“Yo soy un consumidor de sus productos, un consumidor cotidiano; les puedo decir que el presidente de la República toma Coca Cola todos los días”. Estas fueron las palabras de Enrique Peña Nieto, dos meses antes de que la Secretaría de Salud emitiera, en 2016, una declaratoria de emergencia nacional por obesidad y diabetes, padecimientos relacionados al alto consumo de bebidas azucaradas, entre otros factores.

El gobierno federal pretendía frenar un problema que amenazaba con colapsar el sistema de salud pública. En 2015, el costo para atender a las personas con diabetes mellitus sumó más de 3 mil dólares al año por paciente, en el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS). Se proyectaba, incluso, que la atención a estas enfermedades alcanzaría un costo, para 2023, de unos 272 mil millones de pesos (14 mil millones de dólares).

El último año del gobierno de Peña Nieto fue 2018. Según el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), para ese entonces el 10% de los mexicanos mayores de 20 años tenía diabetes, 18% padecía hipertensión; la obesidad estaba presente en 35% de las personas menores de edad y en 40% de los adultos. Esta enfermedad ha resultado más letal que la violencia homicida que vive el país. De hecho, la diabetes fue la tercera causa de muerte en 2021, ya que cobró la vida de más de 74 mil mexicanos, entre ellos, adolescentes de 15 años.

“México está sufriendo una epidemia de diabetes que es significativamente peor que en muchos países alrededor del mundo”, alerta Laura Schmidt, académica de la Universidad de California en San Francisco. Para ella, gran parte del problema es la presencia de empresas como The Coca Cola Company en México, porque este país “tiene la desafortunada posición de estar junto a los Estados Unidos y ha sido, durante décadas, un campo de pruebas de estrategias para llegar a mercados fuera de los Estados Unidos”, critica.

El doctor Simón Barquera, director del Área de Investigación en Políticas y Programas de Nutrición del INSP, explica que desde la década de 1980 las muertes por diabetes se han incrementado de manera alarmante. “La razón es compleja porque es una enfermedad muy compleja: tiene que ver con el consumo de bebidas azucaradas que es gigantesco y también con que los servicios de salud nunca enfatizaron la prevención, entonces no había diagnóstico oportuno de la diabetes”.

Una de las estrategias comerciales de Coca Cola ha sido tratar de convencer a la población de que sus bebidas azucaradas no son perjudiciales para la salud. Por ello, junto con las cámaras empresariales, patrocina eventos deportivos y actividades dirigidas a la infancia, donde promueve la idea de que el refresco es una buena opción para hidratarse, además de que la obesidad se combate principalmente con "activación física" para tener balance energético.

Las críticas a este discurso, no obstante, irritan a directivos de la firma refresquera. Así lo demuestra un mail de 2014 de Rhona Applebaum, entonces vicepresidenta de la oficina de Ciencia y Salud de Coca Cola: “No dejaremos que nos detengan los bastardos y la minoría que empujan su agenda”, escribió. “¡No te rindas... sigue en la lucha Coca Cola!", les dijo a sus colaboradores, como puede verse en una serie de correos internos de la refresquera que se han hecho públicos.

Un estudio publicado en el International Journal of Environmental Research and Public Health, en 2020, analiza cómo The Coca Cola Company ha patrocinado conferencias científicas con el fin de “moldear la política y la opinión públicas a su favor” y para culpar de la creciente incidencia de obesidad a la inactividad física, entre otros factores. De hecho, en un comunicado, la misma empresa reconoce que apoya “investigaciones relacionadas con la salud y los beneficios funcionales”. Así, informa que, entre 2017 y 2019, Coca Cola México donó 62 millones 193 mil pesos (3 millones 521 mil 687 dólares) a colegios médicos para investigación y difusión en temas de alimentación y 14 millones 881 mil pesos (842 mil 630 dólares) para eventos deportivos.
Cantidades en USD calculadas con la tasa de cambio del 2017

Sin embargo, la organización civil Feed The Truth ha calificado a la refresquera con 39 puntos de 100 en transparencia en los fondos que destina a cabildeo, ciencia, caridad y campañas electorales, esto porque “la corporación no informó sobre sus actividades políticas y de cabildeo en los otros 200 países y territorios en los que opera fuera de los Estados Unidos” y tampoco ha divulgado la financiación científica y académicas, tal como se comprometió en 2015.

Activistas y académicos cuestionan este tipo de prácticas, porque dicen que sirven como escaparate comercial para la compañía. Para Schmidt, se trata de una estrategia deliberada, intencional de Coca Cola. “Han hecho un esfuerzo para construir evidencia científica que argumente que la causa de la obesidad es la inactividad física y no la mala alimentación, ni las dietas basadas en alimentos y bebidas ultraprocesados y han contratado a científicos de todo el mundo”, afirma. Además, acusa que esta empresa le da “mucho dinero” a investigadores para que apoyen que el problema de salud se debe únicamente a la falta de ejercicio.

Una investigación realizada en 2016 por investigadores del John Hopkins Bloomberg School of Public Health y de University of California San Francisco, entre otras instituciones, demostró que los estudios sobre los efectos de las bebidas azucaradas en la talla de los consumidores tienden a ofrecer conclusiones favorables cuando son patrocinados por la misma industria.

De hecho, en 2012, el propio INSP fue invitado a colaborar en un estudio patrocinado por Coca Cola; sin embargo, los investigadores se negaron a participar. Enojada por el rechazo, Rhona Applebaum escribió un correo electrónico dirigido al investigador Peter Katzmarzyk, del Pennington Biomedical Research Center, y a otras personas, entre ellas alguien de Centers for Disease Control and Prevention. En él, decía lo siguiente: “Y si los científicos buenos toman dinero de Coca, ¿qué? ¿Son corruptos? ¿A pesar de que están promoviendo el bien común? Como puedes ver, mi opinión sobre esta gente es muy mala, porque son egoístas”.

Ha habido una constante resistencia para atribuirle a las bebidas azucaradas el daño que generan. Barquera, quien también es coinvestigador de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, dice que desde 2003 ha alertado al gobierno mexicano sobre el aumento en la obesidad y diabetes por el consumo de refrescos. Incluso, en una ocasión habló del tema en la Cámara de Diputados. Sin embargo, en esa misma sesión, Coca Cola llevó a un experto en obesidad, quien aseguró que el problema se debía a un virus. Otro argumento que también se utilizó fue “que la gente dejó de fumar y entonces empezó a comer más”, y, otro más, que se trata de un asunto de genética, “ya que los mexicanos tienen una propensión a la diabetes”, recuerda.

Coca Cola también ha hecho esfuerzos por mostrar que apoya las políticas públicas mexicanas. Por ejemplo, durante el gobierno peñista, José Antonio Meade Kuribeña, entonces secretario de Desarrollo Social, firmó un convenio con Coca Cola FEMSA para la instalación de bebederos en escuelas, promoción de la alimentación saludable y “balance energético”. En el evento donde presentaron el acuerdo, Meade dijo que el gobierno mexicano y Coca Cola compartían la meta de “construir un México más próspero e incluyente”.

Otra práctica común de Coca Cola es contratar lobbistas. Tan solo en 2021, The Coca Cola Company gastó 5 millones 620 mil dólares en pago a cabilderos sólo en Estados Unidos, de acuerdo información proporcionada por OpenSecrets, grupo independiente que se dedica a rastrear dinero utilizado en la política estadounidense y su efecto en elecciones y políticas públicas. En México, versiones periodísticas señalan que el abogado Emilio Suárez Licona, quien fuera asesor jurídico de Meade cuando encabezó las secretarías de Desarrollo Social, de Hacienda y de Relaciones Exteriores, ha sido contratado como cabildero de la refresquera, para esta investigación POPLab no pudo verificar la veracidad de esta información.

Hay que reconocer a la refresquera como un poder político con gran influencia, considera Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor. Recuerda que el día en que Peña Nieto presentó la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, lo hizo acompañado por su secretaria de Salud, Mercedes Juan, entre otros funcionarios, y Brian Smith, presidente de Grupo Coca Cola Company en Latinoamérica, quien ofreció algunas palabras de apoyo hacia ese gobierno, así como a sus programas para promover la salud, la actividad física y su lucha contra la obesidad infantil.

No obstante, esa estrategia propuesta por Mercedes Juan presentó fallas en su implementación; fue el caso, por ejemplo, de su plan para abastecer las escuelas con bebederos de agua potable para que niños y niñas no consumieran refrescos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró en 2017 que únicamente se había instalado la mitad de dispensadores, con lo que se dejó a más de 23 mil estudiantes de educación básica sin ese servicio.

A pesar del panorama, Simón Barquera reconoce que algunas políticas de salud pública sí han funcionado, pero su implementación ha sido lenta. “Lo penoso es que eran cosas que se podrían haber hecho con voluntad política hace 20 años y se han ido haciendo con luchas que toman mucho tiempo y no con la intensidad que se debería”. Además, considera como una victoria que se haya demostrado y documentado que las bebidas azucaradas están causando un problema nacional de salud. “Ha sido un logro porque lo posicionamos y a nivel internacional se reconoce que México está viviendo una epidemia alarmante”.