El PAN en el Congreso de Guanajuato ha marcado los tiempos y las condiciones para concretar las reformas a la Constitución en materia judicial: le quedan 17 días para que se cumpla el plazo legal y apenas pidieron la opinión de autoridades involucradas; además dejaron fuera aspectos como la reducción de magistraturas, un aspecto fundamental en la reforma federal promovida por Morena, y tampoco prevén recortar salarios.

Mientras en el Legislativo local buscaron aplazar la discusión, abogados litigantes ven en la reforma una oportunidad para renovar un Poder Judicial local que se ha prestado para dar empleo a militantes y abogados afines al partido oficial y a los gobernadores en turno.

La comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que preside el panista Juan Carlos Romero Hicks, dejó para la última hora el análisis, aunque desde octubre del año pasado había una iniciativa presentada por Morena, estuvo en la "congeladora" hasta que el PAN presentó su propuesta el pasado 15 de febrero.

En otros estados del país ya se preparan las elecciones para jueces y magistrados locales este mismo año, pero en Guanajuato el Congreso local decidió postergar la reforma y enviar la elección hasta el año 2027. Las entidades tienen como plazo límite para las reformas constitucionales hasta el 15 de marzo; es decir, menos de tres semanas y en la comisión de Gobernación apenas se fijó metodología para el análisis de las iniciativas presentadas por Morena y por el PAN.

Si bien se trata de armonizar la legislación local con la reforma que se concretó a nivel federal desde el año pasado, una de las diferencias entre la propuesta de Morena y del PAN está relacionada con los recursos que eroga el Poder Judicial de Guanajuato para los sueldos y prestaciones de las personas que integran el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo del Poder Judicial.

Pleno del Congreso. Fotografía especial

En la propuesta de Morena se agrega el concepto de austeridad encaminado a disminuir los sueldos de magistradas y magistrados, así como las prestaciones que reciben una vez que dejan el cargo.

En octubre de 2024, cuando la morenista María Eugenia García Oliveros presentó la iniciativa de reforma, expuso que en Guanajuato el presidente del Poder Judicial recibe un sueldo de poco más de 160 mil pesos netos, mientras que las 20 personas magistradas tienen percepciones netas por 147 mil pesos al mes. El sueldo bruto; es decir, sin los descuentos, supera los 200 mil pesos al mes.

La diputada señaló que para las magistradas y magistrados que se retiran se les paga el equivalente a tres meses de su última remuneración integrada, además de un mes de remuneración por cada año de servicio.

"Bajo este concepto, tan solo durante el periodo que va de 2019 a 2023, se destinaron alrededor de 60 millones de pesos a las magistradas y magistrados en retiro", reclamó en aquel momento la diputada de Morena que preside la comisión de Justicia.

Los puntos coincidentes de las iniciativas de Morena y el PAN están relacionados a los aspectos generales aprobados en la reforma federal: jueces y magistrados electos por el voto popular, la creación de un órgano de administración judicial y un tribunal de disciplina judicial.

En las propuesta de reforma presentadas en Guanajuato no se contempla la reducción de magistraturas, como se hizo a nivel nacional, con lo que se conservarían las 10 salas en materia civil, 10 en materia penal y la presidencia. En total, 21 magistraturas y cuatro personas más que integran el Consejo del Poder Judicial.

Previo a la presentación de la iniciativa firmada por el PAN y la representante del PRD, el coordinador panista, Jorge Espadas Galván, anunció que aunque la elección se va a realizar hasta 2027, año que el Congreso de la Unión fijó como límite para la implementación de la reforma, en los próximos años ya no habrá nombramientos de magistrados en Guanajuato.

Este año tres magistraturas terminan su periodo: María Elena Hernández Muñoz, titular de la segunda sala civil desde diciembre de 2011 y reelecta en 2018; María Rosa Medina Rodríguez, designada magistrada en diciembre de 2018, a propuesta del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez, quien fue su alumno; y Víctor Federico Pérez Hernández, militante panista titular de la primera sala penal desde diciembre de 2011 y reelecto en 2018.

También se avecina en 2026 el término de periodo de Gustavo Rodríguez Junquera, designado magistrado de la primera sala civil en noviembre de 2019, un año después de terminar su encargo como secretario de Gobierno durante la recta final del sexenio de Miguel Márquez Márquez.

"Estamos proponiendo que demos una vigencia a los magistrados y magistradas al 2027, y si es posible, tal vez ya no nombrar más magistrados, ahorita aguantar. No tiene caso nombrar en un año a un magistrado, tal vez extender los nombramientos de los magistrados al 2027", señaló Jorge Espadas.

Las últimas designaciones de magistraturas que hizo el Congreso de Guanajuato en 2024 beneficiaron de manera directa a dos militantes del PAN: María Soledad Aguayo, consejera jurídica del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez hasta junio de 2024, cuando fue nombrada magistrada en sala penal; y en octubre fue designado Christian Cruz Villegas, ex síndico panista en León y exsecretario general del Congreso, como titular de la décima sala penal. También el Congreso local aprobó en diciembre pasado la designación por un segundo periodo de siete años como magistrado de Luis Alberto Valdez, de carrera judicial.

El PAN usa Poder Judicial como agencia de colocación

Abogados litigantes ven en la reforma judicial que se avecina una oportunidad para que el Poder Judicial de Guanajuato deje de ser una agencia de colocación para militantes y afines al partido político en el poder, aunque también advierten que se corre el riesgo de que haya más panistas en las magistraturas y como jueces.

"La reforma va a sacudir de fondo a los jueces. Hasta hoy los jueces vivían en un mundo aparte, donde no los molestaban porque se creían que tenían escriturado para siempre el nombramiento de juez, para la eternidad", señaló el abogado Óscar Silva.

En entrevista, el abogado consideró que la reforma abre la oportunidad para las nuevas generaciones, para que jóvenes ingresen al Poder Judicial. "Hasta ahora solo lo hemos visto que lo manejan como si fuera un privilegio para el amigo y no lo que debería ser un buen juez dispuesto a servir a la población", insistió.

Desde su experiencia, el abogado señaló que actualmente un juicio puede tardar más de un año porque los jueces no hacen su trabajo de manera rápida y expedita, lo que representa un alto costo para la población pero también para el Estado.

"Nosotros estamos viendo cada vez más grave que la gente está perdiendo la confianza en los jueces y en el Poder Judicial, porque para ellos significa una pérdida de tiempo, un desgaste emocional y una pérdida de dinero porque los jueces no resuelven, dejan a las partes con el mismo conflicto. Después de dos o tres años, llegan a la conclusión que ninguno tuvo la razón y siguen con el conflicto".

Silva explicó que en un juego de estadísticas, en el Poder Judicial se duplican las entradas de demandas porque las personas son obligadas a presentar al menos en dos ocasiones las demandas por cuestiones simples como que no se cumplió con un requisito; entonces la primera demanda se considera cerrada y se pide que se presente una segunda.

"Las entradas que dicen que tienen se duplican, y esto abulta los números en la estadística, por eso al final de año se dice 'es que tuvimos tanto número de entradas', aunque lo que realmente hicieron fue que duplicaron", sostuvo.

Incluso, el abogado aseguró que los concursos de oposición dentro del Poder Judicial están orientados para que los puestos de jueces sean ocupados por "los favoritos, los conocidos, los parientes de tal o cual político. Esto se ve reflejado en un mal servicio".

Y es que en el discurso del PAN a nivel nacional en contra de la reforma judicial, se señala que con la reforma se termina con la llamada carrera judicial para que los mejores perfiles ocupen las plazas de jueces y magistrados.

"Observamos que en el Poder Judicial de Guanajuato se ha hecho una cuestión de compadrazgo o camaradería de partidos políticos, en especial del PAN, como una agencia de colocaciones de determinados políticos que entran al desamparo y para que no se queden sin empleo los nombran magistrados en el Poder Judicial del estado", sostuvo.

Roberto Saucedo Pimentel, abogado litigante, coincidió en que la principal debilidad del Poder Judicial de Guanajuato es el panismo apropiándose de las magistraturas y del Consejo del Poder Judicial.

Señaló que la designación de panistas proviene, en su mayoría, de las propuestas que manda el Ejecutivo al Congreso del Estado, mismas que han pasado con el voto de la mayoría de Acción Nacional.

"Vemos que llegan a la magistratura personajes de la política que no tienen experiencia en impartir justicia y se les da como un premio de consolación. Aquí el tema es que es un área técnica que no debe estar en manos de políticos, sino en manos de técnicos".

El abogado recordó que el PAN ha criticado la reforma judicial federal porque señalan que se busca que lleguen perfiles afines a Morena, pero en Guanajuato el Poder Judicial ha sido utilizado como agencia de colocación desde hace años.

"Gente azul que está llegando a las magistraturas sin mayor mérito que ser simpatizante o militante de ese color, entonces esa es una debilidad a observar".

Saucedo Pimentel advirtió que así como a nivel nacional se ha señalado que las personas candidatas a cargos en el Poder Judicial de la Federación tienen vínculos con Morena, si no se cuida el método de selección en Guanajuato se corre el riesgo de que sean perfiles del PAN.

"Ahorita tenemos la mitad de las magistraturas empanizadas, con la reforma se puede dar una empanización mayor, ya no solo la mitad, sino todas las magistraturas quedarían en manos cercanas al PAN; inclusive también los jueces, ese es el riesgo: que los partidos políticos en el poder empiecen a tomar control del Poder Judicial".

Desde la Federación, el PAN ha denunciado públicamente que para las elecciones de jueces, magistrados y ministros que se realizarán en junio próximo, las personas candidatas están vinculadas a Morena.

Portada Juan José Plascencia

Siete magistraturas con abierta afinidad panista

De las 21 magistraturas en el Poder Judicial de Guanajuato, al menos siete titulares tienen vínculos directos con el PAN.

Gustavo Rodríguez Junquera, antes de convertirse en magistrado, fue secretario de Gobierno en el sexenio de Miguel Márquez Márquez, cargo que ocupó durante el último año del sexenio (2017-2018), después de ocho años como procurador de los Derechos Humanos. Solo un año después de colaborar con el gobierno panista, fue propuesto por el entonces gobernador, Diego Sinhue Rodríguez como magistrado y avalado con el voto de la mayoría panista.

El 20 de diciembre de 2018 fue designada como magistrada María Rosa Medina Rodríguez. Después de 27 años alejada de la función pública, la abogada fue propuesta por Diego Sinhue Rodríguez para el cargo. Se conocieron cuando el entonces gobernador dio sus prácticas profesionales en el despacho del notario Luis Mario Hernández, donde colaboraba María Rosa Medina.

Otro cercano a Rodríguez Vallejo es Arturo Razo Tapia, magistrado propietario de la octava sala civil. El abogado fue compañero universitario del exgobernador. En 2020, Diego Sinhue Rodríguez lo propuso como consejero del Poder Judicial, cargo que ocupó hasta 2023, cuando el Congreso lo designó magistrado propietario por un periodo de 7 años.

En las salas uno y dos en materia penal, los magistrados propietarios son militantes del PAN. Se trata de Víctor Federico Pérez Hernández, designado para el primer periodo de siete años en diciembre de 2011, y en 2018 inició su segundo periodo que termina en unos meses. El otro panista es el magistrado José de Jesús Maciel Quiroz, designado en diciembre de 2020.

Cierran la lista de magistraturas ligadas al PAN la titular de sexta sala penal María Soledad Aguayo, ex consejera jurídica en el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y Christian Cruz Villegas, quien llegó al cargo sin experiencia en impartición de justicia.

Protesta por la independencia del Poder Judicial en Guanajuato. El panista Eduardo López Mares en primera fila. Fotografía de archivo

La inclusión de panistas se extiende al Consejo del Poder Judicial con otros dos militantes: Alfonso Ruiz Chico en la primera ponencia y Eduardo López Mares en la cuarta ponencia. Éste último dejó la dirigencia estatal del partido luego de las elecciones de 2024 para acomodarse en el Poder Judicial del Estado.

El análisis a contrarreloj en el Congreso del Estado obligará a las autoridades involucradas en la reforma judicial a enviar sus opiniones al Congreso antes del 5 de marzo, luego se realizarán mesas de trabajo para que el dictamen en la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales antes del 15 de marzo para que pueda aprobarse en Pleno.