El respaldo al diputado federal panista Sergio Fernando Ascencio Barba para la construcción de Cucursola hizo entrar en crisis al ayuntamiento de Guanajuato. Mientras el secretario del ayuntamiento, Héctor Corona León, anuncia acciones legales por las afectaciones en la sierra de Santa Rosa, el alcalde, Alejandro Navarro Saldaña, evade el tema públicamente, aunque promueve que la comunidad comparta el agua de la Presa de Peralillo con el desarrollo inmobiliario del político y empresario irapuatense.

Pese a que Navarro se ha declarado defensor del medio ambiente, incluso en el 2010 formó parte del movimiento social que rechazó el desarrollo en el Cerro de la Bufa, ahora la administración municipal que encabeza ha otorgado permisos para el desarrollo La Cucursola, saltándose las autorizaciones que debe emitir la Federación en materia ambiental.

Consultores en temas ambientales coincidieron en que es indispensable el aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para un desarrollo como el que pretende el legislador panista en la sierra, de lo contrario se incurre en violaciones a la norma, y los funcionarios que otorgaron los permisos deben ser sancionados.

Fotografía Juan José Plascencia

La fractura por el tema Cucursola, que incluye el agua para el desarrollo inmobiliario de Ascencio, también generó que la edil Margarita Rionda Salas se reúna con vecinos de la comunidad para sugerir que la administración del agua quede a cargo del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (Simapag).

A pesar del conflicto social que se ha agudizado en las últimas semanas por el temor a quedarse sin agua, de los señalamientos que han hecho ambientalistas que reprueban el desarrollo de la empresa Loma de Irapuato, propiedad de Sergio Ascencio Barba, las obras siguen en Cucursola, sin que las autoridades inicien acciones por reconocidas violaciones a la norma, como el ofertar terrenos a la venta sin tener los permisos del gobierno municipal.

Corona promete, pero lo desmienten

Al advertir el descontento de los habitantes de la sierra y las afectaciones en materia ambiental, el secretario del Ayuntamiento de Guanajuato, Héctor Corona León, hizo dos promesas sobre acciones legales a emprender por parte del gobierno municipal, pero luego fue desmentido.

Corona primero declaró que el director general de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Juan Carlos Delgado Zárate, analizaba cada permiso otorgado por el área a su cargo para verificar que estuviera conforme a la norma, pero que de encontrar alguna omisión se promoverían un juicio de lesividad para revocar los permisos ya otorgados.

Fotografía Juan José Plascencia

“El presidente ha pedido que investiguen detalladamente este tema, el director de Medio Ambiente está haciendo las actividades respectivas porque posiblemente se puedan generar algunos procedimientos legales. Sabemos que existe un permiso, un documento oficial, pero también sabemos que existe un juicio de lesividad”, dijo.

Días después, el mismo secretario del Ayuntamiento comentó que, otra vez por instrucciones del alcalde, se había pedido al mismo Juan Carlos Delgado que presentara ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) la denuncia por el desarrollo del diputado Sergio Ascencio.

“El presidente municipal está muy al pendiente del tema, le preocupa mucho esta situación, ha instruido al director general de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Juan Carlos Delgado, que proceda por todos los canales y vías conducentes para prever que suceda alguna situación anómala, sobre todo se presente la denuncia a la Profepa para que se pueda dar seguimiento puntual”.

Fotografía de Gobierno Municipal de Guanajuato

A pregunta expresa sobre si el gobierno municipal, el mismo que expidió el permiso de uso de suelo habitacional a la empresa Loma de Irapuato, presentaría la denuncia ante las autoridades ambientales, Héctor Corona León insistió en que el encargado de revisar el tema, por indicaciones de Navarro, era Juan Carlos Delgado.

Sin embargo, apenas unas horas después de la declaración del secretario del Ayuntamiento, el alcalde, Alejandro Navarro Saldaña, rechazó hablar del tema, y más tarde el director de Medio Ambiente desmintió a Corona.

En entrevista para POPLab, Juan Carlos Delgado, negó haber recibido instrucciones por parte del alcalde para reunir los elementos que alimentarían la queja, anunciada por Héctor Corona, ante la Profepa.

“Si no existiera un plan de conservación tendría que poner una denuncia, pero como sí existe yo no tengo eso (la presentación de la denuncia) previsto. Hay una manifestación de impacto ambiental, si no existiera sí procede la denuncia”.

El director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial mencionó que el plan de conservación abarca 3 mil 500 metros cuadrados y el compromiso de la empresa de donar 60 árboles. La fecha para que cumpla vence en el mes de marzo.

Navarro calla

Aunque Corona insiste en que cada acción legal, que hasta el momento ha quedado en declaraciones, es una instrucción que ha dado Alejandro Navarro, al momento de cuestionar al alcalde dice desconocer del tema.

Han pasado semanas desde que se dieron a conocer las afectaciones ambientales y el conflicto social en Santa Rosa por el desarrollo inmobiliario de Ascencio, y solo en dos ocasiones el alcalde ha hecho declaraciones al respecto.

En la primera entrevista aseguró que lo único que conocía de Cucursola es que primero se había planeado para que fuera un centro de convenciones y hotel, que luego se cambió el proyecto, que los trámites estaban en Desarrollo Urbano, sin un permiso para venta.

“Fui un defensor del tema de la Bufa, soy un defensor del tema ecológico, y si hay algo que está indebido o mal hecho que se investigue, ya sea en otra administración o que nosotros hayamos infringido en algo, que lo dudo. Ya tenían su uso de suelo”.

Sin embargo, el permiso para uso de suelo habitacional está firmado por el actual director general de Medio Ambiente, Juan Carlos Delgado.

Permiso de uso de suelo habitacional firmado por el actual director de Medio Ambiente

Tras la declaración de Héctor Corona en la que aseguraba que, “por instrucciones del presidente municipal”, Juan Carlos Delgado presentaría una denuncia ante Profepa, Alejandro Navarro se negó a hablar.

POPLab cuestionó al alcalde sobre la queja que se presentaría ante las autoridades federales en materia ambiental, pero la respuesta de Navarro se limitó a comentar que el tema se manejaría con secrecía.

“A ver, todos los procesos judiciales los llevamos con secrecía, no los tenemos que ventilar en los medios de comunicación. Gracias”.

Después de la respuesta de ocho segundos abandonó la entrevista, pero unos metros adelante se detuvo a responder cuestionamientos sobre otros temas ante los reporteros.

Cuando se le preguntó sobre su aspiración a la reelección, el alcalde de extracción panista justificó su resistencia a hablar de Cucursola, el desarrollo inmobiliario del diputado federal de su partido, Ascencio Barba.

“No es mi interés reelegirme, mi interés es trabajar y dar resultados. Ando en friega de la seca a la meca tratando de hacer un mejor trabajo. No es descortesía, pero los procesos judiciales, por ejemplo, el de la cablera, o el de Berlín, o estos temas (Cucursola), luego se descomponen en el camino. Lo que me ha dicho el señor (Alejandro) Santiago que es el del jurídico: no hable nada porque luego habla de más, y eso provoca que no caminen las cosas”.

Fotografía cortesía del Gobierno Municipal de Guanajuato

Alejandro Navarro no desmintió al secretario del Ayuntamiento, pero quien sí lo hizo fue el director de Medio Ambiente, al asegurar que no hay motivos para presentar una denuncia ante Profepa porque la empresa Loma de Irapuato, de Sergio Ascencio, ha cumplido.

Diputado Ascencio viola Ley

Para poder desarrollar un complejo en la sierra de Santa Rosa como el proyectado por el diputado federal panista, debió haber tramitado al menos cinco permisos ante autoridades federales, detalló el diputado local y exdelegado de Semarnat, Israel Cabrera Barrón.

Al tratarse de un predio con vocación forestal, Cabrera enunció los permisos que debieron tramitarse:

Lo primero que tuvo que haber pasado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue un Estudio Técnico Justificativo, para poder hacer el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, que validaran la viabilidad para un predio habitacional ya sea hotel o fraccionamiento.

Después, viene el estudio para la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el cambio de uso de suelo. Una segunda MIA debió presentarse por la construcción de un desarrollo habitacional. La MIA número tres se vincula a la construcción del muro de acceso a Cucursola y de los caminos que se hicieron en el predio de casi siete hectáreas.

Otro de los requisitos a tramitar ante autoridades federales es el permiso para la descarga de aguas residuales. Uno de los problemas en Santa Rosa son las descargas de aguas negras que llegan hasta la zona conocida como Santa Rosa de Abajo, porque no hay un sistema de drenaje y alcantarillado eficaz.

Israel Cabrera señaló que los trabajos que ya se han hecho en la sierra traerán afectaciones a todos los habitantes del municipio.

“Sí afecta a los habitantes el consumo por el agua, las descargas de aguas negras, el cambio de microclima por la falta de árboles, el impacto visual, pero también no dejemos de lado que hay habitantes que son animales, son multitud de especies que no van a tener libre tránsito”.

Fotografía de Juan José Plascencia

Un consultor ambiental dijo a POPLab que los permisos otorgados por las autoridades municipales no son suficientes para avalar el desarrollo inmobiliario de Sergio Ascencio.

El consultor detalló que en el artículo 28, fracción VII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, se establece que para el cambio de uso de suelo en zonas forestales se requiere de la autorización en materia de impacto ambiental de Semarnat, requisito que no ha cumplido la empresa Loma de Irapuato.

Incluso después de que se autorizara un cambio de uso de suelo en una zona forestal, es necesario celebrar un convenio entre la federación, el estado y el municipio para controlar las acciones derivadas del cambio. Este requisito se establece en el artículo 16 del Código Territorial para el Estado y Municipios de Guanajuato.

La fracción III del artículo 262 del mismo Código Territorial plantea que el cambio de uso de suelo se debe negar cuando afecte o pueda afectarse al ambiente, al entorno natural, a la imagen urbana, al paisaje o al patrimonio natural.

“Si la dirección de Medio Ambiente otorgó una factibilidad o licencia de uso de suelo no es válida, no está facultado para decidir en terreno forestal, sin que haya una manifestación de impacto ambiental federal, un procedimiento de cambio de uso de suelo autorizado por el Ayuntamiento y un convenio entre el estado, la federación y el municipio”, detalló el consultor.

El diptuado federal Sergio Ascencio solo ha mostrado un documento emitido por Semarnat en el que se le autoriza la tala de dos árboles en el predio conocido como La Rosita, en la sierra, pero no existen permisos federales para el desarrollo Cucursola.

Afectaciones al medio ambiente son delitos penales

La reforma constitucional del año 2014, incluye en las garantías individuales de la ciudadanía el derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, lo que también implicó que las sanciones por las afectaciones se consideren delito penal.

Israel Cabrera explicó que hasta antes de la reforma constitucional los delitos ambientales se resolvían por la vía administrativa.

“Ya no es pagar un dinero, sino hay que hacer todo un procedimiento penal que pudiera resultar en cárcel, es como se ha logrado combatir los delitos ambientales”.

A decir del exdelegado de Semarnat hay suficientes elementos para que las autoridades suspendan las obras por la falta de permisos e iniciar un proceso jurídico no solo contra el diputado Sergio Ascencio, sino contra las autoridades municipales que han emitido permisos sin tener la facultad, o en caso de que hayan sido omisos en el cumplimiento de sus atribuciones.

En este sentido, el consultor coincidió en que las sanciones deben dirigirse no solo al desarrollador, sino a las autoridades del gobierno municipal de Guanajuato por usurpar facultades que competen a la Federación.

Cuestionado sobre las competencias que tiene la dirección de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Juan Carlos Delgado insistió en que han actuado con base en lo que establece la norma.

“Hay manifestaciones que tienen que ser de carácter federal, otras de carácter estatal y otras de carácter municipal, si se fuera a hacer una industria, una gasera, la manifestación tiene que venir del ámbito federal. Cuando se diseña el proyecto anterior (el del hotel) la manifestación era estatal, por eso ellos la tenían en el 2018. Cuando se da el cambio a fraccionamiento, esos son con el ámbito municipal, tanto el uso de suelo como la manifestación de impacto ambiental”, argumentó.

Interviene regidora panista

La regidora panista Margarita Rionda Salas ha convocado a reuniones con las delegadas y delegados de las comunidades de la sierra en el organismo operador del agua, con la promesa de que se buscarán soluciones al problema del servicio.

El ofrecimiento de Margarita Rionda para acercar a los habitantes con Simapag llegó después de que estallara la inconformidad por Cucursola, aunque la regidora reconoció que el problema con el suministro de agua tiene años.

En entrevista, la delegada de Santa Rosa, Blanca Angélica Cabrera, acusó a la regidora panista de intentar persuadir a los habitantes de la comunidad para que sea el Simapag el que se haga cargo de administrar el agua de la Presa de Peralillo, quitándole la atribución que actualmente tiene el comité rural.

La inconformidad de la población de Santa Rosa por el agua que se le daría a Cucursola puso al descubierto el desarrollo de Sergio Ascencio.

Hace unos días, la regidora panista, vecina de Santa Rosa, fue a entregar despensas y cobijas “a nombre propio y del alcalde Alejandro Navarro”, y durante la reunión planteó a los habitantes que la administración del agua quedara en Simapag.

En entrevista, Rionda reconoció que, sin entregar agua a Cucursola, los habitantes de Santa Rosa y del resto de comunidades serranas que se abastecen de la Presa de Peralillo padecen por la falta del líquido.

Incluso, comentó que ella como habitante gasta más de 1 mil pesos semanales en la compra de agua por pipas porque la que llega no es suficiente.

La regidora del PAN aseguró que los acercamientos que ha tenido con Simapag son para gestionar infraestructura que permita a los vecinos contar con el servicio eficiente de agua, sin pretender quitar el agua a los habitantes de la zona para entregarla al desarrollo del diputado federal.