Los padres del menor de ocho años que denunciaron abuso sexual por parte de Roberto Grijalva Sánchez, director del Colegio Liceo de León, afirman que en la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA) "les cerraron las puertas" y tacharon de mentira el acompañamiento anunciado por ese organismo durante su caso.

Aseguraron que en cuanto ahí se enteraron de quién se trataba, de Roberto Grijalva Sánchez, ex funcionario estatal, "prefirieron no meterse, aún cuando están para proteger a los niños, niñas y adolescentes".

Pero este organismo no es el único que ha provocado la indignación de los padres: la Jueza Tercero de Distrito otorgó la suspensión definitiva derivada del juicio de amparo promovida por Grijalva Sánchez, decisión que, lamentaron, no privilegió el interés superior del menor, como establecen los protocolos de la Suprema Corte y favoreció al particular.

Con todo, la suspensión definitiva otorgada a esta persona no tiene los efectos para impedir la ejecución de la orden de aprehensión.

En cuanto a la Procuraduría de protección al menor, que aseguró en una tarjeta informativa que ha brindado su apoyo y acompañamiento, coadyuvando con el asesor jurídico y colaborando en las gestiones para la localización del imputado, fue desmentido por los padres y el abogado: "no solamente no ha acompañado en la localización, tampoco en la apelación", como asegura en el documento sin nombre ni firma de quien la rinde.

Roberto Grijalva Sánchez, quien fuera director del Colegio Liceo de León.

"Procuraduría del Menor cerró la puerta"

En la Procuraduría de Protección Estatal de Niñas, Niños y Adolescentes, "nos cerraron la puerta y nunca se volvieron a comunicar, no hubo algún acercamiento", lamentaron los padres, al conocer el contenido de la tarjeta informativa que personal de PEPNNA emitió hace unos días, la cual, por cierto, incluye un error en la fecha de inicio del proceso.

Creen que esto fue debido a la enorme influencia que tiene Roberto Grijalva Sánchez, quien llegó a ser funcionario federal y estatal durante los sexenios de Juan Manuel Oliva y Miguel Márquez, con numerosas conexiones económicas y sociales, por estar vinculado al Opus Dei.

Dicha organización católica se ha deslindado de él y del colegio, pero reconoció que varios trabajadores del Colegio, así como el párroco que atiende la capilla del mismo, pertenecen a esa Prelatura.

Las autoridades de la escuela, por otra parte, aseguraron en un comunicado que los padres de su alumno no acudieron con ninguna autoridad de esa institución para exponer o denunciar el caso:

En tanto que en la tarjeta informativa emitida por PEPNNA sobre el caso, se informa que ese organismo comenzó a intervenir el 27 de agosto, cuando se solicitó al Ministerio Público se le otorgue la representación en coadyuvancia para promover la apelación para la orden de aprehensión, que colabora en las gestiones para la localización del imputado y que continúa la colaboración a favor del niño.

"Pero todo ello es mentira", declaró, indignado Moisés Castillo.

La Procuraduría "no ha hecho una sola intervención en la carpeta, tampoco coadyuvaron para la apelación, ni hicieron gestiones para ubicar al imputado, mentira total", explicó el abogado, al revelar que apenas están conociendo el contenido de la ficha, precisamente porque no ha habido intervención del organismo en el caso.

"¿Cómo se atreven a decir eso, ni se han parado", dijeron los padres, la Subprocuradora Jurídica los atendió y "llevaron un escrito porque nuestro abogado los presionó pero nunca se volvieron a parar".

No obstante, los padres de familia y su abogado se pusieron a la orden de la procuradora María Teresa Palomino Ramos, "quien seguramente ignora que lo que ponen en ese documento es falso", esperando que ahora sí los reciban y tengan el apoyo real de la Procuraduría en la localización del imputado.

Beneficio otorgado a Roberto Grijalva, sin efectos reales

Aunque hace unos días la Jueza Tercero de Distrito decidió otorgar la suspensión definitiva derivada del juicio de amparo promovido por Roberto Grijalva Sánchez, esto "no sirve" ni anula la orden de aprehensión que pesa sobre el ex funcionario estatal.

Moisés Castillo, abogado de la familia, dejó claro que "La orden de aprehensión está intocada, se puede ejecutar en cualquier momento y en cuanto la Policía lo encuentre, lo puede detener... porque el delito (de abuso sexual de menores) es grave".

"El único efecto que la medida tiene es que cuando sea detenido y sea presentado ante el o la juez que lo requiere, se declarará que la libertad personal (de Grijalva) se queda a cargo del juez de distrito y cuando cuando esta persona sea vinculada a proceso, lo que sucedería en la misma audiencia, el juicio de amparo se sobresee, queda anulado, al pasar de ser una persona investigada a ser una persona imputada", explicó el litigante.

También informó que en enero próximo será la audiencia constitucional de la primera de dos carpetas de investigación por denuncias penales.

María y Carlos, progenitores del niño, comentaron a este medio que los llenó de aliento el que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez se haya pronunciado sobre su caso hace unos días, al pedirles confianza en las instituciones y paciencia ante los tiempos procesales.

Por ello, le hacen un llamado para que les conceda una entrevista y poder explicarle la gravedad del caso, lo que ha sufrido su familia y cómo hay otros casos en espera.

La petición de audiencia también es para el fiscal general Carlos Zamarripa, pues desde la Fiscalía, a través de la Unidad de Atención Integral de la Mujer, se hizo la promesa de que en diciembre "habría resultados positivos", lo que se traduce en la aprehensión de Grijalva Sánchez, algo que todavía no ocurre.

Una suspensión judicial inservible: padres del niño

"Esa suspensión definitiva no tiene razón de ser, no sirve para nada, no impide que sea detenido", dijeron los padres de familia del niño, sobre el beneficio que una jueza de Distrito concedió al director del Colegio Liceo, quien promueve el juicio de amparo.

También expresaron su extrañeza porque se le impuso a Roberto Grijalva una garantía económica (pago) por 5 mil pesos ("cantidad irrisoria", según los progenitores del niño). No solo no los pagó, "en lugar de cancelar la juez la medida provisional, le dio la suspensión definitiva", lamentaron.

Existe en ellos un temor real de que en la etapa de la audiencia constitucional se le vaya a dar un amparo, pues ya con esta suspensión definitiva, la Juez privilegió el interés de un particular contra el de un menor, en este caso, su hijo.

La segunda denuncia penal

Por otra parte, el abogado Moisés Castillo fue cuestionado sobre la otra queja contra Roberto Grijalva Sánchez. Mencionó que esta ya fue ratificada ante la Unidad de Atención Integral a la Mujer por parte de la madre de la menor por el mismo delito: abuso sexual, donde la víctima es una niña, también dentro del colegio Liceo de León.

De momento, dijo, se están recabando pruebas para poder reclamar la orden de aprehensión por este caso, que se lleva de manera independiente respecto a la del primer caso que se denunció.

Ambos niños y sus familias continúan en terapia psicológica.

Ficha Roja, vigente

La defensa del menor aduce que la Jueza de Distrito se equivoca al negar se gire oficio al Instituto Nacional de Migración para que informara si Roberto Grijalva reporta salidas del territorio mexicano a partir de junio de este año, aunque alega que no se encuentra previsto en la ley, esos mismos artículos que menciona de la ley, la facultan para ordenar pruebas y diligencias "para mejor proveer, pero extrañamente, no lo quiso hacer".

No obstante, Carlos y María, los papás del niño, se alegraron de que se haya liberado ya una Ficha Roja de Interpol, que le impediría a Roberto Grijalva la salida del país, si es que aún estuviera en territorio mexicano, y para que se le busque en todos los países con los que México tiene convenio de extradición.

Esta notificación internacional estaría vigente durante al menos un año más, a enero de 2022, cuando prescriba el delito.

Sin embargo, esperan que no sea necesario que esta persona permanezca en fuga dos años, sobre todo porque ellos sí han tenido que dejar su ciudad y establecerse en otro lugar, por las amenazas que recibieron por haber denunciado.