Una vez aprobada por el Pleno del Congreso local la auditoría al Gobierno Municipal de Guanajuato y al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Simapag), que arrojó irregularidades por poco más de 5.5 millones de pesos en contratos que recibió la familia del empresario televisivo Jorge Antonio Rodríguez Medrano, tendrá que resarcirse el daño al erario, de lo contrario tendría que vetarse a la empresa y personas físicas que recibieron pagos sin comprobar los servicios.

La presidenta de la comisión de Hacienda y Fiscalización, Alejandra Gutiérrez Campos, detalló que el dictamen que incluye el informe de resultados a la auditoría tendrá que regresarse a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) para que inicie el proceso administrativo, donde las partes tendrán el derecho a defenderse, tanto los funcionarios involucrados en los contratos como los particulares que recibieron los pagos.

Sin embargo, de no acreditar que la familia Rodríguez Rocha, que incluye al propietario de la televisora, sus hijos, su esposa y nuera, prestó los servicios de publicidad y difusión, éstos podrían ser vetados y no recibir más contratos con dinero público municipal.

“Las observaciones que no se acrediten comprobantes de servicios, ahí sí puede algún tipo de veto si se detecta que no cumplió la empresa, que no resarce el daño. Puede llegar a vetarse a la empresa si no se resarce el daño”, apuntó.

Silvia Rocha y Jorge Rodríguez Medrano. Foto: archivo

La auditoría de situación excepcional se inició a petición de ciudadanos, ante las irregularidades documentadas por el activista Roberto Saucedo Pimentel, en primer término por el no cobro por la colocación de cableado en la vía pública a la empresa Telecom, por donde transmite su señal TV Guanajuato y TV Libertad, ambos canales propiedad de Rodríguez Medrano. La solicitud de revisión incluyó los millonarios contratos que recibió la familia Rodríguez Rocha al gobierno municipal de Guanajuato y al Simapag.

En el caso de los contratos, la ASEG detectó que no hubo entregables de los servicios por los que fueron contratados, que los funcionarios municipales no garantizaron que ofreciera los mejores precios, además de que no existen registros de que asistieran a trabajar los hijos del matrimonio conformado por Jorge Antonio y la exregidora Silvia Rocha que se mantuvieron en la nómina.

Diputada Alejandra Gutiérrez (PAN). Fotos: especiales

De acuerdo con la nueva Ley de Fiscalización del Estado, el proceso marca que es la ASEG la que debe recibir el informe ya aprobado e iniciar con el proceso administrativo para identificar a los posibles responsables del daño al erario.

También, la ASEG, en coordinación con el gobierno municipal de Guanajuato, tendrá la obligación de concluir cuántos son los metros lineales ocupados por el cableado de Telecom en la vía pública para que se estime el monto que no ha sido cobrado durante años.

Una vez que se tengan ambas revisiones, la ASEG determinará si procede dar vista a un órgano administrativo para sancionar a quienes resulten responsables.

“Hoy por cuidar los derechos humanos no podemos hacer eso (señalar responsables) para que tengan derecho de audiencia, tienen el derecho de defenderse, en la ley de fiscalización lo que sigue es llevar el caso a los tribunales administrativos para que determine si hay un presunto responsable del ilícito y se presenta la denuncia penal”.

La deuda por el cableado supera, en estimaciones de la anterior administración municipal, los 115 millones de pesos de los últimos cinco años que son los que se pueden cobrar.

Con el voto unánime del Pleno del Congreso se aprobó el informe de resultados enviado por la ASEG.

ASEG protege a Márquez en auditoría a terrenos: oposición

En la sesión de Pleno de este martes también se aprobó el informe de resultados a la auditoría por la compra-venta de terrenos para el nuevo estadio del Club León, donde se exoneró al gobierno de Miguel Márquez Márquez, ante la denuncia pública de la compra a sobreprecio.

Diputada Celeste Gómez (PRI). Fotos: especiales.

En contra del dictamen que salió de la comisión de Hacienda y Fiscalización se pronunció el PRI y Morena, al considerar que los estándares de la ASEG para hacer la revisión no fueron los correctos, incluso adecuando la legislación para que se quedara sin observaciones la transacción que se realizó en los últimos meses de la administración marquista.

Celeste Gómez Fragoso, diputada priista e integrante de la comisión de Hacienda, fue la primera en hablar en contra del informe presentado por la ASEG.

Señaló que el dictamen carece de exhaustividad en sus consideraciones, es omiso en señalar fallas graves visibles en el proceso, y tendenciosamente oculta datos e informes importantes que podrían evidenciar graves irregularidades en los actos revisados.

“La razón técnica y jurídica de nuestra objeción al dictamen se basa en una serie de datos que ponen de manifiesto la parcialidad y la tendenciosa falta de acuciosidad, que se reflejan en el contenido del informe de la Auditoria Superior; los cuales generan la sospecha de una complaciente complicidad de su parte, misma que deviene en la notoria evidencia de que su propósito inicial era el de evitar a toda costa la determinación de posibles irregularidades y el señalamiento de presuntos responsables”.

José Huerta Aboytes subió a tribuna y manifestó que en el caso del Grupo Parlamentario del PRI, no están en contra de los resultados de la auditoría por razones de carácter político sino porque la ASEG no fue acuciosa, profesional ni atinada en esa revisión.

Agregó que la adquisición del terreno tiene muchas deficiencias, amén de que se llevó a cabo en época electoral y para justificar a quienes, por su negligencia, irresponsabilidad y falta de cuidado, dejaron perder el estadio León.

El primer error, recalcó el legislador, fue que se haya adquirido para reserva territorial y no para la construcción de un estadio de fútbol como se le hizo sentir a la afición; y posteriormente la enajenación se hace en el mismo precio que se compra, sin sufrir ninguna plusvalía, además de que se vendió en cómodos pagos a una empresa mercantil denominada Fuerza Deportiva Club León S.A de C. V.

“Se advierte simple y llanamente si esa cantidad se pone a plazo fijo en una institución financiera, en ese término nos da más de 25 millones de pesos que no nos proporciona el interés que se establece en la compra venta y ahí está el daño al erario y evidente el dolo previo”, puntualizó el diputado José Huerta.

Diputado Ernesto Prieto (Morena).

El coordinador de Morena, Ernesto Prieto Gallardo también subió a tribuna para reprochar que, disfrazado de legalidad, la ASEG se dedicó a tapar los actos de corrupción de la administración estatal anterior.

“Estamos convencidos de la parcialidad de la ASEG, de su falta de profesionalismo y exhaustividad en las auditorías”.

Denuncias por filtraciones

El contralor interno del Congreso, Rafael García Ríos, será el responsable investigar las presuntas filtraciones de informes de resultados a auditorías que han llegado a los medios de comunicación, cuando se trata de información reservada en tanto no se apruebe en Pleno.

La presidenta de la comisión de Hacienda y Fiscalización, Alejandra Gutiérrez Campos, comentó que han sido reiteradas las filtraciones que se han dado en la actual legislatura, por lo que se presentarán las denuncias.

La instancia responsable de investigar cómo es que han llegado a los medios de comunicación los resultados de las auditorías antes de aprobarse en Pleno es el órgano de control interno.