A más de dos años que familias de personas desaparecidas en Guanajuato se unieron para exigir a las autoridades reconocer y atender el problema de la desaparición forzada, persiste la revictimización y criminalización institucional, la falta de recursos, los vacíos legales, las omisiones y la opacidad de la Fiscalía General del Estado, institución de la que advierten actos intimidatorios que atentan contra la integridad de buscadoras y sus familias.

En la actualidad, Guanajuato suma 2 mil 610 personas desaparecidas, la mayoría de los casos se registraron a partir del año 2017; a pesar de que la entidad cuenta con una Ley de Búsqueda y una Ley de Víctimas, los vacíos e inaplicaciones de las normativas hacen que el problema lejos de ser atendido, se agudice, mientras aumenta el riesgo de que las familias sean víctimas de otro delito, ya sea por parte de grupos delictivos o de la misma Fiscalía General del Estado.

"Estoy frente a un cártel, estoy exponiendo mi vida por mi hijo... Estamos en un estado de impunidad, si nosotras como defensoras nos hemos callado en algunas cosas es porque tememos por nuestra vida. Yo ya no sé quién me vaya a matar, si la delincuencia organizada o la propia Fiscalía por sacarle las cosas al aire, estamos en esta situación tan difícil que tememos por nuestra familia", expuso ante diputadas y diputados locales una madre buscadora.

Al temor expresado por la buscadora de que sea la propia Fiscalía General del Estado (FGE) la que atente contra su integridad, se suma la denuncia pública que hizo el colectivo "Una promesa por cumplir", después que el 31 de enero pasado agentes de la FGE irrumpieron en el domicilio de una familia que forma parte del colectivo y participa en las búsquedas independientes, detuvieron a cuatro de sus integrantes, les golpearon, torturaron y obligaron a firmar un documento autoinculpatorio.

Las fallas, omisiones y vacíos en la normativa estatal fueron llevadas por representantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas a una reunión con diputadas y diputados locales, donde también buscadoras cuestionaron qué parámetros utilizan para evaluar la eficiencia del fiscal Carlos Zamarripa Aguirre.

"Nos gustaría que el Congreso del Estado fuera exigente a la hora de la rendición de cuentas que da la Fiscalía General del Estado... No estamos aquí por gusto, no es fácil confrontar autoridades, no es fácil armarte de valentía, lo más fácil sería ser servil, tomarse fotos, pero eso no me va a regresar a mi hermano", comentó otra de las participantes en la reunión en el Congreso.

La revictimización institucional no es exclusiva de la Fiscalía, pues coincidieron que desde las autoridades municipales existe un total desconocimiento de lo que establece la Ley sobre la obligación que tienen de conformar células de búsqueda, pero que además incluyan a las familias en las tareas.

El tema de los recursos económicos, de infraestructura y personal que tienen las comisiones de Búsqueda y Víctimas fue otro de los reclamos por parte de familiares de personas desaparecidas que dedican su vida a buscar a sus seres queridos y que padecen la precariedad por el limitado presupuesto presentado por el Ejecutivo, pero que es aprobado por el Congreso local.

En el estado actualmente hay 15 colectivos de familiares de personas desaparecidas y apenas el fin de semana el colectivo Buscadoras Guanajuato, uno de los pioneros en la entidad, conmemoró dos años de su fundación. En la lucha que iniciaron han encontrado más empatía, apoyo y acompañamiento de la sociedad que de las propias instituciones, comentó Paula, representante del colectivo.

Marcha del colectivo Buscadoras Guanajuato

"Hemos sido más visibles, hay personas que se nos han acercado, que nos voltean a ver, pero todavía queda una gran parte de la sociedad que lamentablemente no conocen el tema. Pareciera que es un delito que nosotras seamos familiares de una persona víctima de desaparición forzada. Nosotras no pedimos vivir esta vida, desafortunadamente nos tocó vivirla y tenemos que afrontarla".

Buscadoras Guanajuato surgió en febrero de 2020 con nueve integrantes, actualmente forman parte del colectivo 23 familias que buscan a 22 hombres y 1 mujer, entre los hombres desaparecidos está un menor de edad: Ángel Chagoya de 14 años de edad, originario de León.

FGE: institución que intimida y es opaca

El pasado 31 de enero elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGE allanaron la casa de la familia de Piedad Estefanía Villalobos Valdés, joven de 20 años desaparecida desde el 12 de septiembre de 2020. Los agentes de la Fiscalía persiguieron durante 20 minutos a Jonathan Sandoval Juárez, pariente de Piedad Estefanía, por ir a exceso de velocidad, al llegar al domicilio la familia intervino para que no lo detuvieran, de ahí que los policías de la FGE se llevaron detenidas a cuatro integrantes, les golpearon y torturaron para hacer que se autoinculparan, de acuerdo con la denuncia del colectivo "Una promesa por cumplir".

Jonathan presenta nariz rota, latigazos en la espalda, golpes en la cara y marcas de cachazos en la cabeza.

Fotografía especial

Ahora Jonathan está recluido en el penal de Ocampo, Guanajuato, acusado de tráfico de drogas, por eso es que el colectivo "Una promesa por cumplir", con el acompañamiento de la Plataforma por la Paz y la Justicia, pide la intervención de organismos internacionales.

"Jonathan y su familia fueron detenidos arbitrariamente, torturados y autoinculpados, el Colectivo ‘Una promesa por cumplir’ ha enviado una carta al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (WGEID, por sus siglas en inglés) de la ONU que envíe una comunicación por las represalias a la búsqueda, y han solicitado a la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) que documente el caso".

Además, exige el colectivo el cese a los actos de hostigamiento en su contra y no se repriman las búsquedas independiente, se le pide al Gobierno de México que libere a Jonathan y se sancione a las autoridades que perpetraron estos actos y a los superiores jerárquicos que los toleraron.

Desde el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se acordó pedir a Vicente Esqueda, titular de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos, que inicie una queja de oficio por este caso.

En el encuentro de buscadoras y activistas con la comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables en el Congreso del Estado, la representante del colectivo "Una promesa por cumplir", habló de las omisiones no solo desde la Comisión Estatal de Búsqueda que ha limitado el trabajo de campo a dos o tres días a la semana, aunque esto significa que cuando las familias acercan a los expertos a una fosa clandestina no se terminen los trabajos para recuperar la totalidad de cuerpos porque tienen que atender capacitaciones.

"Guanajuato está hundido y las familias vivimos cosas horribles, debemos decir la verdad, expresar lo que estamos viviendo. Es una burla, hasta el día de hoy no tengo nada que agradecer a la Fiscalía, estoy aquí representando a todas mis compañeras del colectivo, expresando lo que está pasando, pidiéndoles que nos apoyen porque es alarmante la situación que estamos viviendo. Esta es la realidad de Guanajuato, es la realidad de la Fiscalía: las intimidaciones a las buscadoras han pasado".

Señaló que, contrario a las declaraciones que ha hecho el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, las entregas de los cuerpos localizados en fosas clandestinas se dan en condiciones indignas y de manera tardía. Expuso que en su colectivo un joven desapareció en agosto de 2020, su cuerpo se localizó en diciembre de ese año en una fosa, pero a la familia se le informó hasta el mes de septiembre de 2021.

"Acompañé a la mamá al Semefo y se lo entregaron en una bolsa negra, cuando presumen que lo entregan en cajas o bolsas especiales. Es indignante que te lo entreguen como un animal muerto".

Sobre la tardanza de la Fiscalía en la entrega de los cuerpos, el activista Raymundo Sandoval comentó que solo cuando hay presión de organismos internacionales que observan la actuación de la institución a cargo de Carlos Zamarripa es que se agilizan los procesos, como sucedió con los casos de los primos Jorge Enrique y César, caso en el que el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU solicitó a las autoridades de Guanajuato acciones urgentes. Los cuerpos sin vida de ambos hombres se entregaron en un mes.

Otra denuncia constante por parte de las buscadoras es la falta de información y el incumplimiento de los compromisos hechos por Carlos Zamarripa para hacer mesas de trabajo con especialistas revisando carpetas de investigación.

"Nunca he visto el trabajo profesional del que habla el fiscal, nunca he visto la colaboración, nunca he visto la empatía para encontrar a nuestros familiares. Con una sola carpeta de investigación se puede desarticular una célula delictiva y no lo hacen porque hay una omisión, porque no es conveniente que lo sepa la sociedad", denunció una de las buscadoras.

Además, señalaron que siguen sin conocer cuántas fosas ha localizado la Fiscalía General del Estado, porque actualmente solo hay datos de los hallazgos a los que las propias familias han llevado a las autoridades, el número de cuerpos, la ruta que siguieron y si han sido localizados.

Reunión de representates de colectivos con diputadas y diputados. Fotografía Yajaira Gasca

Otra falla es que no existe un diagnóstico real de lo que sucede en Guanajuato, no se les ha podido responder por qué desde 2017 han aumentado los casos de desaparición forzada en la entidad; son ellas, las buscadoras, quienes con sus propios medios y capacitaciones han encontrado patrones en diferentes contextos que tampoco son considerados por las autoridades locales, como que la mayoría de las casas de seguridad o fosas se localizan en comunidades rurales.

En respuesta a la exposición que hicieron las buscadoras sobre las omisiones, la opacidad y las negligencias de la Fiscalía General del Estado, el diputado del PVEM, Gerardo Fernández González, aseguró que Carlos Zamarripa Aguirre respondió con mentiras durante la reunión que sostuvieron con él a puerta cerrada la Junta de Gobierno y Coordinación Política en diciembre pasado.

"Lo que nos muestra esta reunión es que no solamente existen organizaciones nacionales que nos dicen que los datos que nos da la Fiscalía no son verídicos, certeros o aceptables, sino que nos damos cuenta que todavía tiene el fiscal la valentía, la desfachatez y el desinterés de venir a la casa del Legislativo a decirnos mentiras".

Congreso cerrado a las víctimas

Las buscadoras tuvieron que esperar cuatro meses para ser recibidas por el Congreso del estado, con una metodología que limitó su participación a 10 minutos en una primera ronda y luego otra más para comentarios finales. El formato para realizar la reunión fue aprobado por la comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables que, con la mayoría panista, impidió que el presidente de la comisión, el morenista David Martínez Mendizabal, la dirigiera, pidiendo que existiera una persona que moderara el encuentro, fuera de la práctica parlamentaria que se realiza en otras comisiones que presiden panistas.

La petición original que hicieron integrantes de colectivos a través de Plataforma por la Paz y la Justicia fue una reunión con la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el máximo órgano donde están representadas todas las fuerzas políticas, optó por enviar la petición a la comisión de Derechos Humanos. Con la mayoría panista se postergó el encuentro con el argumento del trabajo que tenían por la aprobación de las leyes de ingresos de los municipios y el paquete fiscal.

Fotografíai Yajaira Gasca

"A partir de que se creó la Ley de Personas Desaparecidas y de Víctimas al Congreso lo veo más cerrado a dialogar y a la apertura con las víctimas del estado, cuando debería ser al revés, porque hay un lema: 'con las familias todo, sin las familias nada'. Hacer el recordatorio a las autoridades de no poner a competir a las víctimas", sostuvo una de las buscadoras participantes en la mesa.

A propósito de la reunión que pactó la Junta de Gobierno con el fiscal general del estado y que se realizó el 15 de diciembre pasado, colectivos hicieron llegar por escrito preguntas a Carlos Zamarripa, mismas que apenas hace un par de días fueron respondidas por la Fiscalía General. Las inquietudes de los colectivos fueron presentadas por el diputado Gerardo Fernández.

En total se presentaron 21 cuestionamientos y las respuestas fueron evasivas por parte de la Fiscalía, en algunos casos reiterativas a declaraciones que ha hecho el fiscal. Por ejemplo, se cuestionó a Carlos Zamarripa cómo justifica que durante los años que ha estado como encargado de la procuración de justicia en el estado, con mayor presupuesto, la delincuencia y la violencia sigan en aumento. La respuesta por escrito señala que a la Fiscalía le toca investigar y no el tema de la prevención.

El fiscal también niega que exista una crisis forense, aunque en la realidad pasa hasta un año en que el cuerpo de una persona es entregado a la familia. En el panteón forense de la Fiscalía hay alrededor de 428 cuerpos, cantidad que es variable por la dinámica de ingreso y entrega.

Lo que sí aceptó el fiscal es que a pesar de que diversos colectivos del estado han pedido conocer el laboratorio forense que presume la Fiscalía, solo se ha permitido el acceso a representantes de dos colectivos: "Ángeles de pie por ti" y "Mariposas destellando corazones y justicia".

Colaboración desde lo municipal

El académico y activista Fabrizio Lorusso expuso ante diputadas y diputados que los municipios incumplen con lo establecido por la legislación en el sentido de crear células de búsqueda, en las que además se reconozca y acepte la participación de las familias de personas desaparecidas.

Comentó que a través de solicitudes de acceso a la información pública, las autoridades de al menos 10 municipios no conocen la obligación que tienen de crear las células de búsqueda.

La participación de los municipios, comentaron buscadoras, es fundamental porque cada localidad tiene características propias que deben atenderse, además de que sería un mecanismo para hacer más efectivas las búsquedas en vida.

"Exigimos búsquedas en vida, no solo en fosas", fue uno de los comentarios más pronunciados por las buscadoras.

También pidieron que cada municipio tenga una ventanilla única que sea el enlace con las comisiones estatales de búsqueda y de víctimas para que el proceso sea más sencillo, con personal debidamente capacitado y especializado para dar un trato digno a las víctimas indirectas.

Entre las peticiones está que se otorgue seguridad para las búsquedas independientes y que, preferentemente, no sea el acompañamiento de las policías municipales porque advirtieron que existen corporaciones ligadas a grupos criminales.

"Pedimos que la policía sea vigilada para el buen funcionamiento, para poder hacer las búsquedas inmediatas, porque dejan pasar mucho tiempo, y es tiempo que tienen los delincuentes para hacer cosas, luego ya encontramos a nuestros familiares en fosa porque no se actúa rápido".

El tema de la seguridad para las buscadoras fue otra de las principales preocupaciones, al recordar que dos de sus compañeros han sido asesinados. Primero fue Rosario, una madre que buscaba a su hijo, fue asesinada en octubre de 2020. Unos meses después, en mayo de 2021, acribillaron a Javier Barajas Piña, hermano de la maestra Lupita, quien fue localizada en las fosas de Salvatierra.

Propuestas presentadas durante la reunión. Imagen de Plataforma por la Paz y la Justicia

Comisiones con recursos limitados

Si bien desde 2020 comenzaron a conformarse las comisiones de Búsqueda y Víctimas en el estado, los limitados recursos con los que cuentan impiden que cumplan a totalidad con las obligaciones que marca la propia Ley, por eso es que las buscadoras, tres de ellas integrantes de los consejos ciudadanos de ambas comisiones, hicieron propuestas para que se otorgue más presupuesto que garantice la infraestructura, el personal y apoyos a las víctimas.

Una de las propuestas por parte de colectivos y activistas, desde que se creó la Ley de Víctimas, fue desaparecer el fondo de víctimas que maneja a discreción la Fiscalía General del Estado y trasladarlo a la comisión de Víctimas; además de que parte de los recursos obtenidos por bienes incautados a la delincuencia organizada se mandara al mismo fondo.

Con un fondo de apenas 13 millones de pesos, la comisión de Víctimas tiene que atender a cientos de personas, recurso que resulta insuficiente, manifestaron.

Fotografía de Yajaira Gasca

También la comisión de Búsqueda tiene limitados recursos que se traduce en poco equipo y apenas un grupo de ocho personas para atender los trabajos de campo para todo el estado.

Buscadoras que forman parte de los consejos hicieron el llamado al Congreso para que se amplíen las atribuciones que tienen, pues actualmente las reuniones se limitan a informes, sin que ellas puedan hacer propuestas para mejorar el trabajo que se realiza, principalmente en las búsquedas.

A pesar de que las buscadoras y activistas pidieron a las y los diputados marcar una ruta para que sea una realidad la reformas propuestas y no solo se quede en una reunión de "oídos sordos", la respuesta de la mayoría panista fue llevarse para su análisis los planteamientos.