Con información de Carmen Pizano y Martha Silva

"Queremos una Fiscalía empática, exigimos al gobierno de Guanajuato que trabaje con los colectivos, porque para nosotros, las familias de los desaparecidos, es una gran preocupación que no sepamos cómo se está realizando el trabajo" en las fosas clandestinas descubiertas, como en la de Cañada de Caracheo, en Cortazar, afirmó Laura Curiel, madre de Daniela, joven desaparecida en 2015.

La fundadora del colectivo Mariposas destellando. Buscando corazones y Justicia, aseguró que sin el trabajo de los colectivos no se hubieran logrado estos hallazgos, pese a que ahora el gobierno del estado los intente hacer pasar como un resultado suyo, esto, mientras al interior del Congreso, diputados de las diferentes fuerzas políticas, por un lado rehúsan reunirse con estas familias y por otro, debaten, unos para justificar su visita al búnker de Cervera sin exigir cuentas al fiscal general y otros, para reclamar su sumisión a Carlos Zamarripa.

La Fiscalía General de Guanajuato se negaba a aceptar el término fosas clandestinas, "nos pedía «Eso qué, eso dónde. Compruébamelo», y lo hicimos, no con uno, con más de 66 cuerpos. Y todavía no acaba esta búsqueda", advirtió.

"Para nosotras como madres es difícil hablar de fosas, es difícil ver cientos de cadáveres" en la búsqueda de nuestros seres queridos, búsqueda que ha sido todavía más difícil a causa de la Fiscalía: "Nos ha puesto muchas trabas, nos ha negado información, no hay atención a las familias. La realidad es que las familias queremos saber qué cuerpos han encontrado, cómo va su identificación, porque queremos que regresen a casa. Queremos que se escuche nuestra voz. Hay una ley que los obliga".

Pese a que no hay interacción de la Fiscalía de Guanajuato con los colectivos, a los cuales de plano ignora, la madre de familia convertida en activista hizo un reconocimiento a la Comisión Nacional de Búsqueda y a su titular, Karla Quintana, quien se ha sensibilizado al dolor de estas familias. "Por eso se dio lo del día de ayer", buscamos su apoyo porque "queremos saber cuántos hombres hay, cuántas mujeres... las familias nos preguntan, pero vivimos en el limbo".

Las desapariciones de personas constituyen un delito del que hasta el momento hay alrededor de 2 mil 500 casos reportados en el estado. Aunque en palabras de Marcela Turati, periodista y titular del sitio A dónde van los desaparecidos "ha sido muy difícil arrancarle los datos al gobierno", los hallazgos obtenidos con las más recientes exploraciones contrastan con las cifras oficiales, lo que habla de un subregistro, del que especialistas consideran que estaría al doble.

Turati mencionó también de ahora es un punto de inflexión en Guanajuato, ya ocurrido en otras entidades, en que las autoridades deben cuidar los hallazgos e invertir en peritos y suministros, hacer campañas de promoción para que la gente denuncie y generar bancos de ADN, para devolverles la identidad a estos cuerpos y que no terminen en la fosa común.

La periodista Marcela Turati.

Se debe prevenir una crisis forense: Lorusso

Durante el "Conversatorio urgente desde las familias, la academia y el periodismo sobre la desaparición de personas y las fosas clandestinas tras dos semanas de búsqueda en Guanajuato", se retomó el Informe sobre la situación de fosas clandestinas en el estado de Guanajuato (enero de 2009 a julio de 2020), realizado, entre otros, por organismos como Data Cívica, Artículo 19, académicos de la Universidad Iberoamericana León y colectivos de familias de personas desaparecidas,

Fabrizio Lorusso, académico y periodista, mencionó que dicho documento permitió conocer que hasta julio de este año, extraoficialmente se habían registrado 109 fosas clandestinas con 268 cuerpos en el periodo referido en el estado, y aunque el informe posibilita prever áreas con futuros hallazgos, las dos fosas más recientes, en Salvatierra y en Cortazar, no estaban contempladas.

El también activista advirtió que con la participación de familias en este tipo de foros tiene el objetivo coadyuvar para evitar un escenario de crisis forense, como el ocurrido en Jalisco hace unos años, con la identificación de restos y la toma de muestras de ADN.

Comentó que en la recolección de pruebas en Salvatierra, a la que se dieron cita más de 250 personas, familiares de desaparecidos en la región, fue positivo que se llamara incluso a los que no habían presentado denuncia, lo malo fue que solo había disponibles 100 pruebas.

Los retos que vienen, advirtió, son la entrega digna de restos, la atención a víctimas (con asignación de recursos), el cuidado de la evidencia no analizada y retomar las mesas de diálogo con familias y colectivos, actualmente en suspenso.

Silencio oficial, ¿cosa del pasado?

Los periodistas Verónica Espinosa, del semanario Proceso y POPLab y Javier Bravo, de Soy Barrio, profundizaron el contexto de silencio, omisiones y ausencia de respuestas por parte de las autoridades, en particular, la Fiscalía General del Estado, frente al fenómeno de desaparición de personas y el hallazgo de fosas clandestinas, mientras la violencia homicida se mantiene.

La corresponsal de Proceso advirtió la repetición de patrones ya detectados en otras entidades, con un discurso similar en torno a la desaparición de personas, un círculo vicioso que se podría romper de haber voluntad política de las autoridades, de que estas cumplieran lo que por ley les corresponde.

Fue en mayo que se ubicó oficialmente la primera de estas fosas, una vez promulgada la ley de búsqueda en el estado. Desde entonces se tiene registro (extraoficial) de 66 cuerpos en la fosa de Salvatierra, 15 en la del Cerro del Conejo, Irapuato, 45 en la fosa de Cañada de Caracheo en el municipio de Cortazar, dos cuerpos en el ejido Cupuato en Uriangato, y al menos una persona en la fosa de Villagrán.

La trascendencia del hallazgo en Salvatierra permitió que el pasado 29 de octubre la Fiscalía de Guanajuato reconociera por fin la existencia de fosas clandestinas en el estado, pues no había registro oficial de estas, como mandata la ley. Guanajuato era hasta esa fecha uno de los seis estados que negaban la existencia de estos hallazgos.

Pero aún así, continúan las resistencias: tan solo este miércoles agentes de la Fiscalía impidieron el paso al predio de la comunidad de Cañada de Caracheo a Karla Quintana, comisionada nacional de búsqueda, cuando intentó entrar acompañada del comisionado estatal Héctor Alonso Díaz Ezquerra.

La funcionaria federal llamó a la Fiscalía de Guanajuato a cumplir con los protocolos en el procesamiento de las fosas, puesto que se requiere peritos especializados como antropólogos forenses y arqueólogos forenses, personal con el que se cuenta en el estado, pero que no se encontraba en el lugar. En Cañada de Caracheo trabajaba un único perito en un sitio donde se han encontrado 66 cuerpos.

Los trabajos en Guanajuato. Foto: Comisión Nacional de Búsqueda.

Movimiento Ciudadano abandera defensa de Zamarripa

La visita que hicieron diputadas y diputados a las oficinas de Carlos Zamarripa Aguirre en Cervera motivó una discusión en la sesión de Pleno de este jueves, luego de que Morena los acusara de subordinarse y ser alcahuetes del fiscal, al pasearse por las instalaciones de la Fiscalía General del Estado sin exigir cuentas al titular de la institución tras el hallazgo de fosas en Salvatierra y Cortazar.

Además, señalaron que mientras la Junta de Gobierno y Coordinación Política rechaza reunirse con colectivos de búsqueda que han pedido audiencia, son los mismos integrantes los que acuden al bunker del fiscal para una reunión privada de la que no se conocen los resultados.

En asuntos generales, la coordinadora de Morena, Magdalena Rosales Cruz, recordó que durante años Carlos Zamarripa y Sophia Huett, vocera para los temas de seguridad del Gobierno del Estado, habían negado la existencia de fosas clandestinas en la entidad, pero con el hallazgo de Salvatierra no quedó más que reconocer el fenómeno delictivo que ha dejado cientos de víctimas.

La defensa no solo de la asistencia de la Junta de Gobierno a las instalaciones de la Fiscalía, sino del trabajo de Carlos Zamarripa al frente de la institución, no corrió en está ocasión a cargo de representantes del PAN, sino del diputado de Movimiento Ciudadano, Jaime Hernández Centeno.

El legislador abanderó la férrea defensa con el argumento de que después del encuentro con Zamarripa sintió “en la piel lo que es verdaderamente el problema que estamos viviendo”, aunque fue uno de los diputados que se rehusaron a escuchar los colectivos de familiares de personas desaparecidas que han pedido ser escuchados por la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

Jaime Hernández Centeno insistió en que el desayuno del miércoles por la mañana con el fiscal no fue una visita de cortesía, que conoció el trabajo que se realiza y datos que no podían ser revelados porque es información sensible.

Mientras cientos de familias y la Comisión Nacional de Búsqueda reclaman por información a la Fiscalía General del Estado sobre las fosas y el proceso de identificación de cuerpos, el diputado de Movimiento Ciudadano presumió estar informado, sin posibilidad de compartir lo que dijo en el encuentro el fiscal.

“A nosotros sí nos interesa la seguridad, sí nos duele, no somos diputadas, diputados insensibles. Nosotros no somos de discurso, fuimos a enterarnos de la situación, no a darle nada más la cara a la gente con falsos testimonios, ni falsas expectativas, para decirle a la ciudadanía lo que está pasando”.

El panista Jesús Oviedo Herrera hizo solo una intervención para asegurar que la visita a la Fiscalía General del Estado forma parte del trabajo de colaboración.

“Fuimos a revisar, tener la información, hacer las aseveraciones directamente. Si queremos resolver problemas hagámoslo, una cosa es venir al Pleno, pero seguimos teniendo comunicación para resolver el problema, no podemos solo denunciar los datos, hay que participar, seamos parte de la solución”.

El diputado Jesús Oviedo informó este jueves que se suma a los casos COVID.

Ante los señalamientos de sumisión que corrieron a cargo del diputado de Morena Ernesto Prieto Gallardo, la coordinadora del PVEM, Vanessa Sánchez Cordero, manifestó que solo se busca tergiversar el objetivo de la reunión para desinformar a la sociedad.

“No hay ninguna sumisión por una visita a conocer, para criticar también hay que saber”.

Señaló que la propia coordinadora de Morena conocía desde hace semanas del encuentro en la Fiscalía y no se opuso, tampoco planteó que se llamara a Zamarripa a cuentas al Congreso.

De acuerdo con Magdalena Rosales quienes promovió el encuentro en la Fiscalía fueron los diputados Jaime Hernández Centeno de Movimiento Ciudadano y el coordinador perredista, Isidoro Bazaldúa Lugo.

También en un intento de defensa de la visita de la Junta de Gobierno a la Fiscalía, la diputada del PT, María de Jesús Eunices Reveles Conejo, señaló que durante el recorrido tuvieron la oportunidad de conocer las instalaciones del Semefo y se dieron cuenta del trato que reciben las familias que acuden a identificar un cuerpo.

“Yo fui precisamente por los casos de las fosas, quería ver con mis propios ojos cómo manejan los cadáveres. El señor fiscal no nos puede llevar al Congreso los cadáveres o los refrigeradores, tienen un área para tratar a la gente, para mostrarle a la persona, para identificarla. Si les interesara, estarían interesados en ir a los Semefos. No sean hipócritas”, remató.

La discusión se llevó más de una hora con el diputado de Movimiento Ciudadano como el principal defensor de la Fiscalía y la reunión donde aprovecharon para cantarle las mañanitas a Carlos Zamarripa por su cumpleaños.

“A nosotros ya nos explicó la complejidad”: Oviedo

Ante los reclamos de las familias de personas desaparecidas por la falta de información sobre la identificación de cuerpos, el coordinador del PAN en el Congreso local, Jesús Oviedo Herrera, manifestó que a los legisladores ya les explicó Carlos Zamarripa “la complejidad del proceso”.

En entrevista se cuestionó al panista si frente a la falta de información que existe sobre las fosas se llamaría a Zamarripa a cuentas, sostuvo que ni la Fiscalía ha podido determinar el número de cuerpos localizados porque se trata de una investigación que está en curso.

“Morena más que querer resolver el problema busca hacer ruido mediático de algo que no tiene conocimiento. Nosotros no podemos llevar el laboratorio al Congreso ¿cómo lo vamos a llevar? Lo que hicimos fue ir a ver el laboratorio”.

Al insistir con el coordinador panista sobre la falta de información que ha prevalecido con los hallazgos, dijo que el fiscal ya ha asistido al Congreso a reunirse con legisladores.

Jesús Oviedo, quien además es originario de Cortazar donde hace unos días se localizó una de las fosas, consideró que la solución a los problemas de seguridad no está en la tribuna del Congreso.

“Obviamente tiene que darse la información, pero hay procesos que no conozco y es lo que tenemos que ver de qué manera. Nosotros fuimos a la Fiscalía porque queremos que las cosas se hagan como deben de ser”.

Incluso, el diputado panista aseguró que les tocó presenciar el trato “humano, muy técnico” que reciben las familias cuando acuden a reconocer un cuerpo al Semefo de Guanajuato.

Rechazan encuentro con colectivo

Con el voto de la mayoría en la Junta de Gobierno y Coordinación Política, los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias se negaron a recibir a colectivos de búsqueda que solicitaron una reunión.

La petición más reciente la hizo Raymundo Sandoval, representante de Plataforma por la Paz y la Justicia” para externar opiniones que fueron ignoradas en una mesa de trabajo sobre la nueva Ley de Declaración Especial de Ausencia.

Luego de que en mesa de trabajo con las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Derechos Humanos no se tomaran en cuenta las opiniones de colectivos, se pidió hablar directamente con la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

Sin embargo, con el argumento de que no les compete recibir las opiniones que tienen activistas y familiares sobre la naciente Ley, el acuerdo que se tomó fue que sean las comisiones unidas que preside la panista Libia Denisse García las que atiendan a los colectivos.

Oviedo Herrera rechazó que se ignore a las familias, al insistir en que se trata de asuntos técnicos y ellos no son los adecuados para escucharlas.

Por su parte, Vanessa Sánchez Cordero, reconoció que es necesario el encuentro de la Junta de Gobierno con los colectivos, pero con el voto de la mayoría de sus compañeros la solicitud se negó.