A la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos “se le olvidó” notificar o entregar al fotógrafo de El Sol de Irapuato José Luis Cervantes la recomendación que resultó de la queja que presentó ante el organismo por la agresión de policías municipales ocurrida en junio de 2023 cuando acudió a cubrir una manifestación, a pesar de que Cervantes fue la víctima.

Desde el 31 de enero, el organismo encabezado por el panista Vicente Esqueda la hizo llegar al gobierno de Lorena Alfaro. Pero fue hasta principios de marzo, un mes después, cuando el fotógrafo fue enterado de la resolución, no por el organismo, sino por el secretario del Ayuntamiento irapuatense, Rodolfo Gómez, quien además organizó un acto para ofrecer disculpas a puertas cerradas y por escrito al agraviado el martes 5 de marzo.

“No me hablaron, no me enteraron de nada (la Procuraduría de los Derechos Humanos) …Les falta hacer su trabajo, entender que de una o de otra forma ellos están para proteger los derechos de las víctimas y en este caso yo fui víctima y no me entregaron ninguna resolución” explicó José Luis.

Además, el personal de Derechos Humanos tampoco acompañó a José Luis ni estuvo presente el día en que se formalizó la disculpa.

“De los Derechos Humanos ellos ya no me hablaron, ni me mandaron ninguna resolución. Cuando sucedieron los hechos fue el subprocurador a mi casa, ellos tienen mi dirección en el supuesto que digan ‘le hablamos y nunca contestó”, señaló.

El gobierno de Irapuato se salvó así por segunda ocasión y con la displicencia de la Prodheg de responder de manera pública por su responsabilidad en las violaciones a derechos de víctimas. La primera fue en el caso de Jair Martínez, víctima de desaparición el 12 de marzo pasado. La recomendación del organismo permitió una disculpa en un oficio entregado en privado por el propio Rodolfo Gómez a los familiares, que al salir expresaron su indignación e incluso exigieron la renuncia de Vicente Esqueda.

En ambos casos, la actuación de la Policía Municipal fue señalada y la investigación de la Prodheg evidenció la resistencia del Secretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Benavides, a reconocer las omisiones y anomalías cometidas.

La Procuraduría de los Derechos Humanos corroboró mediante videos y testimonios que el día 20 de junio del 2023 el periodista fue agredido por un grupo de policías que lo sometieron, golpearon y dañaron su cámara, actos violatorios de la libertad de expresión.

Foto: Edith Domínguez

Policías Municipales “agredieron a (José Luis Cervantes), al haberlo sometido por el cuello y brazos, dañándole su cámara, e impidiéndole el ejercicio de su labor periodista”, fue la resolución de la investigación de Derechos Humanos.

En el expediente de la recomendación quedó asentado que Ricardo Benavides negó los hechos. “Al rendir su informe (Benavides) señaló que era falsa la nota periodística de la cual derivó el inicio de la investigación; y negó que los PM (policías municipales) hubieran realizado algún acto de violencia en contra del reportero, pues únicamente se limitaron a brindarle seguridad”, según consta en la resolución del expediente 1190/2023.

El municipio debe iniciar una investigación para identificar a los policías agresores y deslindar responsabilidades administrativas y capacitarlos.

Además de entregarle la disculpa por escrito, como reparación integral del daño, José Luis deberá de ingresar al registro Estatal de Víctimas del estado, y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas determinará el monto económico por el daño de la cámara fotográfica. El fotógrafo aclaró que esta le fue repuesta antes de que saliera la recomendación.

“México es el país más peligroso para la prensa en el hemisferio occidental” informó Edith Olivares Ferrero, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, al presentar el análisis de la violencia contra los periodistas y al presentar el proyecto “La Verdad se Protege” y es que “atacar, amenazar y asesinar a periodistas limita el acceso de todas a la libertad”.

Benavides, el que niega todo

El 20 de junio de 2023, José Luis fue agredido por los policías municipales de Irapuato, así quedó documentado en transmisiones de diversos medios de comunicación que se encontraban cubriendo la manifestación.

La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato inició de oficio el expediente de queja 1190/2023.

De acuerdo con la resolución, el Secretario de Seguridad notificó mediante dos escritos enviados a la Prodheg que no reconocía la agresión a Cervantes y aseguró que los agentes estaban “protegiendo” al fotoreportero. Sin embargo, después de revisar los videos y fotografías recabados, la conclusión del organismo fue que a José Luis le violentaron sus derechos.

Precisamente por la cobertura periodística, ese día se contó con diversos videos, fotografías y las transmisiones que reporteros de distintos medios hicieron, material que echó abajo la versión de Benavides.

Sólo que, aunque la Procuraduría tuvo la resolución desde el 31 de enero, José Luis se enteró de la misma por el contacto que realizó el secretario del Ayuntamiento de Irapuato, Rodolfo Gómez, en los primeros días de marzo, cuando lo buscó “para ponerse de acuerdo” en la entrega de la disculpa por escrito.

El funcionario planteó que ésta fuera entregada al fotógrafo el martes 5 en una reunión privada, en la que estuvo presente junto con el propio Ricardo Benavides y el director operativo de la policía de Irapuato, José Trinidad Méndez.

Justicia al periodismo.

A pesar de las formas, José Luis, quien es fotorreportero con 38 años de experiencia, dijo que con la disculpa “se hizo justicia a la libertad de expresión, a la verdad, al periodismo; fui un periodista agredido, que, gracias al registro de imágenes se evidenció”, explicó al salir de la Presidencia Municipal, después de que el propio secretario Ricardo Benavides leyó, entregó el documento y se disculpó con el periodista.

“Hubo unas lenguas viperinas que me llamaron mentiroso, yo no miento, yo registro con mi cámara los hechos, no los provoco…se comprobó la verdad y la verdad fue que fui agredido y los que dijeron que fui un mentiroso escupieron para arriba”, acotó.

El fotoperiodista dijo que la autoridad local ya no puede seguir vulnerando la libertad de expresión, y remarcó que la recomendación plantea que se debe capacitar a los policías municipales.

También precisó que el gobierno municipal se hizo cargo de los gastos médicos derivados de la agresión de los policías. “Estuvieron al pendiente de mí, debo decirlo; la alcaldesa fuera de cámaras me visitó, estuvo el secretario de ayuntamiento, el secretario de prensa. Sigo con la terapia (física)”.

Un país letal.

“No es novedoso decir que México es letal para el ejercicio del periodismo”, señaló Edith Olivares Ferrero, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, organismo que lanzó la campaña “La Verdad se Protege”.

De acuerdo con Amnistía Internacional México, entre el 2002 y octubre del 2023 la Fiscalía Especial para Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión registró en México 86 asesinatos de periodistas; en 30 de esos se comprobó que hubo relación con el ejercicio periodístico. A finales del 2023 se registró la desaparición de 15 periodistas.

Con el proyecto “La Verdad se Protege” buscan que el gobierno mexicano fortalezca el Mecanismo Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, debido a que 8 periodistas fueron asesinados estando bajo protección del Estado en los últimos 7 años.