México es el país que más bebe refrescos en el mundo, con un consumo anual promedio de 163 litros por persona, según datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Una de las razones es que los diferentes gobiernos han permitido que estas bebidas se distribuyan en escuelas, hospitales y eventos deportivos, entre otros, y no han informado adecuadamente a la población sobre los riesgos que conllevan.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la ingesta de azúcares añadidos no sobrepase 10% del total de energía de la dieta; sin embargo, en México, entre el 66 y 91% de la población ingiere más de esa cantidad a través de azúcares añadidos. Las bebidas azucaradas son responsables de, al menos, 70% de ese sobreconsumo. Como consecuencia, un 7% de los fallecimientos anuales en adultos se atribuyen a estos productos, informa el INSP.

Preocupado por este creciente problema de salud pública, el gobierno de Enrique Peña Nieto implementó la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (ver aquí), con el objetivo de mitigarlo. Al frente del programa se encontraba la entonces secretaria de Salud, Mercedes Juan López. Como parte de su plan de trabajo, en 2015 anunció que implementaría un etiquetado para alimentos y bebidas ultraprocesados.

Sin embargo, la OMS recomendó que no se aplicara tal etiquetado porque iba en contra de la estrategia contra la obesidad, pues tenía “el riesgo de mal informar al consumidor”, ya que promovía el consumo de azúcares añadidos y el cuerpo humano no los necesita; “en México encontramos estos tipos de azúcar en los refrescos embotellados y en los jugos de ‘fruta’ o de concentrados de fruta”. Además, según se lee en un par de cartas dirigidas a la funcionaria, “son los involucrados directamente en sobrepeso, obesidad y daños a la salud”. La organización, incluso, ofreció apoyo técnico de especialistas para el diseño de dichas etiquetas.

Mercedes Juan rechazó la propuesta de la OMS y optó por encargar el diseño del etiquetado a dos abogados y una maestra en ciencias ambientales, todos empleados de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). El principal responsable era Patricio Caso Prado, que en ese momento era asesor jurídico de la dependencia.

Ese etiquetado únicamente indicaba la cantidad de azúcares totales sin ninguna explicación, lo que podía representar confusión en la población, explica Javier Zúñiga, abogado de El Poder del Consumidor. En su opinión, esto beneficiaba particularmente a empresas como Coca Cola, pues les permitía reportar un porcentaje menor de azúcar en comparación al que realmente utilizaban.

El INSP también recomendó no seguir adelante con dicho etiquetado. “Les dijimos que era un sistema hecho por la industria, que estaba basado en criterios engañosos, difíciles de comprender, que no habían demostrado ningún impacto en mejorar la alimentación o las elecciones de los consumidores, que no protegía a los consumidores de alimentos poco saludables”, recuerda Simón Barquera, director del Área de Investigación en Políticas y Programas de Nutrición de esta institución académica.

Ante las críticas, Patricio Caso defendió su etiquetado y los comentarios, tanto de la OMS como de los expertos, fueron desatendidos por Cofepris, acusa Barquera; incluso, en las reuniones para discutir la norma, excluyeron a los académicos y únicamente se permitió la participación de gente de la industria refresquera.

La intrusión de Coca Cola en Cofepris quedó documentada en una serie de correos electrónicos que intercambiaron funcionarios de dependencia y directivos de la empresa en mayo de 2016. El asunto de esos emails era “amparo vs NOM 051”, es decir, la Norma Oficial Mexicana que establece las especificaciones del etiquetado.

Esos correos fueron obtenidos por la organización El Poder del Consumidor mediante estatuto del Foreign Legal Assistance, un recurso que permite solicitar datos y testimonios de cortes federales de Estados Unidos, siempre que esos casos involucren a personas y empresas estadounidenses y que la información solicitada sea relevante para un juicio en el extranjero.

En dichos mensajes, el vicepresidente jurídico de Coca Cola México, cuyo nombre se encuentra testado, le escribe a Itzel Karim Vargas Robledo, subdirectora del área jurídica de Cofepris, para preguntarle si había habido un avance de “los asuntos de referencia” para coadyuvar “con información relevante”.

La funcionaria le contesta horas después y le agradece “mucho el apoyo” que les “han brindado” y le informa que hay que esperar a que se lleven a cabo las audiencias constitucionales. En esos mensajes también se habla de reuniones para discutir la NOM 051, sobre el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Algunos correos se dirigen a Juan Leonardo Menes Solís, quien ese entonces era coordinador general jurídico y consultivo de Cofepris; además, fue el otro abogado responsable del diseño del etiquetado, junto con Patricio Caso. En un correo, alguien de Coca Cola le solicita una reunión para “dar seguimiento” al tema de los amparos, pues ha recibido una tercera notificación del recurso para jugos Del Valle y la refresquera.

En otros correos también se identificó la participación de Mónica Téllez Estrada, quien hasta hace unos días era coordinadora general jurídica y consultiva, titular de la Unidad de Transparencia y presidente del Comité de Transparencia de Cofepris.

Para esta investigación periodística se solicitó copia del expediente de modificación de la NOM 051, pero la dependencia dijo no contar con él. Tampoco ha sido posible saber más sobre las conversaciones entre funcionarios de Cofepris y trabajadores de la refresquera, ni de la bitácora de reuniones, porque la institución aseguró no tener la información solicitada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

En 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio un revés al etiquetado implementado por Patricio Caso. Propuso un nuevo etiquetado de advertencia en alimentos y bebidas que sigue los modelos chileno y peruano; fue apoyado por la Unicef, la OMS y la FAO, así como por promotores de la alimentación saludable. Un estudio del INSP estima que este podría reducir 1.3 millones de casos de obesidad y ahorrar 1.8 mil millones de dólares en los costos por el padecimiento.

También se ha buscado implementar el gravamen a bebidas azucaradas, con el fin de hacer frente a sus efectos nocivos en la salud de los mexicanos. La primera vez que se planteó fue en el sexenio foxista (2000-2006), aunque fue deroga da por el propio presidente. En ese periodo, la prevalencia de obesidad y sobrepeso (es decir el porcentaje de personas que lo padecen) se incrementó uno por ciento cada año .

Durante el gobierno de Peña Nieto se logró aprobar el impuesto de un peso por cada litro de refresco, pero fue una medida tomada con urgencia debido a la crisis que provocó en el país el declive en el precio del petróleo en 2014. Académicos y activistas pedían que lo recaudado se destinara a la prevención y atención a obesidad y diabetes, pero el gobierno empleó ese dinero a otros fines.

Para desestimar el gravamen, la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas publicó tres estudios realizados en la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Colegio de México y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Argumentaron que el consumo de refrescos no era la causa principal de obesidad en este país, que no había evidencias “concluyentes de la efectividad de la tributación como un instrumento de cambio en los patrones de consumo de bienes relacionados con la salud” y que los impuestos “no produjeron efecto en el consumo calórico total”.

En un correo electrónico interno, enviado el 27 de abril de 2016, la vocera de The Coca Cola Company, Kerry Tresler, afirma que investigaciones de estas tres instituciones fueron realizadas con apoyos económicos de la industria refresquera. Además, Coca Cola difundió dichos estudios a la prensa internacional como parte de una campaña para desalentar que más países gravaran las bebidas, según consta en otros correos internos de la empresa publicados por la Universidad de California en San Francisco.

“Lo que esos documentos realmente revelan es la preocupación que tenían los ejecutivos de Coca Cola sobre la difusión de los impuestos a las gaseosas, más allá de México. Les preocupaba no solo el mercado mexicano, sino también otros de América Latina que buscarían implementar estos impuestos”, comparte Laura Schmidt, profesora del Instituto de Estudios de Políticas de Salud de la Universidad de California en San Francisco, quien junto con su equipo hizo un análisis de dichas comunicaciones.

El tema llegó a una reunión de alto nivel sobre enfermedades no transmisibles en 2017; “fue la primera vez que la Organización Mundial de la Salud y otras partes interesadas en las Naciones Unidas comenzaron a hablar realmente en serio sobre los impuestos como una estrategia para la prevención de la obesidad y la diabetes”, señala Schmidt. Investigaciones científicas mostraron la efectividad de la medida.

El nuevo etiquetado y otras regulaciones adoptadas por el gobierno obradorista no han estado libres de presiones políticas. Por ejemplo, la coalición de asociaciones comerciales y grupos empresariales Alliance For Trade Enforcement, que aboga porque distintos gobiernos pongan fin a prácticas comerciales desleales que dañan las industrias en Estados Unidos, pidió a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que intercediera por ellos ante López Obrador, pues consideran que están en desventaja en el T-MEC. Otras organizaciones han señalado que se violentan distintos tratados comerciales.

Para Coca Cola FEMSA las preocupaciones van más allá del nuevo etiquetado de advertencia en alimentos y bebidas, ya que, desde 2020, en México se comenzaron a implementar políticas que afectarían a todos sus productos, excepto el agua pura.

Por ejemplo, ese año, en Oaxaca, se reformó una ley que prohíbe la distribución, donación, regalo, venta y suministro de bebidas con azúcar añadida y alimentos envasados con alto contenido calórico a menores de edad; también prohíbe la venta y suministro de estos productos en escuelas, hospitales y centros de salud. Al mismo tiempo, Tabasco prohibió la publicidad de empresas refresqueras cerca de escuelas y centros de salud, además de que se aumentó 25% el cobro de derechos en la publicidad.

Como respuesta, Coca Cola FEMSA interpuso amparos para todas las medidas, y en su reporte anual de 2020 indicó que, si su recurso legal no tenía éxito, dichas reformas podrían “tener un efecto adverso” en los resultados de sus operaciones en México. Por su parte, en su informe de 2020, The Coca Cola Company consideró como factor de riesgo a sus operaciones las regulaciones locales y las etiquetas de advertencia; además, reconoce que tuvo “disminuciones en el volumen de cajas del 4 por ciento en la unidad de negocios de México”.

FEMSA no respondió a la solicitud de entrevista para este reportaje.