A la exigencia de justicia de una familia que enfrenta el dolor por la impunidad del asesinato de un joven de 19 años, las autoridades estatales respondieron con más de medio centenar de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, en su mayoría del equipo antimotines, que se instalaron en la caseta de cuota Guanajuato-Silao, ante el anuncio de la movilización por la liberación de quienes fueron señalados como los asesinos de Ludwin Axel Coronado Licea.

Superados en número por los elementos armados, con casco y escudo, los familiares del joven que desapareció el 11 de mayo del 2018 y cuyo cuerpo sin vida fue localizado un mes después en el municipio de Romita, llegaron a la caseta con un solo objetivo: ser escuchados por las autoridades que dejaron libres a los asesinos confesos de Ludwin.

Mientras los seres queridos del joven se manifestaban, a unos 800 metros se encontraba el fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, en el restaurante La Vaca. La familia fue atendida en el Poder Judicial por Luis Antonio Santoyo Moya, secretario particular de la presidenta Claudia Barrera Rangel, pero nadie de la Fiscalía que pudiera despejar sus dudas sobre la integración de la carpeta de investigación.

“Yo tengo mucha familia, nosotros siempre nos fuimos por lo legal y pinche justicia valió madre. ¿Por qué si ellos ya se habían declarado culpables, por qué los dejaron libres?”, reclamaba Martina, la madre de Ludwin, mientras caminaba bajo los rayos de sol para llegar a la caseta de cuota.

Durante algunos minutos se bloquearon dos carriles de la caseta, aunque no precisamente por los familiares, sino por los mismos elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado que se pusieron frente a las plumas, mientras los manifestantes se mantenían en las orillas con cartulinas en la búsqueda de justicia para Ludwin.

En medio de la manifestación se hizo presente el sobrino de Rafael “el Gallo” Barba, empresario consentido durante el sexenio de Miguel Márquez, Alfonso Aceves Barba director general de carreteras de cuota de Guanajuato, para exigir a familiares que se alejaran de las casetas, aunque en ese momento los familiares clamaban por justicia.

En el lugar se hicieron presentes dos asesores de la Secretaría de Gobierno que prometieron a Martina ser intermediarios para que hablara con personal del Poder Judicial, a cambio pedían que la familia se concentrara en un espacio alejados de las cabinas de cobro.

“Es una mierda la justicia aquí en Guanajuato”: Martina

Carteles que mostraban el logotipo de la administración de Diego Sinhue Rodríguez se podía leer la leyenda “Guanajuato, violencia de México”, fueron alzados por los seres queridos de Ludwin que reclamaban las inconsistencias durante el proceso judicial que permitieron la liberación de Carlos y Mauricio, señalados por la Fiscalía como los responsables del homicidio del joven.

Con el dolor a cuestas por el asesinato de su hijo, la impotencia de ver cómo todo un sistema liberaba a los responsables, Martina Licea calificó a la justicia del estado como una “mierda”.

“Que regresen a la cárcel estos malditos, por eso hay tantos asesinatos porque la justicia no hace nada”, pedía con un micrófono en mano para llamar la atención de los cientos de automovilistas que buscaban salir de la capital del estado.

Hace unos días, Martina denunciaba públicamente amenazas que recibió desde la desaparición de su hijo en mayo del 2018; sin embargo, hoy asegura no tener miedo y seguirá en la lucha hasta conseguir justicia.

“Ya están sueltos, pero no temo, ya no me importa si me hacen algo, ya me dejaron muerta en vida con el homicidio de mi hijo”.

Al entrevistarse con los asesores de la Secretaría de Gobierno, la madre de Ludwin detalló que durante el proceso judicial fueron reiteradas las ocasiones en las que la jueza Mónica Edith Olmos desestimó pruebas que presentó la familia, como las conversaciones que sostuvo Martina con Mauricio, uno de los indiciados, en donde le asegura que Ludwin pronto aparecerá y que no se perdonaría si llegara a atentar contra su vida. Además de mensajes de texto del mismo número con amenazas, entre muchas otras inconsistencias durante un año de juicio.

Recordó que fue en una audiencia del mes de julio cuando Mauricio reconoció que ellos habían asesinado a su hijo, mientras le pedía a Carlos que aceptara. La jueza tampoco aceptó la declaración de la persona que aceptó haberlos llevado en su camioneta a tirar el cuerpo en Romita.

Martina expuso que la saña con la que fue asesinado su hijo menor, 50 puñaladas, luego su cuerpo bañado con sosa cáustica. “Como todos unos profesionales conocían la manera de desaparecer las evidencias”.

Exigen investigar actuación de la juez

Tras dos horas de manifestación, acordaron que un pequeño grupo de familiares se trasladara al Poder Judicial con sede en Pozuelos para ser recibidos por el secretario particular de la presidenta.

La exigencia durante la reunión sería que se iniciara una investigación por la actuación de la jueza Mónica Olmos.

Mientras Martina y un sobrino se trasladaron al Poder Judicial, los familiares de Ludwin permanecieron en las inmediaciones de la caseta junto con las decenas de elementos de FSPE.

Luego de poco más de una hora, la mamá del joven regresó con la noticia de que se agendó una cita para el miércoles a las 10 de la mañana en el Poder Judicial para un encuentro directo con Claudia Barrer Rangel.

Martina dijo sentirse confiada de alcanzar la justicia, porque desde la Fiscalía le confirmaron que se apelará la resolución de la jueza.