La cerrazón de las autoridades de Guanajuato a reconocer fenómenos delictivos que durante años se ocultaron, llevaron a las víctimas de la violencia en el estado a organizarse para alzar la voz y visibilizar que son miles las personas desaparecidas y la proliferación de fosas clandestinas; sin embargo, la lucha social sigue sin reconocerse por el Gobierno del Estado que castiga con el presupuesto los organismos creados para brindarles apoyo.

El proyecto de Presupuesto de Egresos para 2021 que presentó el Ejecutivo al Congreso del Estado contempla destinar para la operación de las comisiones de Búsqueda y Víctimas el 0.04 por ciento del total de los recursos públicos estimados en poco más de 89 mil 298 millones de pesos.

Los 36 millones 540 mil 477 pesos etiquetados para las comisiones incluyen 17 millones 688 mil pesos para el funcionamiento de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, 10 millones de pesos más para el fondo para la reparación integral del daño a las personas que hayan sido víctimas de un delito, y 8 millones 852 mil pesos para la Comisión Estatal de Búsqueda.

De los recursos para la Comisión Estatal de Búsqueda, el proyecto de presupuesto prevé que el 67 por ciento se destine al pago de sueldos del personal; es decir, se etiquetaron 6 millones 194 mil 132 pesos para sueldos base, primas de vacaciones, dominicales, gratificaciones de fin de año, compensaciones, aportaciones de seguridad social y otras prestaciones.

Los 2 millones 657 mil 909 pesos restantes están dirigidos a gastos de representación, alimentos, traslados, pago de energía eléctrica, telefonía, limpieza, medicinas, combustibles, entre otros.

POPLab buscó al comisionado estatal, Héctor Alonso Díaz Ezquerra, para conocer la manera en que va a operar la comisión y los recursos que se buscarán de la federación para el funcionamiento del organismo, así como para las búsquedas de campo, pero no respondió a la petición.

Héctor Díaz Ezquerra

Tan solo en los últimos cinco meses de 2020, la Comisión Estatal de Búsqueda ha tenido acceso a más de 15 millones de pesos, aunque el 90 por ciento de los recursos fueron financiados por la Federación.

Primeras búsquedas

Hace cuatro meses en Guanajuato iniciaron las búsquedas en campo con resultados que dan muestra de la problemática que durante años fue negada por las autoridades: las fosas clandestinas en el territorio que guardan los restos de cientos de personas.

Los trabajos en campo comenzaron en agosto pasado, un mes después del nombramiento de Héctor Díaz Ezquerra como primer comisionado de búsqueda en Guanajuato, con recursos provenientes de la Comisión Nacional de Búsqueda y la aportación de 1.4 millones de pesos del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

En el convenio de coordinación y adhesión para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas que se firmó el 31 de agosto pasado, quedó establecido que a través de la Comisión Nacional de Búsqueda se entregarían a la naciente comisión estatal 14 millones 400 mil pesos, con la condición de que las autoridades locales aportaran el 10 por ciento del monto.

Para la comprobación del ejercicio del subsidio federal, la comisión de Guanajuato tiene hasta el 15 de diciembre para comprobar a la Comisión Nacional en qué se gastaron los recursos que tendrán que erogar o comprometer antes del 31 de diciembre, según el convenio firmado.

Con los 15 millones 800 mil pesos iniciaron los trabajos en campo, que han resultado en hallazgos que conmocionaron a la sociedad, después de la insistencia de los colectivos de familiares de personas desaparecidas por ir a los sitios donde tenían reporte de fosas clandestinas. El primer punto fue en la comunidad Cupuato del municipio de Uriangato, y a pesar de que se reportaron restos de personas no hay información oficial sobre el número de personas localizadas en el lugar.

Aunque los reportes por hallazgos de restos óseos, cuerpos enterrados de manera ilegal y calcinaciones de personas no son nuevos en Guanajuato, la Fiscalía General del Estado reconoció en Salvatierra la primera fosa clandestina.

A finales de octubre se dio a conocer que durante los trabajos en el Barrio de San Juan, Salvatierra, se encontraron restos de al menos 59 cuerpos, que hoy ya se estiman en 79.

Búsquedas en campo. Fotografías especiales

Unos días después, se localizó otra fosa, ahora en Cortazar, en la comunidad Cañada de Caracheo, situación que tensó la relación de las autoridades estatales con la comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana, quien denunció públicamente el cierre de información por parte de la Fiscalía General del Estado.

En Cortazar se encontraron al menos 42 cuerpos, de acuerdo con información que proporcionó Héctor Díaz Ezquerra al periódico am.

De acuerdo con los informes que tiene la Secretaría de Gobernación, del 1 de enero al 24 de noviembre de 2020 en Guanajuato se han realizado 44 acciones de búsquedas en campo.

Hallazgo en Acámbaro

En la última semana se dio a conocer la localización de un nuevo sitio de inhumación clandestina en Acámbaro, a las faldas del Cerro del Toro, después de que familiares de personas desaparecidas hicieran el reporte.

Guanajuato terminó el mes de noviembre con el hallazgo donde se localizaron los restos humanos en bolsas de plástico.

En el parte que envió la Fiscalía General del Estado solo se dio a conocer que se encontraron restos corpóreos en estado de descomposición, en un inmueble que estaba en aparente estado de abandono al final de la calle Leona Vicario de la colonia La Ascención.

La vivienda que se encuentra pegada a la Reserva Natural del Cerro del Toro, aunque se trata de un lugar que se encuentra a pocas calles del centro de la ciudad.

En los primeros reportes que recibió el presidente municipal de Acámbaro, Alejandro Tirado Zúñiga, fue que se encontraron cuerpos semienterrados y había al menos tres fosas.

Después de tres días de trabajo, la Comisión Estatal de Búsqueda informó a colectivos que en total se encontraron 11 fosas, ocho de ellas ya han sido exploradas y teniendo como resultado la recuperación de 23 bolsas con restos humanos.

En la zona todavía está pendiente procesar tres puntos en la zona, además de que uno de los ocho continúa abierto.

El resultado sobre el número de personas a las que corresponden los restos localizados tendrá que darlos a conocer la Fiscalía General del Estado, así como los avances en el proceso de identificación de los restos.

Guanajuato reprobado en avances

En el último ejercicio que hizo el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda del mapeo de cumplimiento de las comisiones de las 32 entidades, Guanajuato aparece entre los seis estados que no tienen ningún avance en el tema.

Con base en información proporcionada por las comisiones en 2019, año en el que todavía Guanajuato no había legislado en el tema, aparece el rezago de la entidad a la que acompañan Aguascalientes, Morelos, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

Entre los 16 indicadores que toma el Consejo Nacional se incluye los recursos de personal, financieros y materiales con los que cuenta cada comisión estatal.

Es de destacar que en las entidades con mejor calificación tienen en común la disposición presupuestal que otorgan los gobiernos locales. Por ejemplo, de los 32 millones que tuvo Veracruz en 2019, 23.9 fueron asignados por el gobierno estatal. En Coahuila los 10.5 millones también fueron otorgados por la autoridad estatal.

Aunque también existen casos como el de Hidalgo, donde la Federación dio 7.1 millones y el gobierno estatal otorgó 795 mil pesos.

Eterna deuda con víctimas

Las omisiones legislativas retrasaron dos años la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda y siete años la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, ambas quedaron constituidas y con titular en 2020, pero con limitantes presupuestales.

Durante julio-agosto de 2020 la Comisión Estatal de Búsqueda empezó operaciones con aportaciones federales, en su mayoría, sin que a la fecha se haga público en el portal de transparencia el personal con el que cuenta el organismo y los recursos materiales.

En 2010 comenzaron a hacerse públicas las desapariciones forzadas de personas con el caso de 10 leoneses que salieron a cazar en la sierra de Morones, Zacatecas, y no regresaron.

A lo largo de los años han existido otros casos con impacto nacional como las siete personas que fueron “levantadas” en Cerro Gordo, Salamanca, en 2016.

Sin embargo, fue a finales de 2019 cuando comenzaron a integrarse los colectivos de familias de personas desaparecidas en Irapuato para exigir a las autoridades que se reconociera el fenómeno delictivo, buscaron ser escuchadas directamente por el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, y por el fiscal general, Carlos Zamarripa Aguirre.

Después de mes y medio, finalmente el gobernador se reunió con los colectivos, donde prometió un fondo de 10 millones de pesos en apoyo a las familias, aunque a la fecha las víctimas desconocen cómo y a quién se entregaron los apoyos.

Durante 2020 los grupos de familiares de personas desaparecidas comenzaron a unirse en todo el estado para salir a buscar a sus seres queridos y señalar las omisiones que durante años llevaron a crear una falsa realidad de un Guanajuato solo referente nacional por las inversiones de empresas trasnacionales.

En julio pasado, cientos de familiares se plantaron afuera del Teatro Juárez para protestar por la designación de Héctor Díaz Ezquerra como comisionado de búsqueda, luego marcharon hasta la glorieta Santa Fe, donde recibieron como respuesta de las autoridades la represión policial que terminó con cuatro mujeres detenidas.

Los siguientes meses colectivos pugnaron porque se levantaran los cargos de las activistas, finalmente la Fiscalía General del Estado cerró la investigación, pero también hizo lo mismo con la denuncia que presentaron las mujeres por abuso de autoridad en contra del secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, y los elementos estatales que participaron en la detención.

Finalmente, hace unos días una juez de control resolvió que la Fiscalía de Carlos Zamarripa debe reabrir el caso para investigar a Alvar Cabeza de Vaca y los policías de las Fuerzas de Seguridad Pública por el presunto abuso de autoridad durante la protesta de las familias de personas desaparecidas.

Realidad oculta

En el informe que presentó hace un par de semanas Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, reflejó que Guanajuato se ubica en el segundo lugar nacional por el número de denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado por desaparición de personas.

Tan solo del 1 de diciembre de 2018 al 23 de noviembre de 2020, el estado reporta 1 mil 235 personas, que representa el 8.02 por ciento del total nacional de las víctimas de este delito.

La entidad también tiene la segunda fosa clandestina más grande del país en los últimos dos años: Barrio de San Juan en Salvatierra.

Trabajos en Salvatierra

La presión que ejercieron las familias de personas desaparecidas llevó al Congreso local a retomar el análisis para la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato y la Ley Estatal de Víctimas del Estado de Guanajuato.

Finalmente, en mayo de 2020 se aprobaron ambas legislaciones para dar inicio a la integración de las comisiones que con limitantes presupuestales han operado y lo seguirán haciendo el próximo año.