En un evento calificado por sus defensores como “un espectáculo mediático de criminalización” el ex guerrillero chileno Raúl Julio Escobar Poblete, alias “comandante Emilio”, fue extraditado la tarde del miércoles a su país para ser enjuiciado como acusado como copartícipe en el homicidio del senador pinochetista Jaime Guzmán, cometido el 1 de abril de 1991 en la Universidad Católica.

Escobar, identificado como “comandante Emilio'', era integrante del Frente Patriótico “Manuel Rodríguez” de insurgencia contra la dictadura del general Augusto Pinochet. Se encontraba cumpliendo una sentencia de 60 años de prisión en el Cefereso de Ocampo en Guanajuato, luego de ser acusado por la Fiscalía de Guanajuato del secuestro de una ciudadana franco-estadunidense en San Miguel de Allende, a mediados de 2017.

Desde entonces se encontraba preso, luego de ser capturado por la Policía Municipal sanmiguelense y agentes de la Fiscalía General del Estado, mientras en otra zona de San Miguel era liberada la mujer secuestrada, quien sufrió la amputación de un dedo, de acuerdo con lo informado por las autoridades.

Fue en ese contexto cuando se conoció la verdadera identidad de quien durante 20 años y hasta ese entonces fue conocido en San Miguel como Ramón Alberto Guerra Valencia. Mientras, su ex pareja Marcela Mardones era conocida como Patricia y su amigo y compañero del frente patriótico Ricardo “El Negro” Palma Salamanca -al que liberó de una cárcel chilena en una operación conocida como “Vuelo de Libertad” a fines de 1996- se hacía llamar Esteban Solís.

Todos fueron señalados por la Fiscalía guanajuatense y autoridades federales como integrantes de una banda internacional de secuestradores, a quienes incluso se adjudicaron secuestros de alto impacto como los del empresario Eduardo García Valseca y el del ex candidato presidencial panista Diego Fernández de Cevallos, mientras que en San Miguel de Allende sus amigos cercanos señalaron desconocer su verdadera identidad y se han mostrado incrédulos sobre las acusaciones de la FGE.

Sin embargo, Raúl Julio Escobar fue el único procesado y enjuiciado por un secuestro, el de la ciudadana extranjera Nancy Kendall. No ha sido imputado ni vinculado por los otros secuestros en los que públicamente se le vinculó. Marcela Mardones huyó a Chile y fue capturada, purga una condena de 10 años, mientras Palma Salamanca logró viajar a Francia y obtuvo asilo político.

Desde su detención y hasta su sentencia por una jueza penal del estado (emitida en junio de 2019), el “comandante Emilio” se ha dicho víctima de una persecución política orquestada por la derecha internacional -y operada a través de la Fiscalía General de Guanajuato-, motivada por su participación en los movimientos opositores a la dictadura militar, y ha sostenido su inocencia, misma que ahora el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” trata de demostrar mediante recursos legales para echar abajo la sentencia de 60 años de prisión.

Ilustración: Pinche Einnar.

Impacto en Chile

Luego de cuatro años en prisiones guanajuatenses, Escobar salió en un avión de la Fuerza Aérea Chilena (FACH) escoltado por agentes de la Policía de Investigación de ese país, según dieron a conocer ampliamente medios de comunicación chilenos, que fueron informados y recibieron incluso fotografías y videos del gobierno de ese país, a donde se estimaba que arribaría en las primeras horas del jueves 23.

Escobar Poblete sería puesto a disposición de un ministro de la Corte de Apelaciones de Chile para ser interrogado y sometido a juicio, después de lo cual tendría que ser devuelto a México para continuar purgando su sentencia por secuestro, delito del que fue acusado por la Fiscalía de Guanajuato a mediados de 2017.

La abogada Gloria Méndez, del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” -organización civil que lleva la defensa del chileno contra la sentencia por secuestro- dijo en entrevista telefónica que Escobar Poblete fue apenas notificado en la mañana y que sus defensores no han sido informados formalmente del proceso.

Alegó que la extradición no debió proceder, puesto que desde hace un mes se interpuso un amparo directo contra la sentencia por secuestro que le impuso el Poder Judicial de Guanajuato, misma que fue ratificada en una segunda instancia, por la Décima sala penal del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato, a cargo de la magistrada Arcelia González, ex diputada local del PRI.

El amparo fue turnado al Tribunal colegiado en materia penal del décimo sexto circuito de Guanajuato, por lo que esto debió detener el proceso de extradición de Escobar, pues es “un acto jurídico por el que, cuando hay una causa pendiente contra una persona que está siendo reclamada por otro país, debe primero resolverse antes de que proceda la extradición; la sentencia injusta que estaba cumpliendo en México fue interrumpida por este amparo directo”, aseguró Gloria Méndez.

Falsas esperanzas

Aunque no había una fecha prevista para que procediera la extradición del “comandante Emilio”, éste había perdido ya un amparo con el que intentaba frenarla. En julio pasado, el Segundo tribunal federal en materia penal del Décimo sexto circuito en Guanajuato negó un amparo interpuesto por el abogado Ángel Maximiliano Santiago, quien alegó la calidad de luchador social de Escobar en contra de la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet y por ello, una persecución política del gobierno chileno.

La extradición había sido aprobada por el gobierno federal en noviembre del 2018, apenas unos días antes de que terminara el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El abogado Maximiliano Santiago había dicho entonces que la situación de Raúl Julio Escobar “es un tema eminentemente político; no es un asunto de derecho internacional, sino que tiene un sesgo político internacional”.

Se quejó de que los magistrados del Tribunal en materia penal reprodujeron los argumentos del juez de distrito para negar el amparo sin entrar a revisar las pruebas que presentó en su defensa, como los informes de organismos internacionales sobre la tortura y los procesos derivados de la Ley antiterrorista en Chile, “violatorios de derechos humanos”.

Raúl Julio Escobar Poblete, alias “comandante Emilio”. Foto: archivo.

Con todo, los abogados del CDH “Zeferino Ladrillero” mantenían “una expectativa distinta”; es decir, creían que en el actual gobierno había la posibilidad de frenar la extradición “por tratarse de un gobierno democrático”.

“Teníamos la expectativa de que se respetaran los derechos humanos y se salvaguardara la integridad física de Emilio, porque es bien conocido el escenario de hoy en Chile, la tortura a presas y presos mapuche y presos del Frente Patriótico” y no ocurrió, lamentó la abogada Méndez.

Narró que alrededor de las 10 de la mañana del miércoles, recibió una llamada de Raúl Julio desde el Cefereso de Ocampo, en la que le dijo que lo estaban cambiando a otra área del penal y desconocía el motivo.

A las 12:40 recibió una segunda llamada extraordinaria de Escobar, quien le dijo que le acababan de informar que a las 2 de la tarde se le trasladaría a Chile. “Y nos damos cuenta de que hay medios chilenos que ya están dando la noticia, les notifican antes que a la persona y a sus abogados, eso es completamente violatorio de sus derechos”.

A su arribo a Chile, Raúl Julio Escobar Poblete sería puesto a disposición de un ministro de la Corte de Apelaciones de Chile para ser interrogado y sometido a juicio, después de lo cual tendría que ser devuelto a México para continuar purgando su sentencia por secuestro en Guanajuato.

Representantes del gobierno de Chile han festinado públicamente la extradición del “comandante Emilio”, como es el caso del ministro vocero del gobierno, Jaime Bellolio, quien sobre el detenido dijo: “No estamos hablando de cualquier asesino, estamos hablando de una persona que a continuación derivó en un torturador, secuestrador y mutilador de mujeres. Crímenes que hizo, además, junto a su amigo Ricardo Palma Salamanca, otro torturador y asesino”.

En México, la abogada de Escobar aseguró que éste “sigue con la convicción de desenmascarar el montaje y demostrar su inocencia”, mientras que sus defensores se proponen “vigilar que se respete la vida y la integridad de Emilio en Chile y denunciar las violaciones a derechos humanos que han estado plagadas en todo su proceso, tanto en la sentencia (por secuestro) como en la ilegal extradición”.