A unas semanas de que la represión a familiares de personas desaparecidas por parte de policías estatales cumpla tres años, la jueza local Wandy Labra justificó los empujones y las detenciones que vivieron las buscadoras a manos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, el 10 de julio de 2020, y convalidó la posición de la Fiscalía General del Estado de no investigar el abuso de autoridad.

Como parte de la resolución, la jueza consideró que el día de la manifestación los policías estatales no podían ponderar el derecho humano a la manifestación pública sobre el delito de obstrucción de las vías de comunicación, fue así que validó que se llevaran detenidas a Karla, Verónica, Olimpia y Carmen; además de un visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que momentos después fue puesto en libertad.

La juzgadora consideró que los policías actuaron al presumir que las manifestantes cometían un delito, aunque en ningún momento ponderó la intervención de los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública que desplegaron a los más de 140 policías y que instruyeron su actuación, como lo han pedido las buscadoras y su asesor jurídico, Roberto Saucedo Pimentel, desde el inicio del proceso.

"¿Los policías en ese momento podían delimitar su actuar... hacer una ponderación de Derechos Humanos? Mi respuesta es: no, los policías no podían hacerlo", señaló la jueza al momento de resolver.

Aunque en la primera parte de la audiencia, que inició el día miércoles, habló del derecho humano a la libre manifestación que ejercieron ese 10 de julio las familias de personas desaparecidas, luego se dedicó a dar la razón en todos los motivos que expuso la Fiscalía General del Estado para que resolver que no hubo detención arbitraria y si usaron la fuerza pública fue por la resistencia de las manifestantes a liberar la vialidad.

Wandy Labra argumentó que "los derechos humanos no son absolutos, pueden ser objeto de restricciones".

Sostuvo que los policías actuaron de manera "espontánea" porque no tenían un aviso previo de manifestación, por lo que "no tuvieron tiempo para reflexionar, para pensar" y así delimitar su actuar.

Ilustración Pinche Einnar

Y es que para la jueza que revisó la impugnación, está justificado que ahora cada persona o grupo que pretenda hacer una manifestación tenga la obligación de avisar con 48 horas de anticipación a la autoridad municipal, disposición que en ocasiones anteriores la jueza, también del Poder Judicial de Guanajuato, Liliana Sandoval, ha resuelto que no tiene que ser obligatoria.

Liliana Sandoval es la misma jueza que en dos ocasiones anteriores dio la razón a las buscadoras al considerar que la Fiscalía tiene que investigar si existió abuso de autoridad, aunque el organismo a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre vuelve a archivar el caso, mientras ella mantienen el litigio por la justicia y dejar un precedente para no volver a ser reprimidas por manifestarse por la inacción de la autoridades para buscar a sus familiares desaparecidos.

La audiencia de impugnación por el no ejercicio de la acción penal decretado por la Fiscalía General del Estado el 17 de marzo pasado, inició la mañana del miércoles, y por los recesos promovidos por la jueza del Poder Judicial de Guanajuato concluyó el viernes, después de dos horas en las que justificó su decisión de dar la razón al equipo de fiscales enviados por Carlos Zamarripa Aguirre para evitar investigar la cadena de mando que ordenó la represión.

"Comparto el criterio de la Fiscalía: no hay por qué reabrir la investigación", dijo la jueza Wandy Labra, después de dos horas en las que fue elaborando la resolución. Además de justificar la detención de las cuatro mujeres, consideró que el uso de la fuerza pública se hizo conforme lo establece la ley y no existe evidencia de que Karla, Verónica, Olimpia y Carmen hayan recibido malos tratos.

Dentro de la resolución, Wandy Labra también desestimó la solicitud que hizo el asesor jurídico de las denunciantes, Roberto Saucedo Pimentel, para que se instruya a la Fiscalía General del Estado a entrevistar a mandos policiacos que participaron el día de la represión, a Libia García Muñoz Ledo y al secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca, así como que se investigue la cadena de mando para conocer quién o quiénes dieron la orden de actuar contra las personas manifestantes.

"No puede variar el resultado con las nuevas entrevistas. No lo considero necesario", manifestó.

Fotografía de archivo

Roberto Saucedo Pimentel, anunció que van por la impugnación de la resolución de Wandy Labra.

"Lo que nos preocupa sobremanera es que el tribunal está reconociendo como constitucionalmente válido que existan restricciones a este derecho de libre manifestación", señaló.

En el estudio "Criminalización de la protesta: patrones, actores e instrumentos" elaborado por la organización Paz con Dignidad y por el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), expertos detectaron patrones de represión en la protesta social en países de América Latina, incluido México, pese a que han suscrito convenios internacionales por el respeto a los derechos humanos.

De acuerdo con el estudio de OMAL, la tendencia es estigmatizar y judicializar las protestas sociales.

Incluso, el especialista latinoamericano Henando Cevallos señala que la represión a la protesta social "no es solamente el disparo letal o el gas lacrimógeno. Es manejar al Ministerio Público para que no actúe sobre los que reprimieron sino sobre activistas sociales y sobre la gente que protesta..."

Policías actuaron presumiendo un delito: jueza

Para argumentar que la detención de las mujeres estuvo dentro de la ley, Wandy Labra señaló que los policías estatales actuaron al ver que se obstruía una vialidad y ésta acción se encuentra tipificada como un delito dentro del Código Penal del Estado en el artículo 230.

"No podían decir (los FSPE): 'yo creo que ese artículo no voy a aplicarlo', lo que pueden hacer es interpretar una norma de la forma más amplia en beneficio del gobernado, pero no pueden inaplicar un artículo", dijo para insistir en que era deber de la policía estatal detener a las manifestantes por obstruir la vía pública en una protesta.

Además, consideró que el hecho de que el número de policías triplicara a las manifestantes no constituía un abuso de autoridad.

Respecto a los empujones, la jueza recordó que fue la Fiscalía la que argumentó que comenzaron a hacerse ante la negativa de las manifestantes de liberar la vía pública.

"Que empujaron a las ofendidas y al resto de los manifestantes, bueno, pero no es un mal trato. Está justificado con la Ley del Uso de la Fuerza": Wandy Labra.

"No escuché un argumento en específico de por qué la policía no podía hacer uso de la fuerza, a mí consideración sí podía hacerlo. Tiene en la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, que era útil para liberar la artería que se estaba obstruyendo", insistió.

Dijo que tampoco quedó comprobado que ellas hubieran sufrido malos tratos durante la protesta, la detención y el traslado a barandilla, y los abusos a los que hacen referencia los expusieron en la audiencia, pero no hay datos de prueba en la carpeta de investigación que confirmen que fueron agredidas.

En el mensaje a las cuatro mujeres, manifestó que aunque estaban en su derecho a no colaborar con la Fiscalía sometiéndose a peritajes psicológicos, era necesaria su participación para que pudiera el organismo dar respuestas.

"Si no tienen la cooperación de las denunciantes, se convierte en un obstáculo".

Durante la exposición de la resolución, Wandy Labra también reprochó que en los alegatos el abogado Roberto Saucedo Pimentel "denostó" a la Fiscalía General del Estado cuando pidió que volviera a aplicarse el protocolo de Estambul por personal externo al organismo a cargo de Zamarripa por considerar que no era confiable.

La jueza dio la razón al grupo especial de fiscales respecto a que la resolución de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato no podía tomarse como referencia para el proceso penal, aunque el organismo haya acreditado tratos crueles e inhumanos, porque la metodología de investigación y las conclusiones siguen parámetros distintos.