En un hecho inédito, el Juzgado Cuarto de Distrito del Poder Judicial de Federación ordena al Congreso de Guanajuato a modificar la Ley de Egresos de 2022 para incluir un apartado específico que asigne recursos para la implementación de políticas públicas relacionadas con los derechos de las personas LGBTIQ, propuesta que al aprobar el paquete fiscal presentó ante el Pleno la diputada Dessire Ángel Rocha, pero que fue rechazada con el voto mayoritario del PAN.

El Congreso de Jalisco aprobó hace unos días una serie de ampliación de libertades en esta comunidad, como son el matrimonio igualitario, una Ley de Identidad de Género y la prohibición de las terapias de conversión.

En cambio, en Guanajuato “Si se imaginaba y se sigue imaginando ha sido difícil aprobar una iniciativa de ley que reconozca derechos, desde nuestra perspectiva es aún más difícil que se asigne dinero para poder un implementar políticas públicas”, expuso Juan Pablo Delgado, director ejecutivo de la organización Amicus, promovente del amparo contra la omisión legislativa de incluir una partida presupuestal a favor de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer.

Delgado y otres activistas integrantes de Amicus, convocaron a una rueda de prensa para comunicar la sentencia dictada el pasado 31 de marzo, pero además para hacer un llamado al Congreso del estado, pues este órgano aún tiene la posibilidad de oponerse a la sentencia de amparo, algo que ya ha hecho en el caso de reconocimiento de derechos de la diversidad sexual.

El exhorto alcanza al secretario general del Congreso, Christian Cruz, “quien siempre se toma atribuciones que no le corresponden”, pues es el que se encarga de ocultar información a todas las fuerzas políticas sobre los amparos que activistas promueven a favor de la comunidad.

Por ello, los activistas llamaron al Cruz Villegas a no presentar un recurso de revisión y acatar la sentencia del juez federal.

“Esperamos en esta oportunidad el Congreso del estado por fin se tome en serio su papel de reconocer derechos y no opte por recurrir a la sentencia”, un recurso que no obstante es permitido por la ley.

Los representantes de Amicus pidieron a los medios de comunicación la difusión de la sentencia y de su mensaje, pues “el hecho de repelar por la resolución sería una muestra del entorno de violación sistemática de derechos que vivimos en Guanajuato”, un espíritu contrario al expresado el jueves por la diputada Dessiré Ángel Rocha (Movimiento CIudadano), quien presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso de Guanajuato para transparentar la toma de decisiones "y evitar el ejercicio oculto del poder político” desde la Secretaría General del Congreso.

Entre los argumentos de Ulises Fuentes Rodríguez, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, están que el Congreso local "en aras de evitar una discriminación indirecta, debió incluir a esos grupos, porque son de similar vulnerabilidad como los previstos en el capítulo V, de la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2022" y que "la perspectiva de género no puede únicamente ser aplicable a los roles específicos de hombres y mujeres, sino también a la comunidad LGTBIQ", "a fin de disminuir la desigualdad social a la que históricamente han sido sometidos".

El juez también hizo un llamado a que como autoridades deben replantearse “un discurso incluyente, en el que no sólo se visibilicen los derechos y las necesidades de los individuos pertenecientes a dicha comunidad, sino que se les proteja y se reconozca su derecho a vivir una vida libre de violencia de cualquier tipo".

La sentencia completa se puede leer en este enlace.

Para especialistas como Andrés Treviño Luna, director de Diversidad Sexual en el gobierno de Jalisco, queda claro que “tantos años sin alternancia política en Guanajuato tienen un costo” en cuestión de derechos humanos. No sólo los LGBTIQ, sino los de todas las personas.

"Nadie votó por Christian Cruz"

Les activistas Leonardo Vela, Alan Alcántar, Angie Rodríguez y Ernesto Barajas, suscribieron las palabras de Juan Pablo al advertir que Christian Javier Cruz Villegas, secretario general del Congreso, “se toma atribuciones que no le corresponden, presenta informes justificados en los juicios de amparo que tienen que ver con el Congreso, al menos en los que tienen que ver con nuestra organización, y no pasa esto por la Junta de Gobierno y Coordinación Política, ni por ninguna diputada, ni diputado”.

> “Christian Cruz no tiene la legitimidad, porque por Christian Cruz nadie votó”, insistió Juan Pablo Delgado, al recordar que la Secretaría General del Congreso no es un cargo de elección popular, sino una designación que nace en la Junta de Gobierno y Coordinación Política y luego es votada por el Pleno.

La queja de Amicus se origina por la omisión del secretario del Congreso en notificar a oposición sobre las siete iniciativas para reconocer los derechos de la comunidad LGBTI presentadas en el periodo 2018-2021: ninguna llegó a dictaminarse en el pleno y fueron enviadas a “la congeladora”.

Así, la estructura orgánica del Congreso funciona a partir de las instrucciones, en particular, de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, que incluye a todas las fuerzas políticas representadas en el Legislativo

“¿Quién es el secretario para estar tomando la decisión sobre el contenido de esas contestaciones, de esos informes, o de algún recurso? No tiene legitimidad para hacerlo”, puesto que no les avisa a los y las integrantes de dicha Junta, “les hemos preguntado” y dicen que no, aunque de esto último “A quien no le hemos consultado es a Luis Ernesto Ayala -coordinador de la bancada del PAN-, a lo mejor él sí sabe, pero asumimos que no”.

Christian Cruz. Foto: especial.

El presupuesto 2022

Cuestionado por los reporteros, el director de Amicus explicó que, de aceptar la sentencia, el Congreso tiene que crear una partida específica, que repare la omisión al presupuesto actual, el 2022, para la creación de estas políticas públicas, que tengan impacto real en la calidad de vida de las personas de la diversidad sexual y de género.

Este ejercicio, de manera ideal, tendría que surgir de una discusión plural en el Poder Legislativo, con un instrumento diagnóstico que determine dichas políticas públicas.

“No es una situación favorable, cómoda, justa, el hecho de tener que judicializar los derechos de las personas LGBTI en Guanajuato siempre de los siempres. Aquí hay personas que han tenido que pasar por un procedimiento judicial para poder adoptar, que han tenido que agotar un procedimiento judicial para ser reconocidas en su identidad de género” y otras causas relacionadas, enfrentando a las personas encargadas de impartir justicia para el reconocimiento de derechos, “ojalá esta resolución sea respetada en su primera instancia”.

Desde una visión optimista, una opción sería que el Congreso realizara un "Parlamento abierto", es decir, que las y los legisladores abran canales de comunicación de organizaciones civiles y especialistas precisamente para recibir observaciones y sugerencias de dónde y cómo asignar estos recursos.

Todo con un espíritu de reparar estas vulnerabilidades, “y qué mejor que sea a través del diálogo”.

En una visión pesimista, buscarían que el asunto del presupuesto para atender a la comunidad LGBTIQ lo atraiga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puesto que lo que sucede en Guanajuato es “una decisión muy trascendental que no se ha presentado en el país”.

Técnicamente, el Poder Legislativo de Guanajuato tiene 10 días hábiles para, en su caso, recurrir; y de aceptar la sentencia aún podría pedir una prórroga para analizar la aplicación. De no hacerlo, caería en desacato judicial.

Fotos: Comunidad Chicas BiLess León.

Personas trans

Como representante de las personas trans, Angie Rodríguez habló de las necesidades más urgentes de atención en este grupo vulnerable, como es el reconocimiento de las identidades, servicios de salud dignos y combatir la discriminación en el entorno escolar y laboral.

Ernesto Barajas, coordinador en Amicus, añadió que estas agresiones alcanzan el entorno cívico: urge una política pública de sensibilización transversal, pues sus principales agresores son las personas funcionarias públicas, que ignoran o violentan a las personas trans desde que se acercan a pedir asesoría o atención para cualquier trámite.

En cuanto a la violencia escolar contra personas trans, Juan Pablo Delgado explicó que no se refiere solo al bullying, es decir, al acoso entre compañeros de clase, sino a las propias autoridades escolares, en temas que van desde el uso de uniforme, de los baños, el trato interpersonal (castigo a tomarse de la mano) e incluso al castigar cuando se asumen una identidad de género, tanto en escuelas públicas como privadas.

Estas razones, dijo Angie, desaniman a las personas trans para seguir estudiando.

En el caso de los servicios de salud, ella dijo que la discriminación parte desde la política de usar el nombre asignado al momento de nacer, llamado en el caso de las personas trans "nombre primigenio".

También comentó que una corrección muy simple en el protocolo de atención llamando a todos los derechohabientes o pacientes por sus apellidos y no por su nombre de pila, lo que ahora les evidencia desde el primer momento la disparidad entre su expresión de género y su identidad legal.

Se refirió además a la falta de fármacos y de especialistas -endocrinólogos- para tratar personas trans, puesto que estas requieren terapia hormonal. La activista mencionó que incluso ella conoce solo a tres en León y uno en Celaya en todo el estado, lo que obliga a solicitantes de estos servicios en otras parte del estado a desplazarse a una de estas ciudades, incrementando el costo de las consultas -ya de por sí alto, de entre 700 y mil pesos cada una- sin contar los estudios y los medicamentos.

En el tema laboral, los patrones ni siquiera quieren contratar para “no meterse en problemas”.

Foto; Martha Silva.

Políticas y legislación en Jalisco, "a años luz" del panorama local

Juan Pablo Delgado, por ejemplo, comentó que solo el gobierno de Jalisco estaría asignando un presupuesto de 5 millones o 6 millones de pesos anuales.

El abogado mencionó que la entidad gobernada por Enrique Alfaro, si bien recientemente reconoció vía legislativa la ampliación a los derechos LGBTI, ya lo hacía por la vía ejecutiva desde hace mucho tiempo y es el único estado que no pone límite de edad al reconocimiento de la identidad de género, además de que se sume a aquellas entidades que sancionan las terapias de conversión.

También reconoció la experiencia técnica de la Dirección de Diversidad Sexual en aquel gobierno, con amplias acciones en ese sentido mientras en Guanajuato apenas puede hablarse de la circular firmada por la secretaria de Gobierno, Libia García Muñoz Ledo, para que todas las oficinas del Registro Civil del estado reconozcan y materialicen la unión legal entre parejas del mismo sexo.

Reconocieron que esto ha simplificado el trámite, sin embargo, hacen notar que este mismo avance podría hacerse para facilitarle la vida a las personas trans si se reconociera su identidad de género, algo que la Secretaría de Gobierno no ha hecho aún.

Y criticó a la diputada panista Cristina Márquez, presidenta de la comisión de Justicia, donde están atoradas las iniciativas de reforma al código civil y penal, por su postura de que ya no hay materia para legislar. “Ella no es una jueza, no puede decir si hay materia o no. Ya le dijeron que, al menos en el tema de presupuesto, sí hay materia y que se equivoca”.

Foto: especial.

El costo de que no haya alternancia política

En entrevista previa, Andrés Treviño Luna, director de Diversidad Sexual del gobierno de Jalisco, dijo que en aquella entidad tres de los principales derechos de la población LGBTIQ -matrimonio igualitario, reconocimiento de la identidad de género y adopción por parte de parejas de un mismo sexo- fueron objeto de reconocimiento por parte de decretos del Poder Ejecutivo desde hace años, sin que interviniera el Legislativo.

Sin embargo, la homologación entre las legislaciones estatal y federal tiene un “efecto protector” en la salud mental de las personas de la diversidad sexual y de género, puesto que, según un estudio danés, este reconocimiento a la dignidad de todas las personas se reflejó en aquel país en un menor índice de suicidios entre este segmento de población, cerca del 40 %.

Andrés Treviño detalló las reformas aprobadas el pasado 6 y 7 de abril a los artículos 258, 260 y 267 BIS: sobre Matrimonio Igualitario fueron modificados tres artículos del Código Civil; en el Código Penal la reforma crea un nuevo delito para prohibir y sancionar los ECOSIG, Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género, conocidos también como las terapias de conversión; además de otra modificación en el Código Civil para reconocer el derecho a la identidad de género autopercibida.

Destacó que estas reformas fueron aprobadas con amplia mayoría, que finalmente “rompieron” el techo de las comisiones.

“Siempre se habla de que Guanajuato o Jalisco como estados sumamente conservadores, en el caso de Jalisco yo no diría que la población de Jalisco es tan conservadora como se ha pintado”, “en las calles la diversidad se vive, pero habíamos estado gobernados por una élite conservadora que quería hacer pensar que todo el estado pensaba como ella, sin que fuera necesariamente la realidad”, algo que cambió al haber más pluralidad política.

Jalisco ha tenido alternancia política y actualmente tiene dos partidos políticos locales, algo que no ocurre en Guanajuato.

Lo que hizo la secretaria de gobierno de la administración de Diego Sinhue Rodríguez-, Libia Muñoz, se le debe reconocer pero “para mí es muy claro que es una estrategia de disuasión para evitar que en el Congreso se tenga que aprobar la iniciativa”.

Según Treviño Luna, aquí el gobierno no quiere asumir el costo político de una votación, tanto si es a favor o en contra, por eso la mencionada circular busca “desinflar los ánimos” de la sociedad civil y de los partidos de oposición en este asunto.

“Guanajuato va en una buena ruta, pero tantos años sin alternancia tienen un costo, y uno de los costos más altos tiene que ver con los derechos humanos”, no solo los LGBTIQ sino de todas las personas, consideró.

Detalló que en Jalisco aún queda pendiente legislar sobre delitos y violencia por odio en cualquiera de sus formas no solo en su etapa final, el homicidio, sino en etapas tempranas, contra personas de la Diversidad sexual, Migrantes, Minorías religiosas (como en el caso de las mujeres feligreses de la Iglesia Luz del Mundo, cuya simple vestimenta las evidencia sobre su credo), Indígenas…, pues son actos que van en espiral, concluyó.