Durante los últimos cuatro años que Juan Alcocer Flores estuvo al frente del Instituto Estatal de Cultura (IEC) se pagó a grupos de artistas que no cumplieron con las presentaciones pactadas, se hicieron contrataciones de servicios fuera de la Ley y con empresas boletinadas por “operaciones simuladas”, se erogaron recursos para publicidad sin que existan testigos que confirmen que el proveedor cumplió; además, los ingresos se vieron mermados por los descuentos en la renta de los teatros Juárez y Cervantes que se autorizaron, alejado de lo que marcan las normas.

El resultado de la auditoría específica a cargo de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) terminó con 14 observaciones por irregularidades que representan 1 millón 72 mil 296 pesos. Aunque el monto observado originalmente por la ASEG rondaba los 2 millones de pesos, Adriana Camarena de Obeso, actual directora del IEC, aclaró el destino de 884 mil 377 pesos.

En la revisión que hizo la ASEG se observó el pago de 29 mil pesos a Servicios DONSROP SA de CV, empresa boletinada por facturar operaciones simuladas, y aunque un funcionario de San Miguel de Allende aceptó que "consiguieron" la factura con un tercero y sin evidencias fotográficas de que se realizó la presentación de un grupo artístico, la Auditoría dio por solventada la observación.

La ASEG no incluyó en el informe de resultados los contratos que dio el IEC a FBM Comercializadora, otra empresa señalada como fantasma por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la que Miguel Márquez Márquez entregó contratos por 4.6 millones de pesos.

La auditoría específica fue promovida por el diputado Ernesto Prieto Gallardo en junio de 2019, después de que una ex colaboradora del Teatro Juárez denunciara públicamente el hostigamiento y acoso del que era víctima por parte de Rodrigo Jiménez, además de la corrupción al interior del Instituto.

El informe de resultados por la auditoría de cumplimiento financiero abarcó los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017 y 2018; es decir, los últimos cuatro de 12 años que el panista Juan Alcocer Flores estuvo al frente del Instituto Estatal de Cultura.

Los últimos contratos observados por la ASEG corresponden a julio de 2018, apenas dos meses antes de que terminara Alcocer su segundo sexenio en Cultura.

Funcionario y contratista del Gobierno del Estado

Antonio Yerena Vera es el nombre del funcionario del gobierno del estado que además de cobrar en la nómina logró contratos con el Instituto Estatal de Cultura por 452 mil 967 pesos durante los años 2016 y 2017.

Por adjudicación directa y sin estar en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado Yerena Vera, quien desde 2002 tiene plaza en el Instituto Estatal de Capacitación (IECA), recibió al menos 24 contratos por parte del Instituto de Cultura.

Los servicios que se le contrataron al funcionario estatal fue la renta de lonas, carpas, toldos, sillas y mesas para la realización de eventos en diferentes municipios.

Antonio Yerena aparece en el directorio del Gobierno del Estado como director del plantel Salvatierra del IECA con un nivel tabular 9, que representa un sueldo mensual neto de 24 mil 779 pesos.

Antonio Yerena. Fotografía de redes sociales

La fracción VII del artículo 42 de la Ley de Contrataciones Públicas del Estado establece que están impedidos de participar en procedimientos de contratación de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos o servicios quienes desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público del estado, o lo hayan desempeñado hasta un año antes de la publicación de la convocatoria.

Después de la observación que hizo la ASEG, Adriana Camarena de Obeso presentó cartas firmadas por el director del plantel Salvatierra del IECA donde aseguraba no ocupar ningún cargo público.

“Al respecto le informo que en este Instituto desconocíamos que el Sr. Antonio Yerena Vera, ocupara algún cargo público dentro de la Administración Estatal, ya que nos proporcionó una carta en la cual manifiesta no desempeñar, ningún empleo, cargo o comisión como servidor público. Con base en esta manifestación se le contrató”, señaló la directora del IEC en respuesta a las observaciones.

Los auditores de la ASEG preguntaron al director general del IECA, Juan Carlos López Rodríguez, si durante los años 2016 y 2017 Antonio Yerena desempeñaba algún cargo. La confirmación de que forma parte del Instituto Estatal de Capacitación se acompañó de nombramiento de plaza definitiva como director de plantel desde el 1 de abril de 2002.

Además de estar impedido por la legislación, Yerena recibió los contratos sin formar parte del padrón de proveedores del Gobierno del Estado, por lo que también se violentó diversas leyes, reglamentos y lineamientos.

Si bien se comprobó que el funcionario cumplió con los servicios, existe la observación de la ASEG por recibir contratos mientras desempeña un cargo público.

La Auditoría también observó que se entregaron dos contratos a la empresa Logimpex de México SA de CV para el traslado de una obra artística al extranjero, servicio que no ofrecen los proveedores del Gobierno del Estado, por lo que se pagó por el servicio a la empresa, sin solicitar la autorización a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.

El IEC justificó la contratación que contraviene los reglamentos y la legislación con el argumento que el responsable desconocía los ordenamientos jurídicos y la solicitud de autorización que debió haber pasado por la Secretaría de Finanzas.

Presentaciones pagadas que nunca se realizaron

El Instituto Estatal de Cultura pagó 118 mil 800 a dos representantes artísticos por presentaciones que no se realizaron.

Cristopher Pablo Jaramillo Villalobos, que se ostenta como asistente y productor del Grupo de Actuación de la Universidad de Guanajuato que dirige Alonso Echánove, recibió del IEC 116 mil 248 pesos por la presentación del Grupo Ave Fénix y las obras artísticas “Mujeres de Arena” y “Palabras Encadenadas”.

Sin embargo, ni el Instituto de Cultura ni el proveedor pudieron acreditar con reportes de actividades y evidencias fotográficas que se realizaron las presentaciones.

El Gobierno del Estado a través del IEC entregó durante abril, mayo y julio tres contratos a Cristopher Pablo Jaramillo por más de 116 mil pesos, pero acreditó que se realizaron presentaciones por 14 mil 84 pesos, y el resto de las puestas en escena contratadas no se realizaron.

Aunque la ASEG buscó al proveedor en el domicilio fiscal que se precisó en los contratos, Jaramillo Villalobos no fue localizado.

Mediante un escrito que hizo llegar a través del IEC, el proveedor argumentó que no se pudo presentar en municipios como Cortazar y San Francisco del Rincón porque las casas de cultura le cancelaron, y en Jerécuaro se les prohibió porque había veda electoral.

Jaramillo estableció en el documento que entregó al IEC que estaba dispuesto a reponer las presentaciones que quedaron pendientes y por las que recibió un pago de más de 101 mil pesos, pero no fijó fechas.

Al no ser localizado en el domicilio que declaró en los contratos, la ASEG resolvió en la misma auditoría hacer de conocimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se tiene al proveedor como “No Localizado”.

Juan Manuel Arias Méndez es otro proveedor que tampoco pudo acreditar la presentación de los eventos artísticos para los que fue contratado.

Los tres contratos para Arias se hicieron en 2015, 2017 y 2018 por un monto total de 68 mil 440 pesos. El proveedor no pudo proporcionar documental que acredite que se realizaron las presentaciones.

El monto observado originalmente fue por los más de 68 mil pesos, pero pudieron solventar 17 mil 400 pesos. También se boletinó como un proveedor incumplido.

Ilustración Pinche Einnar

Perdona ASEG contratación de empresa fantasma

En el caso de la empresa Servicios DONSROP SA de CV, a la que se le pagaron 29 mil pesos en 2015 por la presentación artística del grupo “Atabal Teatro”, aparece en el informe de resultados de la ASEG como una empresa que simula operaciones.

Servicios DONSROP forma parte del listado de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) a las que el gobierno de Miguel Márquez pagó alrededor de 192 millones de pesos y que hizo público el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

Aunque el contrato con el IEC fue de 29 mil pesos, la empresa aparece en el quinto lugar por el mayor monto facturado al Gobierno del Estado.

De acuerdo con la investigación que realizaron ciudadanos e impulsaron los integrantes del CPC, Servicios DONSROP recibió contratos por 2 millones 745 mil 520 pesos.

Incluso, en la respuesta que envió a la ASEG el director artístico del Festival Internacional de Teatro de San Miguel de Allende, reconoce que se pidió el apoyo al IEC para el pago del grupo “Atabal Teatro”, pero la factura se consiguió con un tercero.

“…la encargada del trámite de pago fue Pamela Cordero y un conocido de ella fue quien le facilitó la factura correspondiente para dicho pago. Es por ello que yo no tengo más información al respecto”, dijo el director del Festival Internacional de Teatro de San Miguel de Allende.

Sin presentar evidencias fotográficas de que se hayan realizado las presentaciones artísticas, la ASEG dio por solventada la observación por el contrato de 29 mil pesos a la empresa boletinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por operaciones simuladas.

El argumento de las autoridades para no entregar fotografías de la realización de los espectáculos es “por política del grupo y para no interrumpir la función, no se autorizó recabar material audiovisual”.

En la revisión por cuatro años que hizo la ASEG no hubo ninguna observación por la contratación que hizo el IEC de FBM Comercializadora, la empresa contratada por el gobierno de Miguel Márquez Márquez para triangular publicidad con la Organización Editorial Mexicana (OEM).

FBM está boletinada por operaciones simuladas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero a la fecha no ha habido ninguna sanción por el dinero público que otorgó la Coordinación de Comunicación Social a cargo de Enrique Avilés.

En el caso del IEC, POPLab tiene la copia de dos facturas por 68 mil 963 pesos que se pagaron a FBM el 18 de octubre de 2017, solo un minuto de diferencia.

Descuentos por arrendamiento del Juárez y Cervantes

Contrario a los acuerdos tomados por el Consejo Directivo del Instituto Estatal de Cultura, el Teatro Juárez y el Teatro Cervantes fueron rentados a empresas con descuentos del 50 por ciento, por lo que dejó de ingresar 110 mil 200 pesos a las arcas estatales entre noviembre de 2017 y mayo de 2018.

La ASEG detectó que a las empresas Global Event Operadora de Eventos SA de CV y Bedlom SA de CV se les rentó el Teatro Juárez por 46 mil 400 pesos a cada uno, aunque en los acuerdos del Consejo Directivo del IEC se establecen tarifas de 80 mil pesos más IVA cuando se trata sociedades anónimas o con fines de lucro.

Otra empresa que recibió el beneficio del descuento fue Phase Audio SA de CV por la renta del Teatro Cervantes, por el que se pagaron 17 mil 400 pesos, cuando la tarifa establece 34 mil 800 pesos.

En los acuerdos del Consejo se establecen tres tarifas: para instituciones educativas, asociaciones civiles y dependencias gubernamentales y la más alta para las empresas.

Tras las observaciones que hizo la ASEG al Instituto Estatal de Cultura por hacer descuentos a empresas, la respuesta que llegó de las autoridades responsables de administrar ambos teatros fue que se hicieron descuentos porque se trató de eventos para áreas de gobierno, aunque éstas contrataron a las empresas para la logística.

En el caso de Global Event Operadora de Eventos organizó un evento para el trabajo técnico de plaguicidas organizado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, por lo que al tratarse de un evento gubernamental aplicó la cuota de 40 mil pesos más IVA por el Teatro Juárez.

Teatro Juárez. Fotografía IEC

La tarifa preferencial para Phase Audio SA de CV por la renta del Teatro Cervantes también se justificó al tratarse de un evento para el ISSSTE, pero que fue organizado por una empresa privada.

Sin embargo, la tarifa preferencial de 40 mil pesos más IVA por el Juárez que gozó Bedlom SA de CV no quedó solventada porque, aunque se señaló que se trató de un evento para la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior, no se pudo acreditar tal argumento porque la dependencia del gobierno estatal no respondió a los requerimientos.

Con el argumento de que hay contingencia sanitaria por el COVID-19, la SICES no entregó los documentos para comprobar que hizo uso del Teatro Juárez en mayo de 2018 para un evento.

Por lo anterior, la ASEG determinó que no quedó solventada la observación, aunque en el monto por irregularidades solo se sumó los 46 mil 400 pesos que no pagó Beldom SA de CV, la empresa que según el IEC contrató la SICES para la logística de un evento.

’Daño de archivo’ impide comprobar servicio de publicidad

La observación que representa mayor monto fue por el contrato que dio el Instituto a la empresa Marketing Place S. de R.L. de C.V., a la que se le pagó 550 mil pesos para la publicidad de la campaña de zonas arqueológicas y museos del IEC.

Sin embargo, no existe evidencia de que haya contado con la validación por parte de la Coordinación de Comunicación Social por la calidad del servicio prestado y el alcance de las metas establecidas.

En el contrato firmado en diciembre de 2016 se estableció que la empresa elaboraría spots para radio y televisión, cápsulas y banner publicitario.

Para evadir la comprobación de que se alcanzaron las metas establecidas en un contrato de más de medio millón de pesos, el Instituto Estatal de Cultura argumentó que en el contrato no se estableció la obligatoriedad de que quedaran asentadas las metas.

El Instituto entregó algunos testigos de spots, banner y videos, sin que se acreditara que fue Marketing Place la empresa que los realizó, además tampoco se comprobó que se hayan publicado.

Contrario a lo que establece el contrato, la empresa no realizó spots para televisión, el argumento del IEC es que hubo un error en la redacción del contrato.

Entre las respuestas que dio el Instituto a la ASEG para no hacer entrega de los testigos de cápsulas y banner estuvo que al paso de los años se dañaron los archivos a resguardo del área de comunicación social.

La empresa quedó boletinada como incumplida por el Sistema de Administración Tributario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las observaciones por contratos de publicidad se enfocó en que el pago a un proveedor quedó en el registro contable como gasto devengado, aunque se hizo el depósito de 50 mil pesos desde que se firmó el convenio.

Servicios de transporte

A la empresa Excelencia en Transporte Terrestre, S.A. de C.V se le entregaron 48 contratos por 945 mil 685 mil.

La primera observación fue porque no existía documental que acreditara la prestación del servicio de transporte, no hubo reportes de las actividades desempeñadas y por los servicios prestados. Tampoco existió una evaluación por parte del Instituto.

El IEC logró comprobar solo 33 contratos por 638 mil 589 pesos, pero dejó sin especificar los 15 contratos por 307 mil 96 pesos.

De las 14 observaciones, ocho incluyen irregularidades que representan presunto daño al erario, el resto es por omisiones o errores en los contratos y trámites del Instituto Estatal de Cultura.

El informe de resultados fue aprobado por la comisión de Hacienda y Fiscalización, para luego enviarse a votación del Pleno.