Su función principal es prevenir y combatir la corrupción en el estado, sin embargo la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato (SESEA) ha incurrido en prácticas que contradicen los principios que justifican su existencia. 

Diversos nombramientos dentro del organismo se han realizado al margen de las bases establecidas en las convocatorias oficiales a personas cuyos perfiles no cumplen con los requisitos para ocupar cargos clave en áreas como la Coordinación de Asuntos Jurídicos, la Coordinación de Análisis y Seguimiento a Recomendaciones No Vinculantes y la Contraloría Interna.

Mientras esto ocurre, el Congreso del Estado ha puesto la mirada en el Comité de Participación Ciudadana, ya que, a través de una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha propuesto eliminar los salarios de los cinco consejeros.

Colaboradores del organismo estatal, quienes reservaron su identidad por temor a represalias, señalaron que estas irregularidades comenzaron a manifestarse tras la llegada de Ernesto Salvador González Gómez, quien fue nombrado como Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción en enero de este año.

Según los testimonios, desde su designación se han tomado decisiones administrativas que priorizan intereses personales por encima del cumplimiento de los perfiles técnicos establecidos en las convocatorias, como en el caso de la responsable de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, Camila López Pérez.

La abogada ingresó a la Secretaría Ejecutiva como responsable del área de Transparencia, pero en febrero de este año, tras participar en una convocatoria, fue designada como coordinadora de Asuntos Jurídicos; sin embargo, de acuerdo con las denuncias y documentales como las propias convocatorias, no cumplía con el requisito de experiencia profesional. 

En la convocatoria para el cargo se estableció un criterio de uno a tres años de experiencia; sin embargo, hasta el año pasado, López Pérez era estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad de Guanajuato. Su cédula profesional fue recientemente expedida.

Otra designación considerada por los denunciantes como irregular fue la de la responsable de la Coordinación de Análisis y Seguimiento a Recomendaciones No Vinculantes, Carlota Natalia Márquez Zárate, quien, sostienen, públicamente se presenta como contadora pública, pero, según el contrato de prestación de servicios, tiene un título en mercadotecnia. 

En el Registro Nacional de Profesionistas figura una cédula profesional como Técnico Superior Universitaria en Comercialización por la Universidad Tecnológica de León. De acuerdo con los denunciantes, su perfil no corresponde con los requerimientos del área.

Asimismo, denunciaron anomalías en el proceso de designación del actual titular de la Contraloría Interna, Juan Guillermo Jasso Sánchez, quien —sostuvieron— no fue el perfil mejor calificado con base en los criterios de conocimiento y mérito profesional, y aun así fue nombrado en febrero de este año. Jasso Sánchez se desempeñó como subdirector de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones de la Contraloría del Municipio de Guanajuato.

El presidente del Comité de Participación Ciudadana, Giovanni Appendini Andrade, afirmó que las contrataciones de perfiles señalados por falta de requisitos no son responsabilidad directa del CPC, sino de la Secretaría Ejecutiva, y agregó que los procesos deben revisarse para validar que los perfiles cumplan con los requisitos o, de lo contrario, revertirse en aras de la transparencia que promueve este ente público.

Explicó también que recientemente, por acuerdo del Comité Coordinador se solicitó la intervención del Servicio Civil de Carrera en el reclutamiento del personal, precisamente para garantizar el cumplimiento de requisitos. Sobre el proceso de designación de la Contraloría, dijo que el comité recibió información sobre las candidaturas, mejor calificadas. 

Perfiles cuestionables y favoritismo marcan contrataciones

El caso de Camila López Pérez, coordinadora jurídica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, se conoció a partir de las denuncias de influyentismo en la Universidad de Guanajuato, donde recientemente fue asignada como docente en el curso propedéutico de la Licenciatura en Derecho, por su lazo de amistad con el hijo del exrector Luis Felipe Guerrero Agripino, Luis Felipe Amílkar Guerrero Orozco, a pesar de ser una recién egresada.

En febrero de este año, firmó un contrato con la Secretaría Ejecutiva del CPC como responsable de la Unidad de Transparencia, el cual vencía en diciembre. Su salario asignado era de 20 mil pesos mensuales. Este se duplicó a 42 mil 342 pesos en sólo seis meses, al ser nombrada durante el mes de agosto como coordinadora de Asuntos Jurídicos del mismo organismo, a través de una convocatoria emitida por el Servicio Civil de Carrera de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

De acuerdo con los términos de la convocatoria, la abogada cumplió con la mayoría de los requisitos generales del proceso de selección; sin embargo, existen dudas sobre el aspecto de experiencia laboral de uno a tres años en análisis de procesos legales y elaboración de instrumentos jurídicos.

Información pública relacionada con su trayectoria académica indica que en 2024 fue becaria de la Universidad de Guanajuato para participar en un Concurso de Simulación Judicial ante la Corte Penal Internacional en los Países Bajos. Su cédula profesional, consultada en el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP, fue expedida en 2025.

Las responsabilidades de su nuevo cargo no solo se limitan a la representación jurídica de la Secretaría Ejecutiva en asuntos judiciales, laborales y administrativos; también tiene como tarea el trámite de los procesos jurisdiccionales y procedimientos administrativos, el asesoramiento al secretario técnico y a las unidades administrativas, así como la coordinación de acciones de seguimiento legislativo, entre otras. Además de esto, imparte clases de Ética Jurídica en el curso propedéutico de la Licenciatura en Derecho de la UG.

Su participación académica resulta incompatible con sus funciones dentro del Sistema Estatal Anticorrupción, ya que su horario de clases, que incluye sesiones de lunes a viernes por las mañanas y tardes, se empalma con el horario oficial de trabajo de la SESEA, el cual, según confirmó la propia institución vía telefónica, es de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.

Las dudas sobre los nombramientos también surgieron respecto al perfil de Carlota Natalia Márquez Zárate, coordinadora de Análisis y Seguimiento a Recomendaciones No Vinculantes, quien, de acuerdo con colaboradores de la Secretaría Ejecutiva, se presenta como contadora pública, pero, según el contrato de prestación de servicios, tiene un título en mercadotecnia expedido por la Secretaría de Educación de Guanajuato.

No obstante, en el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP tiene una cédula vigente como Técnico Superior Universitaria en Comercialización por la Universidad Tecnológica de León.

Los denunciantes sostienen que la encargada de esta coordinación no cumple con el perfil profesional que requiere el área, pues, de acuerdo con el artículo 23 del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, sus funciones son: elaborar los análisis técnicos sobre la viabilidad de los proyectos de recomendaciones, notificar el sentido de estas recomendaciones emitidas por el Comité Coordinador a las autoridades, atender solicitudes de aclaración y analizar y gestionar las dudas para dar respuestas fundadas y motivadas a las autoridades a las que se dirijan las recomendaciones no vinculantes, entre otras atribuciones previstas en la norma orgánica.

Su perfil profesional fue solicitado a la Secretaría Ejecutiva a través de una solicitud de acceso a la información pública, y la respuesta oficial fue que, al tratarse de una contratación por honorarios, los datos no son públicos.

Sin embargo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece como obligación común de los sujetos obligados la publicidad de “las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de las personas prestadoras de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el período de contratación”.

La norma no establece la restricción para que los datos curriculares de personas contratadas por honorarios sean abiertos, pues en el artículo 22 de la Constitución local se les reconoce como servidores públicos.

Carlota también fue asignada a sus funciones el primero de febrero, de acuerdo con el contrato de prestación de servicios, y tiene un salario de 40 mil pesos mensuales.

Los “extraños” resultados en la selección del contralor 

Sobre el nombramiento del titular de la Contraloría, los denunciantes refieren que, a pesar de que Juan Guillermo Jasso Sánchez obtuvo una calificación menos alta en el criterio de conocimiento y mérito profesional con relación a otros participantes en la convocatoria, fue designado porque obtuvo mayor puntuación en la entrevista.

En solicitudes de acceso a la información pública, la Secretaría Ejecutiva informó que en el proceso participaron ocho personas, de las cuales solo se evaluaron en una siguiente etapa a siete, porque fueron quienes acreditaron la valoración curricular y documental. A los aprobados se les otorgó un folio de identificación.

Las siete personas candidatas realizaron un examen de conocimiento que tenía un valor del 50 % de la evaluación total, y las que resultaron con las calificaciones más bajas fueron descalificadas. Así, quedaron sólo cinco postulantes, quienes pasaron a la fase de entrevista.

A esta otra etapa se le otorgó un puntaje de 30 % de la calificación global. Las entrevistas fueron realizadas por el secretario técnico, Ernesto Salvador González Gómez; la coordinadora administrativa, María del Carmen Yebra Núñez; y la especialista en Desarrollo de Personal, Elizabeth del Rocío Izquierdo Martínez.

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Considerando estos dos puntajes y la sumatoria de ambos, los folios CA/T/OIC-003 y CA/T/OIC-007 resultaron en un empate, y el CA/T/OIC-009 con menos de un punto de diferencia, los cuales, según la convocatoria, debieron ser presentados en una terna por el secretario técnico al Comité Coordinador y al Órgano de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción, que está integrado no solo por los consejeros ciudadanos, sino también por representantes de distintas instituciones públicas del estado. Fue este colegiado el que determinó la titularidad de la Contraloría.

Pero con información otorgada por la Unidad de Transparencia y el acta de la sesión del Comité Coordinador, se evidencia que a Juan Guillermo Jasso Sánchez, identificado con el folio CA/T/OIC-005, se le otorgó una puntuación de 89.33. Aunque en los resultados del examen de conocimientos este folio tuvo una calificación de 40 %, su folio ni siquiera aparece en la fase de entrevistas.

El presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC), Giovanni Appendini Andrade, explicó que el Comité Coordinador votó a partir de la terna final que fue presentada por el secretario técnico, sin tener acceso al total de perfiles evaluados.

“El Comité Coordinador votamos con la información que nos proveyó el secretario técnico y, por lo menos, la información que se nos presentó a nosotros es distinta, siendo el mejor evaluado el licenciado Guillermo Jasso. No solamente el examen es el único criterio, pero sí tuvo la calificación más alta, incluso en el acumulado por la información que nos fue compartida”, detalló.

Resaltó que la información de todo el proceso, incluyendo los candidatos y sus calificaciones, quedó reservada para la Secretaría Técnica, a excepción de los perfiles de la terna que se presentó al Comité Coordinador.

“Solamente nos pasa el de los tres candidatos con las calificaciones más altas, digamos que hace un filtrado previo y, ya con esa información, nosotros revisamos y votamos en Comité Coordinador”, confirmó.

PopLab buscó una entrevista telefónica con el titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción para conocer su versión sobre el asunto, pero no obtuvo respuesta del funcionario. 

CPC se deslinda de contrataciones en la Secretaría Ejecutiva 

El presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC), Giovanni Appendini Andrade, deslindó al órgano de representación ciudadana de los procesos de contratación y asignación de plazas, pues dijo que estos procedimientos son competencia exclusiva de la Secretaría Ejecutiva y se realizan a través del Servicio Civil de Carrera, que coordina la Secretaría de Finanzas.

En entrevista, Appendini reconoció que las contrataciones de Camila López Pérez, coordinadora jurídica, y Carlota Márquez, encargada del área de Recomendaciones No Vinculantes, se realizaron a través de contratos por honorarios, lo que permite que la Secretaría Técnica las asigne directamente, sin pasar por procesos de concurso público ni validación por parte del Comité Coordinador.

Sin embargo, puntualizó que el nombramiento de la Coordinación Jurídica fue resultado de un proceso en el que, según el secretario técnico, la aspirante obtuvo la mejor evaluación en entrevistas y exámenes realizados por una instancia externa encargada del Servicio Civil de Carrera, la cual regula las plazas de nivel 12 hacia abajo porque así lo aprobó por acuerdo el Comité Coordinador del Sistema.

No obstante, al ser cuestionado sobre el cumplimiento del requisito de experiencia profesional, el representante ciudadano reconoció no contar con elementos suficientes para respaldar la validez de la designación.

“Hasta donde yo entiendo por la información que se nos presentó —y es que sí quiero ser muy claro en esto porque no tengo toda la información— lo que nos dice el propio Gobierno del Estado es que sí cumple con el requisito de experiencia. Es distinto el tiempo de egresado con el tiempo de experiencia, pero no quisiera yo abogar o hacer una apología de un proceso que está ajeno al Comité de Participación Ciudadana”, puntualizó.

No obstante, agregó que si existieran elementos que demostraran lo contrario, el proceso debería ser revisado y, en su caso, revertido.

Appendini subrayó que el Comité de Participación Ciudadana basa sus decisiones en la información que se le proporciona y que, cuando se han detectado inconsistencias, estas se han denunciado públicamente.

Insistió en que el Comité de Participación Ciudadana ha promovido que las decisiones de contratación no recaigan en el secretario técnico, precisamente para evitar dudas sobre la legalidad y legitimidad de los nombramientos.

“Las votaciones que emitimos nosotros como ciudadanos las hacemos con base en la información que nos presenta y que, al ser pública, la presumimos cierta. Realizamos también revisiones para validar estas cosas y hemos encontrado en ocasiones pasadas que la información no es correcta y lo hemos denunciado. Si este es el caso, no tendríamos inconveniente en volver a realizar el mismo procedimiento”, finalizó. 

Por falta de resultados, Congreso plantea eliminar salarios al CPC

Fuerzas políticas representadas en el Congreso de Guanajuato respaldaron una iniciativa de reforma que propone eliminar los salarios de las cinco personas que integran el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción con el objetivo de buscar racionalización presupuestal, fortalecimiento de la participación ciudadana con vocación y para evitar la burocratización. 

La propuesta fue presentada por el coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sergio Contreras Guerrero, quien argumentó que los integrantes del CPC no justifican los 85 mil pesos mensuales que perciben, lo que representa un gasto anual de 5.1 millones de pesos en honorarios.

Contreras sostuvo que el comité sesiona ordinariamente una vez al mes y ha sido omiso frente a diversos casos de presunta corrupción que han sido expuestos recientemente en medios de comunicación. No obstante, fue el propio CPC quien solicitó a la Secretaría de la Honestidad investigar un posible conflicto de interés relacionado con la residencia en Texas de la familia del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez.

El legislador también destacó que en 14 entidades del país los integrantes de los Comités de Participación Ciudadana no reciben remuneración, y consideró que este modelo debería replicarse en Guanajuato, al tratarse, dijo, de ciudadanos comprometidos con el combate a la corrupción.

La iniciativa, firmada por la Junta de Gobierno, no especifica si la eliminación de salarios aplicaría únicamente a futuros nombramientos o también afectaría a quienes actualmente se encuentran en funciones, designados para un periodo de cinco años. Esta no es la primera vez que se presenta una propuesta de esta naturaleza; en 2023, Morena planteó una modificación en el mismo sentido.

Sobre el tema, el presidente del Comité de Participación Ciudadana, Giovanni Appendini Andrade, consideró que existe desconocimiento por parte de los diputados sobre las actividades que realiza el organismo. Sostuvo que el comité sí sesiona con frecuencia y no de la manera que lo aseguró el legislador del PVEM.

Agregó que el Comité de Participación Ciudadana es solo una parte del conjunto que conforma el Consejo Coordinador, en el que también participan autoridades del estado. Asimismo, recordó que, en otros estados donde los consejeros son honorarios, generalmente no hay participación efectiva de la sociedad civil.

“Sí quisiéramos pedir esa sensibilidad por parte de los diputados, para que no se queden con un análisis simplón o por encima, sino que en realidad podamos construir de forma profunda el andamiaje del sistema”, finalizó.