Un nuevo fallo judicial ratifica la obligación del gobierno de San Miguel de Allende de proteger la Zona de Preservación Ecológica (ZPE) El Charco del Ingenio y Zonas Aledañas de los intereses inmobiliarios promovidos por el presidente municipal Luis Alberto Villareal García.

El 30 de octubre de 2020 el magistrado Gerardo Arroyo Figueroa decretó la nulidad del acuerdo de cabildo que dio origen a la vulneración de los derechos ambientales de los sanmiguelenses por medio de la reducción del territorio de la ZPE y su cambio de uso de suelo para fines inmobiliarios de tipo residencial campestre. Dicho acuerdo edilicio tuvo origen únicamente en una solicitud del alcalde, sin estudios técnicos o consulta pública previa como dicta la ley.

Apenas en junio de este año el tribunal multó a cada uno de los miembros del Ayuntamiento de San Miguel por incurrir en desacato judicial a la suspensión definitiva concedida a El Charco del Ingenio AC y al Observatorio Ciudadano de los Sanmiguelenses AC en diciembre de 2019.

Además en dicha resolución, el juez señalaba que de persistir el incumplimiento con la decisión del Tribunal este haría las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público para separar de su cargo a las autoridades en desacato y vincularlas a proceso por delitos de tipo penal.

"La denuncia de carácter penal del juez contra el cabildo fue lo que los asustó y los hizo, a regañadientes, tener que hacer una sesión de Ayuntamiento para poder determinar que la Zona Preservación Ecológica volvía a su declaratoria original", explicó en entrevista Mario Hernández, director de El Charco.

Ahora el fallo es nuevamente favorable, pues insiste en "mantener la integridad" de la Zona de Preservación Ecológica El Charco del Ingenio y Zonas Aledañas (ZPE), una reserva natural de 392 hectáreas con gran "gran valor ambiental, escénico e histórico".

El acuerdo del cabildo impugnado ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato pretendía reducir "en decenas de hectáreas la superficie de la reserva, con el fin aparente de impulsar proyectos inmobiliarios y de desarrollo urbano", dicen las organizaciones en su comunicado.

El negocio de la tierra

Fotos: El Charco del Ingenio

Las modificaciones acordadas por el cabildo desde el 2017 hubieran sido incorporadas al Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 2019-2040 (PMDUOET) de no ser por la suspensión definitiva concedida por el juez el 11 de diciembre 2019.

Esta, sin embargo, fue desacatada por los integrantes del Ayuntamiento de San Miguel quienes sí incluyeron las modificaciones a la Zona de Preservación Ecológica dentro del PMDUOET, las cuales fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato apenas 20 días después de la resolución definitiva del juez, el 31 de diciembre de ese mismo año.

Luego de la amenaza de vinculación a proceso penal de las autoridades responsables "se tuvo a la autoridad demandada por dando cabal cumplimiento a la suspensión concedida" —dice el auto en cuestión— evitando así el despojo de hectáreas a partir de la división de sus unidades de gestión ambiental y territorial (UGAT) dejando sin efectos las modificaciones al PMDUOET.

"Esto es sumamente importante porque en el proceso, cuando querían avalar el PMDUOET anterior, toda la fracción de 392 hectáreas de la Zona de Preservación Ecológica, la habían restado, la habían dividido en cuatro secciones, dejando nada más la propiedad de El Charco aislada y a las otras tres las habían intentado cambiar el uso de suelo, en sus criterios, para el desarrollo urbano habitacional. Es decir, los negocios inmobiliarios que han dado tanto giro a San Miguel de Allende", dice el director de El Charco del Ingenio y Jardín Botánico.

La actual resolución del magistrado obliga a conservar una sola UGAT tal y como se definía en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Municipio de San Miguel de Allende (POET) del 2012 a partir de la Declaratoria Oficial de El Charco del Ingenio como Zona de Preservación Ecológica publicada en 2006 en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato.

Más y no menos derechos ambientales

Los criterios utilizados por el juez "son muy interesantes y de vanguardia. Que una autoridad ahora esté valorando primero lo que es los recursos naturales y su función antes que hacer negocios, debe sentar un precedente", afirmó Mario Hernández.

Y es que dentro de la resolución del Tribunal se señala que conforme a los principios de "no regresión" y "progresividad" en materia ambiental, las intenciones del cabildo de modificar el PMDUOET contravienen la Declaratoria del 2006, en donde quedaban restringidos los usos del suelo para fines habitacionales.

Además, de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo Artículo 64 —señala el Tribunal en el fallo—, las zonas de preservación ecológica solo pueden ser modificadas por las mismas autoridades que las hayan declarado como tales siguiendo las mismas formalidades para su declaración, y eso es: realizando estudios técnicos fundamentados y propiciando una amplia consulta pública donde participen organizaciones de la sociedad civil, instancias públicas y privadas, personas físicas o morales y demás interesadas.

"Esto es muy significativo, porque en todo el estado, pero puntualmente en San Miguel de Allende, con este discurso de ciudad patrimonio, la mejor ciudad del mundo y muchos elementos de este tipo, que se han utilizado para lucrar con el territorio".

El negocio del agua

Explica el director de El Charco que la sentencia del juez aborda "con un detalle muy puntual la importancia del bien común, los recursos naturales como elemento de bien común y el derecho a tener un medio ambiente sano" por encima de "los distintos negocios que están tratando de afianzar".

La especulación inmobiliaria está directamente relacionada con el estrés hídrico al que está sometido el municipio de San Miguel de Allende y por el cual se pretende construir un acuaférico valuado en 170 millones de pesos por el mismo Luis Alberto Villareal.

Con esta mega obra que ya provoca conflictos en el municipio pretenden transportar agua que todavía no se tiene, pero sí la esperanza de encontrarla, según comentó Francisco Jiménez Palacios, director del organismo operador de aguas en el municipio. En ese marco, la decisión de la Primera Sala del Tribunal de Justicia "da cierta tranquilidad o esperanza", aseguró Hernández Peña.

"Actualmente tenemos una autoridad local que está hablando que ya no tenemos agua en la región, que por lo tanto hay que promover un acuaférico, que es bombear agua de la zona más baja hasta la parte más alta de la ciudad, para su distribución. Sin embargo, más que para la ciudad estaría comprometida para todos esos nuevos fraccionamientos o negocios inmobiliarios que están planteados para llevarse a cabo".

Invitan a organización

Captura de pantalla

En su comunicado el Observatorio Ciudadano de los Sanmiguelenses A.C. y el El Charco del Ingenio A.C. precisan que la resolución "refleja una creciente conciencia en los juzgadores sobre la enorme importancia que tienen los espacios naturales en el desarrollo integral y sostenible de la sociedad".

De acuerdo con el director de El Charco, los habitantes de San Miguel de Allende han recibido esta noticia de forma muy positiva porque permite frenar la modificación del paisaje natural con miras a lucrar con él. Precisó que cada metro cuadrado de ese paisaje cumple una función ambiental importante y que por ello los gobernantes deberían pensar en, más bien, "rehabilitar el bienestar de todos los sanmiguelenses".

"Lo que resta es motivar a la sociedad civil, que se den cuenta que lamentablemente es muy penoso que tengamos que estar ejerciendo y gastando nuestros recursos para defendernos de quienes nos debieran de proteger. Sin embargo, es un ejemplo de que la organización ciudadana coherente puede realmente llevar a un buen puerto", dijo.

Consideró que lo importante es motivar a la organización de la sociedad civil y desarrollar "estrategias para poder hacer frente a una serie de gobiernos que muchas veces no nos representan, que representan intereses de grupo o de partido. Es posible".