Por primera vez en 14 años, funcionarios de dependencias federales vinculados al proyecto de la presa El Zapotillo accedieron a reunirse con integrantes del Comité Salvemos Temacapulín Acasico y Palmarejo, comunidades que se verían inundadas si se aprueba la construcción a 105 metros de la cortina de la presa; dicho diálogo, celebraron los integrantes, abrió la posibilidad de que el proyecto se audite para revisar "las auténticas motivaciones" para la realización de la obra hidráulica.

La reunión se realizó el martes en la Ciudad de México con Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de asesores de la Presidencia y Blanca Jiménez Cisneros, directora general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), donde se acordó que a fines de julio acudirá a los pueblos de los Altos de Jalisco Víctor Toledo, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para revisar alternativas, junto con los movimientos en defensa del agua, para una gestión integral del agual que podría descartar la construcción de la presa El Zapotillo; misma revisión se llevaría, por separado, con Conagua.

Representantes del comité "Salvemos Temaca" realizaron una conferencia de prensa "callejera", afuera de las instalaciones de Segob para detallar los resultados sobre "el mucho argüende" que hay los estados de Guanajuato y Jalisco tras la firma del "Acuerdo de Entendimiento Relativo para el Aprovechamiento de las Aguas del Río Verde", firmado el pasado 29 de junio por los gobernadores de ambos estados.

Fotos: Cortesías

Mientras en Guanajuato no trascendieron detalles sobre lo que se firmó en dicho acuerdo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, celebró que se haya logrado 76 por ciento del agua para Jalisco mientras que Guanajuato aceptó una reducción al 24 por ciento (contra 32 y 68 por ciento previamente establecido). Posteriormente, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), aclaró que León no pierde agua; expertos señalan que si Jalisco quiere incrementar asignación del recurso debe construir otras presas o salvar el escollo de los amparos que impiden elevar la cortina de la presa a 105 metros, medida que haría inevitable que se inunden los poblados en conflicto.

En su conferencia de prensa, el comité reafirmó la denuncia de que aquellos que han empujado la obra de El Zapotillo no son los ciudadanos de León, de Guadalajara o los de los Altos, sino los grandes empresarios y políticos con interés en privatizar el agua, y por ello buscan los acuerdos con los gobernadores Enrique Alfaro y Diego Sinhue Rodríguez, que pactan sobre la repartición de un agua que ni siquiera existe.

La repartición de aguas del río Verde estaría violando los derechos de la gente de la región (derecho humano a un medio ambiente sano, a una alimentación sana, a la salud, y al agua y saneamiento), pero también dañando su economía, dado que en la región de los Altos "se produce el 40% de la proteína animal a nivel nacional", por lo que, advirtieron, construir este embalse podría provocar una crisis en el sector.

El grupo de defensores de "Temaca" señalaron que el gobierno federal, a diferencia de Guanajuato y Jalisco, accedió a una reunión de trabajo con ellos, donde se comprometieron a buscar alternativas para una verdadera gestión de agua, en un contexto donde el país se encuentra vulnerable por obras hidráulicas mal diseñadas, afectadas por la corrupcción y la ilegalidad.

Abengoa: amarga experiencia

Como se recordará, la empresa encargada de la obra, la española Abengoa, se declaró en quiebra en 2017; el plan original era que el agua fuera vendida a los consumidores por Abengoa durante los 25 años que duraría la concesión. Inició con un presupuesto de 7 mil 900 millones de pesos, actualmente lleva ya 35 mil millones, y de continuarse, se estima que termine costando alrededor de 71 mil millones (incluyendo las obras complementarias, como la presa del Purgatorio, el acueducto y los gastos de operación), "esto, basado en información pública disponible", dijo Gabriel Espinoza, sacerdote y activista.

Los funcionarios federales les informaron también que de los 500 millones de pesos presupuestados para la presa este año, sólo se destinarán efectivamente 270 millones, esto, para mantenimiento y seguridad, pues al ser tiempo de lluvias existe el riesgo de una obstrucción del túnel y eso podría poner en riesgo a las comunidades. No quedó claro dónde quedaron los otros 230 millones de pesos.

No obstante, quedó claro que Abengoa, tras haberse retirado hace dos años del proyecto de la presa, ha quedado también fuera de la construcción del acueducto, obra que también está parada por un amparo promovido por los ejidos y productores de los Altos; actualmente presenta únicamente un avance de instalación del 6% en su lado de Guanajuato, siendo que en Jalisco hay oposición por parte de los alteños.

La exigencia a las autoridades también viene de ciudadanos en León y Guanajuato, puesto que, argumentan, la edificación de presa El Zapotillo invisibiliza el problema al "aventar la (supuesta) solución 30 años en el futuro" y no ahora.

Lázaro Cárdenas Batel, dijeron, insistió en que cualquier determinación sobre la presa El Zapotillo contará con el concenso de los pueblos de los Altos de Jalisco, tomando en cuenta la disposición presidencial de respetar los derechos de los pueblos y comunidades y de su no-desplazamiento ni inundación de los tres pueblos.

"Todo es un teatro"

La delegación de defensores de Temacapulín Acasico y Palmarejo recalcó que el agua que se está repartiendo entre las regiones de Guadalajara, León y 14 municipios de los Altos no existe, pues no hay estudios que avalen la disponibilidad de esa cantidad de agua, por lo que todo parece una mentira, un teatro montado.

También, que el acuerdo de entendimiento entre los gobernadores se resume a una petición de dinero a la federación para un proyecto ya de por sí costoso y que afectará a toda la región. Y refirieron que el desplegado con las firmas de adhesión de los alcaldes en Jalisco al mencionado acuerdo, es por la presión que Enrique Alfaro les aplica, con la promesa de llevarles otras obras hidráulicas.

Sin embargo, el comité volvió a pedir una reunión "de alto nivel" con las autoridades locales, como el gobernador Enrique Alfaro, la Comisión Estatal del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, pero con la condición de que sea en Temacapulín, y de forma pública, porque las comunidades que se han amparado "no están jugando a defenderse": no renunciarán a ese derecho ni desistirán.

La reunión con la prensa concluyó en medio de consignas como "Tecama vive, la lucha sigue".