Santa Rosa de Lima y las comunidades alrededor de la Presa de Peralillo están divididas, el tema de discordia es el agua. El Comité Rural que suministra las reservas de líquido de la zona trabaja en la opacidad al amparo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, cuando debería responder a los intereses de la comunidad. Hace apenas unos meses el actuar del comité fue puesto en duda por consentir la extracción de agua para La Cucursola, mientras que en las comunidades prevalece la carestía. El sábado pasado boicoteó una asamblea en la que se buscaba su destitución con funcionarios municipales de encubierto.

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El sol caía y el frío escalaba en la comunidad serrana de Santa Rosa de Lima en Guanajuato. Uno a uno, los habitantes llegaron a la reunión acomodándose bien pegaditos al pie de un camino principal donde se improvisaron gradas en lo que fueran escalones y banquetas. El motivo: un conflicto por la escasez del agua y la falta de transparencia de un Comité Rural que entregó el preciado bien a La Cucursola, proyecto inmobiliario propiedad del diputado federal panista Sergio Ascencio Barba.

Lugareños llamados por el rumor se asomaban por las ventanas de las casas salpicadas con el colorido folclor de la capital. Sumergida en uno de los pulmones de Guanajuato, la asamblea despertaba la intriga de los asistentes quienes se inquietaban por la demora. La tensión crecía con el fin de la jornada.

Aquella tarde del pasado sábado 24 de octubre una asamblea comunitaria había sido convocada por la delegada rural Blanca Cabrera Martínez. Hacía tiempo que el Comité Rural de Agua Potable no reportaba informes sobre la gestión del líquido tras un prolongado periodo de carestía en la Presa de Peralillo durante las semanas más crudas de la pandemia.

Este mismo comité, que lleva 30 años de gestión, ya había despertado sospechas por autorizar, con el aval del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (SIMAPAG), la extracción de mil 800 metros cúbicos mensuales de agua al proyecto residencial La Cucursola.

Especulación sobre la sierra

Fotos: Alonso Merino Lubetzky

Desde hace varios años el territorio de Santa Rosa y comunidades vecinas es depredado por intereses políticos y empresariales. Al día de hoy, la comunidad sirve de escenario para fines ecoturísticos donde se reciben semana tras semana visitantes de la capital para hacer senderismo y ciclismo de montaña, entre otras actividades promovidas por el gobierno estatal. Entre los variopintos fenotipos de la comunidad serrana, destacan extranjeros que ahora se han vuelto moradores y asisten como residentes a la asamblea.

La primera señal de alarma en Santa Rosa se encendió hace unos meses con la especulación inmobiliaria de la empresa del diputado, Loma de Irapuato. La Cucursola, su proyecto para la sierra, fue autorizado veladamente desde 2015 durante la administración estatal de Miguel Márquez Márquez y el gobierno municipal de Edgar Castro Cerrillo.

La lotificación y promoción de terrenos high class de mil y mil 20 metros cuadrados comenzó durante el 2019 sin consultar a las comunidades y con la anuencia del actual presidente municipal Alejandro Navarro; cabañitas para renta en Airbnb era la finalidad, según lo comunicó el diputado Ascencio en enero de este año.

Los primeros trazos de La Cucursola deforestaron una parte de la serranía con el objetivo de construir los caminos del residencial. La autorización que le otorgó el comité le concedió la extracción del agua de la Presa de Peralillo de la que dependen alrededor de 3 mil personas, de acuerdo con Movimiento Colibríes, y a quienes solo se les entrega agua veinte minutos tres veces por semana.

La asamblea tenía la intención de informar a los habitantes sobre los avances de los amparos que integrantes de la comunidad interpusieron contra La Cucursola, además de conocer la actividad del comité que, de acuerdo con los presentes, nunca rinde informes y se conforma solo de dos personas para satisfacer las necesidades de miles.

La reunión reventó sin llegar a acuerdos que beneficien a la comunidad, con SIMAPAG y la Dirección de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato dando un espaldarazo al Comité.

Pugna por el Comité del Agua

El mitin terminó en tumulto y en una confrontación de facciones que dan cuenta de una división al interior de Santa Rosa de Lima para decidir el destino de su agua. Las posturas se polarizaron entre quienes defendían el actuar del Comité y quienes exigían su dimisión tras años de trabajar en la opacidad.

La reunión, que fue convocada a las 6:00 de la tarde, empezó casi una hora después. El descontento por el retraso crecía minuto a minuto entre los presentes. El atardecer en su apogeo y el sol a segundos de desaparecer entre las montañas, dieron los últimos destellos de luz a una pugna que amanece.

La delegada rural, Blanca, abrió el foro con temas de interés comunitario para esperar el quórum suficiente: la cancha, el camino, la seguridad, la recolección de basura, el salón de clases, el refugio, el alumbrado, la limpieza de ríos y arroyos. Pero el tema convocado, el agua y su gestión, no ocupaba el altoparlante instalado a la mitad del camino.

Habitantes en contra del actuar del Comité del Agua se quejaron que los volantes de la convocatoria habían sido retirados en días pasados con la intención de detener el llamamiento para pedirle rendición de cuentas. Solo 200 personas se congregaban, de entre millares que habitan las poblaciones vecinas cuyo derecho al bien vital pende de un hilo.

—Poco a poco se ha ido trabajando, poco a poco hemos ido avanzando... —dijo la delegada a quien una voz interrumpió sin más:

— ¿Qué estás esperando, oye? Óyeme, tú, delegada, ¿a qué estamos esperando?

Exasperados por la tensión, desataron el alboroto. Entre arrebatos de micrófono y reclamos, la asamblea quedó inaugurada a las 6:50 pm con la presencia de habitantes de Santa Rosa, Puerto de Santa Rosa, Las Flores y Del Monte, así como de las organizaciones Movimiento Colibríes de Guanajuato y Acción Colectiva Socioambiental.

—Estamos aquí reunidos para saber qué es lo que está pasando con el Comité del Agua y para que nos den una explicación más amplia de lo que está pasando con el agua —expuso la delegada en un brevísimo espacio de silencio.

Y es que semanas atrás las comunidades se quedaron repentinamente sin suministro debido a que la nueva bomba de extracción en la presa se descompuso, quemándose al poco tiempo de haberse adquirido. Los integrantes del comité, Francisco y Guadalupe, argumentaron que debido a los altos costos de su reparación y a la falta de pago de los usuarios, su reposición tardó más del tiempo esperado.

—Nosotros como comunidad le pedimos al comité que nos diera una explicación. Se le dieron dos semanas y jamás se dignó a darla. Se les dio fecha y nunca asistieron, siempre nos dieron largas —puntualizó Blanca.

Como alternativa, el Comité dijo que enviaron a reparación una vieja bomba cuyo costo se fue arriba de los 80 mil pesos, pero de los que nunca entregaron cuentas a las comunidades. El comité se defendió con la presencia de las instituciones municipales y con más de la mitad de los presentes de su lado. Muchos eran familiares y conocidos: "compadre", "papá", "Pancho", les decían.

Las comunidades mandan, no SIMAPAG

Gustavo Lozano, miembro de Acción Colectiva, hizo uso de la voz para explicar que SIMAPAG solo establece en su reglamento que le corresponde la gestión del suministro de la zona urbana, pero que en atención a lo dicho por la Comisión Estatal del Agua son los Comités Rurales de Agua Potable los encargados del proveer del líquido en las zonas rurales.

—Déjenme informarles algo: SIMAPAG tiene un reglamento, que es el reglamento del sistema de agua del municipio de Guanajuato y claramente establece que SIMAPAG se hará cargo del tema del agua, tanto en su distribución, como en su saneamiento, en la zona urbana de Guanajuato, pero no en las zonas rurales —explicó el activista.

—¿Y quién es el jefe inmediato de ese comité? —interpeló un residente entre el concierto de quejas.

—La comunidad o las comunidades. Ustedes como comunidades son quienes deben de decidir cómo debe de funcionar el comité, quién debe pertenecer al comité. Ese es el tema: son ustedes, no es SIMAPAG. No son las asociaciones que venimos de fuera. Son solo ustedes —recalcó Lozano.

Sin haberlo previsto, y empujado por el presidente del Comité del Agua, detrás de la muchedumbre salió Aaron Zamora Sánchez, Director de Planeación y Programación de SIMAPAG. La comitiva de respaldo pidió a gritos que el funcionario diera una explicación sobre el conflicto con la bomba para apagar los cuestionamientos de la delegada y los inconformes, minoritarios en una asamblea boicoteada por el Comité y las dependencias desde su difusión.

De izquierda a derecha: Pérez Millán de Ecología, Zamora Sánchez y Moncada Gallaga de SIMAPAG

—Únicamente para aclarar el punto de la compostura de la bomba. Efectivamente el comité se hizo cargo de la erogación monetaria, únicamente nosotros como organismo dimos la asesoría y el apoyo técnico para la instalación. ¿Sí? —dijo Zamora Sánchez, quien hasta antes de ese momento se había ocultado entre la multitud.

Otros tres funcionarios estaban presentes, sin portar uniformes institucionales, ni identificaciones oficiales y sin haberse presentado ante la asamblea: Jorge Moncada Gallaga, Jefe del Departamento de Peticiones Ciudadanas de SIMAPAG, Fernando Pérez Millán director de Ecología y Medio Ambiente, así como otra funcionaria que no se identificó cuando se le preguntó.

Los habitantes inconformes negaron haber invitado a SIMAPAG y la Dirección de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, quienes habían acudido de encubierto y fuera de horario laboral para vigilar el desarrollo de la asamblea en respaldo del Comité del Agua.

Agua que falta en medio del bosque

En la comunidad existen 510 tomas domésticas y cada familia aporta 100 pesos mensuales al Comité para encargarse del suministro y el mantenimiento que requiere la red de agua para proveer del líquido desde la Presa de Peralillo hasta las casas.

El conflicto que refieren es la falta de aportaciones y, por lo tanto, la incapacidad del Comité de Agua para cubrir los costos de la bomba averiada, así como otros gastos de mantenimiento que resultan de la distribución a los hogares. Pero no faltaron las voces que advirtieron del problema de fondo: el estrés hídrico al que está sometido la región de la sierra.

—En primer lugar, señores, el punto bien delicado que tenemos aquí es que la presa está vacía. ¿Para qué estamos discutiendo aquí y acá si en primer lugar el líquido no lo tenemos? Si tuviéramos el líquido suficiente, tendríamos para que decir 'es que yo lo quiero, es que tú lo quieres'. No hay agua, señores. Discúlpenme, pero esa palabra sí la tengo: no hay agua.

La asamblea acordó que el Comité del Agua presente informes sobre morosos, gastos e ingresos cada seis meses, pero SIMAPAG no dijo más, pese a presenciar la reunión hasta el final. No medió, no intervino, no hizo nada por aclarar el reglamento por el que se rigen las comunidades rurales para gestionar su agua. SIMAPAG y la Dirección de Medio Ambiente estuvieron ahí —según lo dicho por los funcionarios presentes— para informar a sus superiores sobre el desenvolvimiento de la reunión.