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Patrocinadora de estudios "científicos"
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto entró en vigor una regulación para restringir la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a niños en México. Esto fue en 2014, cuando Mikel Arriola Peñalosa se encontraba al frente de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). La norma, sin embargo, fue criticada por académicos y organizaciones de la sociedad civil debido a que la consideraban “limitada” y a que no garantizaba “la protección de la infancia”. Según un análisis de El Poder del Consumidor, presentaba “grandes fallas desde su diseño”.
Patricio Caso Prado fue uno de los personajes clave en la elaboración de esta Ley General de Salud en Materia de Publicidad. De hecho, en octubre de 2011 recibió un contrato temporal por la Cofepris para brindar “servicio de apoyo en el análisis de los comentarios planteados respecto del proyecto de modificación al reglamento” de dicha ley. De acuerdo con información pública de la misma dependencia, recibió un pago de 241 mil 280 pesos (11 mil 570 dólares) por el trabajo que realizó durante esos 30 días.
En 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló irregularidades en las campañas publicitarias conocidas como “Menos publicidad dirigida al público infantil en alimentos poco nutritivos y bebidas no alcohólicas”, así como “Etiquetado más claro para alimentos y bebidas no alcohólicas” en las que Cofepris gastó 9 millones 393 mil pesos (450 mil dólares). Televisa, Estudios Azteca, Ankia Comunicación, Mexicanos y Americanos Sistemas de Comunicación, Rack Star y Básico FM son las empresas a las que se contrató para difundir los mensajes.
Sin embargo, la ASF detectó que dichas cotizaciones no especifican la vigencia ni las características del servicio prestado. También indica que en los testigos no hay fechas sobre la difusión de las campañas, no hay evidencia de la transmisión de más de 120 mil spots ni más de 50 mil en radio. Tampoco se pudo probar que los medios hubieran alcanzado el millón de personas como público objetivo. Se solicitaron copias de los contratos y entregables, Cofepris respondió que no se encontró la información solicitada.
Asimismo, la ASF observó irregularidades en la contratación del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria (CONAR), una organización de la iniciativa privada que busca ser “conciliador en controversias de índole publicitario” y que tiene como asociados a agencias de publicidad, medios de comunicación y Coca Cola México, Kellogs, PepsiCo entre otras empresas. Este organismo fue seleccionado para monitorear publicidad en 2014; el ente auditor encontró que no había las condiciones de "economía e imparcialidad" para realizar un trabajo por el que se pagaron 706 mil 761 pesos (34 mil 287 dólares), a pesar de que existió otra cotización con un costo de 393 mil pesos (19 mil dólares).
Un año antes, la ASF ya había señalado irregularidades en otro contrato celebrado con CONAR, por un monto “mínimo” de entre 7.9 y “máximo” de 10.3 millones de pesos (387 mil y 503 mil dólares); no se mostraron evidencias de haber realizado un estudio de mercado, se invitaron a tres posibles proveedores y no se justificó por qué fueron ellos. Sin embargo, CONAR sólo respondió que la selección del proveedor se dio “sin un parámetro de referencia”.
La ASF también notó que los servicios no son congruentes con las solicitudes hechas por Cofepris, no se siguieron los requisitos para una licitación y no se entregó el trabajo completo. Además, se le encomendó revisar la publicidad de sus propios asociados, de modo que veló por sus intereses, según lo muestra un estudio académico publicado por la UNAM, titulado Comida chatarra. Entre la gobernanza regulatoria y la simulación, de Laura Beatriz Montes de Oca Barrera.
En el periodo que Mikel Arriola Peñalosa estuvo al mando de la Cofepris también se diseñaron guías nutricionales que recomendaban el consumo de niveles muy altos de azúcar, según explica el abogado Javier Zúñiga; sin embargo, estas no contribuían a que los consumidores pudieran tomar decisiones saludables, porque resultaban difíciles de interpretar, según un estudio publicado en 2019, en el International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.
En febrero de 2016, Arriola Peñalosa dejó la Cofepris para irse a trabajar como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Renunció a este último cargo en diciembre de 2017 con el fin de postularse como candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en las elecciones de 2018. En ese recorrido profesional, Patricio Caso siguió fielmente sus pasos: se fue a laborar al IMSS y, después, durante el proceso electoral, fungió como jefe de campaña. Las votaciones, sin embargo, no los favorecieron.
Al perder la elección y fuera ya del servicio público, Patricio Caso formó seis empresas, entre marzo de 2019 y marzo de 2021. Todas tienen un amplio objeto social que incluye los servicios de gestoría en temas regulatorios de salud y alimentos, además de “elaboración, seguimiento y evaluación de políticas públicas”. En dos de estas compañías, Caso se asoció con su exjefe Mikel Arriola Peñalosa. También lo hizo con excompañeros de Cofepris: Antonio Grimaldo Monroy, Aldo Heladio Verver y Vargas Duarte, así como Álvaro Israel Pérez Vega.
En diciembre de 2021, la Cofepris alertó sobre los servicios que ofrecen exfuncionarios para agilizar trámites. No mencionaba nombres, pero decía que se trata de “personas” que “llevan casi tres años fuera de la institución y, pese a lo que prometen, carecen de atribuciones para proporcionar los bienes y servicios que ofrecen y no tienen acceso a las instalaciones”, señalaba el documento. Un trabajo periodístico había denunciado presuntas extorsiones por parte de una red de corrupción de exfuncionarios y gestores que aseguraban tener privilegios y ofrecían la garantía de realizar ciertos trámites ante la Cofepris a cambio de dinero. Entre ellos, menciona a Caso, Grimaldo Monroy, Pérez Vega, Verver y Vargas Duarte, además de Carlos Lizardi Álvarez y Gibrán Alejandro de la Torre. Cofepris no respondió a las solicitudes de entrevista.
Dos de los socios de Caso –Álvaro Pérez Vega, así como Aldo Verver y Vargas Duarte– también aparecen como destinatarios en una serie de correos sobre un amparo contra la NOM 051 entre funcionarios del órgano regulador y empleados de Coca Cola, en mayo de 2016. Notas periodísticas aseguran que tanto a Caso, como a sus socios y su sucesor, Carlos Lizardi Álvarez están siendo investigados por la Secretaría de la Función Pública, en una solicitud de información sobre la existencia de alguna pesquisa a Caso la dependencia contestó que es información confidencial.
Por otro lado, como funcionario de Cofepris, Patricio Caso participó en las audiencias públicas para regularizar la marihuana en México. Además, organizó el Foro de Debate Nacional sobre el Uso de la Mariguana, donde “subrayó que el tema de regularizar la mariguana es de la mayor relevancia”, y en 2019 apareció como consultor en otras actividades que promueven el uso de la cannabis.
En una operación llevada a cabo el 18 de febrero de 2020 ante la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos se menciona a Caso Prado como director de Xebra Brands, una empresa canadiense que busca comercializar bebidas infusionadas con cannabis. Para esa misma empresa, Antonio Grimaldo ha realizado trámites en calidad de director. Esta compañía, asimismo, tiene una subsidiaria mexicana, la empresa DesartMX, en la cual Aldo Verver y Vargas es administrador único a partir de 2018; en octubre de 2019 se sumaron Arriola, Caso y Grimaldo, pero en 2020 dejaron de fungir como apoderados.
En diciembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a DesartMx para poder sembrar, cultivar y cosechar cannabis con fines industriales. En un comunicado de prensa, Xebra Brands destaca que DesartMX es “controlada por un ex grupo de altos funcionarios de la Cofepris”, el cual “identificó una oportunidad para impugnar la constitución de México por una orden judicial para comercializar cannabinoides derivados del cáñamo como CBD y CBG”.
VCGA Consultores es otra de las compañías en las que aparecen como socios, en el acta constitutiva, Mikel Arriola, Patricio Caso, Aldo Verver y Vargas, Álvaro Pérez y Antonio Grimaldo Monroy; se especializa en temas regulatorios y ha logrado convenios con firmas internacionales como LLYC que destaca la trayectoria de sus socios mexicanos: “Estamos entusiasmados de comenzar a trabajar con una consultoría como VCGA que está integrada por reconocidos profesionales que han sido clave en el sector público y privado de México, como Álvaro Pérez Vega, Aldo Verver y Antonio Grimaldo Monroy", dijo el director de la zona norte, Javier Rosado.
Las empresas de Caso
Información
Por otro lado, en diciembre de 2020, también fuera del servicio público, Patricio Caso se contrató como Senior Director of Government Affairs de The Coca Cola Company. Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, una organización sin fines de lucro que trabaja en la defensa de los derechos de las y los consumidores, advierte que esta contratación es parte de la estrategia de puertas giratorias de la empresa. Por lo mismo, considera que se debe regular también el ingreso a la función pública de los personajes que han tenido puestos de alto nivel en la iniciativa privada.
Aquí hay un claro conflicto de interés, de acuerdo con el análisis de Javier Zúñiga, abogado de El Poder del Consumidor; es decir, existe la posibilidad de obtener un beneficio personal o económico por parte de un funcionario o de sus familiares, a raíz de los conocimientos, relaciones y responsabilidades que desempeña.
“La Cofepris por mandato de ley tiene un interés, que es tener control sanitario y por ende el de la salud pública –explica Zúñiga–. Cuando un funcionario se relaciona con entes privados particulares que tienen intereses económicos y no atiende las recomendaciones de salud pública es cuando podemos decir que el funcionario no se desempeñaba imparcialmente”.
Patricio Caso negó a POPLab que existiera cualquier conflicto de interés o investigación sobre su persona: "tengo varios años de no ser funcionario público y no tengo interacción con Cofepris desde hace mucho más”.
Respuesta de Patricio Caso a solicitud de entrevista por parte de PopLab
El concepto “conflicto de interés” como impedimento para que las empresas contraten a exfuncionarios públicos que intervinieron en su regulación apenas se legisló en México, con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2018. Limita el “ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años”. Para los funcionarios que dejaron su cargo antes de esa reforma, el periodo de espera era de un año.
Mientras eso se debate, la aguda crisis de salud pública, traída por los cambios alimenticios propiciados por la sobreoferta de productos ultraprocesados, ya cambió la vida de millones de mexicanos. Incluso, los expertos coinciden en que, si empiezan a funcionar los controles establecidos hasta ahora, llevará generaciones revertir el daño.
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