Por: Manuel Lino

En diciembre de 1953, en la ciudad de Nueva York, hubo una reunión secreta de los directivos de las principales compañías tabacaleras de Estados Unidos. Su negocio estaba en peligro. Las ventas de cigarrillos habían decaído notablemente desde que, un año antes, el Selecciones del Reader’s Digest republicara el artículo “Cáncer por la cajetilla” (“Cancer by the carton”).

En el artículo, el periodista Roy Norr del Christian Herald, daba cuenta de una investigación realizada en el Sloan-Kettering Institute que, al provocar cáncer en ratones con pintarles la piel con alquitrán de tabaco, confirmaban las sospechas de que existía una fuerte relación entre el cáncer de pulmón y los 2,500 cigarrillos que, en promedio, fumaba cada estadounidense al año.

Como resultado de la reunión, la industria tabacalera colaboró con John Hill, uno de los fundadores de la empresa transnacional de relaciones públicas Hill & Knowlton, y crearon el documento "Una declaración franca para los fumadores de cigarrillos", que apareció como inserción pagada en 448 periódicos de Estados Unidos el 4 de enero de 1954.

El documento, primero, puso en duda la ciencia expuesta por Norr diciendo, entre otras cosas, que en realidad no había evidencia directa de que fumar causara cáncer, que los expertos no estaban todos de acuerdo y que la estadística podía interpretarse de otras maneras; después, aseguraba que el interés de las tabacaleras en la salud de las personas era su “responsabilidad básica” y que antecedía “a cualquier otra consideración en nuestro negocio".

Además, avisaba: "Continuaremos cooperando estrechamente, como hemos hecho siempre, con aquellos cuya tarea es salvaguardar la salud pública".

Esta historia inicia el artículo “Los peligros de ignorar la historia: la industria tabacalera jugó sucio y murieron millones. ¿Qué tan similar es la industria de comida?”. Sus autores, Kelly Brownell y Kenneth E Warner, lo publicaron en 2009 “con la esperanza de que la historia de los alimentos se escriba de manera diferente”, dijeron.

No ha sido así. Han pasado casi exactamente 65 años de la reunión de tabacaleros en Nueva York y 10 de la publicación Brownell y Warner, pero la gran industria de alimentos y bebidas se ha dedicado a aprender y mejorar las estrategias de la industria tabacalera; además de aprovechar la ventaja de que, a diferencia del tabaco, sus productos no son evidentemente dañinos ni hacen toser a quien los consume.

El peligro, a la mexicana

El pasado martes 10 de diciembre, en México, terminó el periodo de consulta abierta sobre la propuesta de un nuevo etiquetado de advertencia para los alimentos y bebidas no alcohólicas, a fin de dejarlo acorde con las modificaciones recientemente aprobadas al respecto en la Ley General de Salud. Queda un máximo de 45 días, contados a partir del 10 de diciembre, para que se haga público.

El mismo martes 10, diversas autoridades de salud, un representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, de organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud y organizaciones de la sociedad civil ofrecieron una conferencia de prensa en la que declararon a la epidemia de obesidad infantil como una emergencia nacional, y aseguraron que estaban comprometidos a detenerla; el nuevo etiquetado, dijeron, es apenas el primer paso de toda una estrategia.

Por lo pronto, quedó a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), de la Secretaría de Economía, la responsabilidad de juntar los comentarios y darle forma definitiva a la Norma Oficial Mexicana 051 (NOM-051), que regulará la aplicación de los etiquetados.

Sin embargo, en la mencionada conferencia de prensa se extrañó la presencia de un representante de la propia Secretaría Economía. Estaban en la negociación del T-MEC.

Por su parte, la CONAMER ha sido criticada en días recientes debido al “madruguete” que hizo al Foro Consultivo Científico y Tecnológico al modificar sus estatutos, establecidos en la vigente Ley de Ciencia y Tecnología, y publicarlo el miércoles 11 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación tras cancelar abruptamente la consulta pública sobre estos cambios que originalmente iba a dejar abierta hasta el 2 de enero.

El etiquetado de alimentos ya no tuvo ese problema, la consulta estuvo abierta; pero todavía puede tener otros debido a que, entre los comentarios de la ciudadanía, se colaron los de empresas como Jumex y Nestlé, que pidieron a sus proveedores y empleados (respectivamente) que mandaran, como ciudadanos, posturas en contra del etiquetado.

Quedó estabecido, como una obligación en la en la Ley General de Salud, el hacer un etiquetado de advertencia, pero lo que no se previó fue cómo detener algunas técnicas mercadotécnicas que promueven productos que a la larga son dañinos y que no haya un sello que advierta de la presencia de edulcorantes en los productos dirigidos a los niños.

Y después puede haber más. Por un lado, porque en México las leyes y normas pueden decir una cosa y en la práctica bien puede suceder otra y, por otro lado, porque la gran industria de alimentos ultraprocesados tiene técnicas agresivas e inteligentes que literalmente han puesto al mundo en jaque. Prueba de esto último, la da el artículo “Dinámica de la doble carga de la malnutrición y el cambio de la realidad nutricional”, de Barry Popkin y colaboradores y publicado el martes 17 de diciembre en The Lancet.

La Doble Carga de la Malnutrición es “la coexistencia de desnutrición (deficiencias de micronutrientes, retraso en el crecimiento infantil y carencia de energía) y el sobrepeso, la obesidad y otras enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta”.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), muchos países de ingresos bajos y medios enfrentan este problema: “Si bien estos países continúan lidiando con los problemas de las enfermedades infecciosas y la desnutrición, también están experimentando un rápido aumento en los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles como la obesidad y el sobrepeso...

“No es raro encontrar desnutrición y obesidad coexistiendo dentro del mismo país, la misma comunidad y el mismo hogar”.

La OMS agrega que “los niños de países de ingresos bajos y medianos son más vulnerables a una nutrición prenatal, infantil y de niños pequeños inadecuada. Al mismo tiempo, estos niños están expuestos a alimentos con alto contenido de grasas, azúcares, sal, densidad energética y micronutrientes, que tienden a ser de menor costo, pero también de menor calidad de nutrientes. Estos patrones dietéticos, junto con niveles más bajos de actividad física, dan como resultado un fuerte aumento de la obesidad infantil, mientras que los problemas de desnutrición siguen sin resolverse”.

Según el estudio de Popkin, 2,280 millones de personas de todas las edades padecen sobrepeso en el mundo y 150 millones de niños tienen problemas de desarrollo debido a su “realidad nutricional” la cual se debe, sobre todo, a “una mayor disponibilidad de alimentos ultraprocesados”.

En este estudio se analizaron 123 países de ingresos medios y bajos. México, y otros países de Latinoamérica, pasaron de tener este problema a no tenerlo en más de un 20% de la población, sobre todo por una mejora en la nutrición, a pesar de que la obesidad ha ido en aumento; sin embargo, en México se puede observar que el problema ha aumentado en el quintil de población de pobre.

Mr. Butts, el salvador

“En mayo de 1994, una caja con 4,000 páginas de documentos internos de la industria del tabaco llegó a la oficina del profesor Stanton Glantz en la Universidad de California en San Francisco. La fuente anónima de estos ‘papeles de cigarrillos’ se identificó solo como ‘Mr. Butts’”. Con esta información, que por supuesto es de donde viene originalmente la historia con que abre este texto, Glantz escribió el libro The Cigarette Papers. También gracias a Mr. Butts sabemos de otro gran escándalo científico.

A principios de los 80, Takeshi Hirayama publicó los resultados de un estudio en que monitoreó durante 14 años los hábitos y la salud de 540 mujeres que se ubicaban en 29 zonas distintas. Mostró con toda claridad que, mientras más fumaban sus esposos, más se morían ellas debido al cáncer pulmón.

Actualmente, el trabajo de Hirayama se toma como un estudio epidemiológico modelo, pues además de encontrar el efecto, descartó otras causas posibles. Sin embargo, en su época, un famoso bioestadístico, Nathan Mantel, dijo que había cometido un gran error en el manejo estadístico. Se hizo otro estudio con conclusiones contrarias y el Tobacco Institute (TI) convenció a los medios de que su deber era ser balanceados y presentar “los dos lados de la historia”; después, pagó anuncios en los periódicos con los dubitativos titulares que resultaron de esa solicitud.

En The Cigarette Papers se revela que la industria pagó ese otro estudio y a Mantel y se pueden leer memorandos de la industria que revelaron que “Hirayama estaba en lo cierto, que el TI lo sabía y que el TI (atacó) a Hirayama sabiendo que sus resultados eran ciertos”. Pero médicos, autoridades de salud y activistas antitabaco no se dejaron engañar y empezaron a tratar de evitar el fenómeno de los fumadores secundarios o pasivos.

“La industria del tabaco estaba preocupada, muy preocupada. Una cosa era decir que los fumadores aceptaban riesgos inciertos a cambio de ciertos placeres, pero otra muy distinta era decir que estaban matando a sus amigos, vecinos e incluso a sus propios hijos”, escribieron Naomi Oreskes y Erik Conway en su libro Comerciantes de la duda: cómo un puñado de científicos oscureció la verdad sobre cuestiones relacionadas con el humo del tabaco y el calentamiento global (edición en inglés).

Así que el objetivo número uno para las tabacaleras fue mantener la duda, hacer creer a los fumadores que tal vez no estaban matando a sus seres queridos. Cosa que intentaron, y soportaron con 16 millones de dólares, aun después de que la Agencia de Protección Ambiental de EU (EPA) publicara, en diciembre de 1992, un reporte donde, por ejemplo, “atribuyó 3 mil muertes por cáncer de pulmón por año al humo de segunda mano, así como entre 150 mil y 300 mil casos de bronquitis y neumonía en bebés y niños pequeños” con datos estadísticamente significativos, que no podían explicarse por otras causas.

Esto no detuvo a las tabacaleras, al contrario, iniciaron una campaña de cuestionamiento y desprestigio a la ciencia y los científicos en general y a la EPA en particular. Su argumento: se exceden en sus regulaciones y quieren acabar con la libertad. La campaña no logró detener las regulaciones para proteger a los fumadores pasivos, que actualmente existen en muchos países, pero sí logró debilitar a la EPA y esto afecta actualmente a las medidas contra el cambio climático en EU.

Como efecto colateral, está el hecho de que la industria del azúcar ha estudiado y aprendido estas lecciones.

Ilustración: Pinche Einnar

La dulzura, solo en el sabor

Como con el tabaco, también fue en los años 50, en Estados Unidos, cuando surgieron las primeras señales de advertencia del riesgo que representaba el azúcar de caña o de mesa (la sacarosa) de provocar enfermedad coronaria; es decir, afectaciones al corazón por obstrucciones de las venas que le proveen de sangre y que puede conducir a un paro cardíaco por falta de irrigación.

Pero, a diferencia del tabaco, la advertencia nunca se dio a conocer en “voz alta”; de hecho, sucedió todo lo contrario. Fue hasta finales de 2016 cuando el mismo Stanton Glantz y sus colaboradores expusieron la razón de ese silencio y sus graves consecuencias.

Glantz y su equipo analizaron documentos internos de la Fundación de Investigación del Azúcar (SRF, por sus iniciales en inglés, conocida actualmente como la Asociación del Azúcar) y encontraron que esta institución, en los años 60 y 70, patrocinó proyectos de investigación sobre la enfermedad coronaria e influyeron y tergiversaron sus resultados.

Una de esas publicaciones, la más notable, fue un meta-estudio (es decir, una revisión de múltiples investigaciones) “que destacó a la grasa y al colesterol como las causas dietéticas de los males cardíacos y minimizó la evidencia de que el consumo de sacarosa también era un factor de riesgo”, dice en el artículo.

La revisión se publicó en 1965 en la prestigiada revista New England Journal of Medicine sin revelar sus fuentes de financiamiento ni sus conflictos de interés. Los documentos revisados por los investigadores de San Francisco muestran que la SRF pagó a los tres científicos de Harvard que la hicieron el equivalente a unos $50,000 en dólares y que los estudios revisados fueron seleccionados por el grupo azucarero.

“Nuestros hallazgos sugieren que la industria patrocinó un programa de investigación en los años 60 y 70 que arrojó con éxito dudas sobre los peligros de la sacarosa y promovió la grasa como la única culpable de las afecciones cardíacas”, afirmaron los investigadores en el artículo.

Aún ahora, que se sabe del engaño azucarero, cuando se habla de los problemas de tomar demasiada azúcar se suele hacer referencia al sobrepeso y la diabetes y no a la enfermedad coronaria (y ahora podríamos añadir, así lo sugieren estudios recientes, el Alzheimer).

Y los tiempos han cambiado. La cantidad que se pagó a los científicos de Harvard es ínfima si se compara con los millones de dólares con que Coca Cola pagó estudios que promovieran el ejercicio como la solución a la obesidad y minimizaran la aportación de la dieta, según reveló The New York Times en 2015.

Fueron, hasta donde se sabe, 1.5 millones de dólares para arrancar las operaciones de la Global Energy Balance Network (GEBN), una organización sin fines de lucro, y 4 millones, posteriormente, para financiar algunas investigaciones.

La GEBN, incluso, está registrada a nombre de Coca-Cola y de esta empresa depende su administración, “porque los investigadores no saben cómo”, explica el presidente del grupo, James O. Hill, de la Universidad de Colorado. Él y otros investigadores aseguran que no ven problema en el patrocinio, pues es transparente y no engañan a nadie; sin embargo, era un dato que “se les había olvidado” poner en el sitio de internet y solo lo hicieron hasta que un profesor externo preguntó por sus fuentes de financiamiento.

En qué se parecen las grandes industrias y los mosquitos

El dinero que estas grandes industrias invierten en falsear o desprestigiar la ciencia es poco comparado con el que invierten en hacer lobbying con legisladores y generadores de políticas públicas.

Como ejemplo, tan solo PepsiCo gastó más de 9 millones de dólares en 2009 para presionar al Congreso de los Estados Unidos. Para justificar las “decisiones” que toman en estos casos, los políticos aseguran cosas como que son "pro-negocios" o que tienen un "compromiso para mejorar el clima de innovación del país”.

En ese sentido, destaca que la Asociación del Azúcar, en 2003, amenazó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) con presionar al gobierno de los Estados Unidos para que le retirara sus fondos. Lo hizo para tratar de detener la estrategia de la OMS sobre dieta, actividad física y salud, la cual destacaba el vínculo que existe entre el azúcar y el riesgo de enfermedades no transmisibles y sugirió limitar la cantidad de azúcar que se consume.

Es por todas estas historias (y hay muchas más) que algunos investigadores de la salud pública consideran que las llamadas enfermedades no transmisibles (obesidad, diabetes, enfermedades cerebro y cardiovasculares y algunos cánceres) tienen vectores equivalentes a los mosquitos que transmiten el paludismo o el dengue. Esos vectores son las grandes industrias del tabaco, el alcohol, los automóviles y la de los alimentos y bebidas ultraprocesados.

Esta idea se retoma en el artículo “Pandemias y ganancias: prevención de los efectos dañinos de las industrias del tabaco, el alcohol y los alimentos y bebidas ultraprocesados”, publicado en The Lancet. Ahí, los autores, encabezados por Rob Moodie de la Universidad de Melbourne, evaluaron la efectividad de la autorregulación, las asociaciones público-privadas y los modelos de interacción de regulación pública con esas tres industrias.

Con base en esa medición, los autores concluyeron “que las industrias de productos no saludables no deberían tener papel alguno en la formación de políticas nacionales o internacionales de enfermedades no transmisibles”.

No es una conclusión basada en ideas sobre lo que debiera o no debiera suceder, es una conclusión basada en la evidencia empírica y el principio precautorio, “porque no hay evidencia de que la asociación de las industrias de bebidas y alimentos ultraprocesados sea segura o efectiva, a menos que sea impulsada por la amenaza de la regulación gubernamental”; en cambio, hay mucha evidencia de lo contrario.

Los autores argumentan, además, que “la autorregulación no puede funcionar porque, incluso si algunas compañías progresivas de alimentos y alcohol utilizan enfoques más saludables, otras podrían (y quizá deberíamos decir “se apresurarían a”) cubrir la brecha en el mercado”.

De regreso a México

¿De verdad era necesaria tanta historia y tanta ciencia para decir que, aunque ellas aseguren lo contrario, las empresas cuidan sus intereses monetarios y no la salud de los consumidores?

Será una obviedad, pero eso no impidió que la industria de alimentos y bebidas ultra-procesadas haya tenido, en contra de lo que sugirió Moodie en 2013, un lugar muy amplio en las discusiones del proyecto de la NOM-051 en México, la que regulará el etiquetado; ni siquiera impidió que la industria impusiera condiciones e hiciera firmar a todos los que asistieron a esas reuniones un acuerdo de confidencialidad que les impide dar a conocer lo que ahí se dijo y quienes asistieron.

A pesar de ello, lo cierto es que el proyecto de la NOM-051 siguió las normativas de la ley que fue aprobada por unanimidad en el Congreso y que incluso representantes de las asociaciones civiles que han vigilado estos casos y denuncian cuando el gobierno no cumple aseguran quedó bastante bien.

Fiorella Espinosa, investigadora de la Alianza por la Salud Alimentaria dice: “Siempre hemos estado muy conscientes del poder que tienen estas empresas, y el sexenio pasado este poder ganó ejerciendo una presión similar a la que hay ahora. Hay mayor confianza en esta nueva administración, sobre todo porque en el sector salud hay gente mucho más sensible. No sé si decir que no tienen conflicto de interés o tienen menos; pero sí es una perspectiva totalmente diferente... Pero si tienes conocimiento del poder y el lobbying que tienen las empresas pues existe la posibilidad de que no se vaya a dar”.