoyo en diferentes aspectos, incluyendo el jurídico pero más allá del mismo, algo que no encontraron en el Instituto Municipal de las Mujeres, que a pesar de haberlo ofrecido no concretó nada, evidenciando sus carencias. "Su mensaje en esos días era pasivo-agresivo, tipo «ya pasó»", dijeron las jóvenes, por lo que no les generaron confianza.
Señalaron también que pese a que varias de ellas presentaron denuncia penal, temen no lleguen sentencias, pues sin nombres, ni placas, no podían señalar directamente a alguien. Aunque no todos los policías nos agredieron, todos se incubrieron unos a otros, el llamado "pacto patriarcal", una muestra más de la violencia institucional.
Todo ello, no cambia su decisión de seguir participando en la exigencia de respeto a los derechos de las mujeres.
Una de ellas concluyó: "Quiero lo que no tuve para todas las que vienen pero también para las que ya están".
3 de marzo de 2021, 18:03
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