POPLab

Por Yajaira Gasca y Melissa Esquivias

A través de una llamada al número 4777164686, que aparece en su página de Facebook, POPLab contactó a la asociación Vida y Familia (VIFAC). Una voz femenina responde. La reportera se presenta como una joven de 22 años que pide información sobre el tipo de apoyo para mujeres embarazadas que ofrece la asociación.

Una psicóloga le ofrece recibirla en sus instalaciones para aclarar sus dudas, aunque deja claro que se trata de una organización que “está a favor de la vida desde el momento de la concepción”.

La psicóloga, de nombre Cristina, a quien la joven le pregunta por la posibilidad de brindarle información para interrumpir su embarazo de forma segura, le insiste que acuda personalmente a las instalaciones de la organización, ubicada en la colonia Bellavista en León.

En sus redes sociales, Vifac ofrece apoyo a mujeres embarazadas en estado vulnerable. “Celebramos la vida”, dice su eslogan.

Entre 2017 y 2022, a esta organización constituída en León por los empresarios constructores Enrique Lorenzo Gómez Tamez y Mario Gerardo Medrano Lozano, le otorgaron 2 millones 224 mil pesos, según consta en los diversos convenios firmados con instancias estatales y municipales con sus representantes legales.

Esos mismos documentos muestran que la organización recibió los recursos de diferentes dependencias, aun cuando las reglas de operación que definen el manejo de estos recursos prohíben que una asociación civil reciba recursos públicos de más de una dependencia en el mismo ejercicio fiscal, pero esto no se cumple en varios casos comprobados en esta investigación.

Esas reglas pueden consultarse en la página web dedicada a la entrega de los recursos que se asignan a asociaciones civiles.

A esto se suma que el gobierno del estado decidió crear un fideicomiso para entregar los recursos a estas organizaciones y reservar la información sobre el tema para no reportar a quiénes les da el dinero y qué se hace con él.

El Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de desarrollo social y seguridad pública (Fidesseg) ha sustituido paulatinamente a Sumamos al Desarrollo de la Sociedad, nombre que le dio al programa la administración de Diego Sinhue.

Organización Vida y Familia, en la ciudad de León, Guanajuato
Fotos: Juan José L. Plascencia.

El gobierno municipal de León, en manos del PAN, también le otorgó fondos a Vifac y otras organizaciones citadas en el reportaje.

Vida y Familia es una organización fundada en la Ciudad de México en 1985 por Marilú Mariscal. Actualmente tiene presencia en 28 estados de la República -entre ellos Guanajuato.

En la ciudad de León, Vifac fue fundada en 2001 por Alejandro Velasco, José Antonio Abugaber y Fernando González Passini, empresarios locales que participan en consejos empresariales como la Confederación de Cámaras Industriales, de la que actualmente Abugaber Andonie es presidente reelecto.

Reglas que se rompen.

A pesar de los recursos recibidos y del respaldo empresarial, las instalaciones en donde Vifac brinda acogimiento a mujeres embarazadas con o sin hijos luce descuidada.

Al edificio lo protege una reja cerrada con candado, pero de frente se observa una sala de recepción, con un cromo de la Sagrada Familia. Es posible pedir informes en una puerta lateral, en donde hay un bazar con un sinfín de artículos de segunda mano.

La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos en el Foro de Libertad Religiosa 2022.

El gobierno municipal de León ha entregado recursos a Vifac desde el segundo periodo de gobierno de Héctor López Santillana (2018-2021) y ha seguido otorgando dinero público durante la administración de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez.

Decenas de convenios entre Vifac y el Municipio de León revelan que, al menos desde 2017, el DIF municipal de León otorga recursos a la asociación para que ésta “brinde atención, albergue y orientación a mujeres embarazadas en cumplimiento de su objeto social”.

Al frente de la organización -y de acuerdo con las evidencias encontradas en sus redes sociales y en la visita presencial realizada a sus instalaciones-, son mujeres quienes atienden a las usuarias de sus servicios. En distintas publicaciones también figura Alicia López, esposa del empresario y representante Enrique Gómez Támez, quien se involucra activamente en las actividades del refugio que puede albergar al mismo tiempo hasta 18 mujeres.

Otra organización que opera contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, es el Centro de Ayuda para la Mujer Latinoamericana, la cual ha recibido 1.9 millones de pesos para proyectos diversos por parte de la Sedeshu y el Fidesseg.

Testimonio del CAM difundido en su sitio web

Aunque su domicilio fiscal está en la Ciudad de México, en su sitio web la organización civil asegura tener presencia en Guanajuato. En su portal se refiere que la agrupación “busca ayudar a la mujer embarazada que ha decidido abortar, para que opte libremente por la aceptación de su maternidad, a efecto de proteger y preservar su dignidad, logrando repercutir en su familia y en su entorno familiar”.

“La red latinoamericana de Centros de Ayuda para la Mujer es una red sin fines de lucro, comprometida a defender la vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, de conformidad al Magisterio de la Iglesia Católica Apostólica y Romana”, se describe en la página web del CAM. Esta organización opera a través de módulos informativos cerca de clínicas de interrupción del embarazo, principalmente en la Ciudad de México.

Medios como LadoB y El País han documentado que estos espacios operan como redes que se oponen al derecho de las mujeres a optar por una interrupción legal del embarazo, y ofrecen ayudas no especificadas a las mujeres, con la condición de que no aborten.

En enero de este año, el Centro de Ayuda para la Mujer fue clausurado por la Agencia de Protección Sanitaria de la CDMX, “por ofrecer servicios gratuitos de salud a embarazadas sin la autorización correspondiente, como gancho para persuadirlas, con información falsa, de no interrumpir la gestación”, explica una nota informativa de La Jornada.

Otra regla establecida en la normatividad de los programas y no respetada, es que no se pueden aprobar recursos a las organizaciones que estén inactivas en el Registro Federal de estas asociaciones.

Las reglas para comprender el reparto de los recursos están a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu), pues la dependencia estatal administra dos bolsas diferentes desde las que se distribuyen apoyos a organizaciones de la sociedad civil.

En los criterios asentados en las reglas de operación de los programas de Sedeshu se especifican las razones por las que una osc's no puede ser donataria: “VII. No haber sido beneficiada por un Fideicomiso u otro Programa Social Municipal, Estatal o Federal durante el mismo ejercicio fiscal. Que se demostrará mediante escrito libre de manifestación de decir verdad”, y “V. Copia fotostática simple de la declaración anual ante el SAT (Servicio de Administración Tributaria) del último ejercicio fiscal”.

Esta misma dependencia, que también interviene en la asignación de proyectos del Fidesseg, estableció como requisito en sus reglas de operación un documento firmado por los representantes de las organizaciones en el que informen si reciben financiamiento de otras fuentes.

De acuerdo con las reglas de operación, el comité técnico encargado de seleccionar y aprobar los apoyos a las organizaciones solicitantes está integrado por la persona titular de la Sedeshu, Libia Denisse García; Aldo Márquez, como titular de la Subsecretaría de Operación para el Desarrollo Humano; Héctor Salgado Banda, como titular de la secretaría de Finanzas; Juana de la Cruz, secretaria particular del gobernador, y el director del Sistema DIF, Gerardo Trujillo Flores.

Con excepción del secretario de finanzas, todos los funcionarios son militantes del Partido Acción Nacional.

Así, las asociaciones presentan una solicitud para recibir recursos que, según las reglas de operación, pueden ser utilizados para la contratación de personas, desarrollo de proyectos, adquisición de mobiliario o insumos, mantenimiento, remodelación o construcción.

Para ser donatarias autorizadas, todas las asociaciones deben registrarse ante la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Esto está establecido en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Cumplir con este registro les permite tener una Clave Única de Inscripción al Registro Federal, denominada CLUNI.

La CLUNI es un documento indispensable para que las organizaciones puedan acceder a apoyos, estímulos, capacitaciones o cualquier programa del gobierno federal y estatal.

Para permanecer activas en esta plataforma, es necesario que cumplan con la presentación de informes anuales ante la comisión. De no hacerlo, su estatus es reportado como inactivo en el sitio de web de la Comisión de Fomento de las Actividades de las OSC.

Con un estatus inactivo por falta de transparencia de los recursos recibidos y ejercidos, organizaciones como la Casa de Protección Social y Cultural para la Niña, Voy de tu Mano, el Centro de Desarrollo Juvenil Juan Pablo II y la Confederación Nacional de Niños de México, no podrían ser beneficiarias de programas ni recibir recursos públicos, según la ley general. Pero son beneficiadas con recursos del estado.

El Programa Apoyos Impulso a Organizaciones de la Sociedad Civil distribuyó en el sexenio de Miguel Márquez Márquez, una bolsa que anualmente fue de 100 millones de pesos y en 2019, con Diego Sinhue, fue rebautizado como Sumamos al Desarrollo de la Sociedad.

El exgobernador Miguel Márquez Márquez y su esposa, la expresidenta del DIF María Eugenia Carreño.
Foto: Facebook

A partir de la creación del Fidesseg en abril de 2019, los apoyos asignados por el programa Sumamos al Desarrollo de la Sociedad comenzaron a tener una disminución, mientras los recursos de este fideicomiso se incrementaron. De 65.5 millones asignados a este rubro en 2020, en 2022 sólo fueron repartidos 14.2 mdp.

En contraste, el Fidesseg otorgó en 2021 en proyectos sociales 84.1 millones de pesos, en 2022 distribuyó 417 millones de pesos y en lo que va del 2023 ha entregado 120.4 millones, según datos de la cuenta pública del Congreso local.

Sotanas que abren puertas

En los últimos siete ejercicios fiscales de 2017 a 2023, cuatro dependencias han “abierto la llave” de recursos públicos para entregar apoyos económicos a la Casa de Jesús para Rehabilitación Femenil, organización dirigida por religiosas de la congregación del Sagrado Corazón de Jesús, en el municipio de Purísima del Rincón.

Casa de Jesús para Rehabilitación Femenil en el municipio de Purísima del Rincón.
Foto: Juan José L. Plascencia.

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano, el Instituto de Salud Pública, el DIF Estatal y el municipio de Purísima del Rincón han entregado entre todos más de tres millones de pesos para diferentes proyectos presentados por la misma asociación, de acuerdo con datos obtenidos por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Se solicitaron entrevistas con los titulares del Instituto de Salud, Daniel Díaz, y con el director del DIF, Gerardo Trujillo, a través de los responsables de comunicación social, pero argumentaron “problemas de agenda” de los funcionarios y no se concretaron.

Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública, en Guanajuato habría más de 600 mil personas adictas a alguna sustancia en la entidad.

El Santuario Hogar Guadalupano, casa hogar ubicada en San Miguel de Allende dirigida por religiosas de la congregación de las Hermanas Dominicas de María Madre, recibió entre 2017 y 2021 un monto de 5.1 millones de pesos de la Sedeshu y del Fidesseg, pero además consiguió donativos del gobierno municipal de León.

Casa hogar Santuario Hogar Guadalupano en San Miguel de Allende.
Foto: Facebook.

También en León se encuentra el centro de asistencia Voy de tu Mano, que opera como casa hogar para niñas desde tres hasta los 13 años. En 2017, recibió 575 mil 384 pesos de la Secretaría de Desarrollo Social y durante el mismo año, cada mes recibió donativos del municipio leonés que rebasan los 287 mil pesos.

La organización Vida y Familia y el centro de asistencia Voy de tu Mano, en León.
Fotos: Juan José L. Plascencia.

Luego, en 2021, el Fidesseg aprobó un apoyo por 2 millones 103 mil 972 pesos y nuevamente recibió donativos mensuales de León, a través del DIF municipal. Los operadores de los programas sociales estatales y municipales han aprobado la entrega de fondos a pesar de que la organización está inactiva en el Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil por el incumplimiento de sus informes desde el año 2020.

“Dicen que la sotana y el rosario abren puertas”, asegura Nicolás Pérez Ponce, quien preside la red de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío, organización que desde hace al menos cinco años ha exigido a la Secretaría de Salud la regularización y supervisión permanente de estos espacios, también conocidos como “anexos”.

Aunque son pocos los centros de rehabilitación que aparecen en la lista de organizaciones beneficiadas con recursos públicos por parte del estado, la Casa de Jesús para la Rehabilitación Femenil es un ejemplo de cómo congregaciones religiosas se han involucrado en la ejecución de políticas públicas para combatir las adicciones.

Los centros de rehabilitación han sido alcanzados también por la violencia en Guanajuato. La peor masacre ocurrida en el estado en los últimos años sucedió en uno de estos centros sin regulación o registro del gobierno estatal o del federal. Fueron 27 las víctimas asesinadas en el anexo “Buscando el camino a mi recuperación”, ubicado en la comunidad de Arandas, en el municipio de Irapuato. Esto ocurrió el primero de julio de 2020.

Tras el asesinato masivo, la casa donde operaba este lugar fue cerrada. Tres personas fueron detenidas como responsables de los hechos, informó la Fiscalía General del Estado.

Las autoridades locales realizaron operativos para clausurar anexos no acreditados, pero varios optan por cambiar de domicilio.Hasta la fecha, la Secretaría de Salud no ha logrado poner en regla a los centros de rehabilitación en Guanajuato y siguen realizando revisiones en estos lugares.