Un presunto intento de fraude y evasión fiscal de parte de las empresas gestoras del Parque Industrial León-Bajío (PILBA), Banterra y Artha Capital Holdings de México, rodea las negociaciones para subsanar los adeudos en tierras, escrituras y honorarios que se tienen con campesinos, ganaderos y prestadores de servicios desde desde su llegada a Guanajuato, según informó Josefina Nicasio Meza, asesora inmobiliaria que representa a los afectados.

Cerca de dos meses han pasado desde que habitantes en los alrededores de PILBA y prestadores de servicios se manifestaron por segunda ocasión en 2021 en las afueras del complejo industrial para exigir con el cumplimiento de los adeudos millonarios que se tienen. El conflicto escaló el pasado 13 de julio a la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del estado, tras un exhorto promovido por el grupo parlamentario de MORENA para que el gobierno estatal y municipal atienda a los afectados.

Luego de semanas de espera para recibir sus escrituras después de la manifestación en mayo y tras el compromiso de PILBA de zanjar las deudas, los afectados han dado a conocer que el parque pretende compensarles mediante convenios de dación en pago con tierras por debajo del valor original pactado en los contratos de permuta y sin certificados de libertad de gravámenes (impuestos sobre inmuebles) ante el Registro Público de la Propiedad. Los convenios de dación en pago son mecanismos con los que se salda una deuda con un inmueble.

Fotos: Alonso Merino Lubetzky

Así lo denunciaron en una misiva dirigida al gobernador del Estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, con fecha del 12 de julio, donde exigen, nuevamente, a que "intervenga para solucionar este grave problema social, no solo como testigo, sino como un actor que exija el cumplimiento de cada una de las empresas".

Con el parque, estandarte de campaña del alcalde de León, Héctor López Santillana en 2015 y promovido por él mismo desde que fue secretario de Desarrollo Económico en Guanajuato, se prometió detonar el desarrollo de las localidades ganaderas y agrícolas a la redonda.

Pero los conflictos económicos y sociales tras su llegada a León en 2008 perfilan el mapa de agravios: afectaciones a la economía, escasez de agua, pérdida de la titularidad de la tierra, falta de servicios básicos y criminalidad.

Fue desde entonces que gestores de la inmobiliaria Banterra S.A. de C.V. —propiedad de José Francisco Gallardo Márquez y Jesús Aguilar Portugal— acudieron a las inmediaciones y terrenos de lo que hoy es PILBA para buscar que alrededor de 120 propietarios firmaran convenios de adhesión a un fideicomiso para que estos permutaran o vendieran sus tierras.

Al día de hoy, a varios de los posesionarios que vendieron solo se les ha pagado el 20 por ciento de sus tierras. Con una inversión proyectada de 600 millones de dólares, además de ser uno de los polígonos industriales más grandes de la entidad, PILBA no solo no ha finiquitado a los productores, sino que ha trastocado de raíz sus medios de vida.

Luego de su inauguración en junio de 2019 por la empresa Artha Capital Holdings de México, propiedad de Germán Ahumada, al interior del polígono industrial han iniciado operaciones plantas de Michelín, Demotechnic, Samtech, Minamida, Atsumi & DTHM, MPE-Materias Plast, Grupo SUMMA y Norman.

En junio, Amazon, la transnacional del comercio propiedad de Jeff Bezos, liberó vacantes para contratar personal en el Centro Logístico de Distribución Regional que construye dentro de PILBA y que pretende iniciar sus actividades antes de finalizar el 2021. Pero la inversión de capital no fluye a las comunidades.

Convenios de dación en pago, en lugar de escrituras

Foto: Captura

Josefina Nicasio, asesora de los afectados, dijo a POPLab que el 3 de junio se les anunció la entrega de la mitad de las 47 escrituras faltantes. En la firma estuvieron presentes representantes de gobierno del estado, del municipio de León, de PILBA, de Banterra y el notario público José Manuel Toriello Arce, quien fue autoridad en el acto.

Pero Nicasio señala que a esta reunión solo se les convocó a los propietarios y que transcurrió a puerta cerrada, "porque nadie de nosotros pudo estar, pues se supone ya tenían elaboradas las escrituras", dijo Nicasio. Si "antes del 3 de junio la cosa estaba grave, después de la firma de las escrituras la cosa está más", pues cuando propietarias como Ma. Ventura Navarro Razo hicieron llegar el convenio de dación de pago a sus asesoras, estas se dieron cuenta de las irregularidades.

"Nos percatamos porque nos llegó una escritura que alguno de los propietarios se quedó con la desconfianza y nos pidió que le revisáramos su escritura", dice. "Las supuestas escrituras que les entregaron a cambio no cumple con los requisitos legales".

Lo primero es que las escrituras son convenios de dación en pago, cuando ya existía un convenio de adhesión al fideicomiso con el que los propietarios aceptaron vender o permutar sus tierras a cambio de escrituras, mismas que debían haber sido pagadas y/o intercambiadas junto con sus nuevas escrituras debidamente notariadas como una obligación del fideicomiso firmado con Banterra.

En el convenio de dación en pago entregado a Ma. Ventura Navarro puede constatarse la declaración de José Manuel Toriello Arce, titular de la Notaría Pública No. 98, sobre la ausencia de un certificado de libertad de gravámenes que transfiere los posibles impuestos adeudados a los propietarios como Ma. Ventura.

"El notario nunca les explicó esto a los propietarios. Si aparece un gravamen anterior a la fecha de esta escritura, no es responsable ni un notario, ni es responsable PILBA. Los responsables o los afectados van a ser los propietarios", agrega Nicasio.

Además, con fecha del 12 de julio de 2021 en el Registro Público de la Propiedad, las tierras de Ma. Ventura seguían en posesión de Scotiabank Inverlat que fungió como fiduciaria en el convenio de adhesión entre Banterra y los dueños de las propiedades. A ello se suma que en el RPP tampoco existe una anotación preventiva, antecedente con el que un notario da aviso que una propiedad está por ser transferida.

Fraude y evasión fiscal de PILBA

En su carta, los afectados señalan que las tierras que ellos transfirieron en permuta a Banterra el precio promedio del metro cuadrado es de 100 pesos, pero el valor del metro cuadrado de los predios en los convenios de dación en pago es alrededor del 90 por ciento menor.

Ello transfiere, dicen campesinos y ganaderos, "la carga de pagar el impuesto sobre la renta en un futuro a nosotros los propietarios, siendo que, mediante el convenio de adhesión al fideicomiso, las empresas se obligaron a absorber todos los gastos e impuestos que se generaran por todas las escrituras".

Al entregar las "escrituras" con el 10 por ciento del valor original de las tierras adheridas al fideicomiso con Banterra, PILBA pretende evadir el Impuesto Sobre la Renta (ISR), pues reporta la transferencia de bienes inmuebles como pérdida y no como ganancia.

"Declarar pérdidas al fisco. O sea, una defraudación fiscal. Esa es la intención de por qué pusieron ese precio tan bajo. Lo correcto es que se ponga el precio real. Si yo le permuto un terreno a otra persona al mismo precio que mi terreno, por qué me lo están dando a un valor más bajo", añadió Josefina Nicasio.

En el convenio de dación en pago aparece la misma fecha, 6 de abril de 2021, en la que PILBA compró la tierra que luego transfirió a Ma. Ventura Navarro Razo, pero "no dan datos de registro, no describen la propiedad. O sea, no es correcta esta escritura".

Los afectados señalan que el "notario José Manuel Toriello Arce es cómplice de las empresas". Toriello Arce fue también autoridad para la constitución de la sociedad mercantil de Banterra, según consta en el acta constitutiva dentro del Registro Público de Comercio.

"En realidad no les están entregando nada. Este documento y el convenio que tenían, que firmaron desde hace 6 años, donde está la obligación de que las empresas les van a escriturar o que les van a entregar su terreno escriturado, es lo mismo. Esto fue darles atole con el dedo", declaró Nicasio.

Proveedores de servicios afectados y robo de agua a la comunidad de El Cuije

Las deudas de PILBA alcanzan también a una veintena de asesores inmobiliarios, topógrafos, valuadores y abogados a quienes desde la manifestación a finales de mayo se les prometió finiquitar los honorarios que les debe PILBA. A la fecha esperan la firma de un contrato de subrogación con la que los representantes del parque les están dando largas.

Han pasado casi dos meses y siguen sin sus pagos. "Como ejemplo, el proveedor de la malla ciclónica, tuvo un contrato con ellos de 600 mil pesos y le deben 400. Deudas de ese tipo", añadió Nicasio.

En la carta al gobernador señalan a Luis Manuel Quiroz Echegaray (actual director del Puerto Interior), Adalberto Javier Rodríguez Moctezuma (en su momento titular de Tenencia de la Tierra del Gobierno del Estado), Arturo Navarro Navarro (subsecretario de servicios a la comunidad entre 2013 y 2018) y Refugio Valadez (coordinadora de asesores desde la administración de Juan Manuel Oliva), "quienes, por parte del Gobierno del Estado, se comprometieron a garantizar que las empresas desarrolladoras del parque industrial cumplieran con cada uno de nosotros", dicen en su carta.

Por su parte, los habitantes de El Cuije siguen sin la reinstalación de su pozo cerca de su comunidad, pues este quedó dentro de las bardas de PILBA cuando se construyeron. El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) pretende suministrar el agua y tomar posesión del pozo, pero los afectados de El Cuije señalan que esto sería devastador para su economía, encareciendo los precios de la leche que venden a intermediarios.

Josefina Nicasio dijo, además, que "las empresas dentro de PILBA les están robando el agua y como les roban el agua, extraerla genera un costo de energía eléctrica que ahora los habitantes de la comunidad tienen que absorber", pues la titularidad del pozo sigue a su nombre.